ASALTO A LA NACIÓN

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El término huachicol tiene una procedencia incierta, y más en referencia a la gasolina. Según algunas versiones, la palabra original servía para referirse a alcohol adulterado o pirata, y después se empezó a utilizar en el mundo del combustible.

Sin embargo, el combustible huachicol es distinto al alcohol huachicol, ya que no es una mezcla o una versión falsa: es material robado. Así de simple.

Aunque la ordeña o el robo de combustible no es nuevo, fueron Los Zetas quienes lo llevaron al siguiente nivel. Contrario a lo que se pudiera pensar, extraer gasolina de un ducto no es tan sencillo. Es mucho más complicado. Por eso el crimen organizado comenzó a secuestrar ingenieros químicos hace unos años. Necesitaban gente con conocimiento especializado que les pudiera explicar cómo extraer el combustible. Lo mismo hicieron con empleados de Pemex; la idea es que ellos les dijeran cómo estaban instalados los ductos, por dónde corrían y qué seguridad tenían. Al extenderse los tentáculos del crimen organizado por las zonas de los ductos, lo mismo sucedió con las tomas clandestinas.

Y, como –una vez más– lamentablemente es costumbre en este país, la cosa se complicó. Al disminuir la influencia del crimen organizado o al emigrar hacia otras entidades, los grupos locales se fueron adueñando del negocio. Porque negocio era y sigue siendo. Según cálculos de 2017 asciende a unos 7.5 millones de pesos diarios. Entonces en lugares como El Triángulo Rojo (el conjunto de seis municipios en el este de Puebla por donde pasa el 40% de todo el combustible que llega a la Ciudad de México), donde hay cinturones de pobreza extrema, es una buena salida, ya que unirse al negocio podría significar el escapar de la miseria.

Y no es una condicionante, ni una generalidad, pero si un factor: es como el narcotráfico, como el sicariato, como cualquier otro negocio vinculado al crimen organizado. En un lugar donde la pobreza está por todos lados, el robo de combustible se convierte en una alternativa viable para obtener ingresos.

Como cualquier gran problema mexicano, la causa no es solo una. Por un lado, están la pobreza extrema y el dominio del crimen organizado, pero por otro hay un Estado débil que no sabe cómo enfrentarse a la situación. De 2009 en delante el robo de combustible ha generado un aumento constante de pérdidas.

¿Por qué? Hay muchos factores. El primero, como se decía, es que el gobierno está rebasado. Por eso han tenido que entrar militares, que también están sobrecargados –llevan 10 años peleando una guerra sin cuartel. Esto desde el punto de vista de seguridad.

Desde el punto de vista social, la pobreza en México no ha disminuido. (Bueno, sí, con los nuevos y cuestionables métodos para medirla de este gobierno, que cambiaron, convenientemente, sin avisar.) Entonces lugares como Puebla (que, por cierto, el exgobernador, Rafael Moreno Valle, dejó metido en un lío financiero) siguen igual o peor que antes.

Mientras no se revierta la pobreza en el país, tampoco habrá algún incentivo para que la gente deje de robar gasolina. Es dinero fácil y rápido.

También está el factor económico. El así llamado “gasolinazo”, que fue particularmente duro en 2016, hizo estrago no sólo en los bolsillos de los ciudadanos, sino de las empresas. El combustible subió de precio y claro que las personas y las compañías buscaron la alternativa sencilla. Un litro de Magna está en más de 18 pesos. Uno de huachicol se vende en 7. No hay que ser genios. Entre llenar un tanque con litro de a 18 o uno con litro de a 7, habrá personas que no tengan mayor consideración moral u opción y le compren la gasolina robada a los huachicoleros. Los clientes son una parte importante de este desastre.

¿En qué va a terminar? Sólo un ingenuo pensará que esto se va a resolver pronto. El efecto inmediato más probable es que el ejército aumente patrullajes. Y que en una de ésas detenga al líder de una de las bandas que roban combustible. Pero, como todo lo que ya es, lamentablemente, costumbre en este país, no pasará de ahí. Porque cualquier cambio que evite el robo de combustible implica una estrategia en serio, o un esfuerzo de verdad.

De acuerdo con el informe “El robo de combustible: asalto a la nación” del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, detrás de ese delito están los cárteles del crimen organizado. La precisión no es nueva, ni representa un dato revelador. Ya se sabía. El robo a través de la extracción de combustibles en los ductos de Pemex se supone realizado por una estructura bien definida y organizada compuesta por un buen número de individuos vinculados —o no— con actores legales y con conocimientos —al menos básicos— del tratamiento, infraestructura de la red de ductos, así como de los periodos de tiempo más convenientes para su extracción ilegal; lo que acusa un conocimiento de todo el procedimiento técnico que conlleva su extracción, almacenamiento y distribución.

A pesar de ello, ni la Procuraduría General de Justicia, ni el Ejército o la Marina cuentan con información de inteligencia sobre grupos dedicados a la extracción ilegal de combustibles. O al menos eso es lo que parece, pues la evidencia es clara al no mostrar resultados eficaces en cuanto a la detención de los principales líderes huachicoleros.

