LASTRES

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En el marco de la conmemoración del día internacional de las mujeres acontecido hace escasos días, vale la pena establecer que junto con la condición femenina, el oficio del periodismo, recrudece aun más el índice de peligrosidad que de por sí la profesión ya supone en los últimos convulsos años, en que triste, desafortunada e inaceptablemente, ha pasado a ser una muy peligrosa labor.  Entre 2012 y 2016, el 7 % del total de periodistas asesinados por su oficio en el mundo fueron mujeres; en 2017, esa cifra se elevó a más del doble, 19 %. Ésta es solo una forma de violencia, la más extrema, pero hay un aumento generalizado de agresiones contra mujeres periodistas.

Tan solo en México, en los últimos años, se documentaron 5 homicidios relacionados con el trabajo de mujeres en medios de comunicación: la reportera Regina Martínez en Veracruz; Irasema Becerra, administrativa de un periódico también de Veracruz, junto con tres fotógrafos; la tuitera María del Rosario Fuentes Rubio; Miroslava Breach, en Chihuahua y Leslie Ann Pamela Montenegro del Real, en Acapulco.

Pero el asesinato, es solo la punta del iceberg. En una encuesta hecha en 2017 por la Federación Internacional de Periodistas (FIP) entre casi 400 periodistas de 50 países, 48 % de mujeres dijeron haber sufrido alguna forma de violencia de género en su trabajo.

Entre lo más común, reconocido por 63 % de comunicadoras, está el maltrato verbal, seguido de maltrato psicológico en 41 % de los casos, explotación económica en 21 % y violencia física en 11 %. Estas formas de violencia son ejercidas tanto por personas fuera del lugar de trabajo, como fuentes de información, políticos, o público de los medios, como por los jefes o superiores en las redacciones.

Otra de las mayores violencias que sufren las periodistas es el acoso y violencia sexuales, que van de los comentarios o gestos no deseados, las bromas y el contacto físico breve, hasta la agresión sexual. Un estudio global de la organización International Women’s Media Foundation, realizado entre 2017 y 2018 con 597 mujeres, reveló que el 63 % ha sido amenazada o acosada en línea, el 58 % en persona y en 26 % de casos llegó más allá y la periodista sufrió ataques físicos.

Algunas investigaciones en países latinoamericanos comprueban esta realidad.

En El Salvador, una encuesta descubrió que 96 % ha vivido acoso sexual dentro de sus medios y 100 % al estar en calle, principalmente de parte de cuerpos de seguridad como Policía y Fuerza Armada, o incluso de funcionarios y empleados gubernamentales. En Brasil, 75 % reconoce que se ha sentido incómoda por recibir comentarios sobre su ropa o cuerpo durante su trabajo.

Mientras que en países como el nuestro y Paraguay, ha habido reclamos públicos por el acoso a mujeres que cubren encuentros deportivos.

Investigaciones también revelaron que 44 % de las mujeres periodistas ha sufrido ciberacoso por su trabajo y su sexo. Es claro que los hombres no están igual de expuestos a este tipo de hostigamiento, en el que hay un notorio incremento.

Los ataques en línea que tienen como objetivo a las mujeres periodistas adquieren características específicas relacionadas con el género, y son comúnmente de naturaleza misógina y de contenido sexualizado. Este tipo de violencia conduce a la autocensura y es un ataque directo contra la visibilidad de las mujeres y su plena participación en la vida pública.

La ONU ha documentado como las formas más comunes de este acoso el monitoreo y acecho en línea de las comunicadoras, publicación de sus datos personales, troleo, descalificación y odio viral. Incluso algunas organizaciones civiles han denunciado espionaje electrónico contra periodistas o defensoras de derechos humanos orientado a controlar o extorsionar a mujeres que desafían el “sistema”; entendido como el planteamiento político del sector partidista en el gobierno en turno.

El acoso digital también aumenta dependiendo de si la mujer cubre temas que tradicionalmente se asociaban a periodistas hombres, como política, judiciales o deportes, y si son temas vinculados con derechos de género o de la comunidad LGBTTI.

La violencia en línea tiene un efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión. En particular, si bien hay innumerables mujeres periodistas que deciden continuar publicando información frente a la violencia, amenazas o acoso, otras recurren a la autocensura, cierran sus cuentas digitales, o abandonan la profesión. 

Los ataques también pueden tener un efecto disuasorio sobre otras mujeres periodistas. El efecto es la falta de perspectivas y voces femeninas en los medios de comunicación en relación con una amplia gama de cuestiones, lo que tiene consecuencias graves para la libertad y la pluralidad en los medios de comunicación. Esta exclusión afianza la discriminación y la desigualdad.

