ANHELO y REALIDAD

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Manifestantes piden la unión de España.

CATALUÑA PERDERÍA LA RED DE SEGURIDAD QUE SUPONE EL BANCO CENTRAL EUROPEO, EL CUAL RESCATÓ A VARIAS ENTIDADES ESPAÑOLAS DURANTE LA CRISIS

Grandes multitudes salieron a las calles de Barcelona para llamar al diálogo y resolver las crecientes tensiones tras el referéndum por la independencia de Cataluña realizado el fin de semana pasado y considerado ilegal por el gobierno español. Vestidas de blanco y llevando globos del mismo color como símbolo de un deseo por una negociación pacífica, personas de ambos bandos urgieron a los políticos nacionales y regionales a encontrar una salida pacífica a la crisis.

Desde horas antes del inicio de la marcha, una gran multitud ondeando banderas españolas y catalanas abarrotaba el centro de la capital catalana coreando consignas como “Viva España, viva Cataluña”, “Puigdemont a prisión” o “Cataluña es España”.

Bajo el lema “Prou! Recuperem el seny” (¡Basta! Recuperemos la sensatez), la manifestación estaba convocada por el grupo Societat Civil Catalana con el objetivo de que “la mayoría silenciosa que vive en Cataluña pueda salir a la calle para expresarse de forma pacífica y cívica”. El presidente de la Generalitat (gobierno regional) de Cataluña, Carles Puigdemont, tiene previsto comparecer el martes en el Parlamento regional, donde podría realizar una declaración unilateral de independencia de España, avivando la peor crisis institucional que ha sufrido el país en décadas.

Más del 90% de las 2.3 millones de personas que participaron en el referéndum del 1 de octubre respaldaron la independencia, según las cifras del Gobierno regional, que llevó a cabo la consulta pese a estar paralizada por el Tribunal Constitucional.

Al frente de la manifestación, el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se sumó a políticos como el expresidente socialista del Parlamento Europeo Josep Borrell, el presidente del Partido Popular en Cataluña, Xavier García Albiol, o el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. La manifestación del domingo se produce después de que decenas de miles de personas se concentraran la víspera en ciudades de toda España a favor de la unidad del país y del diálogo.

En tanto el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que si se produce una declaración unilateral de independencia no descarta recurrir al artículo 155 de la Constitución, que podría llevar incluso a la disolución del parlamento regional y a la convocatoria de elecciones.

El pulso entre los independentistas y el presidente del gobierno Mariano Rajoy sigue lanzando chispas y exacerbando los odios. Y solo hay acuerdo en que esta es la mayor amenaza a la democracia española en su historia.

Vale recordar que tras el referéndum, los enfrentamientos televisados entre policías y ciudadanos causaron repudio dentro y fuera de España y elevaron el conflicto regional al plano internacional. Así los independentistas lograron presentarse ante el mundo como víctimas de un “Estado opresor”. Pero las cifras no son claras. El gobierno catalán aseguró que las cargas policiales el día del referéndum dejaron 893 personas heridas, y el de Madrid sostuvo que 431 agentes fueron agredidos con violencia. Pero medios locales pudieron confirmar el jueves que solo cuatro civiles estaban hospitalizados en Cataluña (dos de ellos graves) y ningún policía había recibido heridas considerables, no obstante algunos de ellos sufrieron golpes, arañazos e incluso mordiscos.

El problema se agravó en los últimos días con la fuga de empresas catalanas hacia otros lugares del país debido a la inseguridad jurídica que rige en Cataluña. El Banco Sabadell cambió su domicilio social a Alicante y el grupo de biotecnología Oryzon se mudó a Madrid. Ambas empresas resultaron premiadas por las bolsas de valores con grandes incrementos en el precio de sus acciones.

La economía juega un papel clave en el proceso independentista catalán. Los números son uno de los principales argumentos que esgrime el sector separatista  a la hora de defender la división. En especial, los que evidencian que su región aporta a las arcas españolas más de lo que recibe a cambio.

