LOS PRESIDENTES DE VENEZUELA

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La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, controlada por la oposición y declarada en desacato por las autoridades judiciales afines al gobierno de Nicolás Maduro, anunció a principios de la semana que concluye, que asumía las competencias del Ejecutivo, al que no reconoce.

La decisión del Parlamento supone ahondar en el desconocimiento de la legitimidad de Nicolás Maduro, que tomó posesión de su segundo mandato a principios de enero, y en la profunda crisis institucional que vive la nación sudamericana.

Maduro ganó en mayo pasado unas elecciones en la que no concurrió la mayoría de la oposición por no considerar que hubiera garantías de que fueran a ser limpias.

Por tanto, los miembros de la AN tampoco reconocen su nuevo mandato de seis años y el propio presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, declaró a Maduro “usurpador”.

Gran parte de la comunidad internacional está de acuerdo, incluyendo a las autoridades de Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos.

En respuesta, esta semana el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró inconstitucional a la AN y anuló todas sus decisiones, entre ellas las de nombrar a Guaidó como su presidente.

Los jueces consideraron “nulos” los actos realizados por la AN, incluyendo la acusación de usurpación contra Maduro, quien el pasado 10 de enero inauguró su cuestionado segundo mandato, juramentando ante el TSJ.

Hace tres años el mismo TSJ ya había declarado en “desacato” a la AN, luego de que el oficialismo perdiera la mayoría de los escaños en este órgano.

Así Venezuela tiene desde este miércoles la rara característica de contar con dos presidentes en simultáneo que se niegan mutuamente legitimidad disputando el poder real. Nicolás Maduro se encaramó en un nuevo mandato después de unas elecciones amañadas, con la oposición proscripta o bajo arresto y sin observadores que legitimen el voto popular.

Juan Guaidó, el joven titular del Congreso opositor, asumió la presidencia interina aludiendo que cubría el espacio vacío causado por la condición de usurpador del heredero de Hugo Chávez.

La cuestión técnica no es discutible. Sí lo es el punto práctico. El líder disidente ha tenido el mérito de reanimar la confianza en un cambio de la situación autoritaria venezolana. Pero que ese paso produzca un giro radical de la realidad requiere que la movilización de este miércoles sea el inicio de una escalada de protestas que desarme al “oficialismo”. No es en absoluto claro si las condiciones están dadas para que eso suceda. Es dudoso por una razón simple. Maduro y su grey han aumentado su aislamiento internacional y enfrentan un nuevo imprevisible rechazo interno. Sin embargo, retienen un formidable poder de reacción por el control de las fuerzas armadas constituidas en comandos civiles desde las épocas de Hugo Chávez. Hay fuertes sospechas, incluso, de que el supuesto alzamiento de suboficiales esta semana, no haya sido una pose para mostrar la fortaleza del régimen. El discurso provocador que pronunció el líder bolivariano para repudiar sin nombrarlo a Guaidó y romper relaciones con EE.UU., debe leerse como un aviso de que el régimen no está dispuesto a ceder la iniciativa. Es la misma estrategia que impulsó la dirección chavista tras la resonante derrota de diciembre de 2015 cuando la oposición ganó el Congreso. Finalmente se logró neutralizar a la disidencia. Las tensiones internas en el chavismo no van hacia un cambio sino a profundizar el esquema debido a los intereses económicos que unen a los integrantes del oficialismo. Esto incluye a los altos oficiales militares involucrados en su conjunto en el trasiego de cientos de miles de millones de dólares depositados alrededor del mundo. Sacar a Maduro es dejar al azar años de acumulación y riqueza para muchos en la elite.

A partir de ahora se abre una variedad de escenarios. Uno de ellos es que puede incrementarse la fuga de venezolanos del país por el aumento de la represión y la agudización de la crisis general, especialmente si este intento democratizador acaba en la frustración.

La muerte de un adolescente de 16 años horas antes de la marcha opositora, con un disparo en el abdomen, es una señal. Los 13 muertos de los últimos dos días, también.

Durante los levantamientos de hace dos años, la mayoría de las víctimas fueron jóvenes con impactos en el abdomen o el pecho. También se procedió de esa forma en las rebeliones de 2014. Una forma de aterrorizar a las familias, muchas de las cuales prefirieron dejar su país antes de perder a un hijo.

La ruptura de relaciones con EE.UU es una novedad con derivaciones complicadas para el régimen. Puede acelerar la decisión de la Casa Blanca de suspender la venta de combustibles a Caracas. Norteamérica es central para el chavismo porque es el mayor cliente de su petróleo, pero además le provee gasolina que el país caribeño no puede refinar debido a la crisis de sus refinerías. Sin ese insumo lo poco que resta de la economía venezolana se bloqueará. La expulsión de los diplomáticos de EE.UU. puede quedar solo en el gesto. Washington decidió mantener a su gente en Caracas lo que obligaría a Maduro a tomar unas medidas más fuertes que posiblemente decida no seguir. Hay alturas que no son tan sencillas de escalar. De modo que esa parte de la crisis podría quedar en el aire. Es improbable que el resto de los países que apoyan a Guaidó retiren a sus funcionarios.

