HUACHICOL, HISTORIA DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

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El robo de combustible llegó a un nivel crítico en cinco estados de la República, al punto en que se generó desabasto, tanto en las terminales de abastecimiento y reparto de Pemex, como en las estaciones de servicio, en varias ocasiones, particularmente en los últimos dos años.

En el Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco y Querétaro  Pemex reportó muchas veces la escasez de gasolina “por intermitencia en poliductos” o por “suspensión permanente de Poliducto”. Estas intermitencias o suspensiones a los poliductos se originan cuando Pemex corta el flujo de combustible tras el descubrimiento de una toma clandestina, para poder detener derrames y reparar los daños a las tuberías.

En 2013 las tomas clandestinas de combustible se concentraban en nueve estados del país. Para 2018 ya se contabilizaban en 26 entidades, según datos de Pemex. Entre enero y noviembre de 2018, las cinco entidades mencionadas suman más de 5,500 tomas clandestinas registradas de un total de 11 mil 240 descubiertas por Pemex en todo el país.

En abril de este año, Carlos Treviño, director general de Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto, reportó que en 2017 las pérdidas generadas por este ilícito rondaban los 30 mil millones de pesos.

Mientras que el robo de combustible genera desabasto, afectando a los empresarios legítimos, la falta de gasolina en las estaciones también beneficia a los huachicoleros, pues se convierten en la única opción para obtener carburantes.

En el Estado de Guanajuato el desabasto comenzó a registrarse desde finales de octubre pasado, provocando el cierre de varias estaciones de servicio, generando perdidas millonarias a sus propietarios. De tal suerte que los dueños de gasolineras guanajuatenses que operan dentro del marco de la ley, enfrentan competencia desleal de parte de empresarios que comercian con combustible robado, particularmente en los estados de Puebla y Veracruz.

Desde su llegada al poder, el nuevo gobierno ha planteado diversas soluciones al robo de combustible. En el Poder Ejecutivo, el secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo, anunció que ha puesto en marcha una estrategia integral para combatir a este delito federal.

Aunque no precisó cuáles son los objetivos ni las estrategias para combatir el huachicoleo, Durazo sostuvo que el proyecto contó con la participación de Petróleos Mexicanos, las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como el Servicio de Administración Tributaria, Aduanas, la Procuraduría Fiscal y algunas otras dependencias federales.

En el Poder Legislativo, el pasado martes los diputados aprobaron en lo general una reforma para ampliar los delitos contemplados en el régimen de extinción de dominio, para que el Estado pueda decomisar bienes inmuebles relacionados con el huachicoleo y otros ilícitos considerados como graves.

El documento fue enviado a los estados, pues necesita el aval de la mitad más uno de las 32 legislaturas de las entidades, así como la promulgación del Presidente.

En tanto, además de la afectación directa que ocasiona en los ingresos tributarios –pues al vender menos litros, las autoridades recaudan menos, sobre todo en materia de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)–, el robo de combustible es un problema con múltiples efectos (desde daños a la infraestructura hasta afectaciones ecológicas) que, para resolverlo, requiere de una estrategia integral.

En ese sentido, recientemente, la SHCP anunció que trabaja junto con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras instituciones, en acciones concretas para terminar con este delito.

Pemex comenzó, hace ya algún tiempo, con la implementación de sistemas para medir en tiempo real la disminución de presión en sus ductos y así detectar el robo de combustible, así como con la instalación de cercos alrededor de su infraestructura; en tanto, las autoridades incluso han llegado a hacer uso de la fuerza pública para controlar este tipo de situaciones.

Por su parte, a la Secretaría de Hacienda, ¿qué le queda por hacer? En calidad de titular de las finanzas públicas de este país, la dependencia podría impulsar, por una parte, medidas o figuras legales que se incorporen dentro de la legislación mexicana para incrementar la pena o los castigos a quienes incurran en este tipo de delitos.

De igual forma, podría trabajar en incorporar en la ley los mecanismos necesarios para que las autoridades puedan intervenir en caso de sospecha de tenencia de combustible robado, o bien puedan desarrollar, a través de nuevas facultades, labores de inteligencia para perseguir la ‘cadena’ del dinero en los casos de robo de combustible.

