MEXICO: GRAN FOSA CLANDESTINA

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No causó asombro, mucho menos sorpresa que de cara al último informe de gobierno del aun Presidente de México, Enrique Peña Nieto, el mandatario hubiera esbozado levemente el fracaso de su administración en el combate a la inseguridad y criminalidad. Habrá quienes digan que el tácito reconocimiento de la ineficacia de su gestión por brindarnos a los mexicanos condiciones de paz y seguridad fue un gesto de autocrítica. Otros preferimos llamarlo cinismo. Sea como fuere, peor hubiera sido o que no tocara el tema, o que al hacerlo hubiese aparentado que nada se había desbordado, cuando de todos es sabido que el país está sumido en la peor crisis de inseguridad de nuestra historia.

Ya ni en tiempos de Felipe Calderón las cifras de muertos habían sido tan escandalosas, como ahora también lo es, la percepción ciudadana, que a lo largo y ancho de la nación coincide en que estos, son los peores tiempos que nos han tocado para sobrevivir, literal, sobrevivir; porque en centenares de zonas y regiones, la vida se ha vuelto un intento cotidiano por no resultar muerto, ya sea en un fuego cruzado entre policías y delincuentes o solo entre delincuentes, o como víctimas colaterales de los ajustes de cuentas entre miembros del crimen organizado. Hoy como hace seis años, los homicidios, el secuestro, la extorsión y los robos siguen causando el mismo o más daño y sufrimiento a los ciudadanos. La forma en la que las autoridades gubernamentales entienden la seguridad y la participación ciudadanía es una parte importante del problema.

A un sexenio de que nos prometieron que todo esto cambiaría para bien, la inseguridad continúa siendo el problema que más preocupa al 70% de los mexicanos. Además, seguimos contando homicidios. Ya son tantos que las más de 250 mil personas que han sido asesinadas son algo normal. También son ya cotidianas las víctimas de delitos (22.5 millones de mexicanos en promedio en los últimos seis años) y el sentimiento de inseguridad que invade al 70 % de los ciudadanos. Casos como enfrentamientos entre bandas del crimen organizado solo alimentan esta preocupación y nos hacen esperar que no seamos los siguientes.

Más del 50% de los ciudadanos siguen desconfiando de las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, al tiempo que el porcentaje de delitos no denunciados (cifra negra) permanece por arriba del 90%. No obstante que se reformó la Constitución para cambiar el Sistema de Justicia Penal (2008), se modificó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2009) y se promulgó la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (2012). La inseguridad crece exponencialmente, sin que nada ni nadie sea capaz de detenerla. Además, se han destinado cuantiosos recursos públicos al problema de inseguridad.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, durante los últimos años, se asignaron más de 2 mil millones de pesos. Esto implica un incrementaron real del 53.3% a las clasificaciones de gasto en procuración de Justicia, Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior y Seguridad Nacional. En este periodo, el rubro de gasto que más creció en términos reales es el de Readaptación Social con 398%. Sin embargo, continúan las fugas de penales federales como estatales y de cárceles municipales. Seguimos y seguiremos viendo cifras como las anteriores por muchas razones. Primero, porque no existe una política pública sólida impulsada por las autoridades federales para reducir los homicidios. Será por ello que tan solo el año 2017 cerró como el año más violento en la década y 2018 pinta para superarlo. Segundo. Porque las autoridades estatales, en su mayoría, siguen sin asumir su responsabilidad en materia de seguridad pública aun cuando más del 90% de los delitos pertenecen al fuero común.

Además, las autoridades municipales, que son las más cercanas a los ciudadanos, también han sido incapaces de reducir la extorsión, el robo, y los atracos en casa habitación, el transporte público y en la vía pública, que son los delitos que más afectan a los ciudadanos. Por último, las autoridades de los tres órdenes de gobierno siguen buscando el orden y la paz pública como el fin último del sistema de seguridad y justicia, en lugar de poner en el centro del sistema la seguridad y bienestar de nosotros los mexicanos. Bajo este escenario negro, la seguridad ciudadana debe centrar sus esfuerzos en el bienestar y necesidades de las personas para que puedan ejercer su derecho a la vida, a ir a la escuela, a trabajar, al doctor y a divertirse, así como la libertad de transportarse y expresar sus ideas. La premisa principal de los próximos gobiernos debe ser la proactividad ante los problemas de inseguridad, al tomar en cuenta las necesidades de los ciudadanos y el entorno local. Para atenderlas, generar alianzas multisectoriales entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil, empresarios y la academia para trabajar de manera focalizada con base en necesidades específicas y con objetivos claros. Sin duda el asunto es complejo y enfrenta retos como la falta de participación ciudadana y de la apertura de las autoridades para permitir la colaboración ciudadana en materia de seguridad.