Los contrarios a la independencia también recurren —y hoy más que nunca— a cifras para tratar de contener el anhelo soberanista.

El resultado son dos bandos que se acusan mutuamente de manipular datos y pintar escenarios irreales.

Según a quien se haga caso, Cataluña será un país próspero o fallido y España quedará dañada por la desunión. La gran mayoría de estudios sobre qué repercusiones tendría la independencia en la economía catalana toman como base una Cataluña que permanece en la Unión Europea (UE). O, por lo menos, en el Espacio Económico Europeo, que da acceso al mercado único sin necesidad de pertenecer a ese bloque supranacional.

Sin embargo, la UE ha advertido en muchas ocasiones que eso no sucederá: si Cataluña se convierte en un nuevo Estado, deberá solicitar su ingreso a la institución y cumplir las condiciones rigurosas que esta exige. Un proceso que demora años.

El gobierno catalán cree que este es un discurso que, en la práctica, la UE no llegará a aplicar. Aunque no hacerlo establecería un precedente que otras regiones con reclamos parecidos al catalán —como la Baviera alemana o la Lombardía italiana— podrían intentar aprovechar.

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Miles de manifestantes en Barcelona pidieron la unión.

Abandonar la UE sería una de las pérdidas más grandes para Cataluña, ya que dejaría de tener acceso a un mercado en el que las personas y los bienes pueden moverse libremente sin necesidad de visados o aranceles aduaneros.

Las empresas y universidades tampoco podrían participar en programas europeos de investigación, que suponen una importante fuente de financiamiento para muchos científicos.

Por ejemplo, Cataluña tiene asignados 1,521 millones de euros ($1,784 millones de dólares) en ayudas de los Fondos Estructurales y de Inversión para el periodo 2014-2020, según datos de la UE.

Inseguridad jurídica, miedo a un boicot, precaución… Son varios los motivos que han empujado a una decena de grandes empresas a dejar Cataluña en los últimos días. La semana que siguió al referéndum, ha dejado a Cataluña sin sus dos grandes bancos y su mayor empresa de servicios. Otras empresas emblemáticas, se lo están pensando. Este es el balance hasta ahora de las grandes compañías que han dejado la región en los últimos días huyendo del independentismo. Se van CAIXABANK. El mayor banco catalán tomó la decisión el viernes, tras la aprobación, por parte del Gobierno, de lo que ya se ha llamado “decreto Caixabank”. Éste permite el cambio de sede sin pasar por junta de accionistas, con lo que se puede hacer en 24 horas. Contra todo pronóstico, eligió Valencia, donde tiene las oficinas del absorbido Banco de Valencia. La entidad justificó la decisión porque “la prioridad de toda entidad financiera es la protección de sus clientes, accionistas y empleados”, y añadió que tiene “el objetivo de salvaguardar plenamente la seguridad jurídica y regulatoria consustancial al ejercicio de su actividad”. Caixabank vale en bolsa casi 25,000 millones de euros.

La compañía que preside Isidro Fainé  Gas Natural, aprobó el viernes su traslado a Madrid, donde tiene su mayor centro corporativo después de Barcelona. En su caso especificó que es una medida temporal. En el comunicado a la compañía explicó que toma la decisión “ante los sucesos sociales y políticos que están ocurriendo en las últimas semanas en Cataluña y debido a la inseguridad jurídica que ello provoca”. El cambio de sede a Madrid se mantendrá “en tanto se mantenga esta situación”. El valor en bolsa de la compañía son unos 18,000 millones de euros.

El banco presidido por Josep Oliu, Banc Sabadell fue la primera IBEX en dar el paso, este jueves, y eligió Alicante. Como en el caso de Caixabank, eligió la sede de una de las entidades que compró durante la crisis. Es su segundo mercado, pero además, evita abrir una brecha mayor con sus clientes catalanes si se va a Madrid. Además de mantener la seguridad jurídica, el Sabadell también logró contener la caída de la bolsa entre el lunes y el miércoles. La capitalización del Sabadell es de 9,300 millones de euros.

