INSEGURIDAD: TALÓN DE AQUILES

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Los ciudadanos mexicanos perciben el mayor nivel de inseguridad desde que inició el sexenio de Enrique Peña Nieto, superando los datos de 2011, que eran hasta ahora los más altos, según una encuesta publicada recientemente por la asociación México Unido contra la Delincuencia.

Según apunta el documento, el 85.6% de los encuestados considera que la situación en cuanto a la inseguridad es “peor” respecto al año anterior, mientras que en 2011 esta cifra se situó en 81.1%.

A una semana de que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto, el 2018 es evaluado como el peor año en percepción ciudadana de inseguridad. Conforme a la XVIII Encuesta Ciudadana de Percepción de Inseguridad en México, 85.6% de la población participante percibió un deterioro en la seguridad este 2018, lo que refleja un aumento con respecto al 2017, cuando se ubicó en 80.7 por ciento.

En cambio, sólo 12.2% vio una mejora en esta problemática, lo que significó una baja respecto del año pasado, cuando 14.8% sintió que mejoraba la situación de seguridad del país.

Tras alcanzar un mínimo de 70.3% en el 2014, la percepción de inseguridad en el país repuntó a 73.9% en el 2015, con lo cual se ha mantenido una tendencia al alza hasta la fecha.

Con lo anterior se  muestra que este año, por primera vez desde el 2007, los problemas de seguridad fueron percibidos como los de mayor importancia (48.6%) frente a los económicos (45.7 por ciento).

Sobre las perspectivas de los encuestados en materia de inseguridad en el próximo gobierno federal, 38.8% previó que ésta disminuirá; mientras que 23.8% indicó que seguirá igual, y 16.7% consideró que aumentará.

Adicionalmente, 70.7% piensa que utilizar al Ejército para combatir la delincuencia organizada es un acierto y sólo 19.7% discrepa de dicha estrategia, lo cual, obedece a la desconfianza que existe en las corporaciones policiales.

Sin embargo, la visión positiva sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública disminuyó, pues 75.5% pensaba el año pasado que su labor era adecuada y, como se mencionó, este año fue de 70.7 por ciento.

Así pues, ante las fallas que ve la ciudadanía en el combate a la delincuencia, la encuesta reveló que 53% está de acuerdo en que se haga justicia por propia mano, en tanto que 44.7% lo desaprueba.

El dato de este año refleja un repunte en la tendencia, pues para agosto del 2017, 40% estaba de acuerdo con que los propios ciudadanos hicieran justicia, mientras que 54.1% se inclinaba por la actuación de las autoridades.

Por otra parte, la encuesta expone que desde agosto del 2010 se ha visto una creciente aprobación ciudadana en torno a la legalización de la mariguana, al pasar de 10% ese año a 43% en octubre del 2018.

Ésta es la cifra más alta desde el 2007 sobre este tema; en tanto que todavía hoy 44% se posiciona en contra de esta medida.

Frente a este escenario, la Guardia Nacional propuesta por el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, se distancia de otros modelos e implica riesgos

Expertos señalan que el modelo planteado es distinto al de otros países, donde sus respectivas guardias, si bien participan en actividades de seguridad pública, realizan tareas claramente delimitadas. El modelo de Guardia Nacional que el futuro gobierno de México propone para enfrentar la crisis de violencia y “pacificar” al país es único en su tipo, aunque esto no necesariamente significa buenas noticias.

Así lo advierten expertos en seguridad, quienes subrayan que el esquema planteado por el presidente electo, se distancia de aquellos empleados en países con guardias.

Una de las diferencias radica en que estas instancias suelen estar sujetas a los ministerios del Interior —equivalentes a la Secretaría de Gobernación mexicana—, cuando la iniciativa de reforma constitucional promovida por López Obrador y su partido, Morena, propone que la Guardia Nacional tenga mando militar y ejecute los planes, las estrategias y las acciones diseñadas por la Secretaría de Seguridad, aunque no deja claro a quién tendría que rendir cuentas.

