CONTUNDENTE VEREDICTO DEL TLA EN CASO CHAPALA

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Cinco días le bastaron al Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) para analizar el caso que le presentaron el lunes durante una audiencia pública en el ITESO. Cinco días para despejar cualquier duda y emitir su veredicto respecto al problema que le reportaron pobladores y académicos sobre el conflicto socioambiental que atraviesa el Lago de Chapala, donde pobladores de comunidades cercanas al vaso lacustre, atribuyen a la mala calidad del agua una serie de problemas crónicos de salud que principalmente aquejan a habitantes de Poncitlán. El TLA resolvió que, efectivamente, el alto índice de enfermedades en las comunidades de San Pedro Itzicán, Mezcala y Agua Caliente, donde se tiene la tasa más alta de enfermos renales en el mundo, está relacionado con la contaminación biológica y química de la Laguna.

Así de contundente se pronunció esta instancia internacional que inmediatamente enseguida de emitir su sentencia, urgió al gobierno mexicano reparar el daño a las comunidades afectadas y abocarse, con carácter de urgente, a emprender medidas de saneamiento y mitigación en la cuenca. Uno de los miembros del jurado, Philippe Texier, comunicó que los Estudios científicos realizados por universidades locales e internacionales “muestran la existencia de metales pesados y agroquímicos en el lago de Chapala y en algunas especies de peces; la presencia de contaminantes también se observa en muestreo de sangre en niños y adultos, así como en leche materna de mujeres que habitan en las inmediaciones del lago”.

El Tribunal Latinoamericano del Agua es una instancia internacional, autónoma e independiente, de justicia ambiental, creada con el fin de contribuir a la solución de controversias relacionadas con los sistemas hídricos en América Latina. Fundamenta su actuación en principios de convivencia con la naturaleza, respeto a la dignidad humana y la solidaridad entre personas y organizaciones para la protección del agua. Desde hace 20 años, el tribunal ha abordado casos de conflicto hídrico en diversos territorios de América Latina y en esta ocasión tiene en revisión el de la ribera. 

Su presidente, Javier Bogantes Díaz, dijo hace algunos días en Guadalajara que la alta actividad agrícola e industrial en torno a Chapala ha fomentado procesos de degradación que agotan el oxígeno y complican la supervivencia a las especies acuáticas del lago. Y no dudó en mencionar que, de hecho “está muriendo” debido al ingreso de elementos provenientes de agroquímicos”. Dijo también que debía  probarse en la audiencia algún tipo de enfermedades que pueden estar relacionadas con lo que está aconteciendo en este lago; con contaminación, de metales pesados, nitratos, que en general se sabe que vienen de la mala regulación de los desechos industriales y el mal tratamiento de las aguas servidas en esta zona.

El lunes los pobladores denunciaron violaciones sistemáticas a sus derechos humanos fundamentales al agua, al saneamiento y al medio ambiente sano por parte del Estado mexicano, y  que éste ha sido omiso, desde diferentes niveles, en proteger y garantizar su bienestar a través de la aplicación y vigilancia de las leyes competentes.

En un comunicado, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), que en este caso fungió como Representante de las familias afectadas de Mezcala de Asunción y San Pedro Itzicán, presentó el caso de la señora Delia Magallón de quien relataba, tiene una vista impactante desde su ventana y todos los días convive con el lago más grande de México, Chapala. “De él, su familia ha obtenido peces para su comida diaria y agua para uso y consumo cotidiano. Sin embargo, también obtuvo algo que ella no pidió: la Enfermedad Renal Crónica (ERC). Su hermano, su hijo y tres de sus nietos, uno de los cuales falleció por esta causa, también la han padecido”. El ITESO precisó que el caso de la señora Delia Magallón se suma a las estadísticas que hacen de Jalisco la segunda entidad a escala mundial con más casos de Enfermedad Renal Terminal (ERT). Jalisco está por arriba de la cifra nacional de países como Estados Unidos, Singapur y Japón, según el Sistema de Datos Renales de Estados Unidos (USRDS, por sus siglas en inglés). El deterioro de la calidad del agua de este lago, debido principalmente a actividades industriales, provoca afectaciones a la salud de los pobladores de las comunidades ribereñas de Mezcala de Asunción y San Pedro Itzicán. Esta  es una de las conclusiones a las que llegó un equipo de investigadores del ITESO coordinado por Carlos Peralta Varela, profesor del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (DSOJ).

