LA «DOCTRINA ESTRADA» QUE DESEMPOLVÓ AMLO

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México decidió no colocar su nombre entre los trece países del Continente Americano que el pasado miércoles reconocieron  en la figura de Juan Guaidó, quien juró como presidente interino de Venezuela impulsado por millones de personas que inundaron las calles de su país para manifestar su descontento y desconocer el mandato de Nicolás Maduro. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), argumentó que se apegaría a los principios que marca la Constitución Mexicana y su Doctrina Estrada, abriendo con ello una nueva arena de combate entre quienes consideran que su postura es adecuada, y aquellos que opinan debió ponderar los Derechos Humanos del pueblo venezolano. 

Durante la conferencia mañanera del jueves, Lopez Obrador fue cuestionado una vez más sobre su postura hacia la situación política por la que atraviesa Venezuela y afirmó que en materia de política exterior, se apegaría a los principios constitucionales. Dijo, “es parte de la historia de la diplomacia mexicana, que siempre ha sido ejemplar, reconocida mundialmente”. 

La Doctrina Estrada en la que AMLO ha descansado su determinación, fue nombrada por su autor como Doctrina mexicana, es el nombre del ideal central de la Política Exterior de México desde 1930. Su nombre se deriva de Genaro Estrada, Secretario de Relaciones Exteriores durante la Presidencia de Pascual Ortiz Rubio, que la redactó y publicó mediante un comunicado de dicha secretaría el 27 de septiembre de 1930.

Esta doctrina se manifiesta en contra de que los países decidan si un gobierno extranjero es legítimo o ilegítimo, especialmente si este proviene de movimientos revolucionarios. Esta doctrina contradecía la costumbre de su época, que cada país debía reconocer al gobierno de otro país para que este fuera considerado válido o legítimo. Igualmente se mostraba en contra de la doctrina Tobar y del intervencionismo.

El 12 de septiembre de 1931, México pasó a formar parte de la Sociedad de Naciones, siendo un evento transcendental, ya que este no había sido invitado a formar parte de dicha organización intergubernamental, desde su creación una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, esto se puede atribuir principalmente a algunos problemas no resueltos entre México y Estados Unidos. 

En el seno de dicha organización, México estableció su posición a favor del derecho internacional, del principio de no intervención y del derecho de autodeterminación de los pueblos. El gobierno mexicano siempre apoyó el principio de resolución pacífica de diferendos internacionales, y rechazó el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Todo esto dio al país un importante prestigio internacional. En cuanto a sus vecinos del sur de América Latina y del Caribe, México regresó a las Conferencias Panamericanas, donde había sido previamente excluida debido a la falta de reconocimiento por parte de los EE.UU. El país ganó un prestigio excepcional en las conferencias que tuvieron lugar en La Habana (6º Conferencia, 1928) y Montevideo (7º Conferencia, 1933), cuya postura fue a favor de la Unión de América Latina y en pro del derecho internacional.

Esta doctrina trata únicamente sobre el reconocimiento de un gobierno hacia los gobiernos extranjeros, pero no es aplicable al reconocimiento de un gobierno hacia una nación extranjera, es decir, no declara que un país no deba manifestarse a favor o en contra de la creación de una nueva nación.

La doctrina Estrada se fundamenta en aspectos de la política internacional, especialmente el principio de no intervención y derecho de autodeterminación de los pueblos. De igual forma favorece una visión cerrada de soberanía nacional. Afirma que gobiernos extranjeros no deberían juzgar (para bien o para mal), gobiernos o cambios en gobiernos de otras naciones ya que implicaría una violación a su soberanía.

Su uso más extendido se dio en la década de 1970 donde México no otorgó reconocimiento de Estado a los países sudamericanos que sufrieron golpes de estado. México únicamente se limitó a mantener o retirar sus misiones diplomáticas.

La última vez que se aplicó ininterrumpidamente fue por el gobierno de Vicente Fox ante el golpe de Estado en Venezuela contra Hugo Chávez del 11 de abril de 2002.

Sin embargo, los dos Secretarios de Relaciones Exteriores que tuvo Fox en su sexenio (2000-2006), Jorge Castañeda y Luis Ernesto Derbez, bajo el argumento que las doctrinas diplomáticas mexicanas usadas hasta el año 2000 por lo gobiernos del Partido Revolucionario Institucional habían sido un instrumento más para mantener su hegemonía y poder en el país, éstas fueron dejándose de lado, según la decisiones del momento: principalmente el principio de no intervención y la antítesis de la Doctrina Tobar que la Doctrina Estrada representa. Esto se representó claramente cuando Castañeda comenzó a criticar el régimen cubano abierta y directamente por el tema de los derechos humanos en la isla, llamándose coloquialmente a este golpe de timón de la diplomacia mexicana como “Doctrina Castañeda”.

Hasta antes de la semana pasada, la mayoría de las críticas de dicha doctrina se dirigieron hacia si era moral y políticamente válido o no que el gobierno mexicano se mantuviese neutral en presencia de gobiernos clasificados como dictaduras.

Desde 2014 la aplicación de la doctrina Estrada por parte de México ha sido puesta en entredicho por algunas personas debido a la intención del gobierno mexicano de formar parte de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, acto que ha sido calificado como intervención del gobierno mexicano en la política extranjera.

En 10 de octubre 2017 el Canciller Luís Videgaray Caso declaró en el Senado que México no reconocería una Cataluña independiente, en el contexto del proceso de autodeterminación de esta comunidad autónoma española, lo que supuso saltarse deliberadamente la Doctrina ante unos hechos que aún no habían tenido lugar.
Cómo ya mencionaba, la argumentación de Lopez Obrador de apegarse a la Doctrina Estrada ha provocado una nueva polarización entre los mexicanos; los que apoyan la no intervención y los que consideran se debe procurar la protección y promoción de los Derechos Humanos, -en este caso del pueblo venezolano-, como lo marca la propia Constitución Mexicana. 

Más recientemente, AMLO se ha pronunciado dispuesto a intervenir como mediador si se lo piden. Ya Maduro se ha manifestado al respecto y se dice está dispuesto a dialogar. Así pues, estaremos atentos al rol que jugará México en este conflicto, en el que Alemania, Francia, España y Reino Unido han fijado también ya su postura y el sábado dieron un ultimátum de ocho días al mandatario venezolano Nicolás Maduro para convocar elecciones y, si no lo hace, reconocerán al líder parlamentario opositor Juan Guaidó como “presidente” interino.

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