Más aún, las guardias de otros países, si bien participan en actividades de seguridad pública, lo hacen en tareas específicas como el cuidado de presidentes o reyes o para atender situaciones de emergencia, pero no en el desempeño de una labor central de la política contra la inseguridad. El riesgo está en que una instancia con mando y preparación militar está entrenada para acabar con un enemigo, no para mediar y tener contacto cotidiano con los ciudadanos —como sí deben estarlo las policías—, lo que da pie a que ocurran violaciones a los derechos humanos durante revisiones en carretera o patrullajes. 

El riesgo no es que tengamos una dictadura militar en México, pero el que se continúe con la autonomía operacional de los militares en asuntos de seguridad pública debilita el aspecto liberal de las democracias, de los derechos civiles y el Estado de derecho, coinciden varias voces.

Esta semana, el Observatorio Nacional Ciudadano ONC y otras organizaciones del colectivo #SeguridadSinGuerra acudieron a la casa de transición de López Obrador para entregarle una carta en la que le piden frenar su propuesta de crear una Guardia Nacional. El presidente electo ha defendido el plan, pero señala estar dispuesto a llevarlo a una consulta ciudadana , que tentativamente se realizaría el 21 de marzo de 2019. 

Ahora bien, legalización de algunas drogas, un eventual desarme de grandes bandas criminales y la creación de una Guardia Nacional. Estas son algunas de las propuestas del plan para combatir la violencia y pacificar a México que aplicará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a partir de este 1 de diciembre.

La estrategia, llamada Plan Nacional de Paz y Seguridad, se presentó este miércoles.

Contiene ocho puntos, algunos considerados polémicos, como mantener a los militares en funciones policiales o establecer una Constitución moral para “regenerar la ética de la sociedad”.

En general se trata de un programa distinto al aplicado en los últimos gobiernos, que se basó en el combate policial y militar a la inseguridad.

El planteamiento del presidente electo va por otro camino, pues uno de los ejes centrales es la prevención de los delitos y atender las causas de la inseguridad.

El programa de pacificación se presenta en momentos que el país vive la mayor ola de violencia e inseguridad desde la Revolución Mexicana, señaló Alfonso Durazo, propuesto como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Según especialistas, el índice de homicidios violentos sigue en crecimiento.

De mantenerse la tendencia, este 2018 puede concluir como el sangriento de la historia de México.

Y es que haciendo un recuento, los homicidios dolosos en el país aumentaron en 2018, que con más de 24,000 registrados en los primeros 10 meses, con lo que este se perfila como el año más violento en la historia moderna del país.

A días de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto llegue a su fin, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que entre enero y octubre de este año se cometieron 3,406 asesinatos más que en el mismo periodo de 2017.

En promedio, cada mes de 2018 se han registrado entre 2,100 y 2,600 homicidios dolosos, por lo que, de seguir la tendencia, el año cerraría con al menos 28,000 carpetas de investigación por este delito y se convertiría en el más violento en la historia reciente, de acuerdo con las cifras oficiales. 

El gobierno de Peña Nieto concentra 120,666 carpetas de investigación por homicidio doloso —más las que se abran hasta final de su administración—, mientras que el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa —en el que se declaró la “guerra contra el narco”— cerró con 103,537.

Durante este sexenio, la violencia se disparó en 2016, cuando el SESNSP reportó 20,167 asesinatos, 4,000 más que el año previo. Pero además, este incremento fue generalizado, pues mientras hasta ese momento Guerrero registraba la tasa de homicidios más alta, hoy las estadísticas cambiaron. Aunque la media nacional de homicidios dolosos bajó de 20.26 a 19.26 este año, hay estados que registraron cifras hasta tres veces más altas, como: Baja California, que en los primeros 10 meses de 2018 presentó una tasa de 63.57 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, cuando en 2017 fue de 58.11por cada 100,000.

