Crisis social en Jalisco

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La crisis social por el elevado número de personas desaparecidas que existen en Jalisco (más de 3,000 oficialmente), revelada y mostrada de manera dramática con el caso de los tres estudiantes de cine privados de su libertad, se ha convertido en una crisis de legitimidad y política para el gobierno estatal que encabeza el priista Aristóteles Sandoval Díaz.

De hecho, se ha convertido en una crisis semejante a la que enfrentó el presidente Enrique Peña Nieto en octubre-diciembre de 2014, luego de la desaparición de 43 normalistas rurales de Ayotzinapa y las movilizaciones masivas de protesta que desató en México y en el mundo.

La crisis social y política que enfrentó el gobierno tras la masacre de Iguala del 26 de septiembre de 2014 fue un parte aguas para Peña Nieto, y marcó un punto de inflexión en sus niveles de aprobación de la que ya no pudo recuperarse. Tras Ayotzinapa, los niveles de aprobación disminuyeron aceleradamente, convirtiéndose en niveles de rechazo popular que se mantienen hasta ahora.

La inflexión que representó la crisis por la desaparición de los 43 normalistas rurales no fue solamente de aprobación de la gestión presidencial, al mismo tiempo se convirtió en una crítica abierta al proyecto de gobierno de Peña Nieto con las reformas estructurales.

De pronto, el mandatario retratado en las portadas de la prensa económica del norte capitalista como el salvador de México, se convirtió en el gobernante de un país en crisis social con una violencia elevada y altas cifras de homicidios dolosos, desaparecidos y fosas clandestinas por todo el país. Lo que muchos veíamos y era negado por la mayoría, ahora se descubría ante los ojos de todos en México y en el mundo.

Algo semejante está ocurriendo ahora con el gobierno de Aristóteles Sandoval con el estupor y protesta social que se ha despertado en una parte de la sociedad jalisciense ante la desaparición de los tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV): Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ávalos.

Lo que comenzó como una ola de estupor tras conocerse que los tres estudiantes de cine habrían sido privados de su libertad el 19 de marzo en Tonalá, se ha convertido en una serie de diversas protestas que ha sacado a las calles a cerca de 50 mil personas.

El fenómeno de las desapariciones no es nuevo en Jalisco, y sin embargo millones de jaliscienses no lo conocen o se desentienden de él.

Al igual que ocurrió con Ayotzinapa, la desaparición de los tres estudiantes de cine propició que miles más se enteraran del drama de las desapariciones y de los contextos de guerra de los que forman parte.

Y al igual que con Ayotzinapa, el gobierno ha reaccionado sobre todo tratando de contener la presión social y la crisis política que estos episodios de protesta detonan. No ha actuado para resolver la desaparición de los tres estudiantes de cine, sino para cuidar y salvar su imagen y capital político.

Por eso pone todos los recursos de la fiscalía a disposición de un caso que presentan como una “verdad histórica”: la versión de que ya fueron asesinados y disueltos en ácido sin pruebas periciales y forenses probadas e irrefutables.

Lo que el gobierno de Aristóteles Sandoval quiere es que ya se termine la protesta, no presentar un caso creíble sobre el destino de los tres estudiantes de cine.

Y este caso confirma el enorme atraso y abandono negligente de los otros miles de casos de desaparecidos que hay en Jalisco. La concentración de recursos en el caso de los tres estudiantes de cine se ha convertido, involuntariamente, en la mejor evidencia de que el gobierno de Jalisco no está buscando al resto de desaparecidos.

Sólo por esta razón es de suponer que la protesta social y movilizaciones de solidaridad con las familias que tienen desaparecidos continuarán en las próximas semanas.

Por eso también es posible pensar que el gobierno de Aristóteles Sandoval ya vive su propio Ayotzinapa. El caso de los tres estudiantes de cine develó la crisis social que existe en el estado por la epidemia de desapariciones que existen, provocando rechazo a un gobierno que tiene como tarea principal ofrecer condiciones favorables para los grandes negocios privados y no en proteger la vida de los ciudadanos. Es decir, que trabaja para el capital, y no para la protección de la vida.

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