Es necesario que alguien ponga barbas a remojar

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Sonia Serano-04El 16 de enero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia que, curiosamente, no prendió las luces de alerta para los ayuntamientos, como tendría que suceder. Los ministros decidieron destituir de su cargo y consignar a diez regidores del municipio de Paraíso, Tabasco, entre quienes está el presidente municipal Bernardo Barrada Ruiz.

¿Qué hicieron los ediles? Se negaron a pagar un fallo emitido en 2012, un laudo ganado por 23 ex trabajadores de ese ayuntamiento, que tenía que pagarles 38 millones de pesos en 2006 y reinstalarlos; la cifra actualizada a octubre de 2017 ya iba en más de 95 millones de pesos.

El principal problema con esta resolución es que, a diferencia de las que cotidianamente se notifican a los ayuntamientos de Jalisco y el Congreso del Estado por jueces y tribunales federales, se trata del máximo órgano del país que, además, fija criterio.

Actualmente es difícil señalar cuántos ayuntamientos de Jalisco tienen sentencias laborales pendientes de cumplir y el monto que implicarían; hace tres años se hablaba de unos cuatro mil millones de pesos. Lo que sí podemos ver es que en cada sesión que celebra el Congreso del Estado se reciben las notificaciones para que los diputados suspendan de su cargo, sin goce de sueldo, a los alcaldes, regidores, síndicos o encargados de las haciendas municipales, por negarse a pagar sentencias laborales.

Algunos alcaldes, desesperados, han comenzado a enviar peticiones al Congreso del Estado para que se les permita desincorporar inmuebles de su patrimonio, para tener recursos para pagar los laudos. Otros piden directamente el dinero.

En los últimos años, lo que ha hecho el Congreso del Estado es recibir la solicitud de sanción a los funcionarios municipales, alargar el proceso y desecharla o archivarla. Sólo cuando les sirve para afectar a alguien que no tiene respaldo político o a quien quieren dañar, se cumple con el proceso; pero para contar los casos sobrarían los dedos de una mano.

En la mayoría de las notificaciones, el tiempo transcurre para dar tiempo a que cambie el gobierno municipal y obligar a la reposición de una parte del proceso laboral, actualizando a las nuevas autoridades responsables.

Los cientos de sentencias laborales que están pendientes de cumplirse en los municipios, obedecen a la costumbre de los actores políticos, de despedir funcionarios para poder colocar en esos espacios a personas afines a ellos.

Lo anterior, sin revisar el perfil y, mucho menos, los procesos jurídicos y las consecuencias que no cuidarlos puede traer.

Total, si pierden, el dinero con el que debe pagarse es de los ciudadanos.

En la anterior Legislatura se aprobó una reforma a la legislación que rige las relaciones laborales de los burócratas para fijar como máximo un año lo que puede durar un proceso. Sólo se logró que no se aumenten las cuentas en esta etapa. Sin embargo, se dictan las sentencias y, al no pagarse, se acumulan las actualizaciones que vuelven a disparar las deudas.

Estamos en pleno proceso electoral y el posterior cambio de administraciones, que suma al gobierno estatal. No estaría mal, antes que empiecen los despidos masivos, que alguien en el estado leyera la resolución de la Corte y empiecen a tomar medidas, ya que nadie puso sus barbas a remojar.

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