¿Podrá Alfaro resolver el problema del agua?

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Seguramente, la defensa del agua de los jaliscienses será, junto con el asunto de la seguridad, los dos grandes temas que marcarán la gestión del Gobernador electo por Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. En la medida que logre o no salvar estos dos asuntos de vital importancia, los principales temas que aquejan a los habitantes de esta entidad, se valorarán sus seis años de administración.

Por lo pronto, la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación asestó un duro golpe a los diputados de Jalisco al resolver en desecho la controversia constitucional que presentó el Congreso local a través de la cual pretendía revocar el convenio de distribución de agua entre Jalisco y Guanajuato firmado en 2005. Éste se dio de forma por demás ventajosa por quien fuera presidente de México en ese momento, Vicente Fox Quesada, para favorecer a su estado natal. Se establece en dicho convenio que Jalisco enviará agua a Guanajuato para solucionar un problema futuro en el crecimiento de la zona de León y otras ciudades aledañas, a cambio Jalisco recibiría para Guadalajara agua sucia para ser tratada y utilizada en los problemas de abasto de la urbe tapatía. 

Lo advertí en su momento como diputado local y lo he venido manifestando y combatiendo desde todas las trincheras en que me ha correspondido participar. En la pasada campaña electoral puse de nuevo el tema en la agenda; en Cañadas de Obregón y en Los Altos de Jalisco, prometí que exigiría la revocación de ese convenio abusivo que no tiene razón de ser, ya que mientras se está previendo un problema futuro del estado vecino, en Jalisco existe una grave falta de abastecimiento de agua potable no sólo en el área conurbada de Guadalajara, sino también en muchas ciudades medias y poblados de Los Altos e incluso en poblaciones aledañas al lago de Chapala y al río Santiago. Es una exigencia de los jaliscienses y una obligación de la autoridad brindarles lo que, por derecho, les corresponde. 

El problema del agua es añejo, como se puede observar en La Gaceta Parlamentaria Número 3366-VI que a la letra dice lo siguiente:

1. El 13 de abril de 1987, el entonces gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, logró el acuerdo para preservar el Lago de Chapala, siendo suscrito por el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, y los gobernadores de Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Asimismo, el 23 de febrero de 1990 se firmó el convenio de colaboración entre Jalisco y Guanajuato, el cual también fue suscrito por el entonces presidente de la República. En este sentido, el 22 de mayo de 1990 se tenía ya aprobado el proyecto La Zurda-Calderón, para darle a la zona conurbada de Guadalajara 12 mil 500 litros por segundo de agua.

2. En noviembre de 1994, los ciudadanos Carlos Rivera Aceves y Carlos Medina Plascencia, en ese entonces gobernadores de Jalisco y Guanajuato, firmaron el acuerdo por medio del cual se reservaron 504 millones de metros cúbicos, siendo 120 millones de metros cúbicos para León y 384 millones de metros cúbicos para Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque. En ese sentido, el 7 de abril de 1995, el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, elevó a decreto federal el acuerdo, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Por otra parte, el 17 de mayo de 1996, Alberto Cárdenas Jiménez, entonces gobernador de Jalisco, convino con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que se le despojara de 12 millones de metros cúbicos de agua a la zona metropolitana de Guadalajara. 

3. El 22 de mayo de 1997 se firma el nuevo acuerdo de colaboración entre los entonces gobernadores de Guanajuato y de Jalisco, Vicente Fox Quesada y Alberto Cárdenas Jiménez, respectivamente, estando como testigo el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León. Este nuevo acuerdo fue elevado a decreto y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 1997, y en dicho documento quedó establecida la entrega de 120 millones de metros cúbicos para León y 372 millones de metros cúbicos para Guadalajara y su zona conurbada que incluye Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. 

4. En el año 2000, Francisco Javier Ramírez Acuña, entonces gobernador de Jalisco, creó la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), nombrando como director al ingeniero Enrique Dau Flores. En este tiempo el Ejecutivo estatal gestionó, mediante un proyecto de decreto, un crédito por 6 mil 700 millones de pesos: 3 mil 200 millones para el proyecto de abasto de agua y 3 mil 500 millones para el proyecto de saneamiento. El Congreso de Jalisco aprobó el decreto 19985 por el cual se estipuló construir un sistema de bombeo en el Río Verde.