Uno de los problemas, es que los intermediarios en internet, es decir, quienes proveen los servicios de blogs, redes o búsqueda, no han hecho nada, o casi nada, por resolver el acoso digital contra las mujeres porque no ofrecen mecanismos de denuncia confiables, fáciles de usar ni transparentes, ya que no está claro quién toma la decisión o cómo están configurados los algoritmos para determinar que algo viola las normas de ese sistema.

Además de la violencia directa, es claro que las mujeres siguen sufriendo discriminación en el periodismo, como trabajadoras y como protagonistas de noticias. Aún hay muchos contextos en los que persiste la percepción de que el periodismo no es una profesión apropiada para las mujeres, y eso crea una presión social para que no entren a ella o la abandonen. 

En América Latina, el 45 % de quienes presentan o reportan noticias son mujeres. Pero no es una presencia promedio, sino que depende del tipo de noticias. Las mujeres están sobrerrepresentadas entre quienes reportan noticias que abarcan temas tradicionalmente asociados al ámbito de lo ‘femenino’ y subrepresentadas en la cobertura de temáticas consideradas “destacadas”, como aquellas vinculadas a política y gobierno o economía. Este patrón puede contribuir a que el trabajo de las mujeres periodistas sea menos visible y menos valorado, lo que puede traducirse en una brecha salarial con respecto a sus colegas varones. Y si de directivas se trata, no llega ni al 25 % la presencia femenina en los puestos más altos de los medios de información.

También se ve una discriminación contra las mujeres en su aparición en las informaciones. Peor si se trata de afrodescendientes o indígenas, ya que son objeto de “folklorización” y “exotización” que perpetúan estereotipos, o son presentadas como víctimas, en lugar de reconocer sus luchas y logros.

Paradójicamente, en 2015, cuando Latinoamérica era la región del mundo con más líderes femeninas en puestos políticos de alto nivel, las mujeres fueron solo el 25 % de las personas que aparecían en noticias sobre temas políticos y económicos.

Los propios medios de comunicación tienen la responsabilidad de condenar públicamente la violencia y discriminación contra las periodistas y comunicadoras, así como concienciar contra los estereotipos de género. Internamente, se deben tomar medidas para evitar el acoso, adoptar códigos de conducta profesionales que incluyan perspectiva de género, y propiciar la igualdad dentro de las redacciones y también en la toma de decisiones.

La conmemoración del día internacional de las mujeres es una fecha que nos invita a que el resto de año se reflexione, sobretodo, en uno de los aspectos principales que se debe de hacer, en torno a la inclemente y reprochable violencia que sufren y padecen las mujeres. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada». 

Violencia, hay de muchos tipos y formas, entre ellas: la violencia de pareja, se refiere al comportamiento de la pareja o ex pareja que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control.

La violencia sexual, es cualquier acto sexual sin consenso, la tentativa de consumar un acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito. Comprende la violación, que se define como la penetración, mediante coerción física o de otra índole, de la vagina o el ano con el pene, otra parte del cuerpo o un objeto. Las estimaciones más precisas relativas a la prevalencia de la violencia de pareja y la violencia sexual se derivan de las encuestas poblacionales basadas en los testimonios de las víctimas. En un análisis llevado a cabo en por la organización mundial de la salud OMS, en el que se utilizaron los datos de más de 80 países, se observó que, en todo el mundo, una de cada tres mujeres (o el 35%) había sido objeto de violencia física o violencia sexual bien dentro o fuera de la pareja.

Casi un tercio (30%) de todas las mujeres que han tenido una relación ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja.

Las estimaciones de prevalencia de la violencia de pareja oscilan entre el 23.2% en los países de ingresos altos y el 24.6% en la región del Pacífico Occidental, al 37% en la región del Mediterráneo Oriental y el 37.7% en la región de Asia Sudoriental.

El 38% de los feminicidios que se cometen en el mundo son perpetrados por la pareja. Además de la violencia de pareja, el 7% de las mujeres refieren haber sufrido agresiones sexuales por personas distintas de su pareja, si bien los datos a ese respecto son más escasos. Los actos de violencia de pareja y violencia sexual son cometidos en su mayoría por hombres contra mujeres.

Los factores de riesgo de violencia de pareja y violencia sexual son de carácter individual, familiar, comunitario y social. Algunos se asocian a la comisión de actos de violencia, otros a su padecimiento, y otros a ambos. Entre los factores de riesgo de ambas, violencia de pareja y violencia sexual, se encuentran los siguientes: un bajo nivel de instrucción (autores de violencia sexual y víctimas de violencia sexual); un historial de exposición al maltrato infantil (autores y víctimas); la experiencia de violencia familiar (autores y víctimas); el trastorno de personalidad antisocial (autores); el uso nocivo del alcohol (autores y víctimas); el hecho de tener muchas parejas o de inspirar sospechas de infidelidad en la pareja (autores); las actitudes que toleran la violencia (autores); la existencia de normas sociales que privilegian a los hombres o les atribuyen un estatus superior y otorgan un estatus inferior a las mujeres; y un acceso reducido de la mujer a empleo remunerado.