Puebla es la entidad que tuvo más tomas clandestinas en 2018, con mil 636.

Según cifras de Pemex, compiladas por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, hasta septiembre Puebla lideró el número de tomas clandestinas, seguido por Hidalgo, con mil 491; Guanajuato, con mil 352; Veracruz, con mil 219 y el Estado de México, con mil 114.

La cifra en Puebla representó un incrementó del 49.41 por ciento respecto al mismo periodo de 2017.

El gobierno del estado, a través de la agrupación Puebla Vigila, afirma que en dos años se han asegurado 2 mil 639 tomas clandestinas, más de 9 millones de litros de hidrocarburo y se ha detenido a 964 presuntos delincuentes.

No obstante, los dos presuntos principales líderes huachicoleros en Puebla, ‘El Bukanas’, y ‘El Toñín’, siguen prófugos. Ambos han sido ligados con ‘Los Zetas’ y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Municipios del llamado Triángulo Rojo (Palmar de Bravo, Tecamachalco, Acatzingo Tepeaca, Amozoc, Quecholac y San Martín Texmelucan) donde se concentra este delito, siguen con alta incidencia de este ilícito, a la par de homicidios y otros crímenes. 

Quecholac es el municipio donde se reportan más delitos vinculados con el huachicol.

Como parte del plan del gobierno federal contra el robo de hidrocarburos, en Puebla serán vigilados por elementos de Ejército y la Marina: el Complejo Petroquímico Independencia, la Terminal de Distribución de Pemex, en Puebla capital, y las estaciones de bombeo de Beristaín, Catalina, Zoquital y La Ceiba.

Los resultados, se esperan, sea la disminución de las tomas clandestinas, abatir este delito y evitar más saqueos a la nación bajo la complacencia de muchas autoridades de todos los niveles de gobierno.

Para diputados y senadores, el combate al robo de combustibles fue uno de los temas centrales en sus primeros meses de trabajo, en los que aprobaron reformas para dar ‘armas legales’ con las que el gobierno federal pueda enfrentar este delito.

La primera reforma aprobada en ambas cámaras modifica la Constitución para que el ‘huachicoleo’ quede en el catálogo de delitos por los que se puede aplicar la extinción de dominio. La segunda, avalada en el Senado y pendiente de recibir el visto bueno de San Lázaro, incluye este ilícito entre aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Andrés Manuel López Obrador y parte de su gabinete anunciaron un plan contra el robo de combustible, que incluye medidas como ir en contra de los funcionarios cómplices de estas bandas. El mandatario dijo ser consciente de la importancia de frenar un delito cuyo costo anual es de miles de millones de pesos, según los dictámenes que circularon en el Congreso.

El Congreso aprobó una reforma al artículo 22 constitucional, para que la extinción de dominio también aplique en los delitos de corrupción, ilícitos cometidos por servidores públicos y robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Asimismo, modificó el artículo 73 para facultar al Congreso a crear una legislación única nacional sobre extinción de dominio, que sustituya a la actual ley federal.

De esta forma, la Constitución establecerá que la extinción de dominio será procedente sobre bienes y patrimonio cuya legítima procedencia no pueda acreditarse en investigaciones relacionadas con el ‘huachicoleo’.

El dictamen aprobado por ambas cámaras señala la urgencia de “fortalecer el combate inteligente contra el crimen organizado”, y expresa que la extinción de dominio es la forma más efectiva para recuperar activos comprados con dinero ilegal.

La minuta se envió a los congresos estatales para su ratificación. Se requiere el visto bueno de la mitad más uno de estos legislativos para que la reforma pueda ser promulgada por el Presidente de la República.

El Senado también aprobó ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio, según el artículo 19 constitucional. Así, entre ellos quedó el robo de hidrocarburos, cuando la situación pueda significar una pena superior a cinco años de prisión.

La gravedad del ‘huachicoleo’ fue catalogada por los senadores como de “seguridad para la nación”, toda vez que tiene impactos en materia económica, ambiental y contra la integridad física de la población.

En el dictamen se detalla que este delito es un peligro grave para la nación, por lo que dejar en libertad a las personas que cometen este tipo de actos “puede poner en peligro tanto el desarrollo de la investigación como la protección de la comunidad”.