5. Con la entrada en funciones de la LVII Legislatura del Congreso de Jalisco, el Ejecutivo estatal envió a dicho poder una iniciativa de decreto en donde sin fundamento ni técnico ni legal, se cambió el afluente de abasto de agua que se establecía en los decretos federales que es el Río Verde incluyendo el Río Santiago que es exclusivamente para saneamiento, uno de los ríos más contaminado de América Latina. El Congreso rechazó la propuesta mediante el acuerdo legislativo 238/04 del 7 de junio del 2004. 

6. No obstante a lo anterior, el Ejecutivo estatal decidió hacer la presa en el Río Santiago y omitió dotar de agua a León, Guanajuato, razón por la cual en 2004 se firmó un acuerdo para construir la presa de San Nicolás en el municipio de Jalostotitlán, en la comunidad del mismo nombre, así como en San Gaspar, comunidad que sería inundada y en la cual los pobladores se opusieron defendiendo su iglesia que data de la época colonial. 

7. Por la oposición social de los pobladores de San Gaspar, que defendieron sus tradiciones y su patrimonio cultural y natural, el entonces gobernador de Jalisco dirigió el oficio número CJ/13/2005 a Cristóbal Jaime Jáquez, director general de la Comisión Nacional del Agua, por el cual notificó la cancelación del proyecto debido a dicha oposición, dando la instrucción de que la presa que sustituyera a la cancelada se realizara en un sitio en donde no se afectara a ninguna comunidad ni tierra agrícolamente rentable, proponiendo con absoluta irresponsabilidad el sitio de El Zapotillo, en donde se inundarían las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, además de 4 mil 500 hectáreas de terreno fértil. El encargado de llevar a cabo dicho proyecto fue el titular del CEA, quien no revisó una nueva propuesta, lo que ha originado un problema social mayúsculo por la afectación y oposición de los habitantes de las tres comunidades antes mencionadas.

8. El 1 de septiembre de 2005, el entonces gobernador Ramírez Acuña firmó un acuerdo de colaboración con Guanajuato, dando origen formal al proyecto El Zapotillo-Arcediano, por el cual fue instruido el entonces titular del CEA para disminuir la provisión de agua a Jalisco y a su zona metropolitana de Guadalajara a sólo 6 mil 600 litros por segundo de los 9 mil 600 que asignaron los decretos federales multirreferidos que programaron darle a la zona conurbada de Guadalajara solamente 3 mil litros por segundo de los 9 mil 600 litros por segundo a los que la región tenía derecho. De esta manera, le quedaron a Guadalajara solamente 4 mil 400 litros por segundo sumando los mil 400 litros por segundo de la presa El Purgatorio (en proyecto) lo cual es insuficiente para cubrir las necesidades de la zona metropolitana que crece sin planeación sustentable”. 

A partir de la firma del convenio han transcurrido 13 años sin que se haya logrado revertirlo. Sin embargo, pese al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que según los diputados jaliscienses no revisó el tema de fondo que son los derechos de vía para construir el acueducto a cargo de la problemática firma española Abengoa. Una buena señal es que el gobernador electo está convencido de evitar el trasvase de agua a León y firmar nuevos acuerdos de distribución del agua del Río Verde que beneficien a Jalisco.

En este momento la Corte ya dio un “no”. A Enrique Alfaro le corresponderá conseguir el “sí” a través de todas las vías a su alcance, aunque no le gusten; por ejemplo, no debería descartar la posibilidad de sentarse con quién será el coordinador federal para Jalisco, Carlos Lomelí, -designado por el propio Presidente electo-, para hacer un frente común y plantarse ante Andrés Manuel López Obrador, y hacerle directamente la petición de revocación del convenio.

Como ya lo dije, es momento de ver por Jalisco y sería un muy buen indicio de que los jaliscienses están por encima de sus rencillas o diferencias que debieron terminar con la campaña electoral.   

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