Reforma estructural

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Peña Nieto y Donald Trump.

Peña Nieto y Donald Trump.

SE APROBÓ EN ESTADOS UNIDOS LA REFORMA FISCAL, QUE REPRESENTA LA MAYOR REVISIÓN DEL CÓDIGO TRIBUTARIO EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS

Con bombo y platillo ha festejado Donald Trump su primera victoria política real desde que asumió la Presidencia de los Estados Unidos de América hace ya casi un año. Después de varios meses de análisis, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Estados Unidos, este miércoles se aprobó la Reforma Fiscal que representa la mayor revisión del código tributario de Estados Unidos en 30 años, uno que tiene el potencial de restarle atractivo a México como destino de inversión y nublar el panorama económico del país en el corto plazo.

La reforma, conocida como “Tax Cuts and Jobs Act”, representrará la primera victoria legislativa. En ella, se recortan impuestos a las empresas y a las personas con mayores ingresos del país, además de ofrecer una desgravación fiscal mixta y temporal a contribuyentes de clase media. Uno de los objetivos centrales del plan fiscal, impulsado por los republicanos, es disminuir el impuesto corporativo de 35 a 21%, un cambio significativo, toda vez que la propuesta original enviada al congreso estadounidense por Trump aspiraba a un ajuste a 15%.
Asimismo, ofrece a dueños de negocios una nueva exención fiscal de 20% sobre sus utilidades y renueva la forma en que se cobran tributos a las multinacionales al exentar dividendos de subsidiarias extranjeras, a través del Sistema de Exención por Participación sobre Rentas Mundiales.
La reforma fiscal también apunta a la repatriación de capitales con impuestos especiales sobre utilidades mantenidas al exterior, que se gravarán a una tasa de 15% si se mantienen en efectivo y 8% si se tienen invertidos en otros activos.
También se integran beneficios para personas físicas con la reducción de tasas individuales en todos los ámbitos además de simplificar el código tributario al eliminar algunas deducciones.

Con esta acción alrededor de 48% de los hogares recibirá un recorte de impuestos de más de 500 dólares en 2019. El tema de fondo es que buena parte de esos recortes se concentran en los hogares con mayores ingresos. Los hogares que ganan entre 20,000 y 100,000 dólares al año, que representan la mitad de todos los contribuyentes, obtendrán aproximadamente el 23% de los recortes de impuestos que se destinarán a individuos en 2019. El 1% más adinerado, que gana al menos 500,000 dólares al año, también recibiría alrededor del 23% de los recortes de impuestos.

Las hipotecas que superen los 750,000 dólares ya no serán deducibles, así como los pagos de intereses de línea de crédito para las personas que cuentan con préstamos con garantía hipotecaria.

Los impuestos estatales serán deducibles hasta el monto de 10,000 dólares, por lo que estados como California, Nueva York y Nueva Jersey tendrán que ajustarse a este nuevo límite.

El recorte gravable se calcula en 1.5 billones de dólares, mismo que será financiado con deuda.

La busca atraer más inversión para el país (y eventualmente generar más empleos), así como incentivar la repatriación de capitales en el extranjero (se calcula que las empresas estadounidenses tienen casi 1 billón de dólares en efectivo fuera del país).

Dada la cercanía de nuestro país con Estados Unidos, esas nueva medidas podrían restarle atractivo a México como destino de inversión para las grandes compañías.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) hizo una propuesta preliminar que podría ayudar a aminorar el impacto de la reforma, la que se concentra en dos medidas: recortar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para las empresas con domicilio fiscal en México de 35 a 21% y generalizar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 15%.

México necesita una reforma fiscal estructural que genere una base tributaria más amplia, que fomente la inversión nacional y extranjera, y proporcione al sistema impositivo una mayor seguridad jurídica, privilegiando un sistema más justo.

El impacto que esta ley tendrá en los países que hacen negocios con los Estados Unidos será considerable, sin embargo, en México, país vecino y uno de sus principales socios comerciales, podría ser mayor.

