VIOLENCIA sin FRENO

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La inseguridad es el principal problema. 

LOS DATOS OFICIALES MUESTRAN QUE EL PAÍS VIVE EN UNA CRUENTA REALIDAD COTIDIANA

Llama poderosamente la atención que las dos entidades federativas de nuestro país que iniciaron en este año con el mayor número de homicidios sean Baja California y Guanajuato; en el primero, la violencia había estado relativamente contenida en los últimos tres años; sin embargo, en Guanajuato nunca se habían registrado estos niveles de violencia, lo que obliga a una revisión urgente de qué está pasando en el centro de la nación.

Los datos oficiales muestran que el país vive una cruenta realidad cotidiana. Entre los años 2012 y 2017, se han contabilizado un total de 117 mil 880 casos de homicidio doloso. Sin embargo, esta cifra debe tomarse con cuidado, pues hay una muy importante discrepancia en las cifras oficiales, luego de que se ajustara la metodología de reporte e integración de datos. Sólo para dimensionar lo ocurrido, es importante destacar que con la metodología previa, en el año 2016 se habían registrado 20 mil 547 casos de homicidio doloso; sin embargo, con la nueva metodología, la cifra se ajustó a 22 mil 962; mientras que en 2017, con la metodología previa, el dato fue de 25 mil 339 casos, mientras que con la nueva metodología de registro oficial, el dato es de 29 mil 159 víctimas de homicidio doloso, lo que no solo confunde sino también genera desconfianza sobre si en verdad será o no una cifra real.

Total que no pasa ni un solo día en que conozcamos testimonios verbales o escritos sobre hechos de violencia atroces en todas partes del país. Hemos de alguna manera aprendido a aceptar que la información que hoy nos escandaliza  acaso mañana será opacada por algo más y más grave. Se quedaron atrás los años en los que solo de manera excepcional sabíamos de relatos de violencias extremas. Ahora las conversaciones de pronto parecen competencias para averiguar quién tiene la peor historia, a quién le contaron la experiencia de violencia más horrenda y a quien ya le sucedió en persona o en su círculo más cercano de familias y amigos.

Es innegable que el esfuerzo por entender qué está pasando se encuentra rebasado, y sucede igual para todos, desde el ciudadano de a pie hasta el más agudo observador, pasando por los operadores de todo tipo de instituciones, y la conclusión es que la descoordinación es la reina del lugar, porque mientras criminales y delincuentes están perfectamente organizados, las autoridades de todos los niveles brillan por la falta de coordinación, y peor aun, entre ellos se culpan por los alarmantes niveles de inseguridad que nos azotan a todos. Ahora otra cosa preocupante es que buena parte de la narrativa del horror parece escapar a cualquier registro o indagación, ya sea de actores oficiales o independientes. Dicho en otros términos, lo que realmente está sucediendo prácticamente nadie lo está documentando. Es cierto, crecen las iniciativas justamente de documentación desde la sociedad civil organizada y la academia, en buena medida orientadas por la lucha contra la impunidad; pero, la dimensión del fenómeno de las violencias tiene proporciones inabarcables. La violencia no es la que era antes, y parece que hay coincidencia entre policías, militares, agentes del ministerio público, secretarios de seguridad pública y alcaldes. Igual en el centro, sur y norte del país. Esta tesis viene sustentada con experiencias calificadas como inéditas. Homicidios, feminicidios, torturas, violaciones sexuales, violencia familiar, robos con violencia y secuestros realizados bajo formatos que los operadores de la autoridad, en ocasiones con décadas de experiencia, dicen jamás antes haberlos visto. El otro grave ingrediente es que muchas, la gran mayoría de las instancias y corporaciones encargadas de velar por la seguridad han sido infiltradas y desde ahí se protege, alienta y promueve la criminalidad y violencia. Algo que sin duda causa escalofríos.

