Mordidas y ladridos

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Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya

Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya

LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA TAMBIÉN PREPARA UNA NUEVA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN QUE PODRÍA ABONAR A LAS SOSPECHAS QUE RECAEN SOBRE LOZOYA, SI ES QUE PEÑA LO PERMITE

Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontrara vínculos de pagos irregulares entre Odebrecht y los pagos de Petróleos Mexicanos (Pemex) por más de mil millones de pesos, se fortalecen los elementos que refuerzan los señalamientos sobre el pago de sobornos al ex director Emilio Lozoya, y su presunta utilización en la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012. En la revisión del contrato, la ASF determinó que Pemex Transformación Industrial contrató a Odebrecht pese a que no cumplía con la experiencia ni la capacidad técnica para realizar los trabajos de disposición final del material contaminado a retirar, por lo que la ejecución de los trabajos fueron subcontratados a otra empresa, la que a su vez contrató a otra empresa que al final realizó las labores. Entre otras anomalías, la ASF detalló que diversos costos de insumos fueron excesivos y no fueron justificados. El contrato fue firmado durante la periodo en el que el director general de Pemex era Emilio Lozoya

Tan solo en 2016, se realizaron presuntos pagos irregulares por más de 950 millones de pesos a la empresa constructora Odebrecht, para realizar obras en la Refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo.

Los posibles pagos irregulares de los que se vio beneficiada Odebrecht – compañía acusada de sobornar a funcionarios de varios países entre ellos México, para obtener contratos – son por sobrecostos de hasta 300% en materiales y mano de obra facilitados por la falta de competencia, ya que la empresa recibió este y otros contratos por adjudicación directa.

Estos pagos anómalos representan un posible fraude al erario público y de no solventarse darían paso a denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable.

El informe de resultados de la ASF muestra que Pemex Transformación Industrial benefició con al menos tres contratos a la compañía Constructora Norberto Odebrecht entre 2013 y 2015 (aunque en 2016 se continuaron haciendo pagos). Dos de estos contratos están relacionados con obras en la refinería Miguel Hidalgo de Tula y uno más en Salamanca.

De estos contratos solamente uno, el número PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 cuyo concepto es “Acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo” está terminado, aunque con un gasto de poco más del 60% por arriba del monto original. El contrato original era por mil 436 millones de pesos, pero Pemex terminó pagando más de dos mil 315 millones de pesos, en lo que literalmente es un abuso.

LOS OTROS DOS CONTRATOS, CUYO VALOR CONJUNTO SUPERA LOS 3 MIL 500 MILLONES DE PESOS ESTÁN SUSPENDIDOS POR FALTA DE PRESUPUESTO.

Estas contrataciones las realizó Pemex Transformación industrial vía adjudicación directa, es decir sin realizar un proceso de concurso público, con el argumento de que era necesario hacerlo para acelerar los trabajos y garantizar el buen funcionamiento de las refinerías, actos que desde luego no dejan de ser cínicos y alevosos.

En términos generales, Pemex Transformación Industrial no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la adjudicación de estos contratos.

Las irregularidades detectadas por los auditores se centran en el único de los tres contratos ya finiquitado, el de obras para el aprovechamiento de aguas residuales en la Refinería Miguel Hidalgo de Tula. En total se detectaron ocho distintos tipos de anomalías de acuerdo con el informe de resultados. Luego entonces hay sospecha fundada en que aun puede haber más contratos plagados de corrupción.

El principal fraude reportado, por un monto de poco más de 707 millones de pesos, fue por los “pagos en exceso” que realizó Pemex por 13 conceptos distintos relacionados con la obra que se le dio a Odebrecht vía adjudicación directa. Los auditores detectaron esto cuando compararon lo que Odebrecht cobró respecto a lo que otra empresa mexicana recibió por un contrato distinto que ganó vía licitación pública.

El resultado: exactamente por los mismos conceptos la empresa brasileña percibió pagos con sobrecostos de 60 hasta 300% en comparación con lo que reportó la empresa mexicana.

“Se constató que los precios unitarios contratados fueron altos, debido a que en su integración se consideraron costos fuera de mercado y rendimientos bajos de los insumo”, señalaron los auditores.