Ante este panorama, uno de los caminos que México podría seguir es el de reducir su tasa de impuesto corporativo, aunque esta situación necesariamente implicaría un incremento en las tasas de impuestos indirectos o en las tasas de impuestos a las personas físicas.

En ese sentido, nuestro país tiene un breve margen de maniobra en materia fiscal, el cual, si bien puede significar ciertas modificaciones, no representaría ningún cambio estructural relevante.

Donald Trump.

Donald Trump.

Y es que como muestra la edición 2016 del estudio Reporte de Ingresos, de la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económicos (OCDE), la estructura fiscal de México, pareciera ser la adecuada, no es muy diferente a la de otros países miembros del organismo.

Por esta razón, la misión principal de las autoridades fiscales mexicanas, en este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podría ser la de redoblar los esfuerzos de fiscalización y redoblar los esfuerzos para incrementar la base de contribuyentes, necesariamente. Dependiendo de su tipo de actividad e ingreso, o bien de la estructura corporativa con la que operen en el país vecino, estas compañías podrían estar sujetas a reglas antidiferimiento de impuestos, es decir, podrían estar expuestas al pago de impuestos en México, independientemente de que no repatriarán sus utilidades.
Otra implicación importante podría recaer sobre el acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero, pues las tasas de impuestos que se tengan tanto en los Estados Unidos como en México afectan en ambos sentidos, tanto en las inversiones mexicanas que se tienen en nuestro vecino del norte como en las inversiones de estadounidenses en nuestro país. Por lo pronto las consecuencias reales se estarán viendo en los próximos días, una muestra de ello es que el dólar americano ya ronda de nuevo los 20 pesos mexicanos, tema que sin duda se reflejará en el incremento de los índices inflacionarios en una cuesta de Enero más empinada de lo esperada.

La administración Trump se encuentra en medio de su triunfo más importante hasta ahora: lograron aprobar una reforma fiscal sumamente agresiva que disminuye el impuesto corporativo (el impuesto que pagan las empresas) de 35 a 21 por ciento. El partido republicano asegura que dicho recorte de impuestos generará mucho crecimiento económico durante los próximos años, atraerá inversiones hacia Estados Unidos y tendrá un impacto limitado en el déficit público (la deuda). Si bien los efectos macroeconómicos de tal reforma fiscal no parecen ser muy importantes, sus efectos en términos de distribución del ingreso sí lo son. Una reforma fiscal cuyos beneficios quedan capturados en su mayoría por la parte más alta de la distribución tendrá como efecto hacer aún más pronunciada la desigualdad de ingresos y riqueza entre la clase baja y media respecto a la clase alta en Estados Unidos.

Estados Unidos, hace un viraje al pasado, vuelve la vista a fórmulas añejas en busca de soluciones para problemas modernos, contemporáneos, complejos y de difícil solución. Con ese modo de pensar nos enfrentamos ahora a un hecho consumado y de inmediata aplicación: la reforma fiscal en los Estados Unidos y, ahora sí, tenemos que reaccionar como país. A partir del próximo mes —enero de 2018— habrá de asegurarse que la inversión gubernamental sea productiva y que repercuta favorablemente en el resto de la economía, que el comportamiento del consumo público se recomponga a favor del consumo privado, que dicho consumo privado no se base en el crédito, que la inflación no se dispare y que se mantenga la estabilidad macroeconómica.

Los sectores más perjudicados serían los que estén relacionados con la exportación; para el caso las empresas que operan con un programa IMMEX (Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación), el enfoque de esta empresas ya no será únicamente importar para exportar priorizando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los elementos aduaneros y arancelarios para tener acceso al mercado de sus otros dos socios; tampoco lo será la competitividad por el tipo de cambio: el verdadero reto será ser competitivos, ser atrayentes de inversión extranjera, de capturar contratos para manufactura de exportación y también para consolidarse como centros de reinversión de utilidades. Pero igual que la reforma al sistema de pago de impuestos en Estados Unidos alterará el sistema mundial y el de un gran número de países desarrollados o emergentes, hará repensar el modelo mexicano y con éste el tratamiento fiscal de empresas como las IMMEX.

