El sistema de todos

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El proceso para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción llegó al punto en que los actores políticos, los que directamente toman decisiones y los que lo hacen tras bambalinas, deberán pasar de los discursos a la realidad. Hasta ahora, con tropezones y por presiones, el tema ha caminado.

Este sistema es evaluado por muchos académicos como el posible punto de quiebre en lo que le sucede al país. Porque México vive con las reglas de un sistema cuyo eje es la impunidad, de donde surgen fuertes ramas como la violencia, la corrupción, la desigualdad, la pobreza.

Ésa es la trascendencia de lo que se está discutiendo. Es decir, no es un asunto menor ni el clásico reparto de espacios entre políticos. Hablamos de la estructura que permitirá vigilar el funcionamiento de las instituciones, el comportamiento de los funcionarios públicos, el buen uso de los recursos públicos y las reglas de convivencia para los jaliscienses.

En esta primera etapa ha sido importante la vigilancia que se ha ejercido desde la sociedad civil organizada. Los empresarios, las universidades y algunas agrupaciones que han realizado activismo en diferentes áreas lograron que se transparentaran y se abrieran las discusiones de las primeras reformas a las leyes secundarias y en la integración de la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción.

Los nombramientos que se dieron han generado polémica, especialmente porque no se tomó en cuenta a los rectores del Instituto Tecnológico de Educación Superior de Occidente (Iteso) y de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), dos instituciones de educación privada que, sin duda, son base en la vida del estado. Es cierto, la integración no fue la ideal, pero aún quedan muchas etapas en las que podrán incorporarse y en las que serán muy necesarias.

Por otra parte, en el diseño del sistema ha habido una fuerte presencia de la iniciativa privada. De hecho, en Jalisco, siempre que se habla de participación ciudadana, los políticos piensan en las cúpulas empresariales. Y ésta no es la excepción.

Sin embargo, han sido también los empresarios quienes han ejercido presión para la transparencia del proceso.

Los pasos que siguen son los más importantes. Vendrá la integración del Comité de Participación Ciudadana y los nombramientos de los funcionarios públicos. Ahí harán falta todos los sectores sociales.

No podemos quedarnos en la discusión de lo que ya pasó. Se requiere la exigencia de tener un Comité que haga su trabajo. Necesitamos un Tribunal de Justicia Administrativa que no reproduzca la corrupción y vicios del actual Tribunal de lo Administrativo, un auditor superior que no se alíe con los políticos a los que revisa sus cuentas públicas y un fiscal anticorrupción que haga su trabajo. Y claro, un fiscal general que entienda el momento que vive Jalisco, el más violento e injusto.

No podemos cansarnos en el primer paso de la integración del sistema ni dejar que los políticos hagan lo que quieran o lo que les conviene. Queda mucho por vigilar y mucho por exigir. Ahí tiene que estar la mirada de todos los jaliscienses, no sólo los que tradicionalmente participan. Es un asunto que nos incumbe a todos.

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