Las tres instituciones han coincidido en que la información sobre “células del crimen organizado dedicados al robo de combustible que operan en el país, especificando nombre y/o sobrenombre de los líderes de dichas organizaciones, estados y municipios de influencia y su año de inicio de operaciones” es inexistente.

En materia energética el sexenio de Enrique Peña Nieto será recordado no sólo por la apertura a empresas transnacionales como la estadounidense Shell o la inglesa BP, sino también por el crecimiento exponencial de la perforación de ductos para el robo de combustible: en los seis años de gobierno, ese fenómeno delictivo ha repuntado 790%, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex). La empresa productiva ha contabilizado un total de 28,736 tomas clandestinas en todo el país, entre 2013 y 2017, un promedio de 1 perforación cada 90 minutos.

En el mismo periodo del sexenio del panista Felipe Calderón, de 2007 a 2011, Pemex registró 3,230 tomas clandestinas, un promedio de 1 perforación cada 13 horas y media. Y aunque en mayo pasado el gobierno federal anunció el inicio de un plan integral contra el robo de combustible en todo el país, las cifras que Pemex hace públicas mes con mes muestran que las acciones gubernamentales para contener el delito no han tenido un impacto positivo. De hecho, 2017 terminó con la cifra récord de más de 10,000 perforaciones ilegales en todo el país.

Guanajuato quedó como el estado con el mayor número de tomas clandestinas (1852), seguido de Puebla (1443), Tamaulipas (1100), Hidalgo (1064) y Veracruz (1012); estas cinco entidades concentraron el 62% de los casos.

El robo y las fugas de combustible representaron pérdidas de casi 30 mil millones de pesos en promedio, en los primeros cinco años de la actual administración, según una estimación de acuerdo con el Informe de Sustentabilidad, publicado hace unas semanas por Pemex, desde entonces se han puesto en marcha varios sistemas de vigilancia, lo mismo humanos que tecnológicos, por tierra y aéreos, sin hasta ahora resultados importantes.

Se han establecido puestos de mando y centros coordinadores de operaciones avanzados, y un monitoreo permanente de los sistemas de transporte por ductos, para detectar en tiempo real las variaciones de flujo, presión y temperatura en un punto determinado.

Pero las acciones de la empresa productiva no han contenido el problema. Los ductos siguen siendo perforados para extraerles el combustible que transportan, aunque los datos oficiales muestran un cambio en la tendencia delictiva, pues los mayores crecimientos se dieron en entidades del centro del país.

El mayor crecimiento entre 2013 y 2017 se registró en entidades como Guanajuato (1015%), Michoacán (1060%), Hidalgo (850%) y Puebla (584%).Aunque los casos que más resaltan en esa medición son el de la Ciudad de México, pues el registró pasó de 1 toma clandestina en 2013 a 91 el año pasado, lo que significa un crecimiento del 9000%. Y el de Morelos, que de un registro cero en 2013 pasó a 378 perforaciones para 2017.

En cambio, decreció en estados como Durango (-68%), Coahuila (-48%) y Zacatecas, que pasó de 16 tomas clandestinas al inicio del sexenio a cero en 2017.

En número neto de tomas clandestinas el mayor crecimiento se dio en Guanajuato, al pasar de 166 a 1852; Puebla que pasa de 211 a 1443, e Hidalgo que de 112 perforaciones ilegales pasó a 1064.

Pemex ha manifestado ser “el primer interesado en frenar el robo de combustibles” y piden colaboración a la sociedad en general para cumplir con el objetivo. Argumentan que se realizan los esfuerzos necesarios para acabar con el delito, trabajando en coordinación con las instancias de seguridad en México. Respecto a la cantidad de producto robado, se informa que han clausurado alrededor de 70 estaciones de servicio en diversas entidades que no comprobaron la procedencia lícita de los combustibles que comercializaban.

Además de mejorar la vigilancia de los ductos e instalaciones de almacenamiento. Esto, según detallan, permitió recuperar en 2017 casi 15 millones de litros de hidrocarburos que fueron sustraídos ilegalmente. También se anuncia la creación de un grupo interinstitucional conformado por Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa, la SHCP, la PGR, Policía Federal, Profeco, así como gobiernos estatales y municipales.

Sin embargo los supuestos esfuerzos no han sido suficientes, parece que solo son acciones de deslumbre frente a la creciente indignación social, lo hecho hasta ahora más parece un acto de simulación solo para que no se diga que nada se hace frente a este grave problema, que ahora ya ha alcanzado proporcionales mayúsculas, pues su distribución ya no se reduce únicamente a la república mexicana, sino que ahora se exporta al vecino país del norte, lo que desde luego supone un crecimiento exponencial de este grave delito, sin que por ahora haya claridad de que el gobierno federal buscará desalentar y erradicar la demanda de combustible robado para romper el mercado ilícito.

 

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