Ignoran propuestas de Kumamoto en “Ley Chayote”

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En la Comisión de Puntos Constitucionales.

APRUEBAN LA LEY DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN COMISIONES CON PROPUESTAS DEL PRI, PAN, PRD Y DEL PVEM

La Ley General de Comunicación Social, también conocida como “Ley Chayote”, fue aprobada en comisiones del Congreso local. Para el dictamen de esta iniciativa se tomaron en cuenta propuestas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Verde (PVEM).

Aunque la semana anterior el diputado independiente, Pedro Kumamoto, había presentado sus propias propuestas para la Ley Chayote, no se tomaron en cuenta para el dictamen.  

La iniciativa se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.

Pedro Kumamoto. 

Rocío Corona Nakamura, presidenta de dicha comisión, declaró que las propuestas de Kumamoto no se presentaron de manera formal, pero que pueden incluirse a discusión en el dictamen de la segunda lectura ante el Pleno del Congreso.

En el dictamen de la “Ley  Chayote”, se establece que no podrá superarse el 0.3 por ciento del presupuesto para publicidad en medios de comunicación. Además, en la imagen institucional en campañas publicitarias, está prohibido poner los logos de partidos políticos.

“Luego resulta que gana un determinado partido y toda la papelería oficial, inclusive las bancas de los parques, se pintan del mismo color; tenemos que terminar con eso, ser formales y precisos (…) no más mensajes subliminales de un partido político, cuando se llega al poder, se tendrá que respetar lo institucional”, declaró Corona Nakamura.

La iniciativa también comprende la creación de un Consejo Consultivo de Publicidad Institucional, el cual será integrado por un representante de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (quien será el presidente del Consejo), cinco miembros del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, un representante de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y tres académicos propuestos por universidades.

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