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2017-10-22
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Crisis CATALANA

DE TODOS LOS ESCENARIOS PREVISTOS PARA CATALUÑA, SE HA LLEGADO AL PEOR POSIBLE El Gobierno español que encabeza Mariano Rajoy ha diseñado un marco muy general de intervención de competencias de la Generalitat de Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución que luego aplicará cada ministro en su ámbito de responsabilidad. Rajoy envió... Read More
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Manifestantes en Cataluña.

DE TODOS LOS ESCENARIOS PREVISTOS PARA CATALUÑA, SE HA LLEGADO AL PEOR POSIBLE

El Gobierno español que encabeza Mariano Rajoy ha diseñado un marco muy general de intervención de competencias de la Generalitat de Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución que luego aplicará cada ministro en su ámbito de responsabilidad. Rajoy envió al Senado un plan gradual para reconducir al gobierno “rebelde” hacia la ley que empieza por destituir a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y demás consejeros (personal de confianza incluido), y con capacidad para decidir después sobre la continuidad o cese, en cascada, de los demás altos cargos según actúen, ya dentro de la ley o todavía por la causa independentista.

En el caso de la cámara autonómica, no hay destituciones ni suspensiones (depende del Tribunal Constitucional) y sí limitación de funciones. Como es obvio, el Parlamento no podrá ir contra las autoridades del Gobierno central, ni tampoco ejercer control alguno sobre ellas, misión que pasa al Senado. La Cámara autonómica mantendrá sus labores ordinarias con la prohibición expresa de insistir en legislar contra la Constitución, el estatuto de autonomía y los derechos de la oposición como hizo en el pleno de los días 6 y 7 de septiembre. El Gobierno rendirá cuentas de la intervención ante la Cámara alta cada dos meses.

Mariano Rajoy ha impuesto al final su criterio de tener un margen más amplio que el propuesto por los partidos PSOE y Ciudadanos antes de convocar elecciones en Cataluña. Reconoce que los comicios se deben celebrar cuanto antes, pero una vez recuperada la normalidad constitucional y el orden. Frente a la pretensión de socialistas y riveristas de sacar las urnas en enero próximo, el presidente del Gobierno se reserva durante 6 meses la facultad de disolver la cámara catalana, desde que el Senado autorice la intervención de la Generalitat la semana próxima, hasta finales del mes de abril. Si el jefe del Ejecutivo apura el plazo, los comicios quedarían para junio por los 54 días que fija la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

El Gobierno español quiere preservar el funcionamiento ordinario de la Generalitat de Cataluña en todo lo referente al servicio al ciudadano. En general, se someterá un régimen de comunicación o autorización previa todas las actuaciones de la administración autonómica.

La autorización solicitada al Senado sí detalla más la intervención de competencias y capacidad de nombramientos en los casos de las áreas de seguridad y orden público, de la gestión “económica, financiera, tributaria y presupuestaria” y de las “telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas y audiovisuales”.

Pero justo este fin de semana, otra vez las luces de alerta se han encendido. Los independentistas catalanes preparan una declaración unilateral de independencia para el lunes día 23 de octubre. Casualidad o no, ese día hace 40 años que Josep Tarradellas volvió a Cataluña y lanzó su famoso ‘ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí’ (ciudadanos de Cataluña, ya estoy aquí). La decisión de aplicar el artículo 155 de la Constitución con la intervención del Gobierno catalán fue el detonante de que el mundo del independentismo se convulsionara este sábado por la mañana. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, han coincidido en precipitar los acontecimientos proclamando la República catalana el lunes. ¿Cómo se hará esa proclamación? No está claro todavía. Lo único cierto es que los independentistas se adelantarán a la luz verde del Senado para la intervención de la autonomía. El modo más probable es la convocatoria urgente de un pleno del Parlamento para “analizar la situación política actual”. Una vez el asunto en pleno, y gracias a la reforma express impulsada  por los propios independentistas, los grupos parlamentarios de Junts pel Sí (JxS) y la CUP pedirán la modificación del orden del día para introducir el punto de la aplicación de los efectos del referéndum del 1 de octubre, en otras palabras, para declarar unilateralmente la independencia.

