PIEDRA EN EL ZAPATO

381
0
Compartir

El sentimiento de inseguridad se ha convertido en norma no sólo en América Latina, sino también en varios países desarrollados. México no escapa a esta realidad. De acuerdo con un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 70% de la población mexicana afirmó vivir en una ciudad insegura, mientras que tan sólo el 30% determinó lo contrario. Son muchas las razones que se adjudican a este sentimiento de inseguridad, entre las que se destacan haber presenciado conductas delictivas y antisociales.

El miedo ante el delito provoca importantes modificaciones en la rutina de los mexicanos, quienes dejaron de portar joyas, dinero o tarjetas de créditos.  Así también se comprobó que esta realidad tiene una incidencia en lo que la población piensa acerca del desempeño policiaco: un 68% planteó que su accionar era poco efectivo o incluso nada efectivo, frente a un 32 % que si confía. Una serie de hallazgos de fosas clandestinas en México en los últimos meses de 2018, evidencian un alto grado de criminalidad en este país. Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicado recientemente, en México se registraron 1143 fosas clandestinas del 1 de enero de 2007 al 30 de septiembre de 2017, de las cuales se extrajeron 3230 cadáveres y/o restos humanos.

Por la dimensión y las características de las atrocidades que atestiguamos, no se duda que la crisis de violencia que se vive es uno de los apartados más trágicos de nuestra historia y de América Latina en las últimas décadas”, señala el estudio ‘Violencia y terror: hallazgos sobre fosas clandestinas en México’, realizado por la Universidad Iberoamericana en colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Según el documento las entidades del país donde se registran mayor cantidad de fosas clandestinas son Tamaulipas, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nuevo León.

Sin embargo, en los últimos años, otras entidades como Veracruz y Nayarit han disparado el número de fosas clandestinas encontradas. Por otro lado, en los estados de Baja California Sur, Hidalgo, San Luis de Potosí y Tabasco han registrado un menor número. En Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán no se ha encontrado ninguna fosa clandestina. El rector de la universidad mexicana que ha llevado a cabo el informe, David Fernández Dávalos, ha explicado que esto no significa que “que no haya fosas clandestinas en esos estados, sino que–de existir– no fueron registradas por los medios de comunicación, o no tuvieron las menciones suficientes para integrarse en el conteo final”. También ha querido agregar que “las fosas están ahí para ser descubiertas, no para ocultar.

No son para guardar un secreto, sino para proclamar que la impunidad se ha enseñorado de nuestro país”. En sus conclusiones, el estudio incluye que la cifra de fosas clandestinas en el país podría ser mucho mayor, debido a que aún no se ha informado sobre ellas. Se observan dos patrones de comportamiento: por un lado, la presencia constante de fosas en ciertos municipios y, además, con picos en determinados años; por el otro, la presencia de un alto número de fosas, cuerpos y/o restos exhumados en estados donde hubo violencia significativa en un año específico y la posible combinación de estas variables. Con respecto a la inhumación clandestina de personas en casos de contextos violentos, el estudio añade que “por posibles actores estatales y no estatales es una práctica que, a casi tres décadas de la llamada guerra sucia, vuelve a ser recurrente en nuestro país, aunque con una nueva correlación de actores y contextos distintos.

Dicha práctica tiene hoy en día el objetivo de ‘eliminar’ los cuerpos de personas previamente desaparecidas, pero, al mismo tiempo y de forma paradójica, dejar visibles las huellas de la violencia ejercida sobre ellas.

Lo anterior con dos objetivos de carácter pedagógico: generar terror y, con ello, lograr control, y hacer alarde de la impunidad con la que se puede actuar en México. La inseguridad pública es ya a ser el principal obstáculo que podría afectar el crecimiento económico de México, factor que podría seguir siendo determinante en los próximos meses, dejando atrás factores externos, consideraron expertos del sector privado encuestados por el Banco de México (Banxico). El 15% de las respuestas en los 35 grupos de análisis consultados por Banxico se concentró en este factor, con lo cual encabeza el listado de los principales asuntos que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica en México. La inseguridad no era vista por los entrevistados por el banco central como uno de los problemas principales para el PIB de México desde julio de 2015, cuando esta “piedra en el zapato” lideró el listado de obstáculos con 23% de las respuestas.

La percepción de que la situación de la delincuencia seguirá igual de mal entre la población mayor de edad subió de 2.5 puntos porcentuales a 37% en mayo de este año respecto al mismo periodo de hace un año, según las cifras oficiales. Y los que esperan que la situación sobre la seguridad pública empeore en los próximos 12 meses representó el 33.8% de la población de más de 18 años, un aumento de 0.5 puntos porcentuales respecto a mayo de 2017. La inseguridad es un riesgo que afecta al crecimiento económico potencial, y es posible que sus efectos sobre la inversión ya sean de consideración.

En agosto del año pasado, la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, afirmó que los temas que afectan a las inversiones en México son la inseguridad y la corrupción. Al participar en el Foro True Economic Talks, organizado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la diplomática estimó que al menos 5% de la inversión a tasa anual puede perderse por la delincuencia organizada y la corrupción. No estaba equivocada.

Ahora bien, en este contexto la sociedad siempre ha estado marcada por una serie de temores como la pobreza o sufrir una enfermedad, pero en la actualidad se han sumado otros miedos como ser víctima de la violencia o la delincuencia. En muchos países de América Latina también se experimenta la inseguridad como un problema en el cual los ciudadanos se sienten amenazados por una serie de temores, especialmente ante la crisis de la seguridad pública. De tal suerte que desde los años setenta vivimos en una sociedad de riesgo, situación que antes no ocurría porque predominaba la idea de que el futuro sería siempre mejor. Hoy la realidad es que es más incierto que nunca. Este fin de semana se conmemora el tradicional grito de independencia.

