NEGOCIDIOS

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Salvador Cosio-08Como ya se sabe, los graves problemas que padece nuestro país van aparejados del cáncer que significan la corrupción e impunidad. No solo son los moches, las estafas maestras, el lavado y triangulación de dinero lo que ha hecho tanto daño a las finanzas publicas en detrimento de programas asistenciales, la ambición y hambre desmedida de poder ha esparcido sus tentáculos por todos lados, resultando desde hace especialmente un par de décadas que la afectación a zonas naturales ha sido constante, latente, creciente, indiscriminada y tristemente tolerada por autoridades de todo nivel. La desvergüenza ha sido tal que  entre los años 2005 y 2017, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental en México suman más de 14 billones de pesos, según estimaciones del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Durante el mismo lapso, las autoridades han destinado al rubro de “gastos en protección ambiental”, menos de 2 millones es decir, un porcentaje ínfimo respecto de lo que se ha perdido por fenómenos como contaminación del aire y del agua, por la generación de residuos sólidos, por la degradación del suelo, así como por el agotamiento de recursos naturales como los forestales o los hidrocarburos, muchos de ellos provocados por la irracional explotación.

Según los cálculos del INEGI, entre 2005 y 2017, la actividad más contaminante fue el sector “transportes, correos y almacenamiento”, que provocó daños ambientales por más de 5 billones de pesos. La segunda actividad que más pérdidas ambientales causó, al menos al cuantificar su valor monetario, son las actividades domésticas, que provocaron afectaciones por 3 billones de pesos.

En tercer lugar en la escala de las actividades que más daño causaron en términos de costo ambiental es la minería, con un impacto ecológico tasado en 2.5 billones de pesos.

Las estadísticas revelan  el  desequilibrio en la balanza entre los recursos ambientales amenazados y la inversión pública para protegerlos, solo como botón de muestra en 2015, por ejemplo, se perdieron recursos naturales con valor estimado en 1 billón de pesos, mientras que el gobierno invirtió ese año en la protección ambiental sólo 15 mil millones.

Es claro que el gasto público en protección ambiental nunca ha sido una prioridad, al menos al analizar el presupuesto público fácilmente se concluye el gobierno mexicano destina menos del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) a dicho rubro, lo cual no solo es lamentable, sino también reprochable, pues aunado a la falta de presupuesto para abatir el deterioro, es brutalmente indiscriminado del daño que se provoca deliberadamente, aquí en Jalisco, un ejemplo vergonzante es la zona del Bajio en Zapopan, justo donde irregularmente se edificaron las tristemente celebres villas panamericanas, que hoy son un monumento a la corrupción y al daño irreversible que se cometió en esa zona natural de recarga de mantos freáticos.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, esta inversión experimentó un aumento constante, pero de todas formas marginal, hasta llegar a cerca del 1% del PIB en el año 2009, y así se mantuvo durante tres años. Luego, durante el último año del gobierno calderonista y a lo largo de toda la administración del actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la inversión destinada a proteger los recursos ambientales del país experimentó un descenso mantenido, hasta quedar en  menos del 0.8% del PIB.

Si se analiza el gasto destinado a protección ambiental, por los distintos rubros atendidos, se puede ver que algunos temas de la agenda han recibido menos atención que otros, o bien que, habiéndola recibido, en los últimos años ésta ha descendido significativamente.

En el tema de “Protección al aire, ambiente y clima”, el año 2015 es en el que más dinero se ha invertido: 27,500 millones de pesos.

En cambio, en el tema de “Protección y remediación de suelos, agua subterránea y superficial”, la inversión ha sido prácticamente la misma que se registró desde el año 2003.

El rubro de atención a suelos y cuerpos de agua recibió especial atención entre los años 2005 y 2010, lapso durante el cual se dieron aumentos progresivos cada año en el presupuesto asignado, hasta llegar a 9 mil millones de pesos. Sin embargo, a partir de 2011, los recursos destinados a la restauración de suelo y cuerpos de agua contaminados comenzó a descender, año con año, hasta llegar a sólo 1,500 millones.

El año en que más dinero destinaron las autoridades a promover actividades educativas, para fomentar en la población el cuidado del medio ambiente, fue 2010, cuando se invirtieron poco más de 3 mil millones a esta área. Esta inversión, no obstante, se desplomó en los años siguientes, hasta llegar a únicamente 280 millones de pesos destinados a la educación ambiental.

