Indefensos ante desastres naturales

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El fondo federal para atender las consecuencias negativas o desastres por los fenómenos naturales en México, está atrapado en la burocracia y las mañas o prácticas corruptas. No por cualquier cosa o asunto menor la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado irregularidades y retrasos que persisten en dicho fondo, cuyo nombre legal es el de Fondo Nacional para Apoyo en Desastres Naturales (Fonden) y es operado por la Secretaría de Gobernación que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong. Ese fondo, compuesto por los recursos del presupuesto federal destinados a que se atiendan los daños ocasionados por fenómenos naturales, no opera con agilidad esos recursos. Desde que fue creado a finales de la década de los noventa, las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno que han recurrido buscando obtener los apoyos para hacer frente a los desastres ocasionados por un huracán, ciclón o tormenta tropical, una sequía atípica o un sismo, se han quejado que la ayuda nunca se recibe de manera inmediata. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), que es el órgano fiscalizador de los recursos públicos federales, ha documentado retrasos e irregularidades con las que históricamente ha operado.

A ya suficientes días de que la Ciudad de México quedara fuertemente dañada a causa del sismo ocurrido el 19 de septiembre, el Jefe de Gobierno de CDMX, Miguel Ángel Mancera, pidió al presidente Enrique Peña Nieto, agilizar la entrega de recursos del FONDEN, solicitando “flexibilizar u obviar” algunos trámites para acceder más oportuna y rápida a los apoyos que permitan reconstruir los daños en la infraestructura de la gran urbe.

Pero lo malo es que no se advierte que en un plazo corto vaya a cambiar esa situación, por más que el Presidente Peña Nieto haya ofrecido recientemente que habrán de revisarse las reglas, a efecto de encontrar cómo se agilicen los procesos para atender las necesidades urgentes, no hay una respuesta contundente.

En días pasados, también la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se pronunció fuertemente exigiendo modificar las reglas de operación del fondo de desastres, siendo a través de un punto de acuerdo que los diputados locales capitalinos destacaron que el Gobierno de la Ciudad, a partir de la firma de la declaratoria de emergencia, estableció un protocolo para revisar viviendas y edificios, siendo necesario se generen las condiciones de agilización para la entrega oportuna de los financiamientos correspondientes.

En 2013, los desastres provocados por fenómenos naturales ocurridos en México, constituyeron un fenómeno histórico: los efectos dañinos causados en la población y la infraestructura pública obligaron al Gobierno Federal a destinar mayores recursos al FONDEN.

En el estado de Guerrero se destinó una bolsa millonaria para reconstruir la infraestructura de comunicación y transportes, hidráulica, educativa, urbana, de salud y vivienda afectada por los sismos y lluvias severas ocurridas en 2011, 2012 y 2013. En una auditoría que revisa esos recursos públicos, la ASF encontró que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) inició obras y acciones en Guerrero con atrasos de hasta 119 días con relación a la fecha de aprobación de recursos. La dependencia no comprobó el cumplimiento del plazo de ejecución de las obras establecido en 52 contratos y no acreditó que las viviendas fueron entregadas por el contratista a la dependencia en la fecha estipulada. En la Comisión Nacional del Agua (Conagua), funcionarios tramitaron recursos para apoyos inmediatos por 158 millones de pesos, pero no ejercieron el 61.6% en los 30 días posteriores al evento, por esa razón se solicitó al Órgano Interno de Control de la Conagua realizar las investigaciones a fin de iniciar un procedimiento administrativo por las omisiones en las que incurrieron los servidores públicos.

La ASF concluyó que existieron deficiencias en la ejecución y seguimiento de los recursos etiquetados para la atención de acciones emergentes, ya que no se ejecutaron oportunamente. En algunos casos se documentó que no se proporcionó evidencia de las obras de carácter prioritario y urgente que serían efectuadas con recursos públicos para enfrentar la situación crítica del desastre natural.

El fondo de desastres naturales busca mitigar los efectos que ocasiona un fenómeno natural en la infraestructura de comunicaciones, hidráulica, eléctrica, educativa, de salud, urbana, de vivienda y turística. Se establecen mecanismos que permiten apoyar a las entidades federativas cuando los daños ocasionados por los “fenómenos naturales perturbadores” superan su capacidad financiera. 

El acuerdo por el que se creó el Fonden establece que “la atención debe ser oportuna, efectiva y eficiente” pero es obvio que en realidad no es así.

Los trámites burocráticos en los que está inmerso el Fondo Nacional de apoyo a Desastres Nacionales (FONDEN), que generan la dilación para que fluyan los recursos financieros destinables a remediar las consecuencias negativas de los fenómenos naturales como huracanes, ciclones, tormentas tropicales, sequías extremas o terremotos,  obedecen a que se han intensificado los requisitos y trámites; lamentablemente ante todos los demasiados actos de corrupción y la desconfianza de la sociedad, se ha provocado la necesidad de muchos trámites engorrosos y lentos a cargo de gran burocracia, lo que con el objeto de buscar controlar mejor el manejo de los recursos, hacen mucho muy tortuosos los procesos para poder hacer uso de ellos.