Desde 2017, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos que quisieran viajar a esa entidad, específicamente a Los Cabos, advirtiendo de “actividad criminal y violencia, incluyendo el homicidio”. Y es que desde ese año, el estado fronterizo —especialmente la ciudad de Tijuana— se volvió escenario de una disputa entre los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), en alianza con los Arellano Félix, y el de Sinaloa, según reportes de la DEA. 

Guanajuato presenta, en lo que va del año, una tasa de 36.32 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Su tasa en 2017 fue de 18.35.

El estado, atraviesa su peor crisis de inseguridad . En promedio, en lo que va de este año, 10 personas han sido asesinadas diariamente en Guanajuato.

Las autoridades del estado atribuyen la escalada de violencia a la disputa entre el CJNG y Los Zetas, además de otras organizaciones dedicadas al robo de combustible .

Jalisco registró una tasa de 19.47 asesinatos por cada 100,000 habitantes en los primeros 10 meses de este año, por encima de los 16.55 por cada 100,000 habitantes de 2017. La entidad es sede del CJNG, una de las organizaciones más poderosas de México liderada por Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, y solo este año ha sido escenario de la desaparición de tres italianos y el asesinato de tres estudiantes de cine, y más recientemente, una balacera y narcobloqueos en Tomatlán.

La violencia en Jalisco escaló a tal punto que cientos de cuerpos que ya no cabían en las morgues fueron depositados en dos cámaras de refrigeración que deambularon por el estado durante dos años. 

Nayarit tiene una tasa de 23.48 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, mientras al cierre de 2017 fue de 19.71.

A inicios de 2018, el incremento de la violencia en Nayarit quedó evidenciado con el hallazgo de fosas clandestinas y la detención del exfiscal Édgar Veytia, quien, de acuerdo con el gobierno estadounidense, controlaba el tráfico de drogas en el estado. Desde entonces, la disputa entre el Cártel Jalisco y el de Sinaloa ha recrudecido la violencia en el territorio nayarita.

Quintana Roo tiene hasta ahora una tasa de asesinatos de 36.56 asesinatos por cada 100,000 habitantes; en 2017 su tasa fue de 21.57 por cada 100,000. El estado más importante para el turismo internacional en México enfrenta altos índices de violencia generada por el crimen organizado. De acuerdo con la DEA, en Quintana Roo operan al menos tres cárteles: el del Golfo (con mayor dominancia), el de Sinaloa y, más recientemente, el Jalisco Nueva Generación. Aunque hay entidades que disminuyeron su tasa de homicidios dolosos hasta octubre de 2018, su indicador sigue muy por encima de la media nacional:

Coahuila registra 67.92 asesinatos por cada 100,000 habitantes. En 2017 fue de 93.34.

Chihuahua reporta 40.11 homicidios por cada 100,000 habitantes. En 2017 reportó 41.41 casos por cada 100,000 habitantes

Guerrero —hasta hace un año el más violento— bajó su tasa de 64.04 a 51.42 asesinatos por cada 100,000 habitantes este año.

Morelos registra 28.73 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. En 2017 fue de 29.25.

De acuerdo con Alfonso Durazo, quien presentó el Plan de seguridad, la estrategia de endurecer leyes y desplegar miles de soldados, marinos y policías, como se realiza desde hace doce años, no ha funcionado.

De hecho algunas corporaciones policiales se convirtieron en parte de la delincuencia, un elemento que profundizó la inseguridad.

Esto es evidente en el combate a los grandes carteles de narcotráfico. El enfoque militar no los afectó e incluso algunos se fortalecieron.

Así pues habrá que seguir de cerca las propuestas y eventuales acciones que habrán de emprenderse para pacificar al país, tarea que se antoja sumamente difícil, sobretodo cuando la inseguridad es y ha sido, nuestro talón de Aquiles.

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