Corrupción, desvíos y desorden

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Sonia Serano-04Cualquier revisión a los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) significa un botón de muestra sobre la corrupción, desvío de recursos o, al menos, desorden administrativo en el manejo del dinero público.

Uno de los casos más delicados que se han documentado hasta el momento, es el del reportaje de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, llamado la Estafa Maestra, con el cual se dio cuenta de las irregularidades registradas en las cuentas públicas federales de 2013 y 2014 desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Petróleos Mexicanos y Banobras, durante las gestiones de Rosario Robles, Emilio Lozoya y Alfredo del Mazo, respectivamente.

En ese caso, se trata de 7 mil 670 millones de pesos de inconsistencias, de los cuales 3 mil 433 millones de pesos se desconoce en qué fueron usados. Para que los desvíos fueran posibles, se crearon 126 empresas fantasmas.

Posteriormente también se detectaron desvíos de recursos, utilizando a universidades públicas.

La semana pasada, al hacerse la tercera entrega del informe de la ASF, correspondiente a la cuenta pública de 2016, se encontraron señalamientos por el desvío de 3 mil 855 millones de pesos durante la gestión de Rosario Robles en la Sedesol y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que incluye transferencias al extranjero de dinero que debió usarse para programas sociales.

Todas estas inconsistencias que se han señalado, tienen que ver con el gasto que hacen directamente las dependencias federales.

Sin embargo, los estados también tienen sus señalamientos.

Según los datos que arroja la tercera entrega del informe de la ASF a la cuenta pública de 2016, hay observaciones al gasto federalizado y las participaciones federales por más de 98 mil 102.9 millones de pesos. En esa bolsa, hay inconsistencias que corresponden a Jalisco por más de 2 mil 348.8 millones de pesos.

Hasta enero pasado, Jalisco ocupaba el quinto lugar en observaciones pendientes de aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación, con 10 mil 787.6 millones de pesos, a los que habrá que sumarles la actualización de la tercera entrega, por lo que podría superar los 11 mil 681 millones de pesos, de 2012 a la fecha.

Para fortuna de las dependencias federales, los estados y los municipios, las acciones legales que se emprenden por estos desvíos todavía no han sido contundentes. La prueba es que en Jalisco, nada más del Seguro Popular, hay más de 6 mil millones de pesos en irregularidades.

Lo que tendría que esperarse ahora es que haya consecuencias y se defina cuándo hablamos de desvíos y cuándo de un brutal desorden administrativo. También se requiere transparencia sobre las denuncias penales y acciones contundentes contra los autores.

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