Enrique, Emilio y Marcelo: complicidades en Odebrecht

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Salvador Cosio-08Y siguen surgiendo datos que provocan se incremente el escándalo por el famoso caso Odebrecht. Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que se hicieron ”pagos en exceso” de la empresa petrolera gubernamental Petróleos Mexicanos (PEMEX) a la compañía constructora brasileña Odebrecht hasta por 40 millones de dólares.

Según un informe de la ASF sobre los resultados de auditoría en el año 2016, Pemex acumula un total de 66 millones en lo que denomina “pagos improcedentes”, según el informe del órgano fiscalizador de 2016. Se considera probado que se realizaron dichos “pagos en exceso” al consorcio brasileño por valor de casi 787 millones de pesos en el marco de dos contratos de “acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el aprovechamiento de residuales”, así como de “suministro de agua para rellenos” en su refinería Miguel Hidalgo en Tula de Allende, del Estado de Hidalgo. Los sobreprecios superan el 60%.

Como se ha venido difundiendo, durante muchos años, la citada constructora Odebrecht tejió una enorme red de corrupción con ramificaciones en varios países de América Latina, entre ellos México. Esto a pesar de que en nuestro país el Gobierno federal a cargo del presidente Enrique Peña Nieto, había estado buscando atenuar impactos, así como poder en lo posible evitar incoar averiguaciones criminales en razón de la vinculación inherente a uno de los personajes más cercanos al mandatario: Emilio Lozoya Austin, quien ahora es ex director de Pemex. Además, las vinculaciones inherentes a la relación de recursos de ese asunto pudieron haber sido trasmitidos al Partido Revolucionario Institucional (PRI); específicamente pagos de temas vinculados a la campaña  presidencial del propio Peña Nieto. En total, sumando algunos otros contratos en los que Odebrecht no figura directamente como prestador del servicio, pero sí algunas empresas vinculadas a la constructora brasileña, Pemex habría realizado “pagos improcedentes” por valor de casi 1,250 millones de pesos en dos proyectos: el citado de Tula de Allende y otro de características similares en Salamanca.

La ASF considera ese monto “recuperable” para el erario mexicano. El grueso de esa cantidad (937 millones de pesos) tiene que ver con la no revisión por parte de Pemex de que los precios contratados fueran “razonables y convenientes en relación con las obras o trabajos similares”.

En el caso del primer contrato cuestionado entre  Pemex y Odebrecht, se documentan por la ASF irregularidades por más de 707 millones de pesos y se menciona que queda constatado que los precios unitarios acordados fueron altos, debido a que se consideraron costos fuera de mercado y rendimientos bajos de los insumos. Para probar esto último, la ASF compara dichos precios con los que figuran en otro contrato para un proyecto similar en su refinería Antonio M. Amor de Salamanca. La fecha de ejecución del proyecto iba del 17 de febrero de 2014 al 17 agosto de 2015, cuando Emilio Lozoya todavía era director de Pemex. En el segundo contrato entre Pemex y el gigante brasileño de construcción involucrado en varios casos de soborno, la ASF presume lo que llama: “probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal”, y lo valúa por un monto superior a 79 millones de pesos.

En su dictamen, hecho público hace unos días aunque fechado hace casi tres semanas, la ASF subraya: “Se ha analizado la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada (PEMEX) para aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas, con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares, detectándose las anomalías financieras y presupuestales señaladas”.

EN EL MES DE ABRIL PASADO PEMEX TUVO QUE PUBLICAR LOS CONTRATOS EN CUESTIÓN EN UN INTENTO POR ARROJAR TRANSPARENCIA SOBRE UNOS HECHOS QUE HAN DAÑADO LA REPUTACIÓN DE LA EMPRESA. 

Como es sabido, la ASF es la entidad responsable de auditar y valorar las cuentas públicas de las dependencias gubernamentales dependientes directas de los  tres poderes del gobierno federal mexicano, así como de los órganos constitucionalmente autónomos, el dinero federal ejercido por las entidades federativas y los municipios de todo México. La ASF también se encarga de todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluidos los particulares. Conforme a su mandato legal, el propósito de la ASF es: “verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas, y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público”.

La auditoría de las cuentas públicas de 2016 aumenta la presión sobre Emilio Lozoya Austin: el nombre del ex director de Pemex ha sido vinculado a las investigaciones que la Procuraduría General de la Republica (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) han realizado sobre el supuesto pago de una suma cercana a los 10 millones de dólares en sobornos dados por directivos de Odebrecht a funcionarios de la petrolera mexicana desde marzo de 2012.

En agosto pasado, Lozoya trató de conocer mediante sus abogados si su nombre figuraba en las investigaciones dirigidas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. El fiscal, Santiago Nieto, deseaba saber si el dinero de la constructora brasileña había llegado a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, donde Lozoya era coordinador de vinculación internacional. El resultado de la pesquisa es incierto: el Gobierno fulminó al fiscal el pasado 20 de octubre.

El papel principal de Lozoya al frente de Pemex fue preparar el terreno ante la inminente apertura a la competencia con la aprobación de la Reforma Energética, a finales de 2013. “Fueron 39 meses de un arduo esfuerzo para transformar la firma pública en una empresa moderna, eficiente y competitiva, dotándola de las herramientas necesarias para hacer frente a los retos y desafíos de un mercado abierto”, dijo Lozoya a los empleados el 8 de febrero de 2016, su último día en el cargo.