Sin embargo, hay un grito más sentido que la población expresa frente a los sordos oídos de los gobiernos de todo orden, que han sido incapaces de ofrecernos garantías de paz y seguridad.  Es oficial, México atraviesa el año más violento del que haya registro. Con más de 16 mil personas asesinadas en los 9 meses del año, el país acumula una tasa de 12 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta desde que hay cifras oficiales, desplazando al primer semestre más violento que había sido el de 2011 con 9.7 asesinatos. Los datos de incidencia delictiva actualizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan que en junio pasado se registraron 2 mil 668 víctimas de homicidio doloso.

Con ello, el primer semestre de 2018 cierra con un promedio de 88.7 homicidios cometidos todos los días, o lo que es lo mismo, 3.7 crímenes cometidos cada hora. Los asesinatos registrados de enero a agosto de este año dieron paso a la apertura de 13 mil 738 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso en todo el país, lo que representa una tasa de 11.01 casos por cien mil habitantes que, como ya se dijo, es la más alta desde 1997, año más antiguo del que hay registro. En comparación con el primer semestre de 2017, en que se registró una tasa semestral de 9.66 homicidios por cada cien mil habitantes, en 2018 los homicidios han aumentado 15 %. La violencia homicida en el país acumula así tres años en ascenso. Mientras que en el primer semestre de 2015 la tasa de homicidios dolosos fue de 6.3 casos por cada 100 mil habitantes, para el mismo periodo de 2016 la tasa fue de 7.4 casos y para 2017 la tasa alcanzó los 9.6 casos. Lo anterior significa que en un periodo de solo tres años (de 2015 a 2018) los homicidios en el país han repuntado 75 %.

En cuanto a la evolución de los homicidios dolosos en 2018, en agosto la cifra de víctimas de homicidio fue de casi 3 mil personas, cantidad similar a la de mayo que fue de 2 mil 894 casos. En promedio la cantidad mensual de asesinatos se ha mantenido siempre entre 2 mil y 3 mil casos.

Este también ha sido el agosto con más homicidios del que haya registro, desplazando al de 2011 en el que se reportaron poco más de 2 mil homicidios.

En cuanto a los estados más violentos la lista la encabeza Colima con 40.02 carpetas de investigación de homicidio doloso por cada cien mil habitantes; Baja California con 35.61 homicidios; Guerrero con 31.67; Chihuahua con 22.58, y Guanajuato con 20.21.

En tanto, los estados que registraron la menor tasa de homicidios dolosos en lo que va de 2018 son Yucatán, Hidalgo, Campeche, Aguascalientes, Coahuila, y Durango.

Los feminicidios también presentan un crecimiento constante desde 2015, fecha en que comenzó a registrarse oficialmente este ilícito.

De acuerdo con los datos oficiales actualizados, en el primer semestre de 2018 se registraron 402 víctimas de feminicidio en el país, cifra que en comparación con la registrada en el mismo periodo del año pasado (363 casos) equivale a un incremento el 10.7 %.

En el primer semestre de 2015 la cifra fue de 184 casos de feminicidio. Esto significa que en 3 años este delito se ha triplicado.

Los estados con las tasas más altas de feminicidio en el primer semestre de 2018 son Colima, Chihuahua, Guerrero, Zacatecas y Sinaloa, todos con una tasa de entre uno 1.3 y 1.8 feminicidios por cada cien mil mujeres.

El Sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto reconoce el retroceso en el combate a la violencia en el país. Mientras los homicidios superaron ya los niveles del sexenio pasado, hay otros delitos graves donde el avance es mínimo o inexistente. Esto, pese a que el gasto en seguridad ya sobrepasó a los de las anteriores administraciones. Y aunque el documento niega que el país se encuentre en una “crisis generalizada” de inseguridad, sí reconoce que en el 83 por ciento de los municipios hay menos de 50 policías.

De hecho, hay más de 600 municipios en México sin un solo agente. De ahí que el gobierno considere imposible prescindir del apoyo del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública para los próximos años. El gobierno reconoce causas externas e internas detrás del repunte de la violencia.

En el lado de las causas externas sostiene, como ejemplo, el aumento de la demanda de drogas en los Estados Unidos – principalmente derivados del opio –, combinado con el “creciente” flujo de armas de alto poder y dinero a los cárteles desde ese país a México.

En cuanto a los motivos internos, el gobierno de Peña Nieto sostiene que pese a que las grandes estructuras criminales han visto acotada su presencia y organización por la caída de varios de sus líderes, estas han diversificado sus actividades criminales y han recrudecido la disputa elevando la violencia.

En lo que no hay duda es que prevalece una enorme disparidad entre las capacidades policiales de las instituciones federales y locales, es decir, las fuerzas locales de policía no se han desarrollado lo suficiente, situación grave ya que la mitad de los homicidios son producto de delitos locales.

Las organizaciones de la delincuencia organizada, han ampliado su espectro de acción criminal, lo que explica el aumento de los índices de incidencia en otros delitos de alto impacto, tan graves como la extorsión y la trata de personas, entre otros; no obstante que delitos como el secuestro se han logrado contener.

Lo que también es real, es que hay pocos policías pese a gasto histórico en este rubro. Hay 651 municipios que carecen por completo de una fuerza policial propia, mientras que hay otros 1400 que cuentan con menos de 50 policías cada uno. Lo anterior significa que en 8 de cada 10 municipios de México no se cuenta siquiera con un número suficiente de policías locales. Así pues, sin menoscabar la tradición, el grito más urgente que debería tener ocupados y preocupados a todos los gobernantes, incluidos a los que vienen, es el de la mayoría de la población mexicana que reclama con justa razón paz y seguridad.

EtiquetaCosío
Compartir

Dejar un comentario