DEMOCRACIA, ELECCIONES Y VIOLENCIA

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El año 2000 es señalado como la culminación de la democracia. Desde entonces vivimos continuas campañas electorales que consumen recursos, provocan la emigración de funcionarios a otros puestos y truncan programas de gobierno.

No hay duda que la democracia en México no ha producido los resultados esperados. No ha creado una mayor igualdad social o económica. Pocas personas creen que su participación en la política es ahora más efectiva que antes, el gobierno electo a menudo no cumple con las demandas de los ciudadanos, y algunas regiones del país están bajo el control de los violentos cárteles de la droga. Estas fallas ciertamente abonan al descontento de los ciudadanos con su democracia. 

Millones de mexicanos están –o estamos- insatisfechos con el gobierno democrático, no sólo porque no ha provisto de los bienes sociales que, de manera realista o no, se esperan normalmente de la democracia. 

También hay evidente molestia por lo que se percibe como una brecha entre la concepción idealizada de la misma y la forma en que realmente funcionan las instituciones democráticas existentes en tanto que se ha construido una peculiar imagen ahistórica de la democracia. 

Las transiciones a la democracia generan grandes expectativas en todas partes del mundo. Especialmente en sociedades en las cuales no ha existido el gobierno democrático, los ciudadanos esperan que ocurran cambios significativos. 

Después de las elecciones del 2000 se esperaba mucho tras el fin de setenta años de régimen posrevolucionario. Doce años más tarde la decepción estaba ampliamente extendida en el paisaje político. En el 2013 una encuesta encontró que sólo 37% de los mexicanos creía que la democracia era preferible a cualquier otra forma de gobierno. México ocupaba el último lugar en apoyo a la democracia en América Latina.

El descontento con la democracia no es inusual. Varias de las nuevas democracias lo experimentan. Las causas son diversas. Algunas de ellas permanecen en estadios los cuales la ley y las instituciones estatales se aplican de manera irregular. De la misma manera, las elecciones no necesariamente ponen fin a la corrupción, la desigualdad social y el compadrazgo.

Sin embargo, aunque la calidad de la democracia es deficiente en más de uno de estos casos, también es cierto que era difícil que se cumplieran algunas de las expectativas que se tenían en un inicio.

La democracia recurrentemente ha enfrentado cuatro desafíos que al día de hoy alimentan un amplio e intenso descontento: la incapacidad para generar igualdad en el ámbito socioeconómico, la incapacidad de hacer sentir a la gente que su participación política es eficaz, la incapacidad para asegurar que los gobiernos hagan lo que se supone deben hacer y que no hagan lo que no están autorizados a hacer, y la incapacidad para mantener el equilibrio entre el orden y la no interferencia.

En los últimos años los esfuerzos sociales por legitimar a las autoridades a través de procesos democráticos han tenido relativo éxito; sin embargo, éste se puede ver opacado por la falta de representación de intereses sociales en el ejercicio del poder. Al existir factores como la desigualdad, el desempleo, los bajos salarios y la precarización del trabajo, se reproducen la exclusión social y ésta a su vez en desencanto hacia la democracia. Por esta razón, se deben buscar nuevas rutas que consoliden a la democracia y eviten la atomización social, el alejamiento de la política y la baja participación social, que, aunque ahora repuntó, no fue ya por un interés consciente de abonar a la democracia, sino como la evidencia de un rechazo generalizado a todo lo que tuviera relación con el régimen actual.

El apoyo de los mexicanos a la democracia cayó a su nivel más bajo en las mediciones del estudio Latinobarómetro, encuesta que se realiza con regularidad en 18 países de la región. 

En su última edición, el Latinobarómetro registra que el 56% de los adultos en nuestro país está de acuerdo con la frase “la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno”. En 2016, el mismo estudio registró 71 por ciento de acuerdo, lo cual significa una caída de 15 puntos porcentuales en el último año.

El dato actual indica que el apoyo popular a la democracia en México disminuyó a su nivel más bajo desde que la pregunta se incluyó en la encuesta, en 2002. En ese año, el apoyo a la democracia era de 73%, subió a 81% en 2004. Según el Latinobarómetro en su más reciente estudio, el porcentaje de mexicanos que está muy o algo satisfecho con la forma en que la democracia funciona en el país, es 18 por ciento. Este es el segundo nivel más bajo que se registra desde que inició el estudio en 1995. Ya en 1996, bajo el contexto de la crisis económica, el 12 por ciento de mexicanos dijo estar satisfecho con el funcionamiento de la democracia. La satisfacción con la democracia en México registró sus niveles más altos en 1997 y 2006, años electorales, por arriba de la media. El promedio de mexicanos que se dicen satisfechos es de 26 por ciento para todo el periodo observado, de 1995 a la fecha actual. 

