RETROCESO y CORRUPCIÓN

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Hubo un retroceso en el país, con la Ley de Seguridad Interior.

LA FALTA DE UN FISCAL ANTICORRUPCIÓN SIGUE SIENDO UN PENDIENTE EN EL PAÍS

Corrupción e impunidad, causa y consecuencia, mal y pandemia o consecuencia y causa, sea como fuere lo cierto es que van de la mano, como el sombrero a la cabeza o los pies a los zapatos. La corrupción cuesta al país 347 mil millones de pesos al año, lo que representa el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

México está en el lugar 123 de 176 países en materia de corrupción, de acuerdo a un reciente estudio internacional; y aun así en el Congreso de la Unión sigue atorado el asunto del nombramiento del Fiscal Anticorrupción, un puesto que está en discusión desde inicios de año.

Los sistemas nacionales de transparencia, anticorrupción y fiscalización se encuentran amenazados por el sistema político. Las prácticas clientelares, las prácticas autoritarias, la opacidad y la corrupción siguen presentes en el corazón mismo del régimen político. Y ese círculo externo formado por órganos autónomos y sistemas nacionales está hoy amenazado por esas prácticas del corazón mismo del régimen que se heredan a su vez de nuestro pasado autoritario, un pasado al que muchos buscan hacer no solo presente, sino futuro también. En nuestro país hay pendientes en los sistemas que ponen en riesgo su puesta en marcha y operatividad. El riesgo en el que estamos es que la ausencia de respaldo social, de conciencia para hacer valer todos estos sistemas, amenaza su vigencia porque puede quedar, como de hecho está empezando a suceder, capturados por quienes se oponen a ellos desde el corazón de régimen político. Y es que no se puede entender que sea diferente cuando es público y notorio como los políticos profesionales han frenado la consolidación del sistema nacional anticorrupción, pues sus intereses los han antepuesto a los intereses generales. No buscan alguien que los pueda señalar, acusar y enjuiciar, sino a quien los pueda solapar.

Hasta ahora no se ha podido liberar por completo a los órganos autónomos del Estado, ni se han logrado superar las amenazas y las restricciones que viven los sistemas nacionales. Por el contrario, las restricciones e intentos de captura política y a veces los intentos de ejercer presión para someter a esas instituciones han tenido éxito.

También existen presiones electorales que frenan el avance de los organismos autónomos porque tampoco se han evitado las presiones electorales sobre el Sistema Nacional de Elecciones, estamos hoy en un debate que sugiere cambios electorales en pleno proceso electoral; se quiere modificar las reglas del juego cuando el juego ya comenzó.

La falta de un fiscal anticorrupción sigue siendo un pendiente que causa inacción respecto al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)

Que el país no cuente con un fiscal anticorrupción sigue siendo un punto incumplido y sigue siendo motivo de referencia para reclamar a los órganos de gobierno competentes que sigue estando incompleto el conjunto de piezas para que funcione el (SNA), máxime que el diseño de los Sistemas Nacional Anticorrupción, de Transparencia y Fiscalización son resultado de un retraso de 27 años en estas materias. Y es que el diseño de estos sistemas es consecuencia derivada de la evolución, de la transformación en clave democrática del último cuarto de siglo; sin embargo, hay que reconocer que esos sistemas constituyen una reacción tardía en nuestra transición ya que los mexicanos no son corruptos por naturaleza. Los altos porcentajes de corrupción son resultados de un entorno legal que la propicia. En México es más fácil y productivo ser corrupto que honesto. Los corruptos ganan, los honestos pierden. Los corruptos son los “vivos”, los “listos”, los que todo lo pueden, “los influyentes”, los que con una llamada arreglan o desarreglan un tema. En cambio, los honestos, son los “tontos”, “los mediocres”, “los miedosos”, “los conformistas” … incluso “los raros”. “Los vivos” son lo que comienzan, pasándose un semáforo en rojo, los que se estacionan en lugar prohibido, los que dan vuelta en doble fila, los que no respetan el derecho de paso, los que proponen “cómo podemos arreglarnos”, los que usan materiales “similares” para que las obras publicas sean más baratas, pero las facturen más caras, los que hacen las cosas “al ahí se va”.

