México le da la espalda al cambio climático

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“Corremos sin hacer caso hacia el precipicio, después de habernos puesto algo delante que nos impida verlo”

Blaise Pascal, Pensamientos

Podrá parecer contradictorio, cuando en los últimos años se ha construido y enriquecido de forma notable la información científica específica para México en el tema de cambio climático, y se ha aterrizado cada vez más en programas nacional, estatales y locales para prevención, mitigación y adaptación. Pero lo cierto es que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha decidido  darle la espalda al tema, como si la política de avestruz (metáfora construida con datos incorrectos tomados de la realidad de la famosa ave corredora, pero no por ello menos efectiva), sirviera de algo cuando la atmósfera es como una cuenta única y mancomunada: su mal manejo lleva a la quiebra incluso si muchos socios cumplen puntualmente con los pagos.

Lo que quiero decir es que México, con el bajísimo presupuesto ambiental asignado en 2019, con los proyectos de “desarrollo” anunciados sin cubrir ni siquiera el espectro de legalidad ambiental mínimo, con su apuesta para mantener el hidrocarburo como eje de la economía, ha decidido declararse en moratoria y omitir el pago a la deuda en esa cuenta.

Como consecuencia, sin necesidad de entrar en el negacionismo climático de la administración Trump -doblemente criminal porque parte de una mentira a nombre de los negocios de corto plazo, pero sobre todo, porque Estados Unidos, como México, será un territorio con altos costos a pagar en la medida que nos acerquemos a los dos grados de temperatura promedio global de ascenso, mientras avanza el siglo-, de facto, la baja inversión ambiental y la apuesta por un modelo petrolizado tienen el mismo efecto. Nos acerca al abismo.  

¿Qué se ha dejado de hacer con el gasto público? Se omite cubrir las necesidades de inversión con recursos fiscales que demandan tanto la reestructuración de la economía bajo una nueva concepción del desarrollo, que sea bajo en emisiones; se omite la restauración urgente de los sumideros de carbono que son los bosques y la selvas, que se han perdido respectivamente en 50 y 80 por ciento desde el arribo de los europeos en el siglo XVI; y se omite el manejo del territorio para preservar el patrimonio natural sobreviviente, que sin duda es la base para hacer fuerte a México frente a los trastornos en marcha.

De por si estamos en el país donde siempre se ha pretendido cambiar la realidad por decreto. Fiat, hágase. La pura voluntad de cambio implica el cambio. En el pasado, esto tenía menos consecuencias al menos en el tema del impacto ambiental, sencillamente porque no se había rebasado la “capacidad de carga” de los ecosistemas: lo que el ser humano no hacía para resolver un problema de contaminación o destrucción, más allá de irse de lengua, la naturaleza lo remediaba. Los ríos remedian la contaminación orgánica, los bosques y selvas vuelven a nacer y crecer, los terrenos devastados se estabilizan y recuperan sus funciones vitales.

Después de 1950 la cosa cambio, por dos causas claras: uno, los pueblos de decenas de personas se hicieron de miles, las ciudades de decenas de miles se hicieron de millones, la de millones se hizo de decenas de millones. Además, la población al alza demandó bienes y servicios por encima del estándar de vida de sus ancestros: se impuso el modelo americano, el alto consumo típico de los estadounidenses, un fenómeno que se mundializó. La segunda causa es que la industrialización trajo el uso masivo de tecnología que antes no había puesto su huella sobre la tierra, y esa tecnología se mueve con hidrocarburos. También hay procesos económicos que demandan sustancias tóxicas como jamás se había dado en términos cuantitativos: desde los autos de motores ineficientes de combustión interna, que desaprovechan de 60 a 80 por ciento del combustible fósil, que se va a la atmósfera, hasta actividades tradicionales como la agricultura, dependiente de paquetes tecnológicos que mejoraron sus rendimientos pero contaminaron y empobrecieron suelos -luego agua, aire- con sustancias derivadas de petróleo, sobre todo, y que la naturaleza no tiene “tecnología” para remover sino en miles de años.

A estas alturas, el problema es mayúsculo. La “huella ecológica” de cada mexicano es al menos diez veces mayor a la de sus antepasados, digamos, de los tiempos de la revolución (dato muy conservador), y además, la cantidad de mexicanos se multiplicó por doce, y en promedio viven más del doble de tiempo. Si esto no lo entendemos y seguimos inmersos en la mitología caduca de que el problema es la distribución geográfica y de los bienes, es evidente que no estamos haciendo las cuentas de la manera correcta. ¡Lo de hoy equivale a vivir con  1,200 millones de personas de 1910!