En materia de protección ambiental también se han reducido en este sexenio las inversiones públicas en “investigación y desarrollo”, “gestión de los residuos”, “gestión de las aguas residuales” así como en “protección de la biodiversidad y paisajes”.

Pero por si lo anterior no fuera suficiente, hay que recordar que derivado de la llamada reforma energética, de donde emanó el “gasolinazo” y la liberación de los precios de la gasolina, también se estipuló la entrada al país de empresas extranjeras para comercializar el hidrocarburo. Así pues, en la ronda de licitación 2.4 que realizó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la empresa Royal Dutch Shell arrasó con el mayor número de áreas para exploración en mar profundo.

La compañía anglo-holandesa ganó las áreas 2, 3, 4, 6 y 7 de la zona de Perdido y las áreas 20, 21, 23 y 29 de la Cuenca Salina en el Golfo de México.

Así se convierte en la empresa extranjera con mayor inversión petrolífera en México. Sin embargo, la Royal Dutch Shell tiene un largo historial negro de contaminación y daños ecológicos en distintos países.

Shell, como se le conoce mayormente, es considerada una de las multinacionales más grandes del mundo en el sector petrolífero. El grupo Royal Dutch Shell se creó en 1907 con la fusión de las compañías Real Compañía Neerlandesa de Petróleos de Holanda y la compañía Shell Transport and Trading Company Ltd de Inglaterra.

La multinacional se ha extendido por más de 70 países del mundo. Tan sólo el año pasado llegó a México, cuando en septiembre abrió su primera expendedora de gasolina.

Los daños ambientales y ecológicos comenzaron a visualizarse en 1980 cuando la compañía inició con exploraciones en las selvas vírgenes de Perú. Por esta razón, el lugar fue invadido por madereros que iniciaron con una tala inmoderada de árboles. Shell por su parte también contaminaba la zona a su paso. Ambas situaciones provocaron la muerte de más de la mitad del pueblo indígena murunahua.

En Argentina, en 1999. Un barco de Shell derramó 5 millones 400 mil litros de petróleo en el Río de la Plata, considerado el mayor derramamiento de éste material en agua dulce. Resultó afectada flora y fauna del lugar. Por otra parte, en Brasil, Shell junto con la empresa brasileña Cosan trabajaron para producir etanol y venderlo como biocombustible. El material lo obtenían de la caña de azúcar que era cultivada por un terrateniente sanguinario por lo que organizaciones internacionales han instado a Shell a dejar de utilizar el producto de esta persona.

En Costa Rica, la multinacional protagonizó las primeras planas de los medios, ya que en octubre del 2006 explotó una de las expendedoras de gasolina por fallas en el dispositivo que provocó una fuga de gasolina. En la explosión murieron dos niños de 5 y 13 años de edad que se encontraban esperando en el automóvil. En estos lugares vivían grupos indígenas que no habían tenido aún contacto con el mundo exterior. A pesar de ello Shell ingresó a la selva y limpió un camino para su libre acceso. Pero, el caso más grave de contaminación fue en Nigeria. La compañía operaba bajo la autorización de una dictadura militar que gobernaba el lugar y provocó una grave contaminación en el río Níger.

La situación se agravó hasta que un grupo de pobladores liderados por el escritor Ken Saro-wiwa de la comunidad ogoni se manifestaron de manera pacífica contra las petroleras. El activista fue encarcelado y condenado por crímenes que no cometió, por lo que fue sentenciado a muerte. Esto despertó aún más la inconformidad internacional, responsabilizando a Shell por su complicidad con los hechos y su alianza con el gobierno militar; y ahora así, con esas cartas credenciales llega a nuestro país con la promesa de crear miles de empleos temporales directos e indirectos, a lo que muchos aplauden mientras otros nos preguntamos.. ¿a qué costo?

México es un país de contrastes, ya que mientras nos sentimos orgullosos y hacemos comerciales con la gran riqueza biológica que encontramos a lo largo de nuestro territorio, padecemos de uno de los índices más altos de deterioro ambiental en materia de degradación y deforestación de todo el mundo. Nuestro país cuenta con una superficie aproximada de 64.5 millones de hectáreas de bosques y selvas encontrándose la mayoría de esta superficie concentrada tan solo en los Estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Puebla y Veracruz.

Desafortunadamente, la desforestación y el cambio de uso de suelo se estiman en 670 mil hectáreas anuales.