El lema “el que no tranza no avanza” lo hace realidad un entorno lleno de reglamentaciones y leyes confusas, con un alto grado de discrecionalidad, que deja en manos de malos burócratas el poder abrir una empresa, construir, cambiar de giro, vender, comprar y contratar.

No todos los funcionarios son corruptos, los hay honestos, pero generalmente no son reconocidos y ponen en riesgo su trabajo si no cooperan con las tranzas y excesos de sus superiores.

Hay empresarios e industriales que han hecho sus fortunas asociados con funcionarios corruptos para lavarles dinero, venderles empresas y mercancías a sobreprecios o comprar terrenos y activos del gobierno por debajo de su costo. Otros empresarios son honestos, pero tienen que ceder ante chantajes de clausura o multas excesivas, que les provocan grandes pérdidas o la quiebra, si no entregan dinero a los funcionarios corruptos, respaldados por leyes y reglamentos interpretados “a modo”.

En México hay más corrupción que en Japón por sus altos grados de impunidad. En Japón más del 95% de quienes cometen un delito lo pagan con cárcel o multas, en México más del 95% quedan impunes, no enfrentan cargos ni penas por sus delitos.

Para combatir estructuralmente la corrupción se debe reducir la sobre reglamentación y las leyes discrecionales, para disminuir las fuentes legales de chantaje a los ciudadanos. Aumentar la transparencia en el uso de los impuestos, principalmente en los Estados, y darle competencia a la Auditoría Superior de la Federación para que consigne a corruptos directamente a Jueces del Poder Judicial, y no solo entregue las denuncias a procuradurías y fiscalías en manos de las mismas autoridades involucradas en los delitos. En México, 6 de cada 10 personas consideran que la corrupción va en aumento. También 6 de cada 10 mexicanos creen que el gobierno no hace lo necesario para detener la corrupción. La mitad de los mexicanos han pagado un soborno. En México, 4 de cada 10 pagó para acceder a la atención de la salud y las escuelas. 7 de cada 10 están dispuestos a apoyar acciones contra la corrupción. La policía y los políticos son las profesiones más corruptas según la percepción social.

Peña presentará su cuarto informe.

Peña Nieto.

De acuerdo al ‘Barómetro Global de Corrupción 2017’, México es el país más corrupto de América Latina. Según el INEGI, el Estado de México es la entidad con más casos de corrupción. El 98% de los casos de corrupción, quedan impunes. Los mexicanos perciben la corrupción de dos formas: la corrupción de “ellos”, que se refiere a la corrupción de los políticos y los poderes fácticos. La corrupción de “nosotros”, que es percibida como una forma aceptable de justicia social o redistribución de riqueza.

¿Qué es la corrupción?, la palabra corrupción, del término latín “corruptio”, encierra diferentes significados que van desde la acción de dañar, sobornar o pervertir a alguien.

La corrupción se presenta en diferentes niveles. Desde el conductor que paga para evitar una multa hasta las empresas que pagan a funcionarios públicos para obtener la concesión de una obra por la que ganarán grandes cantidades de dinero.

Todas estas acciones son perjudiciales para la sociedad y no son exclusivas de la clase política. El soborno, el tráfico de influencias, la extorsión y el fraude son prácticas propias de la corrupción y constituyen un delito; delito que sin embargo queda impune.

De acuerdo a lo señalado, México se mantiene por debajo de sus principales socios y competidores económicos. 40 posiciones separan a México de China, India y Brasil, sus principales competidores económicos. Entre las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica en el último lugar.

