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2018-02-19
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ENTRE CORRUPCIÓN e IMPUNIDAD

LA CORRUPCIÓN Y LA INSEGURIDAD SON LOS PRINCIPALES MALES DE LOS GOBIERNOS ESTATALES  La corrupción y la impunidad son síntomas de gobiernos autoritarios y democracias débiles. Este es el lastre que carga nuestro país desde hace décadas y es el principal problema que frena un verdadero desarrollo y crecimiento en todos los rubros, principalmente en... Read More
El Gobierno vendió “espejitos” y ahora que se ha enredado entre sus propias mentiras, errores y  omisiones , nos orille al despeñadero y se diga que todo es culpa de los factores externos.

Enrique Peña Nieto.

LA CORRUPCIÓN Y LA INSEGURIDAD SON LOS PRINCIPALES MALES DE LOS GOBIERNOS ESTATALES 

La corrupción y la impunidad son síntomas de gobiernos autoritarios y democracias débiles. Este es el lastre que carga nuestro país desde hace décadas y es el principal problema que frena un verdadero desarrollo y crecimiento en todos los rubros, principalmente en los económico y social.

La corrupción, en un sentido laxo, “es la violación a un sistema normativo para obtener una ventaja indebida”.

Sin embargo, la corrupción es un fenómeno que implica un monopolio en la decisión, acompañado por el ejercicio “discrecional” del poder público, en ausencia de la rendición de cuentas, de la falta de transparencia y políticas publicas reales y eficientes que promuevan una cultura de la legalidad en todos los actos públicos y privados, tan corrupto es el que desvía para sí o terceros cuantiosos recursos económicos, como el que da “mordida” por que no le levanten un folio o una infracción.

Esto significa la existencia de un poder que no tiene controles y límites; que es arbitrario y que no es susceptible de responsabilidad ni sanciones –es impune–, posible por la falta de contrapesos, entre ellos la participación ciudadana -cuya ausencia es símbolo de autoritarismos y democracias débiles. México cree que puede enfrentar un problema, que tiene una vertiente psicológica marcadamente estructurada, con simples reformas constitucionales o legales. No es suficiente, debe ser desde la formación escolar en las edades mas tempranas y con los ejemplos en casa.

El papel de las leyes en una sociedad democrática es el establecimiento de controles adecuados para frenar a los detentadores del poder. No obstante, los mecanismos legales tienen límites. Y aunque puedan y den la impresión de combatir las demandas populares en materia de corrupción, si no se construye ciudadanía, no hay quien supervise al gobierno -salvo el mismo gobierno-. Y allí está la ocasión del abuso. Mientras más empoderado esté el pueblo, es más difícil que se disemine la corrupción. Precisamente en países como nuestro México, hay una relación entre la exclusión, la desigualdad y la corrupción.

Existen grados de corrupción dependiendo del nivel de poder de los individuos. El poder concentrado y con pocos límites genera un sistema susceptible a generar victimarios y víctimas, porque el sistema protege los privilegios de los poderosos al ser ellos quienes controlan los mecanismos para evitar la corrupción y la impunidad. Este tipo de corrupción -la del sistema- es la más evidente y molesta para el pueblo. Pero existe una corrupción media, o bien, “la corrupción común y corriente y no la corrupción legal o de sistema” -mordidas, hacerse de la vista gorda, sobornos, etcétera-. Aquella en la que la mayor parte de la población incurre como parte de una cultura de tejido social y esa es la que a la par debe combatirse si es que queremos como país llegar hacia mejores estadios de vida.

En el contexto de lo anterior, destaca que el director nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Daniel Coats, aseguró en reciente visita a nuestro país que la corrupción, la inseguridad y la inestabilidad económica en México han hecho crecer a la oposición por el enfado y repudio que existe por el régimen actual.

En un documento entregado al Comité Selecto de Inteligencia de la Cámara de Senadores del Congreso estadounidense, Coats destacó que la frustración popular por el bajo crecimiento económico, los escándalos de corrupción y la “endémica actividad criminal” en algunos países serán claves en las elecciones de 2018. En el informe, Coats analiza las elecciones presidenciales que se realizarán en México y Colombia, con pronósticos negativos para los partidos gobernantes.

“Elecciones presidenciales, incluidas las de Colombia y México, se llevarán a cabo en momentos en que los partidos políticos e instituciones gobernantes registran récords bajos de apoyo, lo cual podría fortalecer el atractivo de candidatos de oposición.