En México existen, especialmente en el norte del país, experiencias de participación y colaboración ciudadana, en particular de los empresarios, con la autoridad que han logrado resultados interesantes, que si bien no han sido del todo satisfactorios en muchos rubros, si en el tema de la corresponsabilidad. No todo es culpa del gobierno, ni tampoco la responsabilidad es exclusiva de los ciudadanos. Estas experiencias podrían guiar un cambio que permita dar un papel más relevante a los gobiernos y ciudadanos en los esfuerzos por mejorar nuestra precaria situación. La seguridad ciudadana, a través de la participación activa de diversos actores sociales en problemas específicos de seguridad, tiene el potencial para guiar políticas públicas para generar entornos más seguros. Sin duda el problema es complejo y llevará tiempo reducir la incidencia delictiva y sobre todo, la percepción de inseguridad de los ciudadanos. El proceso no será sencillo, principalmente porque ni las autoridades, ni los ciudadanos estamos acostumbrados a colaborar en materia de seguridad, pero creo que si no lo hacemos será difícil que en años venideros tengamos resultados diferentes a los de hoy, donde la inseguridad es desde hace décadas una herencia maldita que se transmite gobierno tras gobierno. El hallazgo de fosas clandestinas en México se ha convertido en un hecho recurrente durante los últimos diez años, dentro de un contexto de violencia y violaciones a derechos humanos que se ha extendido a lo largo y ancho del país. La aparición de una o diversas fosas clandestinas representa en sí una práctica donde se materializan diversos delitos y/o violaciones hacia las personas que han sido inhumadas de manera clandestina, empezando claramente por el derecho a la vida. Asimismo, su posible relación con violaciones graves a los derechos humanos y otros derechos tanto individuales como colectivos que se ven comprometidos muestra la importancia que adquiere comprender este fenómeno desde diversos ángulos. Así pues, la desaparición de personas y el hallazgo de entierros clandestinos son dos de las principales marcas de la violencia que heredará el próximo gobierno que entra en funciones del próximo 1 de diciembre. Pasarán algunas décadas para que historiadores nos expliquen lo que ha estado viviendo nuestra nación desde 2006, más allá de una supuesta lucha contra el narcotráfico. Es claro que desde entonces los crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios de todos los niveles y civiles ilegal e ilícitamente empoderados son ya incontables. Decenas de recomendaciones e informes de organismos internacionales dan cuenta de una crisis humanitaria provocada por crímenes atroces. Aún es pronto para saber si la aniquilación de cientos de miles y la desaparición de otras decenas de miles calificarán como genocidio o eliminacionismo.

Las instituciones del gobierno mexicano reconocen un saldo de casi 300 mil asesinados, más de 50 mil desaparecidos y medio millón de desplazados.

Para organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos las cifras reales son mucho mayores. Tal nivel de violencia, con matanzas y desapariciones a lo largo del territorio mexicano, ha requerido de un sistema de ocultamiento de cuerpos. Los perpetradores esconden a quienes victiman para dificultar eventuales investigaciones (lo cierto es que en México ni siquiera se investiga); disimular el número real de asesinatos, y generar más terror (las familias viven en la zozobra y no pueden vivir su duelo porque buscan con vida a sus seres queridos). Un dato de la Procuraduría General de la República (PGR) señala que en México se han encontrado 280 fosas clandestinas desde diciembre de 2006 y hasta enero de 2017. De las 32 entidades de la República, sólo en 13 aún no se han detectado este tipo de entierros ilegales. Es decir, en 19 hay al menos un entierro ilegal. De esas 280 fosas se han recuperado 784 cuerpos completos y decenas de miles de fragmentos óseos. Desafortunadamente apenas se han podido identificar 274 personas. La gran mayoría de los cuerpos no han recuperado su identidad. Tampoco se ha determinado siquiera el sexo de todos, sólo se sabe que hay 479 hombres y 48 mujeres.

Del mismo dato de la PGR se desprende que en dos entidades federativas se concentra más del 50 por ciento de los entierros clandestinos encontrados: Guerrero, con 114 fosas y 311 cuerpos completos, y Tamaulipas, con 51 fosas y 200 cuerpos completos. La lista continúa con más fosas y cuerpos completos: Jalisco (37 y 75, respectivamente); Morelos (19 y 28); Baja California (16 y sólo fragmentos óseos); Durango (7 y 29); Veracruz (6 y 35); Michoacán (5 y 14); Estado de México (4 y 17); Ciudad de México (4 y 4); Chihuahua (3 y 54); Oaxaca (3 y 6); Sonora (3 y 5); Coahuila (2 y 1); Hidalgo (2 y 1); Nuevo León (1 y 2); Aguascalientes (1 y 2); Chiapas (1 y sólo fragmentos óseos), y Zacatecas (1 y sólo fragmentos óseos).  Es lamentable saber que los hallazgos de este tipo de entierros continuarán y que generalmente quienes los encuentran son familiares de desaparecidos que, en su desesperación, arañan –literalmente– montes, cañadas, basureros, barrancas.

La violencia que vive México es de proporciones dantescas; estas fosas clandestinas representan sólo un aspecto de ella. Y es que este tipo de situaciones (probablemente genocidas o eliminacionistas) son, en efecto, peores que la guerra: en la guerra hay, al menos, una dimensión de protección a derechos humanos y de respeto al derecho internacional humanitario. En México, las víctimas están indefensas absolutamente, a merced de los perpetradores. Y es que estos últimos se saben impunes. Cometen esas atrocidades porque saben que pueden hacerlo, que no habrá castigo, que no habrá persecución de la justicia. México es hoy una gran fosa clandestina ante la sorpresa y el dolor de gran parte de la comunidad internacional. Pero otra parte prefiere volver la cabeza a otras latitudes del propio continente, y señalar con dedo flamígero a gobiernos de otros pueblos que no tienen a cuestas ni la mitad de las atrocidades que se comenten en estas tierras. Quizá porque lo más fácil sea esconder la realidad y buscar evidenciar lo que en otros lados ocurre en un afán no solo intervencionista, algo que por años, nuestro país evitó, sino, para que a manera de cortina de humo nos distraigamos con lo que sucede en el exterior opacando el grave problema interior que tenemos desde hace más de una década.

El tema de la seguridad es el principal reto de los gobiernos que vienen, la expectativa de la pacificación y de serenar a la nación es grande, ya veremos si los que llegarán estarán a la altura de ese desafío. Hace no mucho nos desgarrábamos las vestiduras porque alguien tuvo el atrevimiento de señalar que prácticamente éramos el patio trasero de los Estados Unidos de América, hoy nadie dice nada, cuando real y tristemente la nación se ha convertido en una gran fosa clandestina.

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