GOLPE y BOTA

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El presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

¿A QUÉ SE REFIERE EPN CON “SEGURIDAD INTERIOR”?, ¿ALUDE AL NARCO Y A LAS MOVILIZACIONES COMO LAS QUE VIVIÓ EL PAÍS POR EL AUMENTO AL PRECIO DE LA GASOLINA?

La opinión pública está ahora entretenida con los destapes y las reacciones de aspirantes a las candidaturas de los diversos partidos e independientes que buscan la Presidencia de la República, ello allana el camino para que sin mucho ruido ni reflectores se avance en el Poder Legislativo Federal con iniciativas  tan polémicas como riesgosas. 

Y es que parece podría generarse un albazo legislativo y con ello nuestro país convertirse en un Estado militar si logra consenso la aprobación del dictamen de la Ley de Seguridad Interior, que presentará el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados al Congreso de la Union.

Algunos analistas han decido llamar a la Ley de Seguridad Interior ‘La ley golpista’ segun dicen eso queda en relación a cómo se delata la intención que lleva ese dictamen que dicen es a todas luces inconstitucional y que desconoce los tratados internacionales ratificados por nuestro país.

Durante 11 años, las fuerzas armadas se han desplegado en el territorio nacional y se han hecho cargo de la lucha contra el crimen organizado, asumiendo la responsabilidad que han abandonado por completo los gobernadores. Los resultados no pueden ser más catastróficos. Basta saber que, de acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por su sigla en inglés), “la violencia derivada de la militarización de la lucha contra el narcotráfico en México alcanzó los niveles de un país en guerra abierta: en 2016, los 23 mil homicidios dolosos registrados convirtieron el país en el segundo lugar con el mayor número de asesinatos en el planeta, después de Siria”.
No solo está en juego la seguridad, con esta ley se perpetuarían los niveles crecientes de violencia, y además se vulnerarían las instituciones democráticas arrebatándole la responsabilidad de la seguridad pública a los civiles, para dejarla en manos de las fuerzas armadas, sin incluir ningún mecanismo de contrapeso y rendición de cuentas.

Si lo que se busca realmente es fortalecer la estrategia de seguridad pública, estamos a tiempo de construir un consenso social que progresivamente regrese a los militares a sus cuarteles y que construya alternativas para el fortalecimiento de las policías. La salida comienza por respetar la Constitución y regular el artículo 29.

Dicen varios comentaristas que los legisladores que proponen este dictamen, quienes lo aprueben y quienes tengan en mente encabezar la presidencia del país en 2018 avalándolo, serán recordados por ser promotores de un cambio de rumbo nacional que resquebraja derechos y libertades fundamentales. Señalan los críticos de este dictamen discutiéndose ahora en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados que  el citado dictamen para la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, a través de la cual se faculta al ejército para intervenir en cuestiones de “seguridad nacional”, implica la aprobación de un estado de excepción permanente, que solo puede ser autorizado por la Constitución en tiempo de guerra y destacan cómo amenazas graves provocadas por el esquema legal que se pretende aprobar: 1. Tendrán las fuerzas armadas fácultades para realizar acciones preventivas a su criterio, 2. No se establecen controles para verificar el respeto a los derechos humanos fundamentales por las fuerzas armadas convertidas en policiales, 3. Se permitirá sin control la intervención de más fuerzas militares intervenir sin control para frenar protestas sociales, 4. Prohíja opacidad absoluta al clasificar toda información sobre las medidas para ‘asegurar el éxito de la seguridad interior’, sin imponer límites de tiempo o de nivel de impacto a las afectaciones a La sociedad que se generen con el pretexto de asegurar el éxito de preservar seguridad interior, 5. Debilita la autoridad y capacidad de los gobiernos civiles locales, fomenta la excesiva e incontrolada intervención militar en asuntos de inteligencia a cargo de las corporaciones civiles de seguridad, entre otras más.

Será menester revisar a detalle lo que se pretende aprobar y evitar que con pretexto de preservar la seguridad nacional Mexico caiga en un estado faccioso o en una especie de régimen dictatorial castrense.

Siguen generándose reacciones en relación a la polémica Ley de Seguridad Interior en México que recién se aprobó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Dicha Ley de Seguridad Interior propone regularizar la presencia del Ejército y la Armada en las calles y areas públicas de Mexico.   

Desde hace ya aproximadamente 11 años que el titular del Poder Ejecutivo Federal ha vendido disponiendo de las Fuerzas Armadas como si fueran cuerpos policiales u como ejemplo está el que en el año 2006, el en esa época Presidente Felipe Calderón Hinojosa ordenó el despliegue de miles de soldados en Michoacán para combatir a los cárteles del narcotráfico y después en otros varios estados del país. Desde entonces, más de 750000 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina han sustituido a las corporaciones policíales en cientos de municipios de todo el país.

Gran parte de la oposición en el Congreso federal, así como muchas importantes organizaciones de la sociedad civil, cuestionan la pertinencia de una ley que, a su juicio, generará mayor violencia, más violaciones a los derechos humanos fundamentales y además otorgara un poder casi absoluto a las Fuerzas Armadas.

Para establecer un contexto sobre la polémica inherente a la presencia y acción ahora ya legitimada de las fuerzas armadas es de apreciar la gran cantidad de quejas que ha recibido durante los últimos 12 años la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CEDHJ) por casos de tortura, desaparición forzada y homicidio presuntamente cometidos por elementos militares.

Al respecto, La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México reitera las palabras de su representante, Jan Jarab, en un discurso que dio al respecto en el pasado mes de febrero: “Deberíamos dar un paso más atrás y preguntar, ‘¿es la seguridad interior el marco conceptual adecuado para abordar los retos de criminalidad y violencia que enfrenta México?‘ El concepto de ‘seguridad interior’ se asocia a un entendimiento de la seguridad propio de los regímenes autoritarios” y lo cierto es que muchos de los detractores del proyecto de ley de Seguridad Interior  coinciden con Jarab, al defender que los problemas son de fondo, de fundamento. En un decálogo que organizaciones mexicanas han difundido estos días, se lee: “las definiciones del proyecto son imprecisas, y permiten que todo quepa en el concepto de seguridad interior”.

Y es qué hay algunas interrogantes y grandes críticas y se cuestiona : ¿A qué se refiere el Gobierno de Enrique Peña Nieto con seguridad interior?
¿Alude al narco, a la delincuencia en general, a protestas y movilizaciones como las que vivió el país a principios de año a cuenta del aumento del precio de los combustibles? Según su propia definición, la seguridad interior es “una función a cargo de los Poderes de la Unión, para resguardar la seguridad de sus habitantes, la plena vigencia del Estado de Derecho y la permanencia del orden constitucional”.

Las organizaciones sociales y cívicas critican que la aprobación de ley implicará la militarización de facto del país; que el Gobierno podrá declarar amenazas a la seguridad interior frente a cualquier situación, ya sean problemas de delincuencia común, organizada o protestas sociales.

La oposición en el Congreso federal se ha desmarcado del partido de Gobierno y ha rechazado la aprobación de la ley, querían que la ley fomente la capacitación de policías para que, en unos años, puedan encargarse de nuevo de la seguridad, pero el gobierno y sus diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han decidido dejar fuera de la discusión ese tema.
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