La jornada permitió establecer con quiénes puede contar desde ahora el oficialismo. Los países que se solidarizaron con Maduro son las autocracias de Turquía y Rusia y en la región, Cuba, Bolivia y Nicaragua. Caracas también tiene fluida relación con China que suele actuar con pragmatismo respecto a sus socios. En este contexto, el régimen buscará compensar el aislamiento a que lo somete su vecindario y también la Unión Europea. Es una estrategia de pronóstico reservado. Venezuela conducida por Maduro cada vez tiene menos opciones de hacia dónde ir.

En su puja por el poder, estos son sus respectivos principales apoyos, dentro y fuera del país. Los que sostienen a Maduro: Militares. Son considerados el sostén del gobierno y el jueves reafirmaron su apoyo a Maduro, denunciando un “golpe de Estado” en marcha.

De 32 ministros, nueve son militares y dirigen carteras como Defensa, Interior, Agricultura y Alimentación, además de la petrolera PDVSA -que aporta 96% de los ingresos al país- y el servicio de inteligencia. También controlan una televisora, un banco y una ensambladora de vehículos, entre otras empresas.

Sin embargo, aparecen algunas grietas: el sábado, el agregado militar de Venezuela en Washington, el coronel José Luis Silva, anunció que ya no reconoce a Maduro como presidente legítimo, y que llama a sus “hermanos militares” para que apoyen a Guaidó.

Acreedores y aliados internacionales. China, principal acreedor de Venezuela, con unos 20,000 millones de dólares pendientes de pago, se opuso el jueves a la “injerencia externa”, tras el apoyo de Estados Unidos y otros países a Guaidó.

Rusia, segundo acreedor de Caracas, lo respalda también militarmente: en diciembre envió dos bombarderos y un centenar de oficiales a Caracas para ejercicios conjuntos. El presidente Vladimir Putin llamó a Maduro para expresarle su “apoyo”.

Países como Turquía, Cuba, Bolivia, Uruguay y México siguen reconociendo a Maduro, que además cuenta entre sus aliados a Irán y Corea del Norte.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es de línea oficialista. Sus miembros fueron designados por la antigua mayoría parlamentaria chavista, en diciembre de 2015, días antes de que la oposición asumiera el control del Parlamento.

Desde 2016 declaró en desacato al Legislativo, en el que la oposición tiene una mayoría calificada, y anula todas sus decisiones. Reiteró el jueves su apoyo a Maduro.

También el fiscal general, Tarek William Saab, respaldó al gobernante socialista.

La Asamblea Nacional Constituyente, convocada por Maduro tras cuatro meses de protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos en 2017, está integrada solo por oficialistas y tiene poderes absolutos. Asumió en la práctica las funciones del Parlamento. La oposición se negó a participar en las elecciones para escoger ese organismo por considerar “ilegal” su convocatoria.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es presidido por Tibisay Lucena, abiertamente chavista y durante cuya gestión han sido inhabilitados varios partidos opositores. El jueves hizo una declaración respaldando a Maduro.

Decisiones del CNE y de la justicia frenaron un referendum para revocar a Maduro en 2016, cuya convocatoria está prevista por la Constitución.

Alegando falta de garantías e imparcialidad, los principales partidos opositores se han mantenido al margen de las últimas elecciones, incluidas las presidenciales del 20 de mayo de 2018 en las que fue reelegido Maduro, y que denunciaron como un “fraude”.

Los que apoyan a Guaidó: apoyo internacional reciente. Estados Unidos, varios países de América Latina y la Unión Europea desconocieron la reelección de Maduro.

Tan pronto Guaidó se autoproclamó presidente interino el miércoles, Donald Trump lo reconoció, así como una docena de otros países de la región, entre ellos Brasil, Colombia y Argentina.

En tanto, la Unión Europea anunció el sábado que “tomará medidas” “tomará medidas” si no se convocan elecciones “en los próximos días”, aunque algunos de sus miembros, como Grecia, apoyan a Maduro.

Seis países europeos (España, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Holanda) exigieron la convocatoria a elecciones en ocho días, de lo contrario reconocerán a Guaidó como jefe de estado.

El domingo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que su país reconoce el “nuevo poder” en Venezuela.

El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, también dio su respaldo al presidente interino.

El Parlamento, de mayoría opositora, fue elegido en 2015, cuando la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asestó al chavismo la mayor derrota electoral de su historia.

Tras asumir el 5 de enero la presidencia del Legislativo, Guaidó, de 35 años, comenzó a presionar por un “gobierno de transición” y nuevas elecciones, llamando a los militares a romper con el gobierno a cambio de una amnistía.

El Parlamento declaró a Maduro “usurpador” y Guaidó dijo el miércoles que asumía sus competencias en forma interina. Los diputados, sin embargo, están maniatados por las decisiones del TSJ. 

Un tribunal supremo de justicia paralelo, nombrado por la mayoría parlamentaria opositora y que está en el exilio, saludó el miércoles la “voluntad” de Guaidó de asumir como presidente encargado.

La fiscal general destituida Luisa Ortega, una chavista que huyó de Venezuela en 2017 tras ser removida de su cargo por no respaldar a la Constituyente, dio su “apoyo y reconocimiento” al “nuevo presidente”. “Cuente con el Ministerio Público legítimo para restablecer la democracia”, le dijo. 

Una anécdota que no se olvidará en Venezuela, es que al tiempo que Juan Guaidó se proclamó presidente en oposición a Nicolás Maduro, este daba una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores, la residencia presidencial. Dos “presidentes” hablando al mismo tiempo, un ejemplo más de la fractura política en el país.

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