Los detalles de la estrategia se discutirán a lo largo de este fin de semana entre todos los partidarios de la secesión: Govern, PDeCAT, ERC, CUP, Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Asociación Catalana de Municipios (ACM) y varios pequeños partidos adeptos de la ruptura. En estas reuniones se tratará, además de la planeación para la declaración, la articulación de un plan de choque para salvaguardar la decisión de ruptura: cómo se han de tomar las calles por parte de los ciudadanos (misión de ANC y Òmnium) y cómo controlar a esa gente (misión de la CUP a través de los comités de defensa del referéndum, CDR). De ese modo, se adelantarán a la luz verde que el Senado tiene que dar para la aplicación del 155 y, cuando este obtenga el visto bueno de la Cámara Alta, los independentistas considerarán que Cataluña ya es un Estado soberano y el Estado español no puede intervenir las instituciones. Puigdemont sabe que puede acabar en la cárcel, pero eso no le importa. Incluso le parece positivo. Le interesa más presentarse como mártir. Económicamente tiene poco que perder. Ni siquiera personalmente, ya que su esposa e hijos ya no están en España. Y políticamente le puede favorecer. Lo mismo ocurre con Oriol Junqueras, que en las últimas semanas ha estado impulsando la declaración.

Lo cierto es que en toda esta crisis hubo puentes de comunicación hasta el último momento.

En las últimas semanas altos cargos del Gobierno de Madrid visitaron discretamente Cataluña y se reunieron –fines de semana incluidos– con altos cargos del Gobierno catalán. En ocasiones, ni siquiera el delegado del Gobienro, Enric Millo, estaba al corriente de estas visitas, aunque él personalmente mantuvo contacto telefónico a diario con Carles Puigdemont y con Oriol Junqueras. Hasta hace muy poco, había esperanzas de alcanzar un acuerdo que evitase una medida drástica, pero el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, bloqueó cualquier acuerdo, que tenía como punto imprescindible una declaración pública de renuncia a la declaración de independencia por su parte.

Así, de todos los escenarios previstos para  Cataluña, se ha llegado al peor posible. Ahora más que nunca ha quedado claro las pocas ganas que tenía Mariano Rajoy de recurrir al famoso artículo 155 y la falta de previsión en el entorno del presidente. Tanto la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como, sobre todo, el jefe de Gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, subestimaron la determinación de Carles Puigdemont de llevar la independencia hasta sus últimas consecuencias. Sáenz de Santamaría y Moragas creyeron que podrían hacer descarrilar el proceso y trataron de quebrar la unidad separatista alimentando el ego de Oriol Junqueras, Vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. Se equivocaron.

El acuerdo del Consejo de Ministros que despliega el artículo 155 de la Constitución deja rota la autonomía catalana durante seis meses y traspasa el ejercicio de sus competencias a Madrid. El Gobierno ha solicitado al Senado que, al amparo del 155, le autorice cesar a Puigdemont y todo el gobierno catalán. La propuesta, que el pleno de la Cámara Alta votará, delega las funciones de la Generalitat «en los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación». Rajoy se ha comprometido a convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses. Es decir, la intervención se puede prolongar casi un año, porque hay otros dos meses desde la disolución del Parlamento, hasta la fecha en que se lleven a cabo los comicios y otros tantos quizá para la formación de un nuevo Gobierno. El impacto de las medidas deja la legislatura nacional herida de muerte y acerca unas elecciones anticipadas prácticamente constituyentes que, podrían incluso coincidir con las catalanas en la primavera del 2018.

El posible adelanto electoral no es sólo consecuencia de la debilidad parlamentaria del PP, sino también del riesgo de fractura entre el PSOE y el PSC. La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Nuria Parlón, ha dimitido de la dirigencia federal del PSOE por su desacuerdo con el 155. Otros alcaldes del PSC han expresado públicamente su rechazo a esta medida. Si la intervención de la autonomía catalana se prolonga en el tiempo, algo que no descarta el Gobierno, le va a ser muy difícil al secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, mantener el apoyo de su partido a Rajoy.