Al preguntar cómo describirían al país en términos democráticos, el 2 por ciento señaló que México es una democracia plena, 16 por ciento dijo que es una democracia con pequeños problemas, 50 por ciento apuntó que se trata de democracia con grandes problemas y el 16 por ciento afirmó que México no es una democracia. 

El último Latinobarómetro revela que la confianza en los partidos políticos también cayó a su nivel más bajo desde 1995: según la reciente medición, sólo el 9 por ciento confía en los partidos. Esta es la primera vez en 22 años que el nivel de confianza de los mexicanos en los partidos políticos es de un solo dígito. Si alguien hablaba de crisis de los partidos anteriormente, tendrá que revalorar su apreciación con este último dato. De acuerdo con Latinobarómetro, la confianza en los partidos cayó de 21 a 9 por ciento en el último año, mientras que la confianza en el Congreso pasó de 32 a 22 por ciento, y la confianza en las Fuerzas Armadas disminuyó de 61 a 52 por ciento. Estos datos revelan una sociedad crecientemente desconfiada hacia las instituciones. 

Consolidar la democracia en México sigue siendo un gran desafío. Ayuda a construir agendas en donde todos los problemas puedan ser incluidos, de esta forma, la democracia es sólo el vehículo, pero el mejor de los sistemas posibles. Algo que la democracia reclama con justa razón es una clase política incluyente que no responda a agendas personales, que tenga una visión de Estado y que, independientemente del partido al que pertenezcan, sean capaces de tomar decisiones trascendentales en beneficio el interés superior, que es el interés general de los mexicanos. Tristemente esa clase política es escasa y las decisiones aun lo son más.

Violencia, corrupción y desigualdad son los factores que afectan fuertemente la calidad de la democracia en México. Contra estos tres flagelos no han habido avances en la democracia mexicana y no hemos podido mover la realidad ni un milímetro en sentido positivo. La corrupción genera el problema y la impunidad le da vía libre para que siga sobreviviendo el monstruo. El miedo ciudadano, la pérdida del espacio público a manos de los delincuentes y del crimen organizado constituyen algunos de los problemas más graves de la democracia que avanza y retrocede en este campo sin soluciones definitivas.

A primera vista, parece lógico afirmar que no es posible aceptar la violencia dentro de la democracia, pero eso es suponiendo que el sistema democrático cuenta con canales eficientes para que la gente exprese sus puntos de vista y demandas. Si se acepta que el gobierno dentro de la democracia es el arte de articular las distintas exigencias existentes al interior de la sociedad, se debe aceptar también que a todos se les debe reconocer el derecho de plantear sus necesidades de manera eficaz, por lo que antes de achacar a la gente que protesta la condición de violentistas hay que analizar si no es esta la última alternativa que les quedaba.

Sin entrar siquiera a considerar la justicia de las demandas hay que reconocer que la institucionalidad regional no sirve para canalizar las inquietudes populares: alcaldes y demás cargos dependen de la confianza política del gobierno central y no son electos por la gente, por lo que no tienen la necesidad de atender las demandas sociales, sino que se imponen desde la elite. 

La democracia no anula la lucha por los intereses de clases y sectores sociales, sino que establece reglas, normas y valores que dan marco a la lucha por esos intereses. La democracia no es sólo un determinado tejido institucional del poder, sino que es también un sistema de valores que cohesiona ese andamiaje institucional.

Por tanto, la democracia está ligada más a la tolerancia que a la exclusión, a la paz que a la violencia, a la voluntad y conciencia que a la imposición, a la autogestión y representación que al autoritarismo, a la ética que a la corrupción.

Ahora bien, la violencia es una consecuencia del conflicto. Pero cuando la violencia se apodera de las calles y de las relaciones sociales, no estamos sólo ante un conflicto, sino también ante la incapacidad de solucionar los problemas a través de cauces democráticos.

La violencia e inseguridad en México afecta los derechos y libertades fundamentales, lo que impacta –por acción u omisión- en el sistema político institucional del país. Sin embargo vamos como los cangrejos, hacia atrás. Estos son los rubros en los que México empeoró “fuertemente”, en más de 20%:

Derechos políticos: grado de respeto que hay en derechos humanos, derechos de asociación y organización, autonomía personal y derechos económicos.

Condicionamiento de libertades y derechos por la inseguridad: la medida en que las libertades civiles están fuertemente restringidas por la manifestación más típica de la violencia urbana. 

Percepción de la corrupción: el uso incorrecto del poder para el beneficio privado, incluyendo la del sector público y privado. La percepción sobre la probidad o responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública. 

Otro punto negativo para nuestro país: formó parte del grupo de naciones que no lograron mejorar su calidad institucional y eficiencia política junto con Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Panamá, Nicaragua y Uruguay. 