“Los mexicanos tienen hoy su atención puesta en las elecciones presidenciales y legislativas programadas para julio de 2018, en las que la corrupción, los elevados índices de violencia y una economía inestable serán temas clave”, aseguró Coats en el informe presentado ante el comité senatorial de inteligencia.

Sobre la situación económica de México, el director nacional de Inteligencia enfatizó que aun con los beneficios económicos por 1.1 billones de dólares de las reformas estructurales, la incertidumbre respecto de las relaciones comerciales y la expectativa de un nivel alto de inflación podrían atorar el desarrollo macroeconómico.

Acerca de la inseguridad, Coats advirtió que debido al aumento de la violencia generada por el crimen organizado la confianza que tenía el ciudadano hacia las instituciones se va perdiendo.

Y es que hay coincidencia de analistas internacionales en que el gobierno mexicano ha hecho un lento progreso para la instrumentación de las reformas de la aplicación de la ley, y continuará respaldándose en las fuerzas militares para contrarrestar al narcotráfico, lo que abona a la molestia social.

Como botón de muestra vale mencionar que por ejemplo, a corrupción y la inseguridad son los principales males de los gobiernos estatales, según un ejercicio publicado recientemente por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

El 25% de los socios de la cúpula patronal del país considera que la corrupción es la principal falla de las autoridades, seguido de un 23% que destaca la inseguridad.

Las fallas en infraestructura y servicios públicos así como el gasto público superfluo es considerado por el 10% de los empresarios como otro error de las autoridades. Estos datos se desprenden de la plataforma #DataCoparmex, un análisis sobre las principales fallas de los gobiernos estatales construido con 10 indicadores en los que se evalúan el número de empleos, la deuda estatal así como la confianza de los empresarios en las distintas entidades del país. El análisis muestra que en nueve entidades más del 50% de empresas asociadas a la COPARMEX fueron víctimas de algún delito en el último año. Se trata de Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Guerrero, Puebla, Ciudad de México, Tabasco y Quintana Roo.

El promedio nacional fue de 43.9%, y Tabasco y Guerrero fueron las entidades con los mayores porcentajes, con 60% y 58.3% respectivamente.

Por otro lado, en seis entidades más de 50% de los socios experimentaron corrupción en trámites públicos en el último año. Se trata de Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

El promedio nacional fue de 44.2%, y Tabasco y Quintana Roo fueron las entidades con los mayores porcentajes, con 68% y 61.5% respectivamente. Los estados con mayor aprobación fueron Yucatán 71% (Rolando Zapata Bello), Querétaro 64% (Francisco Domínguez Servién), y Chihuahua 52% (Javier Corral Jurado).

Del otro lado, los estados con menor aprobación fueron Chiapas 4% (Manuel Velasco Coello), Tabasco 6% (Arturo Núñez Jiménez), y Baja California 9% (Francisco Vega de Lamadrid).

Si la sociedad no es igualitaria y hay desigualdades, hay corrupción. Es menester “horizontalizar el poder”. Pero para ello, también es necesario inculcar valores diferentes a los vigentes. Una sociedad que basa su prestigio según el nivel de riqueza y no según el mérito alcanzado, no saldrá de prácticas corruptas.

Ante la impunidad y el desinterés de la clase política en cambiar el statu quo, la sociedad civil mexicana tomó las riendas y logró con su presión en 2014 una reforma constitucional para instaurar un sistema nacional anticorrupción (SNA). El SNA consta de una serie de leyes e instituciones para enfrentar de manera distinta y amplia este problema que ha carcomido las instituciones y la sociedad mexicana. Entre los principales pilares del SNA están una Fiscalía anticorrupción independiente y un Comité Ciudadano que vigila el actuar de la clase política y de la Justicia. Sin embargo es lamentable que esté entrampado el sistema a nivel federal y hasta hace poco en la esfera regional, donde vale destacar que el liderazgo del ejecutivo y la sociedad civil jalisciense fueron factor fundamental para destrabar las diferencias que frenaban la consolidación de este sistema a nivel estatal.

Nuestro país ocupa los primeros lugares en prácticas de corrupción, las cuales se han extendido a distintos ámbitos de la sociedad. La más notable es la que sucede en la administración pública, la cual se define como lo apropiación de lo público para beneficio privado y en la que participan, en distinta medida y responsabilidad, muchos malos servidores públicos, algunos miembros de la iniciativa privada y lamentablemente la propia ciudadanía.

