Un solo bando, el de las mujeres

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En marzo de 2015 Guadalupe Ramos Ponce presentó el libro Estudio del feminicidio en Jalisco, el primer trabajo formal que permitió dimensionar cómo estaba la entidad en este delito. Aún no había protocolos y apenas habían pasado los primeros años de que se tipificó esta conducta en la legislación penal local. La revisión se basó en los homicidios cometidos justo por su condición de ser mujeres: mil 194 casos documentados de 1997 a 2014. Una situación alarmante.

Cuando comenzó el gobierno del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, la legislación de Jalisco ya tenía previsto que se expidieran las órdenes de protección por violencia de género. Sin embargo, en la administración de su antecesor, el panista Emilio González Márquez, hubo resistencias para expedirlas. La primera presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres en la gestión pasada, la ahora diputada Mariana Fernández, convenció al mandatario de la importancia de esta medida cautelar, así que comenzaron a emitirse.

Fue durante la gestión de Sandoval Díaz cuando los casos de violencia contra las mujeres y los feminicidios empezaron a contarse formalmente, por lo que grupos de la sociedad civil presionaron para que se emitiera la alerta de violencia de género.

Al interior del gabinete estatal las resistencias fueron muchas, ante lo que aseguraban era el riesgo de quedar marcados como un estado que violenta a sus mujeres.

Esas organizaciones ciudadanas, que de manera permanente exigen y cuestionan la falta de resultados de las autoridades, junto con la ex presidenta del Instituto, Erika Loyo Beristáin, consiguieron que la alerta se emitiera en ocho municipios. Desde esos ayuntamientos, con poco personal y sin recursos, las titulares de los institutos hicieron lo que pudieron, respaldadas por unos cuantos policías capacitados.

Después de todo esto, nos encontramos con que no todos los feminicidios se investigan de manera adecuada, que las órdenes de protección no funcionan y que la alerta de violencia no logró frenar las condiciones permanentes de violencia contra las mujeres. Tampoco se redujo la brecha salarial ni se han resuelto las necesidades de las mujeres que combinan la maternidad con el trabajo. La igualdad de oportunidades en cargos de dirección, también podemos anotarla en la lista de pendientes.

En el actual gobierno estatal se encontró en este panorama una oportunidad para politizar el tema y conformar bandos de mujeres enfrentadas, usando para ello a mujeres diputadas y funcionarias, sin que nos quede claro cuál es su objetivo. 

Sin duda se equivoca. El problema no es de chamba ni de detractores políticos. El problema es de violencia en todas sus manifestaciones. No hay mujeres que persigan objetivos distintos y en la construcción de la agenda es necesario que estén todas. Y sí, las que antes cuestionaban la falta de resultados también lo harán en su gobierno porque la violencia sigue, se registraron 26 homicidios en el primer mes del año, y la ruta que se trazó para su atención deja más dudas que certezas.

Algunas de esas mujeres a las que el gobernador Enrique Alfaro descalifica, son quienes pusieron los temas sobre la mesa para su discusión abierta. Sin esos primeros pasos y los que han dado muchas mujeres más, la agenda de género no estaría en este momento entre los temas más importantes del estado.

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