Pero el tema continúa siendo la mezcla de excesiva regulación, aplicación impropia de normas, manipulación, burocratismo, corrupción y la gran desconfianza social ante las actividades gubernamentales.

Una de las razones de la tardanza en que fluya el dinero es que no se logra una inmediata coordinación entre las diversas autoridades; aunque también debe destacarse que el fideicomiso va dirigido a fondear principalmente obras de reconstrucción o reparación de infraestructura que, por su naturaleza y dimensión, tardan bastante tiempo en ejecutarse. Es normal, pues, que deba haber un reconocimiento de daños y un proyecto que diga cuánto va a costar, además de generarse las condiciones de selección adecuada en cuanto a quién lo va a realizar, cómo se va a hacer y si ello resulta ser la mejor opción. Aun así, no hay intentos serios de una revisión y la consecuente reforma a las normas y procesos para que, sin perder control y vigilancia adecuados, se pueda avanzar hacia una agilización de los procedimientos que permitan fluidez en los recursos públicos federales destinados a hacer frente al apoyo a las consecuencias negativas de los fenómenos naturales.

Reportes de la ASF

Tras la revisión de la cuenta pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó en su dictamen haber encontrado una serie de irregularidades y retrasos en las obras autorizadas en el estado de Chiapas con recursos del FONDEN. El reporte de la ASF es que en septiembre del año 2013 se autorizaron cuantiosos recursos para atender los daños ocasionados en territorio chiapaneco por la presencia del huracán “Bárbara”, que afectó a 12 municipios de esa entidad en mayo de 2013; se repartieron apoyos para vivienda, adquisición de suelo e introducción de servicios básicos. No obstante, hay datos como el que en una localidad chiapaneca, los habitantes afectados recibieron el apoyo de vivienda hasta finales del año pasado, pese a que fueron afectados desde 2013, además que no recibieron los títulos de propiedad. Los pobladores de la pequeña población pesquera denominada ‘La Gloria’, en el municipio de Arriaga, denunciaron en octubre de 2016 las deficiencias en la construcción de 38 viviendas y alertaron que la zona en que se ubican es de alto riesgo. El órgano fiscalizador federal encontró que transcurrieron hasta 317 días desde la fecha acordada para iniciar los trabajos en el predio seleccionado para edificar las casas hasta su fecha de inicio real. El reporte señala: “No se cumplió con el objeto de atender en forma inmediata la emergencia y apoyar a las personas afectadas”. En la auditoría practicada por la ASF también se exhibió que la empresa de supervisión de obras no cumplió con sus obligaciones, siendo claro y contundente lo que en el reporte se dice al respecto:  “La empresa supervisora no detectó la ejecución de trabajos de mala calidad, como instalaciones eléctricas e hidrosanitarias expuestas, aplanados inconclusos y de mala calidad, salitre en pisos, acero expuesto en trabes y castillos, falta de emboquillados en puertas y ventanas, muros y trabes desplomadas, losas de azotea fisuradas, sanitarios sin operar por la falta de conexión a la red de alcantarillado, viviendas sin tinacos y desprendimiento de pintura en las paredes de las casas”.

En otro informe de la ASF tras la revisión de los recursos federales destinados para atender los daños ocasionados por el huracán Odile en Baja California Sur, se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como a la de Secretaría de  Gobernación, fortalecer los mecanismos de supervisión del fondo, sugiriéndose también evaluar la posibilidad de modificar las reglas  a fin de que las obras se cumplan en el plazo establecido.

El diputado federal, Vidal Llerenas Morales, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), que es miembro de la Comisión de presupuesto y cuenta pública, destaca que el dinero del Fonden, al ser ejercido de emergencia, siempre presenta irregularidades en las auditorías federales y acentúa: “Se presta a que haya irregularidades porque a la hora de ejecutar proyectos, algunas veces se obvian los procedimientos normales, por ejemplo, para hacer alguna licitación rápida. Entonces es probable que por eso sucedan irregularidades”.

Lo cierto es que la burocracia excesiva frena entrega de bienes en apoyo a damnificados por los desastres provocados por fenómenos naturales y eso hace sufrir más a las víctimas de estos eventos naturales destructivos, ya que, además de la pérdida de sus viviendas y, en algunos casos, de sus familiares, los damnificados se enfrentan a los vicios de la excesiva burocracia y la corrupción o malas prácticas gubernamentales para recuperar parte de sus bienes o recibir apoyos, como el estar obligados a declarar en forma detallada y minuciosa los bienes dañados incluyendo datos de difícil acceso. Se enfrentan, pues, con la excesiva burocracia del Ministerio Público para identificar y recuperar sus bienes, a lo que la Procuraduría de Justicia capitalina argumenta que no son trámites burocráticos, sino un esfuerzo para dar seguridad jurídica y garantizar que las cosas se entregan a los verdaderos dueños y que sólo basta que las describan. El asunto es encontrar la forma en que se pueda facilitar los trámites sin perder control más evitando excesivo burocratismo y proclividad a la corrupción, asunto que parece un enorme reto difícil de lograr en un país como el nuestro.

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