La inseguridad y la violencia en México representan una amenaza para la democracia, sentenció Kofi Annan, exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la conferencia “Paz y Democracia” que ofreció en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Annan, quien fue Premio Nobel de la Paz en 2011 “por su trabajo por un mundo más organizado y pacífico”, no es ajeno a la realidad del país y durante su ponencia dijo que la violencia en México rebasa la competencia de la autoridad electoral e involucra a otras autoridades. Desde septiembre del año pasado, cuando inició el proceso electoral, se han registrado un centenar de asesinatos de alcaldes, exediles, regidores, activistas, miembros de algún partido y funcionarios.

México ha registrado una media de tres agresiones diarias a políticos desde que arrancó la campaña rumbo a las elecciones del próximo 1 de julio.

De acuerdo con indicadores de violencia política en México, entre el 30 de marzo y el 30 de mayo se dan dado 177 agresiones, principalmente contra candidatos.

Desde que diera inicio el proceso electoral el pasado 8 de septiembre ha habido más de 100 asesinatos contra políticos en todo el país.

De estos, 37 eran precandidatos y candidatos para las elecciones de julio, entre otros 3 mil 400 cargos. Los ataques se han dado en 250 municipios.

La mayor parte de las agresiones, han sido contra políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 92 casos. Le siguen el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con 79 casos y el Partido Acción Nacional (PAN) con 44 agresiones. El 16 por ciento de las víctimas fueron encontradas “con señales de tortura y violencia extrema. 

En suma, durante las campañas proselitistas, ninguno de los candidatos presidenciales, ni de la izquierda ni de la derecha, presentaron propuestas de fondo para modificar la situación estructural en el país. En la campaña electoral muchos candidatos únicamente anunciaron una lista de propuestas o buenas intenciones en los temas de salud, educación, justicia, economía, etcétera. La mayoría rehuyó a hablar sobre seguridad, tema que incluso fue secundario en la mayoría de los debates entre candidatos a diversos puestos.

La mayoría de aspirantes mencionó el ¿qué? pero no el ¿cómo? afrontar los problemas, únicamente se dedicaron más a desmentir o descalificar a sus contrincantes convirtiendo las campañas en un “circo electoral” y una dilapidación de los recursos económicos, que para este proceso rebasaron los 38 mil millones de pesos.

En vísperas de la jornada electoral fue evidente la compra y coacción del voto, ilícito que se convirtió en una constante en la política electoral.

Lo preocupante es que los grandes partidos han actualizado sus estrategias para comprar y coaccionar el voto. Las despensas, machetes, dinero, sombreros, cemento, son algunas dádivas que los muchos partidos ofrecen a la ciudadanía. Es evidente que continúa la “compra de conciencias”, sin que la FEPADE sancione este tipo de acciones. Organizaciones del crimen organizado también interfirieron mediante violencia y financiamiento ilegal en el proceso. Esta influencia fue reconocida por la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien advirtió recientemente que “manos criminales están actuando de forma premeditada y deleznable para decidir por la vía de la violencia quiénes deben o no deben estar en la boleta electoral”.

 Al presentar el 21 de junio el estudio “Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México”, el analista Luis Carlos Ugalde, extitular del máximo ente electoral de México, afirmó que hay indicios de que el narcotráfico financia campañas políticas.

El fondeo del dinero de las drogas ocurre en las campañas de zonas “donde está el crimen organizado”, como los estados de Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas o Guerrero, dijo Ugalde, presidente de 2003 a 2007 del Instituto Federal Electoral de México, predecesor del actual Instituto Nacional Electoral (INE).

Las elecciones 2018, federales y regionales del domingo 1 de julio, se desarrollaron de manera exitosa, pero México debe atender el problema de la violencia política, recomendó hoy la Organización de Estados Americanos (OEA).

El jefe de la misión de observadores de la OEA, el expresidente dominicano Leonel Fernández, presentó las conclusiones de la visita en una conferencia de prensa en la Ciudad de México.

“La misión tuvo conocimiento de que cinco personas fueron asesinadas en Michoacán, Chiapas, Guerrero y Puebla en incidentes posiblemente relacionados a la elección”, dice el informe final.

Además, Fernández alertó sobre los altos niveles de violencia, con más de un centenar de políticos asesinados, entre ellos 46 candidatos y precandidatos según las cifras oficiales citadas, en los meses previos a los comicios.

La democracia enfrenta el desafío de garantizar a todas las personas su libertad para debatir, organizarse, buscar el poder, con la sola condición de que no traten de instaurar una sociedad excluyente. El conflicto es legítimo, no cabe una sociedad uniforme, pero al mismo tiempo es necesario impulsar la negociación, el diálogo, buscar acuerdos que garanticen la gobernabilidad y la alternabilidad, para que distintos grupos puedan alternarse en el poder según evolucione la correlación de fuerzas. La falta de cultura cívica, una pésima planeación de los comicios, conflictos entre partidos y al interior de los mismos, el populismo punitivo y la falta de seguridad han provocado que la violencia política se haya vuelto prácticamente imparable. Es responsabilidad de todos atajarla, frenarla y erradicarla. 

 

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