Entre los factores asociados específicamente a la violencia de pareja cabe citar: los antecedentes de violencia; la discordia e insatisfacción marital; las dificultades de comunicación entre los miembros de la pareja; la conducta dominadora masculina hacia su pareja.

Y entre los factores asociados específicamente a la violencia sexual destacan: la creencia en el honor de la familia y la pureza sexual; las ideologías que consagran los privilegios sexuales del hombre; y la levedad de las sanciones legales contra los actos de violencia sexual. Las desigualdades entre hombres y mujeres y la aceptación de la violencia contra la mujer son la causa principal de la violencia ejercida contra estas.

La violencia de pareja (física, sexual y emocional) y la violencia sexual ocasionan graves problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo a las mujeres. También afecta a sus hijos y tiene un elevado costo social y económico para la mujer, su familia y la sociedad. Este tipo de violencia puede: Tener consecuencias mortales, como el homicidio o el suicidio. Producir lesiones, y el 42% de las mujeres víctimas de violencia de pareja refieren alguna lesión a consecuencia de dicha violencia.

Ocasionar embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos, e infecciones de transmisión sexual, entre ellas la infección por VIH. 

Estas formas de violencia también pueden ser causa de depresión, trastorno de estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad, insomnio y trastornos alimentarios.

Los costos sociales y económicos de este problema son enormes y repercuten en toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos.

Ahora bien, en materia de Prevención y respuesta, cada vez hay más estudios bien concebidos sobre la eficacia de los programas de prevención y respuesta. Se necesitan más recursos que refuercen la prevención y la respuesta frente a la violencia de pareja y la violencia sexual, en particular en el ámbito de la prevención primaria, a fin de impedir que llegue a producirse.

Existen datos procedentes de los países de ingresos altos que indican que las intervenciones de sensibilización y la prestación de orientación psicológica para mejorar el acceso a los servicios dirigidos a las víctimas de violencia de pareja son eficaces a la hora de reducir dicha violencia. 

Entre las estrategias de prevención que podrían dar buenos resultados en entornos de bajos recursos cabe citar las siguientes: aquellas que permiten que la mujer se emancipe económica y socialmente mediante una combinación de microfinanciación y formación en materia de igualdad de género; las que fomentan la comunicación y las relaciones interpersonales dentro de la pareja y la comunidad; las que reducen el acceso al alcohol y su uso nocivo; las que transforman las normas sociales y de género nocivas, mediante la movilización de la comunidad y la educación grupal y participativa de mujeres y hombres con el fin de provocar una reflexión crítica sobre las relaciones de género y de poder desiguales.

Para propiciar cambios duraderos, es importante que se promulguen y se apliquen leyes, y se formulen y ejecuten políticas que promuevan la igualdad de género del modo siguiente: poniendo fin a la discriminación de la mujer que persiste en las leyes relativas al matrimonio, el divorcio, la custodia y el derecho a decidir sobre su cuerpo; poniendo fin a la discriminación que persiste en las leyes sobre sucesiones y propiedad de activos;

mejorando el acceso de la mujer al empleo remunerado e igual al de los hombres en la misma circunstancia laboral; formulando políticas y planes nacionales para combatir la violencia contra la mujer.

Si bien prevenir la violencia contra la mujer requiere un enfoque multisectorial, el sector de la salud tiene un papel importante que desempeñar. El sector de la salud puede:

Concientizar con relación al hecho de que la violencia contra la mujer es inaceptable y que ese tipo de violencia debe considerarse un problema de salud pública.

Prestar servicios integrales, y sensibilizar y capacitar a los proveedores de servicios de salud para que respondan a las necesidades de las víctimas de manera integral y empática.

Prevenir que se repitan los actos de violencia mediante la detección inmediata de las mujeres y los niños que sean víctimas de esta, derivándoles a los servicios pertinentes y prestándoles el apoyo necesario.

Promover normas de género que establezcan la igualdad entre hombres y mujeres como parte de las competencias psicosociales y los programas de educación sexual integral que se imparten entre los jóvenes.

La lista podría continuar, lo relevante es que cualquier esfuerzo encaminado a disminuir cualquier tipo de violencia contra las mujeres, sea medible y evaluado para confirmar su eficacia y asegurar su prevalencia, todos, en cualquier ámbito de nuestra vida, en cualquier lugar y en cualquier momento, podemos abonar a la disminución de la violencia contra las mujeres, la invitación es que lo hagamos todos los días y reprochemos enérgicamente a quien haga lo contrario.

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