Hace poco un equipo de investigadores ofreció una interpretación sobre la manera como los mexicanos construyen el miedo y lo que hacen con él. Una de las más relevantes conclusiones es que las personas construyen rutinas para no saber más de aquello que les produce el temor, cual es el caso de la violencia. El problema es que atrás está la realidad que no se quiere ver, ésa donde las violencias y sus consecuencias se amontonan.

Analizando los discursos de casi todos los que dicen buscar la Presidencia de la República, todo indica que también ahí hay una aproximación editada que prefieren no ver. Es altamente probable que la contienda presidencial ni siquiera se aproxime al país que tenemos, visto desde el fenómeno de las violencias. En tal caso, podemos estar seguros que la contención anhelada quedará nuevamente pospuesta para mejores tiempos. Si el problema no se ve, menos se le resolverá.

El año pasado, el desarrollo democrático en México presentó un retroceso ante la persistencia de flagelos como la violencia, corrupción y desigualdad de acuerdo al Índice de Desarrollo Democrático de México 2017 (IDD-Mex 2017). Esta medición anual reflejó que el promedio enfocado en la vida democrática de la sociedad y los dirigentes en el país y las 32 entidades durante 2017 fue de 4,771 puntos en una escala de 10,000 misma que representa la más baja desde 2010, año en que inició la medición.

En el índice de este año se detectó que 20 entidades federativas bajaron su puntaje frente a la medición elaborada en 2015.

Claramente la democracia mexicana está atravesada por tres flagelos graves para la democracia que son la violencia, la corrupción y la desigualdad. Son los tres factores que simbolizan más  el mejor o peor comportamiento de las entidades en el índice de la democracia, porque aquellas que tienen severos problemas de corrupción, desigualdad y violencia son las que tienen peor desarrollo democrático y las que tienen estos problemas más controlados tienen un mejor desempeño. Aunado a todo ello, la constante es que en los últimos seis años ha habido una sensación de retroceso democrático.

En materia de violencia hay una apreciación de un paso adelante y dos hacia atrás, en cuanto a corrupción, la percepción ha crecido por todos los casos que han estallado permanentemente.

El IDD-Mex integra un conjunto de indicadores, entre estadísticas oficiales y encuestas elaboradas a un universo de 9,000 personas, en cuatro dimensiones de desarrollo democrático –ciudadano, institucional, social y económico–, que describen la situación democrática de los estados del país.

En la medición Tamaulipas apareció como el estado con los mejores resultados en desarrollo democrático del país, resultado que sorprendió debido a que en 2015 el estado se ubicaba por debajo del promedio nacional. Esto pasó fundamentalmente por el aumento en la percepción de derechos y libertades, no obstante el grado de violencia que viven. En el índice de democracia de los ciudadanos Tamaulipas obtuvo 7,871 puntos, y en el índice de democracia de las intuiciones fue calificado con 5,233 puntos; en tanto que los índices de democracia social y económica obtuvieron un puntaje de 75 y 600 respectivamente.

A Tamaulipas les siguieron Aguascalientes con 9,201 puntos y Yucatán con 8,850 puntos.

En el caso de los estados con menor índice de desarrollo democrático se calificó a Morelos con 584 puntos, Veracruz con 332 puntos y Guerrero hasta el fondo de la tabla con cero puntos.

En el caso de Veracruz y Guerrero los tres flagelos están a flor de piel, tanto la desigualdad como la violencia y la corrupción, lamentablemente las pone como un mal ejemplo del funcionamiento democrático.

El estudio da cuenta de lo que ya sabíamos, la mayoría de las víctimas de la creciente violencia en México son jóvenes. Ellos forman buena parte de los más de 234 mil homicidios y 33 mil desapariciones registrados en la última década.