A través de la historia la sociedad ha tratado de establecer diversos tipos de normas que se definen por los valores, los principios y fines que la misma valora y que se acompañan de  las sanciones para ser aplicadas en casos de incumplimiento. Sin embargo, la corrupción es un mal tan antiguo como los mismos pueblos; tiene raíces históricas, culturales y estructurales muy profundas y sus prácticas se han convertido en una amenaza para la sociedad.

La corrupción afecta la efectividad del estado en la aplicación de las políticas económicas y en la calidad de las mismas, desdibuja el diseño y la aplicación de la regulación y ensucia el accionar de la justicia incentivado un mal igual o peor que la propia corrupción, la impunidad. También  tiene un efecto negativo en los niveles de inversión, crecimiento, igualdad y bienestar de la economía, pues al percibir riesgos para las inversiones no hay quien se anime a emprender o financiar proyectos por la desconfianza en las instituciones.

La corrupción se expresa con múltiples actos como el soborno, que se traduce en el mal uso de la autoridad, derivado de consideraciones de beneficio personal, que no siempre son ganancias económicas. Otra es el robo abierto que consiste en la apropiación indebida de fondos o propiedades estatales. El nepotismo consistente en la obtención de favores para amigos o familiares. El  tráfico de influencias y el uso de información privilegiada, entre muchos más. La corrupción pública se produce cuando un servidor público, a quien la sociedad le ha dado el poder para realizar determinado deber, desarrolla actividades en beneficio personal que transgreden el bienestar social y dañan el interés público.

En el pasado México tuvo una gran tradición personal ética; con pocas excepciones, todos podían confiar en los demás. El crédito a la palabra empeñada era norma generalizada.

Respetar lo ajeno era otra práctica pasada de generación en generación, niños, jóvenes y adultos aprendían en la familia a no tomar lo que no era suyo. Sin embargo, en la administración pública la corrupción sí viene de lejos. Con honrosas excepciones se aprovechaban los puestos públicos para beneficio propio y de familiares y amigos, aunque no llegaba a la magnitud y cuantía del presente ya que cada vez se descubren  nuevos fraudes que son una afrenta a la pobreza que padece la mitad de los mexicanos. O quizá si los había en la misma magnitud pero no se daban a conocer como sucede hoy.

En un país en el que no hay acuerdos, el principal consenso es que el problema más grave que enfrenta México es el de la corrupción. Tiene un impacto en la competitividad, justicia, estado de Derecho, paz social, salud, mitigación de la pobreza, desigualdad, impunidad y violencia. Desde el ámbito en que se analice, la corrupción es la piedra en el zapato para que México avance.

Gobernadores que saquearon sus estados y están prófugos o en la cárcel; funcionarios con propiedades millonarias que no se explica su origen; autoridades auditoras relevadas de sus cargos al intentar hacer investigación. Situaciones que no son nuevas pero que se han vuelto más difíciles de ocultar. De hecho, no se ocultan: ahí están las cifras.

México ocupa el lugar 123 de 176 países en el Índice de Percepción de Corrupción 2016, de acuerdo a Transparencia Internacional, y es también la corrupción la que pone a México en una de las peores posiciones (92 de 113) con respecto al Estado de derecho, según publicó recientemente World Justice Project (WJP) en su ‘Índice de Estado de Derecho 2017–2018’. La corrupción le cuesta a México un 9% del Producto Interno Bruto, de acuerdo al International Finance Corporation (IFC), que forma parte del Banco Mundial. Además, los índices de violencia están estrechamente ligados con la corrupción en la Policía y los sistemas de procuración de Justicia. Estos dos motivos han tenido como resultado una disminución en la inversión extranjera y por tanto en el crecimiento del país. La corrupción mata, tanto en la manera de enfrentar al crimen como en la forma de construir sin permisos ante un sismo.

No es de extrañar entonces que sea uno de los temas eje de las campañas políticas. Los aún precandidatos han abordado reiteradamente el asunto, con diferentes perspectivas y enfoques, pero con una promesa o pose común: acabar con la corrupción. La pregunta obligada es si podrán lograrlo, la respuesta parecería contundente.. no… ,al tiempo lo veremos.

Doctor en Derecho y Notario; Analista y Columnista Sociopolítico; Consultor en Admon. y Políticas Publicas; Pdte. de Conciencia Cívica, A.C. y JALISCOenPLENO, A.C.
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