Mariano Rajoy ha explicado en una rueda de prensa histórica por sus consecuencias que el despliegue del 155 no sólo busca restaurar la legalidad constitucional, sino también recuperar la convivencia en Cataluña y frenar la fuga de empresas. Rajoy ha hecho especial hincapié en los problemas económicos que ya se derivan del proceso independentista. Más de 1,000 compañías, entre ellas emblemas del emprendimiento catalán como Codorníu y los grandes bancos Sabadell y La Caixa, han abandonado Cataluña. Rajoy siempre quiso evitar el 155. Lo ha asegurado este sábado abiertamente. Por un lado, siempre creyó, como le decía su entorno más cercano, que Puigdemont recularía. Y, por otro, no tenía el apoyo del PSOE. Pero el motivo fundamental es que el 155 no es una solución quirúrgica ambulatoria. Es cirugía mayor. La situación que vive España es grave y el Gobierno ya no tiene margen para nada que no sea Cataluña. No hay 155 duro o blando. Se hace o no se hace. Otra cosa es el límite temporal. Los seis meses de plazo que se ha dado para convocar elecciones son un arma de doble filo, sobre todo si el Gobierno no consigue reconducir la situación de excepcionalidad en Cataluña. La Administración central asumirá el control gubernamental y también la capacidad de sancionar por la vía disciplinaria, pero también por la vía de la responsabilidad penal, patrimonial o contable, a cualquier funcionario, alto cargo o consejero que se niegue a acatar la legalidad. El acuerdo prevé mantener el Parlamento, pero atribuye al Gobierno central la capacidad de veto de iniciativas parlamentarias contrarias y la suspensión de la facultad de control al Ejecutivo por parte de la Cámara.

Ha pasado más de un mes desde los plenos de los días 6 y 7 de septiembre en el Parlamento que aprobaron las leyes de referéndum y transitoriedad. Han transcurrido 20 días desde la jornada del primero de Octubre .

El Rey Felipe VI instó a los poderes del Estado a asegurar el orden constitucional en Cataluña en un histórico discurso el 3 de octubre. Las empresas han huido y hay un evidente boicot económico del resto del país. Rajoy ha aguantado presiones internas y externas de todo tipo para actuar antes. El líder del PP ha asumido el costo político y social de esperar al PSOE y Ciudadanos en su respuesta a la Generalitat. La fractura social en Cataluña ha seguido creciendo mientras tanto.

La comparecencia de Puigdemont el 10 de octubre en el Parlamento fue la gota que derramó el vaso. El Gobierno consideró inaceptable la declaración ambigua y esa suspensión de los efectos de la independencia. Rajoy, en permanente contacto con Sánchez activó el 155 a cambio de una reforma de la Constitución liderada por los socialistas. La deriva de los acontecimientos y la negativa de Podemos y el resto de los partidos nacionalistas a tomar parte en la comisión del PSOE hacen prácticamente inviable esa reforma, al menos por ahora.

Rajoy dio dos plazos a Puigdemont para responder al requerimiento sobre su declaración del Parlamento. El Gobierno empezó a trabajar entonces en los distintos borradores de 155 que manejaba. El documento que ha aprobado este sábado el Consejo de Ministros es fruto de una minuciosa negociación con el PSOE.

Sánchez dijo a Rajoy desde un principio que sólo aceptaría el 155 en caso de llegar algún tipo de declaración de independencia, como así ocurrió el 10 de octubre. Ciudadanos también ha dado su visto bueno. La presión tanto del PSOE como del partido de Albert Rivera es la que ha llevado a Rajoy a fijar el horizonte temporal de las elecciones. El aval de la Unión Europea al Gobierno de Rajoy, obviando cualquier llamamiento al diálogo, ha sido definitivo. Pero al margen de las elecciones, el acuerdo del Consejo de Ministros es un documento duro y más exhaustivo de lo que se creía en un primer momento. Es cierto que Rajoy ha dejado muchas puertas abiertas a Puigdemont para que dé una salida a la crisis convocando elecciones. El presidente de la Generalitat, que no lo mencionó en su mensaje institucional, puede hacerlo antes de su cese, que autorizará el Senado la próxima semana. Rajoy ha dicho que una vez que se active el 155 no hay marcha atrás, pero existen fórmulas. El PP tiene la mayoría absoluta de la Cámara Alta y puede votar en contra del acuerdo si entiende que hay una salida legal por parte de Puigdemont. Si no se encuentra esa salida, el 155 precipita el final de una legislatura que ha quedado anulada por la crisis catalana. Las elecciones anticipadas en 2018, incluso coincidentes con las catalanas, son una realidad cada vez más cercana. Hará falta un nuevo Parlamento y un nuevo Ejecutivo que afronten la probable reforma de la Constitución que deberá abordarse en los próximos años y que será sin duda un cisma en la historia de la nación española.

Doctor en Derecho y Notario; Analista y Columnista Sociopolítico; Consultor en Admon. y Políticas Publicas; Pdte. de Conciencia Cívica, A.C. y JALISCOenPLENO, A.C.
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