La reforma se encuentra en la Cámara de Diputados, aunque ha sido cuestionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual considera que puede dar pie a abusos contra ciudadanos.

El ‘huachicol‘ se lleva más del 2% de las ventas diarias de combustible de Pemex

El gobierno dice que se pierden 66,000 millones de pesos al año por el robo de combustible, el doble de lo estimado por la anterior administración. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, que este problema supone cerca de 66,000 millones de pesos al año en pérdidas para Pemex . Esta cifra casi duplica la estimada por la anterior administración de la petrolera, pues incluye también el robo a las pipas, y no sólo la ordeña.

“Si pensamos en (el robo de) 600 pipas diarias, no estamos solo hablando del llamado huachicol ni de la ordeña de ductos, estamos hablando de un plan que tiene vinculación al interior del gobierno, y que se apoya en un sistema de distribución de combustibles, porque no es fácil distribuir y vender 600 pipas diarias de gasolinas”, dijo López Obrador. Cada pipa puede transportar cerca de 15,000 litros diarios de combustible, según el dato ofrecido por el gobierno. Por tanto, al día se pierden cerca de 56,000 barriles de crudo, ya que cada uno tiene una capacidad de 159 litros. Esto representa cerca del 2.2% de las ventas diarias de combustibles de Pemex, que en noviembre eran de 1.25 millones de barriles, entre gasolinas, diésel y otros petrolíferos.

Además, según el anterior gobierno, la ordeña de ductos supuso este año cerca de 35,000 millones de pesos en pérdidas para Pemex.

La petrolera nacional tiene una flota de 1,485 pipas, que pueden distribuir hasta 294 millones de litros al día, según cifras de la propia compañía.

Frente a este problema, ahora el gobierno intentará ganar el control de los procesos al interior de Pemex y aumentar la vigilancia sobre los funcionarios. Varios de ellos ya enfrentan cargos penales. Tras esta intervención, la nueva administración aseguró que el robo a los poliductos decreció 60%: el promedio entre el 1 y el 20 de diciembre, comparado con el periodo del 21 al 25 de diciembre, pasó de 74,302 a 29,731 barriles diarios.

En la nueva estrategia, la compañía contará con el apoyo de 138 miembros de la Marina y 757 del Ejército, con los que vigilar una terminal marítima, las seis refinerías de Pemex y 30 terminales de almacenamiento y distribución (TAD).

La inclusión de militares no es una novedad para Pemex, debido a que el Ejército ya ha apoyado a la compañía en la vigilancia terrestre de los ductos. Sin embargo, la queja de la anterior administración era que la legislación impedía que esta labor llegara a condenas penales para las personas involucradas en estos delitos, por ello, el nuevo gobierno declarará el robo de combustible como “delito grave”.

Las tomas clandestinas, según cifras de octubre de 2018, llegaron a 12,581, con lo que ya superan las 10,363 que se dieron durante todo 2017 , que era el récord histórico de un delito que ha ido al alza durante la última década.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó investigar a los exdirectores de Pemex por el robo de hidrocarburo, pero dijo que está esperando que se reforme el artículo 35 de la Constitución referente a las consultas populares, para preguntar al pueblo si quiere que se investigue por corrupción a los expresidentes.

López Obrador dijo que si se investiga el tema del huachicoleo, se debe empezar por las cabezas de las administraciones federales y no por “chivos expiatorios”

¿Vamos a seguirles el juego de castigar solo a chivos expiatorios?, cuestionó.

“Ustedes creen que un director de Pemex actuó en caso de cometer un ilícito, ¿por su cuenta? Un negocio jugoso ilícito siempre lleva el visto bueno del presidente, lo mismo en los estados. Ya basta de hipocresía”, aseveró.

Sobre la consulta sobre los expresidentes, López Obrador dijo que ésta podría ser la pregunta:

“¿Quieres que se abran expedientes a Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por actos de corrupción o estás de acuerdo, como lo sostiene el actual Presidente, de que se ponga punto final y que iniciemos una etapa nueva sin corrupción y sin impunidad. Sí o No?”.

López Obrador reiteró su propuesta de someter a consulta si se enjuicia a expresidentes por actos de corrupción, sin embargo, dijo que defiende el punto de ver hacia delante.

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