Policías criminales

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Ruben MartinLa peor sospecha se cumplió. Fueron policías municipales de Tecalitlán quienes detuvieron y entregaron a grupos del crimen organizado a tres ciudadanos italianos que viajaban por el sur de Jalisco, el pasado 31 de enero. Así lo confirmó el sábado 24 de febrero el fiscal general Raúl Sánchez Jiménez.

La desaparición de los ciudadanos italianos, originarios de Nápoles, Raffaele Russo, Antonio Russo y Vincenzo Cimmino ocurrida a finales de enero en Tecalitlán, es un caso paradigmático que muestra no sólo la gravedad de las desapariciones en Jalisco, sino algunos de sus aspectos más preocupantes y repugnantes.

El primero de esos horribles aspectos es que se trata de una desaparición forzada, es decir, fueron fuerzas de seguridad públicas las que cometieron el delito. Si de por sí es reprochable el delito de desaparición, lo es aún más cuando esos actos son cometidos por agentes estatales pagados por los mismos contribuyentes y que, en teoría, son encargados justamente de proteger la vida y la seguridad de la sociedad que les paga sus sueldos.

Otro aspecto reprochable que mostró el caso de los italianos desaparecidos fue la criminalización a la que fueron sometidos por funcionarios del gobierno estatal y algunos medios de información. Antes siquiera de empezar a buscarlos y de integrar una investigación en regla, desde la fiscalía y la secretaría General de Gobierno se difundió información encaminada a hacer creer que no eran simples turistas sino comerciantes eventualmente fraudulentos, e incluso, la suposición de que si eran de Nápoles, probablemente fueran parte del grupo criminal asentado en esa localidad italiana: La Camorra. Otra vez se trata de crear una percepción sobre algunas personas desparecidas que pretende hacer creer es que si están sin encontrar es porque “en algo andaban”. Totalmente reprochable esta postura inicial de las autoridades. Como siempre se ha dicho en estos casos de criminalización: incluso si estos italianos u otras personas han cometido delitos, su destino no es la desaparición, sino en todo caso, probar la comisión de esos delitos y presentarlos ante un juez. Nadie merece estar desaparecido.

Lo más grave del caso de los italianos desaparecidos, desde mi punto de vista, es que permite confirmar que las desapariciones forzadas no son casos aislados, sino práctica generalizada en México y también en Jalisco.

Un día después de que los policías de Tecalitlán entregaron a los tres italianos a un grupo criminal, en Autlán, cuatro personas originarias de Veracruz desaparecieron en la cabecera, presumiblemente también por policías municipales.

Lamentablemente el caso de estos cuatro veracruzanos desaparecidos no ha recibido la misma atención mediática que los italianos, y debería tenerla.

Los desaparecidos responden a los nombres de: José Meléndrez Pineda, de 72 años; Juan Santos Meléndrez, de 44; José Ángel Meléndrez Luna, de 37, y Juan Meléndrez Luna, de 24 años; todos dedicados al comercio de novedades como bisutería, ropa y zapatos, y que se encontraban de visita con familiares de Unión de Tula (Diario NTR Guadalajara, 24 febrero 2018). Debido a este hecho, un comando de la fuerza única regional de la Fiscalía General del Estado, detuvo el jueves 22 de febrero a cinco elementos de la comisaría municipal de Seguridad Pública de Autlán. Por su parte, los familiares de los policías detenidos, acusan que los policías municipales fueron detenidos de manera ilegal, pues se les encerró sin orden de aprehensión u orden judicial (portal Letra Fría, Autlán, 23 febrero 2018). Falta que el ministerio público deslinde responsabilidades.

Lamentablemente, estos dos casos de desapariciones forzadas, es decir, cometidas por policías o autoridades de Jalisco, no son los únicos registrados en la entidad. Familiares que buscan a sus desaparecidos en Guadalajara han denunciado en varias ocasiones a elementos de policías estatales o de la fiscalía como responsables de llevarse a sus hijos o esposos.

La participación de policías, de todos los niveles, en la desaparición de personas es no sólo una de las caras más reprochables de este fenómeno, sino que se convierte en una evidencia de la gravedad de las desapariciones.

Las personas ausentes no son buscadas por las autoridades porque, en muchos casos, quienes los desaparecieron fueron policías o autoridades involucradas con el crimen organizado. Es decir, fuerzas de seguridad y crimen organizado forman parte de la misma maquinaria estatal-criminal que desaparece. Y buscarlos es indagarse al interior del propio gobierno. Una investigación a fondo nos sorprendería por el tamaño de responsabilidad que tiene el Estado en los casos de las desapariciones.

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