La conservación de los bosques y selvas no es una cuestión solamente ética o de que hay que cuidar a las plantas y a los animales, sino que es una necesidad que tiene la sociedad para conservar un desarrollo viable a futuro, ya que los bosques proporcionan el oxigeno necesario para poder respirar, así mismo la captura y filtración de agua al manto acuífero, reducen el impacto de fenómenos meteorológicos como los huracanes y las sequias y con un adecuado manejo se pueden trazar rutas eco turísticas muy interesantes.

Desafortunadamente en nuestra región los gobiernos no han asumido con seriedad un compromiso por la conservación y el desarrollo sustentable de nuestros ecosistemas, carecemos de programas y políticas eficientes y con visión de largo plazo, por lo que es urgente trazar esquemas de trabajo para un manejo sustentable de nuestros recursos.

Ahora que se ha puesto de moda el tema de los mineros, vale recordar como una de las empresas dedicadas a esta industria, hace algunos años provocó una de las mayores contaminaciones de las que tengamos recuerdo bajo la timorata actuación de casi todos los órdenes de gobierno, que solo vieron llegar y pasar el problema sin emprender ejemplares sanciones para la empresa que causó un daño irreversible en territorio nacional.

Grupo México, uno de los principales productores de cobre en el mundo, con importante presencia países como Perú y Estados Unidos, fue la causante del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, la cual puso en grave riesgo la salud de los habitantes y del ecosistema, actos irresponsables que los años no han podido mitigar.

En un principio Grupo México intentó deslindarse del caso señalando que dicho derrame fue causado por las lluvias en el estado, sin embargo la declaración fue desmentida por la SEMARNAT, PROFEPA y CONAGUA al documentar que en esos días no hubo registros de tal actividad, de esta forma se puntualizó que el Grupo fue el único responsable ante el considerado peor desastre ambiental en la minería, lo cual vino acompañado de multas y denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero que tristemente fueron pecata minuta frente al devastador daño ocasionado.

En un principio la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) presentó ante el Ministerio Público Federal una denuncia penal contra las empresas Buena Vista del Cobre y/o Minera México, por su responsabilidad en el derrame de casi 40,000 metros cúbicos de lixiviados de Sulfato de Cobre Acidulado, en el Río Bacanuchi. Y en una segunda visita la PROFEPA, realizó una clausura parcial temporal a las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre-Grupo México, por encontrar irregularidades en el cumplimiento a la NOM-159-SEMARNAT-2011.

La medida de seguridad de la PROFEPA ocurrió como resultado del proceso de inspección que realizó a las instalaciones productivas que integran la mina Buenavista del Cobre en el municipio de Cananea, Sonora, luego de que el citado derrame ocurriera a los ríos Bacanuchi y Sonora.

Por su parte la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), elaboró un Dictamen Técnico en el cual precisó que el derrame fue ocasionado por la falla en el amarre de un tubo de polietileno (tubificación) en una de las piletas de lixiviados y por la falta de una válvula en la pileta de demasías, imputable a la empresa.

Tras los graves acontecimientos el Grupo resultó fuertemente atacado a través de las redes sociales y sitios web de asociaciones y grupos ambientalistas, como es el caso de Greenpeace, que siempre cuestionó las tibias acciones que el Gobierno Federal tomó contra Grupo México.

La pobre respuesta de las autoridades y las insignificantes sanciones previstas para Grupo México son una muestra evidente del desprecio que tienen no sólo al medio ambiente sino también a la población, a los productores y a la flora y fauna de la región.

Fue y sigue siendo evidente que las autoridades han mostrado una complicidad con Grupo México, dueño de la planta minera que causó la contaminación de la Cuenca. Situación que no es nueva pues los habitantes de la región conocen al menos otras cinco veces más en las que las presas de jales han tenido fugas, siendo esta la más grave por la cantidad de químicos vertidos en el agua. En todas ellas la empresa minera ha ocultado información y se ha negado a reparar el daño.

El hecho de que Grupo México minimizara el escándalo, merece no solo que sean sujetos a toda clase de multas, sino incluso quitarle la concesión, porque ese daño provocado no merece otra cosa más que sanciones ejemplares, penales, civiles y administrativas en contra de la empresa minera y los mandos directivos que resulten responsables, así como de las negligentes autoridades que fueron cómplices en tan gravísimos actos.

Es aberrante que el consorcio que gana 4.4 millones de dólares diarios y tiene un historial de incumplimientos legales y trato indebido a sus trabajadores, no haya hecho por lo menos la reparación del daño. Este ejemplo es sin duda otra página más en el libro de la corrupción e impunidad que se ha escrito en los últimos años.

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