Aunque no solo la parte emprendedora tendrá que revisarse y adecuar. Se alterará la dinámica tributaria de los negocios y de las personas físicas que están en la formalidad, incluso para aquellos que no se encuentren en ese supuesto: toda la población verá cambios en sus modelos de consumir, ahorrar y tributar si hay modificaciones por ejemplo al impuesto al valor agregado (que pudiera ser fijado a tasa baja para medicinas y alimentos, e incrementable con el tiempo), a los impuestos especiales por producción y servicios (los famosos IEPS) u otros gravámenes como pudieran ser al patrimonio vía el impuesto predial.

Lógicamente nadie estará dispuesto a pagar más impuestos y mucho menos si no llegamos a ver que en los diferentes niveles de gobierno el gasto se haga con transparencia, es decir, debe percibirse que sea un gasto o inversión para el bien de la comunidad y no sólo por motivos partidistas, por ambición personal o por cuestiones electorales como las que se tienen en el horizonte del año 2018.

Sin embargo, en duda se pone que los precandidatos se animen a decir que subirían impuestos para contrarrestar los efectos de las reformas en Estados Unidos, por lo que se insiste en que el gasto público -sin equilibrio en ingresos- no puede ser la fórmula del crecimiento; deberemos como parte del sector productivo y de la sociedad, asegurarnos que la inversión sea realmente productiva y por supuesto tenga consecuencias positivas en el resto de la economía; que se recomponga el comportamiento de las exportaciones no petroleras como las de las IMMEX; que el consumo privado no se base en el crédito y que la inflación no se dispare pues ahora estamos alcanzando el 6.8% anual.

Lo que interesa de este suceso para la economía mexicana se encuentra en el hecho de que existe mucho nerviosismo por las implicaciones que puede tener. Algunos comentaristas e instituciones, como cámaras empresariales, ya se han pronunciado sobre la necesidad del país de adoptar una medida similar y disminuir las tasas.

Ahora bien, dejado de lado el nerviosismo, algo que por lo menos es seguro en este momento es que a pesar de que debemos como país tener ciertas precauciones, es incierto que México pierda competitividad respecto a Estados Unidos a causa de la reforma. La competitividad depende de factores que van más allá de la materia fiscal. Además, para la planeación de inversiones lo que cuenta no es la tasa impositiva per se, sino la tasa impositiva efectiva. Es decir, la tasa que se paga una vez que se realizaron deducciones. En Estados Unidos la reforma fiscal de Trump y los republicanos dejará dicha tasa efectiva alrededor del 19 o 20 por ciento; en México, a pesar de que nuestra tasa de ISR más alta para empresas es del 30 por ciento, en la realidad la tasa efectiva que pagan las empresas es de alrededor del 17.3 por ciento. Por lo tanto, México no está perdiendo competitividad, la tasa efectiva que se paga en México está incluso por debajo de la media de la OCDE.

De forma adicional, si consideramos que el cobro del ISR para personas físicas y morales representa más del 50 por ciento de la recaudación de impuestos del país y que la mayor parte del mismo proviene del cobro a personas morales, entonces una disminución de impuestos implicaría por necesidad una pérdida de recaudación, un lujo que un país como México no puede darse. Una pérdida de recaudación de 1 o 2 puntos del PIB implicaría o un incremento de la deuda pública para compensarlo.

La idea de seguir el mismo camino que Estados Unidos es apresurada y peligrosa para la estabilidad de las finanzas públicas en México. Además es francamente innecesaria, el tipo de reforma fiscal que requiere el país más bien es la de cerrar los distintos agujeros que hacen que la tasa efectiva sea tan baja, que facilitan que las grandes empresas e individuos eludan el pago de impuestos. También hace falta enfocarse al mismo tiempo en la calidad del gasto público y claro, en ampliar la base tributaria. Ninguna de las dos cosas son producto de seguir ciegamente lo ocurrido en Estados Unidos.