Cierto que era un país muy lejos de la línea de agotamiento de recursos que en realidad rebasamos mucho después: en los años 80 del siglo XX. Para decirlo con simpleza: en 1961, cada mexicano necesitaba aproximadamente de los bienes generados por unos 4 mil metros cuadrados al año para vivir; en 2001, se necesitaban 2.5 hectáreas (25 mil m2). Actualmente, 3.1 hectáreas (31 mil m2). No invento los datos, vea usted el Reporte de la huella ecológica 1961-2001 en www.era-mx.org.

¿Cuánto se debe invertir, ya no para reducir toda la huella ecológica; al menos, la de carbono, propiciado por nuestra dependencia al petróleo?

El INEGI ha calculado la necesidad de reinvertir 4.3 por ciento del producto interno bruto (PIB). El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático le puso números: invertir 10 mil millones de dólares anuales (200 mil millones de pesos) entre 2018 y 2030 para detener el aumento de temperatura en 1.5 grados, y conjurar lo peor de lo que viene (ver MILENIO Jalisco, 29 de noviembre de 2017). Por supuesto que el gobierno de Enrique Peña Nieto no hizo caso y asignó un gasto raquítico al sector, menos de la cuarta parte de sus necesidades. Con López Obrador, el ninguneo ya roza la irrelevancia.

 En diciembre del año pasado, un análisis de la organización ambientalista Ceiba (Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente AC) puso la alerta al analizar el gasto federal: “el presupuesto de medio ambiente y recursos naturales se reduciría en 32.1 por ciento a precios constantes en 2019 […] la reducción acumulada de 2012 a 2019 llegaría a 76.7 por ciento a precios constantes, es decir, el año entrante se tendría apenas una cuarta parte [23.3 por ciento] del gasto ambiental federal de 2012”.

En un amplio análisis hecho público el 18 de diciembre, agrega: “esta reducción propuesta de 32.1 por ciento en valores reales para 2019 es la más alta de entre todos los ramos administrativos de la Administración Pública Federal. No hay razones que expliquen este tratamiento, ni en la Exposición de Motivos del presupuesto ni en los anexos correspondientes al Ramo 16 Medio ambiente y recursos naturales. Por el contrario, la estrategia programática refrenda los propósitos de controlar la contaminación del suelo, del agua y del aire, proteger la diversidad biológica y cultural, mejorar la gestión hídrica y provisión de agua potable para el bienestar de la población, promover el desarrollo forestal sustentable, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros, que son indispensables para el desarrollo sustentable y el bienestar de la población. Estos y otros objetivos enunciados —y además anunciados como parte de las directrices del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024—, merecen mayor apoyo presupuestal y que, al menos, se mantenga el presupuesto de 2018, para luego iniciar un proceso de recuperación”.

Es decir, el discurso es correcto, pero no tiene respaldo para convertirse en hechos.

“El acelerado deterioro del gasto ambiental federal de los años recientes y el que se propone para 2019 nos hace retroceder a épocas pasadas, en las que la protección y conservación ambiental se consideraban una actividad secundaria al desarrollo del país. En 2019 se llegaría a un gasto ambiental federal (Ramo 16) apenas superior al 0.1 por ciento del PIB, apenas un tercio del registrado en 2012, lo que significa un nivel parecido al que se registró a fines del siglo pasado. México es sin duda ya uno de los países de América Latina que menores recursos destina para la conservación de su biodiversidad; y entre países de la OCDE, México se encuentra en el sótano por el porcentaje del PIB que invierte en protección ambiental”.

Eso sí, proyectos de alto riesgo en el tema ambiental, como el polémico Tren Maya, las refinerías para seguir en la producción de gasolinas, la ruta transoceánica de Tehuantepec, un nuevo aeropuerto en Santa Lucía que generará un impacto ambiental en el norte de la Ciudad de México sin resolver el que causaba el cancelado de la zona este, reciben remesas de miles de millones.

Imposible saber si el presidente es consciente de esta contradicción mayor. La deforestación anual, de 100 mil a 200 mil hectáreas según la diversidad de fuentes y cálculos para medirla, no se detendrá. El famoso proyecto de un millón de árboles puede paliar solo una mínima parte. Pese a la crisis de las gasolinas, la apuesta es que sigan como eje del desarrollo nacional, y aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero. Sequías, incendios forestales, lagos y lagunas contaminadas, suelos improductivos, agua cada vez más difícil de disponer, olas de calor, huracanes extremos… la cuenta es mundial, los efectos son globales, pero uno de sus principales socios, México, ha decidido dejar de pagar.

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