Fiscalizar campañas

67
0
Compartir

La fuente más importante que pone en funcionamiento los mecanismos de corrupción en el sistema político mexicano, ocurre durante las campañas electorales. Ahora mismo, en este momento, mientras los aspirantes a la presidencia de la República, gubernaturas, alcaldías y legislaturas hacen campaña, están ocurriendo transacciones a la sombra, ilegales, para llevar dinero negro a los partidos y coaliciones.

La razón es muy sencilla: los topes de costo de campañas electorales fijadas por las autoridades electorales son irreales, falsos, no se cumplen. El Instituto Nacional Electoral (INE) fijó un tope de 429 millones de pesos (mdp) para la campaña presidencial. En Jalisco, el límite de gasto para la campaña por la gubernatura fue fijado en 28.5 mdp, para la presidencia de Guadalajara en 6 mdp, Zapopan 4 mdp, Tlaquepaque 2.2 mdp y Tlajomulco y Tonalá 1.5 mdp. Hay municipios donde el tope de campaña cuesta lo que se gasta en invitar una birria a los simpatizantes invitada por el candidato.

Los topes de campaña son irreales porque buscar esos puestos de poder (presidencia, gubernaturas, alcaldías) cuesta mucho dinero. A pesar de que se supone ya no gastan en publicidad en medios informativos. Digo se supone porque debajo de la mesa se siguen estableciendo contratos publicitarios entre candidatos y medios comerciales de información.

Pero los costos principales de las campañas no sólo son publicitarios. Primero hay que pagar un equipo de campaña que acompaña al candidato, lo asesora, le organiza su agenda, lo protege, lo transporta, le da de comer, etcétera. Implica montar una mediana empresa.

Pero quizá el costo principal de una campaña política no sea el gasto publicitario ni el equipo de campaña, sino la llamada “estructura electoral”, es decir, los equipos de responsables (pagados) que promueven en el voto a favor del cliente en todas las demarcaciones electorales. Desde nivel federal, estatal, municipal, distrital, hasta el seccional.

Dependiendo de la campaña, estas “estructuras electorales” pueden estar integradas por cientos de miles, decenas de miles, o hasta miles de personas. A la mayoría hay que pagarles porque la convicción política y la militancia no pagada son un bien escaso en tiempos de degradación de la política liberal. Hacer que funcione esa maquinaria de cientos de miles de militantes pagados para buscar votos es muy costoso. Es tal el tamaño de esta fuerza de trabajo que bien podríamos hablar de un sector de la economía llamado “industria electoral”.

Debido a estos costos, los equipos y partidos de los candidatos deben buscar un financiamiento que excede con mucho al que entrega el Estado.

De estas razones (y de oportunidades para enriquecerse directamente) se configura el mecanismo mediante el cual los partidos y equipos de campaña buscan financiamiento ilegal.

Éste puede tener estas fuentes: aportaciones forzadas de militantes. Por ejemplo, a las que se obligan a altos funcionarios bien pagados para que “donen” una parte de su sueldo en las campañas; desvío de recursos presupuestales para campañas; aportaciones de empresarios privados como promesa de contratos futuros si el candidato gana la elección; dinero aportado por las organizaciones del crimen organizado.

Esta amalgama de fuentes de financiamiento está echada a andar ahora mismo, en este momento, en las campañas electorales en curso. Urge fiscalizarlas.

Compartir

Dejar un comentario

Something is wrong.
Instagram token error.
WordPress Image Lightbox