Mientras el presidente norteamericano, Donald Trump, pasa sus vacaciones navideñas en el complejo Mar-a-lago de Florida, en México existe preocupación. Los focos de alerta están encendidos y no es para menos. Tampoco es que se trate de una tragedia, pero es claro que las decisiones tomadas por el vecino país del norte, deben hacer reflexionar al gobierno mexicano y al sector empresarial para evitar un verdadero problema, que por ahora no ha dejado se ser una mera especulación, pero que ya se ha reflejado en el tipo de cambio respecto de la moneda nacional con el dólar americano.

La reforma tributaria firmada en diss pasados por el mandatario estadounidense hizo que el peso se depreciara frente al dólar hasta llegar a su nivel más bajo desde marzo de este año. Aunque la caída del peso aún está en el nivel que alcanzó a inicios de este año, la incertidumbre es palpable y se manifiesta en la mayor compra de dólares por parte de inversionistas extranjeros, que prevén baja liquidez a fin de año y aguardan por las consecuencias que tendrá la reforma fiscal de los Estados Unidos en la economía mexicana. La relación con nuestro vecino país del norte es uno de los factores que tienen mayor incidencia en la economía mexicana. La divisa mexicana se disparó en el último mes, presionada tanto por la política fiscal de Washington como por la amenaza de que Estados Unidos se retire del Tratado de Libre Comercio (TLCAN). En lo que respeta a la nueva ley de tributos, se teme que México pierda competitividad, porque la reforma de Trump propone una reducción de los impuestos corporativos a las empresas constituidas en territorio estadounidense.

Un sector que ya proyecta una reducción de 10 % para el próximo año es la industria maquilera y es que ese pronóstico se hace ante el temor de que Trump castigue a las empresas que inviertan fuera de su territorio.

Por esa razón, el Banco de México ha previsto inestabilidad en los mercados y mayores dificultades para la inversión directa, mientras la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) planteó paliar la situación con la modificación del régimen de prestaciones laborales, inversiones y pensiones.

El mayor golpe se anticipa hacia el mediano y largo plazos, pues de entrada se considera que reducirá la competitividad de México para atraer capitales. De ahí que más impuestos al consumo (IVA, IEPS) e incentivar la formalización de empresas para aumentar la base tributaria en México, a cambio de una menor carga tributaria a las empresas (ISR), es la opción que impulsa la industria maquiladora y manufacturera.

Con la reforma fiscal ya aprobada por el Congreso estadounidense, la carga tributaria efectiva de las empresas se aproxima al 30% sobre sus ganancias (21% por tasa corporativa, más entre 8 y 10% por impuestos estatales).

No obstante, en México la tasa efectiva tributaria para las empresas, aún es más alta que en Estados Unidos, pues se aproxima al 37%.Para no perder atractivo frente a inversiones futuras, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha expuesto que es necesario reducir la carga tributaria a las empresas paulatinamente.

En este sentido, se debe incentivar la inversión productiva a través de una reducción en el ISR, a los impuestos a las utilidades, a las reinversiones para invertir más en la parte de innovación y tecnología, y desarrollo de talento. Esto implicaría que se tenga que buscar la manera de generar otros ingresos a través de ajustes a impuestos al consumo.
En 2016, el 56% de los ingresos públicos provino de los impuestos a empresas y trabajadores, de este total, 52% fue por el cobro de ISR, el resto por impuestos al consumo: IVA (alimentos preparados, ropa, calzado, servicios) y el IEPS (gasolinas, diésel, refrescos, cigarros, botanas, pan dulce, emisiones de CO2, entre otros). la industria manufacturera y maquiladora será uno de los sectores más afectados por estas reducciones tributarias en Estados Unidos, por lo que necesitarán de incentivos inmediatos para la inversión. A nivel particular, las empresas de este sector necesitan que el esquema IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación), que ha incentivado la instalación de manufactureras en México, sea renovado.

Algunos de los aspectos que deben actualizarse son el fiscal, de logística y comercio internacional, cadena de suministro y de contenido nacional. Lo que le queda a México es, por ahora, esperar, el país conserva muchos factores que lo hacen atractivo para los inversionistas, aunque en el corto plazo tendrá que hacer un análisis de sus impuestos corporativos y tomar las previsiones ante una eventual salida del TLCAN.

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