Las víctimas de la violencia están entre los 12 y 29 años. Entre el 2013 y el 2017, 35 mil personas fueron asesinadas y casi todos eran jóvenes. Focalizando, en la Zona Metropolitana, a solo 41 kilómetros del corazón de la Ciudad de México, en Ecatepec de Morelos, uno de los municipios más violentos del Estado de México, reportó más de 700 homicidios en el 2017, de los cuales casi 300 víctimas, cerca de la mitad, eran jóvenes.

Los datos de la violencia son fríos. Disfunción en el ámbito familiar, abuso sexual, baja supervisión, familiares que delinquen y falta de cohesión en el seno familiar, son factores que influyen en el asunto. También el entorno social la pobreza, drogas y armas de fuego, viviendas precarias, infraestructura vecinal deficiente, corrupción y empleo mal remunerado.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero de 2015 y enero de 2018, se han registrado 21 mil 249 víctimas de lesiones dolosas con arma de fuego.

Una vez más, sorprende que 57% de esos casos se concentren en sólo cinco estados de la República; éstos son: La Ciudad de México, con cuatro mil 533 casos; Guanajuato, con dos mil 336 casos; Estado de México, con dos mil 318 casos; Jalisco con mil 800 casos y Michoacán, con mil 288 casos.

Es importante señalar también que los datos del SESNSP son una síntesis de la información que proporcionan las Procuradurías Estatales, lo cual implica que sigue abierta la posibilidad de que haya subregistros muy importantes, así como criterios distintos en la clasificación de los delitos y su consignación en las carpetas de investigación.

Desde esta perspectiva es importante destacar el caso del estado de Morelos, en donde no se tiene registro de casos de heridas por arma de fuego, lo cual resulta, por decir lo menos, sorprendente, sobre todo considerando que, de acuerdo con el último reporte de los Anuarios de Morbilidad de la Secretaría de Salud, fechado en 2016, ese año se atendieron 485 casos por heridas de arma de fuego o de armas punzocortantes.

En cuanto a feminicidios. De acuerdo con los datos del SESNSP, entre los años 2015 y 2017, se han reconocido en los registros oficiales mil 645 casos de feminicidios en todo el país. Al igual que con el resto de las cifras, sorprende que 54% de los casos se registraron en únicamente seis entidades del país; éstas son: Estado de México, con 179 casos; Veracruz, con 177; Ciudad de México, con 139; Jalisco, con 137; Sinaloa con 135 y Oaxaca con 133. Destacan también los casos de Chiapas, en donde se tiene un registro de 97 víctimas; y Sonora, donde el registro es de 86 feminicidios.

Los niveles de inseguridad han aumentado.

En este indicador en particular llama la atención que hay entidades donde no se tiene registro de casos; tales son Aguascalientes y Baja California Sur. También llaman la atención los estados de Tlaxcala y de Tamaulipas, en donde a pesar de las múltiples denuncias y evidencias presentadas de numerosos casos de trata de personas, el registro es, en el lapso considerado, de dos y un caso de feminicidio, respectivamente.

En el tema de los secuestros. Los datos oficiales muestran que del 2015 al 2017 se tiene registro de cuatro mil 99 víctimas de secuestro; y 78% de los casos se concentra en sólo 11 entidades del país, en las cuales se tiene una contabilidad de más de 100 casos en el periodo señalado: Tamaulipas con 763 víctimas; Estado de México con 652; Veracruz con 452; Guerrero con 296; Tabasco con 256; Ciudad de México con 166; Zacatecas con 148; Morelos con 125; Oaxaca con 121; Puebla con 119; y Chiapas con 110 casos.

Las entidades con menor número de casos son Baja California Sur con tres, y Yucatán con uno.

En este delito es necesario, nuevamente, ser cautos en la interpretación de los datos, pues el registro depende, sobre todo en este caso, de la denuncia ante la autoridad. Así pues, las cifras son cruentas y podrían serlo más por el sesgo que quizá entre autoridades exista para abatir la percepción, el asunto es la violencia y criminalidad están a la orden del día y nada parece haber se esté haciendo para mitigarla.

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