La junta de Banco Mediolanum decidió el viernes su traslado a Valencia. La filial del italiano Grupo Bancario Mediolanum adoptó la decisión “como medida para garantizar los intereses de sus clientes, mantener la máxima normalidad y asegurar un marco estable para el desarrollo de su actividad, siempre en el ámbito de supervisión del Banco Central Europeo”.

Con la el adiós de Caixabank, Gas Natural y el Sabadell, Cataluña pierde a tres gigantes empresariales. Dogi, la textil de la familia Domenech anunció el jueves su traslado a Madrid para “optimizar sus operaciones y la relación con sus inversores”. El mercado premió con una subida del 6.9% la fuga del líder europeo en la fabricación de tejido elástico de alto valor añadido para los segmentos de gama alta de moda íntima y baño. Vale en bolsa 260 millones de euros.

Oryzon Genomics. Esta biotecnológica con sede hasta ahora en Cornella de Llobregat fue la primera cotizada en hacer las maletas esta semana. Fue el martes por la tarde, hacia Madrid, “con el fin de optimizar sus operaciones y la relación con sus inversores”. El anuncio le valió dispararse en bolsa, donde vale 65 millones. Service Point. La compañía de reprografía tomó la decisión este viernes, en dirección a Madrid, y se disparó el 17% en bolsa, hasta los 63 millones de euros. La operadora de telecomunicaciones también eligió Madrid, aunque lo desvinculó de cuestiones políticas y adujo motivos operativos, puesto que compró varias empresas madrileñas el año pasado. Su valor son 51 millones.

Arquia Banca, la cooperativa de crédito de los colegios de arquitectos se traslada a Madrid. Proclinic Expert, de material odontológico, eligió Zaragoza.

Seat. La filial de Volkswagen contempla una salida de Cataluña a Madrid si hay una declaración de independencia. El traslado está planteado e incluso se ha dado a conocer a varios ejecutivos, pero tiene que pasar por consejo. “Como cualquier empresa, necesitamos un entorno político estable que nos permita seguir invirtiendo para generar crecimiento y empleo”, señala. La fábrica seguirá seguro en Martorell (Barcelona).

El grupo asegurador envió el jueves a primera hora un comunicado interno a su plantilla en el que asegura que tomará “todas las medidas necesarias para garantizar que su actividad pueda desarrollarse con normalidad, en un marco estable y en un entorno de seguridad jurídica y económica”. Por ahora, no obstante, se mantiene a la expectativa. Su valor en bolsa es de 4,000 millones.

José Luis Bonet, presidente de Freixenet el mayor vendedor de cava, propondrá la salida de la compañía en el consejo de administración. Los Ferrer y los Hevia, las otras dos ramas de una familia dividida por la gestión, serán los encargados de tomar la decisión. “La independencia sería un despropósito y una verdadera catástrofe”, asegura Bonet. Como nuevo destino aparecen las bodegas que el grupo tiene en Burgos, La Rioja, Galicia o Valencia.

Codorníu. A la empresa de la familia Raventós siempre se la ha vinculado erróneamente con el independentismo. Los dueños que comparten apellidos con la propiedad de Unipost –que colaboró con el referéndum, aseguran que se plantean “un cambio de sede social” por “responsabilidad empresarial”.

Al quedar fuera de la Eurozona, Cataluña perdería la red de seguridad que supone el Banco Central Europeo, que durante la crisis rescató a varias entidades españolas.

En un mundo globalizado, puede ser importante tener bancos de tu región, pero, sobre todo, la clave es los que operan en la región, sean de donde sean, ofrezcan financiamiento en buenas condiciones. De nada le serviría a Cataluña que se quedaran CaixaBank y Sabadell si no iban a ser solventes y, por lo tanto, no pudieran ofrecer buenas condiciones de acceso al crédito y remuneración del ahorro.

 El gobierno catalán, dominado desde 2015 por los partidos separatistas, ha convertido el tema de su independencia en un delirio colectivo a fuerza de desatar emociones en todos los estratos sociales.