De acuerdo a la Agencia Notimex, a la fecha, no existe un censo oficial de decesos o enfermos, pero pobladores de Mezcala reportan 23 muertes por insuficiencia renal, mientras que hay 11 personas con afectaciones varias al riñón, entre niños y adultos, tan sólo en el último año. Refieren que los  más afectados son jóvenes de entre 18 y 26 años. “La Secretaría de Salud de Jalisco dice que hay 600 personas con algún tipo de tratamiento por causas renales. De acuerdo con estudios conducidos por la Universidad de Guadalajara, 40 por ciento de los habitantes de la ranchería Agua Caliente, ubicada a tres kilómetros de San Pedro Itzicán, tuvo algún problema de enfermedad renal”. La economía familiar de quienes padecen enfermedades del riñón también se ve afectada. Aunado a que la gente de la región es de escasos recursos, ya que cualquier enfermedad los saca de su estabilidad. “En el caso de una enfermedad renal, tienen que hacer un desembolso muy fuerte y cotidiano para los tratamientos y traslados. Lo que ellos manejan es que ‘no es una enfermedad que mata, es una enfermedad que te mata cuando se te acaba el dinero’”. De acuerdo con la recomendación 8/2018 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), un habitante de estas comunidades gasta aproximadamente tres mil 375 pesos mensuales únicamente en transportarse a las unidades de salud en la ZMG, ya que no cuentan con los servicios necesarios en su lugar de origen. Debido a que este padecimiento no es cubierto por el Seguro Popular, a ello se suma un costo anual estimado de hasta 168 mil pesos por tres sesiones de diálisis por semana, según datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). En el caso de San Pedro Itzicán, el agua que consume cerca de la mitad de la población proviene de un pozo de agua hipertermal, que como tal puede contener elementos como azufre, sodio, arsénico y plomo, entre otros.

El único tratamiento que se le da a esta agua previo a su consumo es un proceso de enfriamiento y cloro, que poco hace por potabilizar el líquido.

Los elementos de denuncia fueron puestos sobre la mesa. Esos relatos, informes, estudios, y pruebas fueron los que analizó el Tribunal Latinoamericano del Agua, que si bien es cierto  es una instancia de justicia alternativa no vinculante, su veredicto y llamado a las autoridades mexicanas deben ser atendidos de inmediato. Es imperativo que se le dé su real dimensión a este terrible suceso; la gente esta enferma, la gente está muriendo, y los Gobiernos de todos los niveles no pueden, de ninguna manera ser omisos como lo han sido hasta ahora. Las universidades y sus académicos e investigadores, activistas y pobladores una y otra vez han manifestado esta necesidad de que se proceda al saneamiento del vaso lacustre más grande de México. Esperemos que en esta ocasión no se hagan oídos sordos y se proceda a tomar y llevar a cabo las estrategias y acciones correspondientes.  

Por si las autoridades no saben por dónde comenzar, aquí les recordamos las recomendaciones del Tribunal:

– Que el estado mexicano cumpla sus obligaciones respecto a proteger el derecho a un medio ambiente sano en las comunidades del lago de Chapala.

– Que el estado Mexicano aplique y actualice las normas de calidad del agua potable y de descargas de agua de origen industrial, agroindutrial y minero para ajustarse a estándares internacionales.

– Que los tres niveles de gobierno implementen un saneamiento integral de la cuenca Lerma Santiago Pacífico con énfasis en Chapala para detener su degradación.

– Que las autoridades de salud federales y estatales elaboren un estudio epidemiológico que analicen el daño a la salud causada por el agua y otros agentes en todas las comunidades aledañas a Chapala.

– Que los tres niveles de gobierno elaboren un plan de apoyo a las comunidades afectadas por la contaminación del agua, como Mezcala y San Pedro Itzicán, para concretar la reparación integral del daño.

– Que el gobierno de Jalisco implemente medidas para hacer más eficiente y menos onerosa la atención médica para los enfermos.

– Que la Secretaría de Salud del estado cumpla de manera inmediata la recomendación 8/2018 de la CEDHJ (macrorrecomendación).

– Que el Ejecutivo federal emita como medida cautelar urgente acciones para que el nuevo pozo de San Pedro Itzicán y la planta tratadora funcionen en óptimas condiciones y se construya la red hidrosanitaria en el poblado.

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