¿Para qué queremos una fiscal de desaparecidos?

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La semana pasada venció el plazo que el mismo gobernador Aristóteles Sandoval Díaz se había planteado para nombrar al nuevo fiscal especial de desaparecidos. El compromiso lo asumió en el centro del enojo social en el estado, por la desaparición de tres estudiantes del Centro de Artes Audiovisuales (Caav). Sin embargo, el nombramiento se enredó.

Aunque no ha habido una versión oficial sobre el retraso, por parte de las autoridades se dejó entrever que era sólo una cuestión de diferencias sobre el nombre con las organizaciones que han conformado los familiares de personas desaparecidas. Es decir, que se trataría de un obstáculo menor, el cual podrá sortearse una vez que se pongan de acuerdo con el perfil.

Unos días de retraso en el nombramiento no serán diferencia. La fiscalía se convirtió en una necesidad para Jalisco, no porque ahora haya más desaparecidos que hace un año, sino porque el tema le explotó a las autoridades y los jaliscienses empezaron a darse cuenta que existe y que no es sólo un problema entre personas involucradas en el crimen organizado. Puede sucederle a cualquiera.

En el marco de esta definición y del enojo social, las autoridades no se han resistido a soltar rumores sobre las posibles causas en torno a la desaparición de los tres estudiantes, especialmente por la aprehensión de la tía de uno de ellos, en un caso que podría estar relacionado con la trata de personas.

Con todo esto, nos damos cuenta que lo importante no será en estricto sentido el nombramiento del fiscal especial en desapariciones.

Ya tuvimos una, que se fue en medio de un silencio que sólo despertó más dudas sobre el interés que el gobierno de Jalisco y, en particular, la Fiscalía General tienen en el tema.

Lo importante será para qué se nombra el fiscal y de qué condiciones dispondrá para hacer su trabajo, tanto en los procesos de investigación como con los elementos humanos, materiales y presupuestales que se le otorguen.

Si estamos hablando de un burócrata más, que tendrá que trabajar, como quisieron obligar a la anterior fiscal, con los mismos ministerios públicos y trabajadores de la fiscalía, entonces no habremos dado ni un paso. Durante los últimos años hemos encontrado las mismas quejas de las madres y familias de los desaparecidos: nadie los está buscando.

Las carpetas de investigación y antes las averiguaciones previas comienzan sin que se abran líneas de investigación, sin que se busquen pruebas ni se emprendan búsquedas exhaustivas. Es más, hasta las tomas de muestra para exámenes de ADN han sido una farsa.

Jalisco no necesita una oficina más en la que simplemente se diga a las familias que regresen después y que cuando haya novedades, que es casi nunca, serán llamados.

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