El referéndum del 1 de octubre no podía realizarse porque la Corte Constitucional de España dejó sin efecto, por varias causales comprobadas, la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República (de Cataluña), pero el presidente Carles Puigdemont y los suyos siguieron adelante. Ignoraron el fallo vinculante y utilizaron los medios de comunicación para alentar a los ciudadanos a participar en unos comicios que de origen eran inválidos, y esto derivó en los enfrentamientos.

Ahora las calles de Cataluña están tomadas por este clima de delirio, pero tarde o temprano algunos despertarán a la realidad y esto producirá una enorme frustración cuyas consecuencias podrían ser imprevisibles si tomamos en cuenta que Cataluña ha sido la mayor cuna de anarquistas de España.

El sueño de la república de Cataluña que aviva el fuego de este conflicto es antiguo. En 1641 el presidente regional, Pau Claris, proclamó la República Catalana, pero solo duró una semana. En 1931, el gobierno regional de Francesc Macia hizo lo mismo, pero su Estado duró solo tres días. Ahora Puigdemont quiere pasar a la historia, pero una república independiente sin ejército, sin moneda y sin presupuesto propio no es más que una falacia.

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La separación de Cataluña impactaría financieramente.

La Unión Europea y el Parlamento Europeo han pedido diálogo entre Puigdemont y el presidente Mariano Rajoy, y se han negado a mediar en el conflicto porque consideran que el gobierno catalán se saltó las leyes constitucionales de España al convocar el referéndum. En el Parlamento Europeo solo los partidos nacionalistas de ultraderecha apoyan a los independentistas catalanes. Los demás partidos piden a Puigdemont volver a los cauces legales como paso indispensable para establecer un diálogo que ponga fin al conflicto.

El rey Felipe VI intervino sorpresivamente con una alocución televisada para pedir al gobierno catalán acatar las leyes constitucionales. Puigdemont, en respuesta, lo acusó de ponerse del lado de Rajoy y de negar el derecho a decidir al pueblo catalán. Puigdemont y los independentistas insisten en magnificar su papel de víctimas de un Estado español injusto.

El impacto del desafío separatista no solo afecta a la política, sino también a la economía. El gremio de empresarios de Cataluña suma más de 8,000 compañías que han huido en el último lustro en busca de seguridad jurídica en otros lugares de España. El presidente del gremio Empresaris de Catalunya, Josep Bou, enfatizó que los empresarios necesitan una negociación urgente y un acuerdo.

Desde Madrid y las instituciones de la UE, todos demandan a Puigdemont regresar a la legalidad y a la Constitución como paso previo al inicio del diálogo. Pero el concepto de diálogo de los independentistas difiere del habitual. Puigdemont no se ha movido y parece que no se moverá, pues esa es su posición de mayor fuerza.

La última opción, y la peor, que tiene Rajoy para resolver este problema es aplicar el artículo 155 de la Constitución que le permite al gobierno central suspender la autonomía de las regiones que salgan de la legalidad. Así, la Comunidad Autónoma de Cataluña quedaría suspendida y Puigdemont y los demás líderes independentistas terminarían en la cárcel. Pero esta medida sería aún más salvaje y humillante que las inhibiciones policiales, y generaría un clima más enrevesado y hostil.

Lo que por ahora es un hecho es que el orden público en Cataluña está alterado y las calles se han convertido en trincheras.

El conflicto de Cataluña se ha agravado porque en ambas partes rigen “políticos de bajo nivel”. Puigdemont y Arthur Mas están obsesionados con su delirio de independencia “sea como sea”, mientras Rajoy se refugia en el inmovilismo, creyendo que el tiempo y la inacción lo sanan todo. Ambas partes solo toman en cuenta el corto plazo y piensan en las siguientes elecciones, donde esperan ganar más votos. Pero un fenómeno tan profundo e histórico como el nacionalismo catalán no puede resolverse en el corto plazo.

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