Utilizando esta misma metodología los auditores encontraron más anomalías: herramientas con sobrecosto por 13 millones 639 mil pesos; pagos en exceso por un millón 287 mil pesos relacionados con una malla galvanizada y por 79 millones 164 mil pesos relacionados con extracción y traslado de agua, entre otros.

Salieron a la luz además pagos irregulares por casi 140 millones de pesos relacionados con el sobrecosto que tuvo este contrato.

El informe añade que Pemex, al haber incurrido en todas estas irregularidades “no garantizó la obtención de las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Estado, ni administró con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos públicos asignados para el proyecto”.

Los otros dos contratos que Odebrecht obtuvo también por adjudicación directa están suspendidos, el argumento de Pemex es la falta de presupuesto.

Uno de ellos es el número DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14 por obras para la conversión de aguas residuales en la Refinería de Salamanca por un monto de mil 746 millones de pesos, de los cuales ya fueron pagados más de 400 millones de pesos. Las obras están suspendidas desde el 14 de marzo de 2016.

El otro es el contrato DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3- 15, cuyo objeto es la “Construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la Refinería Miguel Hidalgo”. El monto del mismo asciende a mil 800 millones de pesos de los cuales más de 400 millones fueron pagados en 2016. Pero este contrato está suspendido desde el 7 de marzo de 2016.

En el caso de las obras externas en la Refinería Miguel Hidalgo se han identificado posibles sobrecostos que ascienden a los 229 millones de pesos, y en el caso del contrato en la Refinería de Salamanca se identificaron posibles pagos en exceso por un monto de 52 millones de pesos en mano de obra que están a la espera de aclaración.

Al revisar otro contrato, la ASF también detectó anomalías en la subrogación de servicios médicos para trabajadores petroleros durante 2016.

Pemex contrató a la empresa MediAccess, en consorcio con eCareSoft México, por un monto máximo de 1,200 millones de pesos, sin embargo, terminó pagando 1,305 millones de pesos, es decir casi 9% más.

De acuerdo con la ASF, Pemex no llevó a cabo el proceso de adjudicación con transparencia, pues no hubo la participación de un testigo social; además, la empresa falló en implementar el “Sistema Electrónico de Gestión Clínica y Financiera” que se le había requerido.

El órgano auditor determinó que tras las irregularidades, tan solo en el asunto de los servicios médicos, pueden ser recuperados alrededor de 160 millones de pesos y también pidió iniciar seis procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria por este rubro.

Como dice la Chimoltrufia, “como digo una cosa, digo otra”; ahora resulta que lo que antes era público hoy es reservado, y el fundamento legal es cuestionable. La denuncia ya se dio a conocer y es que a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) informó, en mayo de 2017, detalles sobre la investigación que realiza por los presuntos sobornos millonarios que otorgó la constructora brasileña Odebrecht a altos funcionarios mexicanos, ahora la dependencia decidió reservar por cinco años dicha información. Esto, según antecedentes de resoluciones en materia de transparencia, es una contradicción puesto que no se pone en riesgo la investigación que se realiza sobre el mayor caso de corrupción registrado en América Latina. Recientemente ante la petición de un medio informativo nacional sobre la

actualización de la información dada por la dependencia federal sobre el número de funcionarios y ex funcionarios que habían sido llamados a declarar por el caso Odebrecht, la PGR concluyó que ésta forma parte de una carpeta de investigación en trámite por lo que es reservada, de acuerdo con el artículo 110, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). El cual a su vez, fundamentó la PGR, guarda relación con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que indica que los registros de una investigación son estrictamente reservados. No obstante, en mayo la PGR informó que ya se habían tomado las declaraciones de 10 funcionarios y 9 ex funcionarios de Pemex, quienes intervinieron en la adjudicación de 4 contratos de obra pública que fueron asignados a las empresas Odebrecht S.A. y Braskem S.A. Asimismo, que se tomaron declaraciones mediante la asistencia internacional a 3 directivos de las dos empresas antes señaladas. Hoy nada se puede decir ya.

