Elecciones y narco

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Las elecciones son el ritual central entre todos los procedimientos y prácticas que conforman el sistema político liberal de democracia representativa; cada tres años para elegir gobernantes municipales y poderes legislativos, cada seis años para elegir a los titulares de los poderes ejecutivos estatales y del gobierno federal.

No hay una práctica política a la que se le dedique tanta atención y recursos como al ritual de las elecciones y las campañas de candidatos y partidos que las acompañan. Tan es así, que a veces los periodistas cubrimos más las campañas de los aspirantes a un poder público (la mayoría de forma superficial), que las actividades y el escrutinio del ejercicio de poder.

Las elecciones y campañas consumen demasiados recursos de la sociedad. No es sólo el financiamiento público, que ya de por sí son miles de millones de pesos que deberían destinarse a fines sociales más necesarios, como salud o educación. Además del dinero público, a las campañas entra dinero ilegal proveniente de, al menos, dos fuentes: empresas privadas que aportan dinero con el fin de obtener luego contratos de los gobernantes que ayudaron a ganar la elección (“el mecanismo” expuesto en Brasil); y dinero del crimen organizado que paga campañas para luego exigir lealtad al gobernante elegido. Ese dinero ilegal o negro que entra a las campañas terminamos pagándola en la sociedad a través de la corrupción, la extorsión o la violencia.

Toda esta energía y recursos de la sociedad que se concentran en las elecciones, se supone que se justifica porque de ese modo la sociedad (legalmente el ciudadano que está habilitado para votar) elige a sus representantes que gobernarán desde los poderes públicos.

Según la teoría política liberal, en el acto de votar el ciudadano en lo individual, y la sociedad en lo colectivo, al participar en las elecciones, transfieren la soberanía política que radica en el pueblo a los representantes electos a los poderes públicos.

Eso dice la teoría. La realidad es otra desde hace tiempo.

En realidad, las elecciones son un proceso político dirigido, cooptado y controlado por los grupos de poder político, económico y criminal del país para decidir y acotar quiénes llegan a los poderes públicos, con el fin de que gobiernen para sus intereses.

Esa distorsión, ese envilecimiento de un sistema político que se vende como democrático ha sido siempre intervenido por los poderes fácticos, especialmente por los dueños del dinero, de tal suerte que nunca se tiene una democracia plena. Es un sistema político que funciona para preservar los intereses y privilegios de una minoría que se beneficia del capitalismo moderno, a través del sistema político liberal de democracia representativa.

A las añejas interferencias de los poderes fácticos en el sistema político, ahora se añaden las modernas interferencias que ejercen los representantes de las organizaciones del crimen organizado que se dedican a una variedad de negocios del capitalismo ilegal. Son los jefes o “comandantes” de plaza, según el argot de la moderna guerra que tenemos en México.

Esos jefes de plaza son los que terminan decidiendo quiénes son los candidatos, y al final, determinando quiénes serán los gobernantes. Los jefes del narco y del crimen organizado son tan poderosos y tienen tanto dinero que terminan por imponer a los gobernantes, especialmente en los municipios del país. Es tan determinante esta intervención de los representantes del capitalismo ilegal, que al final los jefes de plaza del narco se convierten en los decisores finales de todo el proceso político. La intervención del narco a través de los jefes de plaza conforma, de esta manera, una nueva soberanía política.

En la supuesta democracia mexicana, nunca ha gobernado la mayoría de la sociedad. Antes lo hacia el cacique, el partido-gobierno y los poderes fácticos. Ahora gobierna una coalición de intereses político-criminales-económicos. Y muchas veces, el jefe de plaza se ha convertido en el nuevo soberano político.

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