 

Nueva línea de investigación

La Secretaría de la Función Pública también prepara una nueva línea de investigación que podría abonar a las sospechas que recaen sobre Lozoya. Este martes, un funcionario de la Secretaría anunció en el Congreso que investigan el supuesto pago de un soborno de 4.5 millones de dólares dado por Braskem, una filial de Odebrecht, a autoridades mexicanas. El soborno fue dirigida para facilitar la instalación de Etileno XXI, la mayor petroquímica de América Latina, en Veracruz. En 2013, Marcelo Odebrecht supervisó los avances de la obra con Emilio Lozoya y el gobernador, siendo en esa época Javier Duarte de Ochoa.

Y en tanto el asunto continúa enredándose y el escándalo aumentando, la sociedad incrementa su repudio.

Siguiendo con el asunto del escándalo internacional provocado por los malos manejos y las acciones turbias, e incluso lesivas con carácter delictivo, realizadas por la constructora brasileña Odebrecht, Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha emitido un comunicado mediante el que afirma que “aportará toda la información necesaria” para la investigación del caso;  y acentúa que aportará todos los datos y documentos que solicite la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una de las instancias responsables, junto con la Procuraduría General de la Republica (PGR), de la investigación del caso Odebrecht. En el cuerpo del comunicado se indica: “Pemex atenderá dentro del plazo concedido las observaciones realizadas por la ASF, una vez que las mismas sean notificadas, y aportará toda la información necesaria a fin de que se determine y sancione cualquier acto ilícito cometido en contra de la empresa productiva del Estado”; además, ha resaltado que “colabora estrechamente con las instancias de procuración de justicia desde que se tuvo conocimiento de los resultados de las investigaciones a Odebrecht en Brasil”. El documento también expresa: “Petróleos Mexicanos es el principal interesado en aclarar cualquier acto ilícito que se haya cometido. No habrá impunidad ni en éste ni en ningún otro caso donde se comprueben anomalías”.  El comunicado de Pemex ha sido publicitado luego de que la ASF ha señalado en un informe que los pagos “improcedentes” y “excesivos” de Pemex a Odebrecht superan los 707 millones de pesos.

Hay que recordar que la compañía Odebrecht y su filial petroquímica, Braskem, llegaron el pasado diciembre a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por el cual admiten el pago de sobornos a funcionarios de 12 países para conseguir contratos públicos. Ambas compañías se han comprometido a pagar conjuntamente una multa de 3 mil 500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos en los Estados Unidos, Suiza y Brasil.

Este acuerdo se enmarca en las investigaciones estadounidenses por el caso ‘Lava Jato’, en el que las autoridades brasileñas indagan sobornos a políticos de distinto signo para lograr contratos de la petrolera estatal Petrobras. La empresa constructora ha reconocido que pagó más de 2 mil millones de dólares en sobornos a funcionarios y políticos brasileños y otros 439 millones de dólares en otros países de la región, siendo Venezuela, Panamá y República Dominicana los más afectados.

Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya

Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya.

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya compareció ante la PGR por su presunta implicación en el caso de los sobornos de Odebrecht.

Ya se ha comentado profusamente que Pemex realizó pagos irregulares por unos 46 millones de dólares a la brasileña Odebrecht, al generar sobrecostos sin justificar correctamente para las obras en una refinería. La ASF reportó presuntos pagos irregulares de Pemex Transformación Industrial en un contrato de obra pública para la refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, en el céntrico estado de Hidalgo. Para la construcción de accesos y obras externas en dicha refinería, Odebrecht hizo un ajuste de 20 por ciento en el contrato, según la revisión realizada por la ASF.

Pemex firmó un contrato por mil 811 millones de pesos, pero en 2015 se determinó un incremento de 358.2 millones, según el segundo informe sobre la Cuenta Pública de 2016 de la Auditoría. Así que, finalmente, Pemex pagaría 2 mil 169.8 millones de pesos por estas obras. Sin embargo, el contrato ya no se terminó, pues fue suspendido desde el 7 de marzo de 2016 a raíz de la falta de presupuesto.

Eso no significa que no hubo pagos para este proyecto de aprovechamiento de aguas residuales, pues el año pasado, según detectó la ASF, Pemex erogó 403.3 millones de pesos para la obra.

Odebrecht es investigada en varios países por la entrega de sobornos a funcionarios con el fin de obtener contratos de obra pública, entre ellos México.

Habrá que ver qué tan cierto sea que Pemex atenderá las observaciones realizadas por la ASF y aportará toda la información necesaria para que se determine y sancione cualquier acto ilícito cometido en su contra. Además, hay que ver que en realidad la ASF dictamine con veracidad e imparcialidad, así como que, en su momento, la PGR haga su labor apegada a derecho sin proteger a personajes como Emilio Lozoya Austin (tan cercano a Enrique Peña Nieto) al que se acusa de operar los sobornos y las operaciones turbias.

 

@salvadorcosio1

opinión.salcosga@hotmail.com

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