Sin embargo el sol no se tapa con un dedo y ahora, ha trascendido que la empresa Construcciones Industriales Tapia, una de las empresas consentidas por Pemex y subcontratista de Odebrecht, incursionó en las obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Fuentes del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) aseguraron que la empresa hidalguense participa en el proyecto de la Torre de Control de Tráfico Aéreo del Nuevo Aeropuerto, cuyo contrato –por mil 242 millones de pesos sin IVA– ganó el consorcio de las españolas Construcciones Aldesem y Aldesa Construcciones, así como por la mexicana Jaguar Ingenieros Constructores.

En agosto de 2016, asociada con Odebrecht y Pimosa, Construcciones Industriales Tapia concursó y ganó la licitación –por 8 mil 750 millones de pesos– para construir la pista 3 del Nuevo Aeropuerto, de 5 kilómetros de largo y 60 metros de ancho.

A inicios de octubre, la PGR abrió una investigación contra 13 empresas que tuvieron relación con Odebrecht en contratos adjudicados por Pemex de 2010 a la fecha, entre ellas la Cooperativa La Cruz Azul y Construcciones Industriales Tapia que fue subcontratada por Odebrecht y que también conformó con OHL el consorcio ganador del contrato de la planta de hidrógeno y el gasoducto de la refinería de Cadereyta, en 2013.

Desde 2012, Construcciones Industriales Tapia ha obtenido otros jugosos contratos como el DCPA-OP-SCC-SPR-CPFG-A-15 por un monto de 100.9 millones pesos y 19.7 millones de dólares para reparar la planta catalítica 1 de la refinería de Cadereyta durante 2015 y agosto de 2016.

Por si lo anterior no fuera poco, en marzo de 2017, la Policía Federal halló una toma clandestina en la sede de Construcciones Industriales Tapia, ubicada en el Parque Industrial de Atitalaquia, en Tula, Hidalgo, frente a la refinería de Pemex.

Ahora, mientras pululó el distractor orquestado desde el gobierno federal para olvidar un poco al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, cuyo patiño sin querer serlo fue el ahora incomodo para el gobierno Santiago Nieto, los periódicos O Globo, de Brasil, y El País, de España, revelaron que tres ex directivos de Odebrecht afirmaron que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, recibió 10 millones de dólares en “propinas” a cambio de dar a la firma brasileña una obra en la refinería de Tula. ¡Así o más claro!

O Globo informó que documentos obtenidos muestran que a cambio de esa cantidad, la empresa ganó una licitación de 115 millones de dólares para hacer las obras de terraplén de la refinería ubicada en Hidalgo.

El medio brasileño detalló que, en 2011, el ahora ex director de la petrolera recomendó a Odebrecht que se asociara a una empresa local, la contratista Construcciones Industriales Tapia, para participar en la futura licitación de la refinería.

La auditoría de las cuentas públicas de 2016 aumenta la presión sobre Emilio Lozoya. El nombre del exdirector de Pemex ha sido vinculado a las investigaciones que la Fiscalía y la Secretaría de la Función Pública han realizado sobre el supuesto pago varios millones de dólares en sobornos dados por directivos de Odebrecht a funcionarios de la petrolera desde marzo de 2012.

En agosto pasado, Lozoya trató de conocer mediante sus abogados si su nombre figuraba en las investigaciones dirigidas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. El entonces fiscal, Santiago Nieto, deseaba saber si el dinero de la constructora brasileña había llegado a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, donde Lozoya era coordinador de vinculación internacional. El resultado de la pesquisa es incierto porque el Gobierno de Peña cesó al fiscal el pasado 20 de octubre.

Ha trascendido que un funcionario de la Secretaría anunció en el Congreso Federal que investigan el supuesto pago de un soborno de 4.5 millones de dólares dado por Braskem, una filial de Odebrecht, a autoridades mexicanas. El moche fue dirigido para facilitar la instalación de Etileno XXI, la mayor petroquímica de América Latina en Veracruz. En 2013, Marcelo Odebrecht supervisó los avances de la obra con Emilio Lozoya y el entonces gobernador, Javier Duarte, hoy en prisión. Dos años después, un funcionario de la constructora brasileña aceptó ante la policía que se habían pagado las mordidas.

 

@salvadorcosio1

opinión.salcosga@hotmail.com

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