Más de la mitad de los mexicanos han sobornado a autoridades en el último año para acceder a servicios públicos básicos, de acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción. Esto coloca a México como el país con mayor corrupción, seguido de República Dominicana, donde el 46% de sus pobladores han pagado sobornos, de acuerdo al estudio “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe”. Los índices de soborno son sustancialmente inferiores, dice el estudio, en Trinidad y Tobago, donde solamente el 6% de las personas lo pagaron en el mismo lapso. México evidencia claramente los más graves índices de corrupción en la prestación de servicios públicos, según el estudio la mayor corrupción está en el caso de escuelas, atención de la salud y documentación personal (del 33% al 39%).

Los sobornos a la policía son los más comunes en Venezuela, 2 de cada 5 personas pagaron para obtener ayuda de un policía, para evitar ser detenidos o pagar una multa (41%).

Así el soborno es una acción habitual para muchas personas de la región que necesitan acceder a servicios básicos. En los 20 países sondeados, más de 90 millones de personas pagaron sobornos en los últimos 12 meses. Esto es, casi 1 de cada 3 de las personas en estos países. También los sobornos en Tribunales son elevados en Venezuela y en Honduras, con 36% y 56%, respectivamente.

México, Colombia, República Dominicana, Perú y Venezuela tienen el peor resultado, pues tienen calificaciones negativas en 4 de los 5 indicadores: variación en el nivel de corrupción; desempeño del gobierno frente a la corrupción; corrupción en la policía; cantidad de ciudadanos que pagan sobornos y acciones de los ciudadanos contra la corrupción.

En estos países, los índices de soborno son elevados, se percibe un alto grado de corrupción policial y los ciudadanos tienen una perspectiva negativa tanto de los esfuerzos gubernamentales contra la corrupción como de la merma en el nivel de corrupción durante los 12 meses anteriores.

Para los ciudadanos en Brasil (74%) y en Costa Rica (75%) es socialmente aceptable denunciar la corrupción; mientras que, en México, Trinidad y Tobago, Chile y Perú, entre el 37% y el 49% creen que denunciar la corrupción es socialmente aceptable.

Cuando a un mexicano se le pregunta en qué piensa cuando escucha la palabra corrupción, inmediatamente lo relaciona con los políticos y funcionarios públicos; la percepción cambia cuando se le pregunta sobre sobornar o poner un diablito en el medidor de la luz para pagar menos por el consumo. Eso lo califica como un acto de “astucia”.

Este es uno de los hallazgos de una investigación de prestigio internacional que incluyó el análisis de 16 grupos de enfoque, una encuesta representativa nacional y un estudio etnográfico.

El estudio realizado entre septiembre de 2015 y febrero de 2016, demostró que los mexicanos sólo ven la corrupción en los demás: 96% respondió que participa poco o nada en actos corruptos.

A decir del análisis, cuando confrontaron a los encuestados con la posibilidad de que ofrecer una mordida para pasar la verificación, poner un “diablito” en el medidor de la luz y contratar a un familiar en el trabajo sean actos corruptos, la reacción fue exactamente contraria. Los encuestados explicaron que esos casos son ejemplo de “astucia”, “audacia” e “ingenio”. En cambio, 79% de los encuestaos relacionó la corrupción con el gobierno en general, la policía, los gobernantes y burócratas.

A la pregunta de cuáles son las mayores afectaciones derivadas de la corrupción, los encuestados respondieron que hay más delincuencia común, problemas económicos, que existan malas autoridades (policías y funcionarios públicos) y nepotismo, entre otras.

En la encuesta aplicada, los mexicanos ubican a la corrupción como el cuarto problema más preocupante en el país, con 8% de las menciones. El principal problema, dijeron, es la inseguridad (29%), seguido de la economía (18%), la delincuencia común (10%).

De esta manera, no basta con asegurar la transformación institucional. Los cambios en el marco legal e institucional deben acompañarse de acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afectan a un número importante de las instituciones públicas del país. Los casos conocidos por la comunidad nacional e internacional no deben quedar impunes.

Luego entonces, es urgente concretar una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política interna ni de la política externa. También: asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en el ámbito federal, e “iniciar el proceso de creación de los Sistemas Locales Anticorrupción: lo triste es que19 de las 32 entidades federativas del país aún no lo han hecho.

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