Sólo chivos expiatorios por socavón

528
0
Compartir

Por más que se dice que ya hay peritajes iniciales que denotan responsabilidad de funcionarios menores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, aunado al señalamiento de culpabilidad hacia las empresas constructoras, no habrá castigo para funcionarios de alto nivel ni tampoco será severa la sanción a los edificadores a cargo de la obra carretera federal que se colapsó por una mezcla de incapacidad, negligencia y corrupción. Todo quedará en castigo a chivos expiatorios: se tapará el hoyo y la porquería con tierra para dar carpetazo al asunto.

Como es sabido, la madrugada del pasado 12 de julio del año en curso, Juan Mena López de 56 años y su hijo Juan Mena Romero, de 36, salieron a trabajar transportándose en su auto y cayeron en un socavón que se abrió al kilómetro 93 de la autopista federal que conecta a la Ciudad de México con la ciudad de Cuernavaca. Los elementos de Protección Civil tardaron más de ocho horas en sacar el vehículo del hoyo de cinco metros de ancho, y la autopsia confirmó que no murieron por el golpe, sino por asfixia, intentando escapar de aquel infierno. El suceso indignó a todo México por la deficiente construcción y el elevado costo de la obra a cargo de la SCT, los avisos diversos sobre los problemas en la obra que realizaron vecinos y autoridades locales, aunado al rescate tardío de las víctimas.

Los dictámenes técnicos sobre las causas del siniestro no se han dado a conocer, aunque se dice ya los dieron los encargados a peritos; y el 19 de julio se ofertó que estarían listos en 15 días. La Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno Federal a cargo de Areli Gómez González, se apresta a establecer acusación y procesos tanto administrativos como penales a tres funcionarios menores de la SCT que, junto con algunos ingenieros y residentes de obra de las constructoras responsables, serán los “chivos expiatorios” que pagarán por la trágica muerte de dos personas en ese agujero.

El socavón desnudó la negligencia y corrupción con que se construyó esa autopista; es el ejemplo de cómo se ha edificado la mayoría de las “grandes obras de infraestructura” de este sexenio que encabeza Peña Nieto. En esa tarea tiene como corifeo mayor a Gerardo Ruiz Esparza, y será así como mediante el respaldo incondicional de Peña, tanto este mal afamado personaje como los verdaderos dueños de Aldessa y Epccor (que se presume son la corporación OHL y el grupo GUTSA-Gutiérrez Cortina) quedarían impunes del llamado “socavón del sexenio”. Ello a pesar de todas las voces que desde el Congreso de la Unión y sectores sociales exigieron que el titular de la dependencia, junto con los constructores, asumiera la responsabilidad de lo ocurrido. Todo apunta a que será una investigación expiatoria y a que los peritajes, elaborados por expertos de la UNAM, y de los Colegios de Ingenieros Civiles, nacional y de Morelos, no se harán públicos como se había ofrecido.

El propio Ruiz Esparza ha dicho que “en los primeros peritajes” había datos para sancionar a funcionarios de la dependencia a su cargo, aunque no precisó de qué nivel. Habló también de “sanciones fuertes” a las constructoras de confirmarse su responsabilidad en las irregularidades detectadas en la construcción de la obra. Pero hasta ahora, al menos que se sepa, no se le han suspendido a Aldessa otros contratos, como la construcción de la Torre del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y de hecho se pretende que sea la misma empresa que hizo mal las cosas en el paso exprés colapsado, la que construya la nueva versión del puente con el que se pretende tapar y sustituir el socavón.

En los hechos, el presidente Peña Nieto ha eximido de cualquier responsabilidad a su secretario y le ha encargado a él, que era el superior y responsable de esa obra, que sea quien conduzca y supervise los peritajes y las investigaciones.

Es decir, que el titular de la SCT se investigará a sí mismo, y con ayuda de la SFP se va a auto exonerar, repartiendo culpas a subalternos y a algunos ingenieros de las constructoras para que el final todo quede en sanciones y castigos a los de abajo, mientras las cabezas responsables, tanto del sector público como del privado, saldrán limpias. Así es México: chivos y mulas por doquier; los primeros para expiar las culpas de los poderosos; las segundas emulando el carácter tozudo de quienes deciden hacer de este país un muladar con decisiones obtusas y sólo basadas en alimentar sus conveniencias sociopolíticas y sus intereses económicos.    

Así, en el reciente socavón de la autopista federal hay la culpabilidad por la calidad de la obra, porque la idoneidad de materiales y mano de obra calificada no fueron las mejores; también en el proyecto se decidió que “la solución” al problema técnico del adecuado manejo de flujos hídricos, tanto originales cómo residuales en la zona donde surgió el socavón mortífero, era el relleno utilizado. A esto hay que sumarle el no haber escuchado y atendido las alertas sobre el peligro de la obra que hicieren vecinos, expertos y autoridades locales. No puede dejarse de lado la ilegalidad al haber adjudicado el contrato sin mediar licitación. Sin embargo, dentro de ese conjunto de factores lesivos, está el de la verificación o inspección de la edificación que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes adjudicó a las empresas Aldesa y Epcor, supervisión por la que se adjudicó un contrato de 7 millones de pesos, otorgado en junio de 2015.

El contrato lo otorgó la SCT a la empresa Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, comandada por el ingeniero Pablo Mario Arrazola. Su cometido específico era “encargarse de la verificación de calidad de los trabajos relativos a la ampliación del libramiento de Cuernavaca (Paso exprés) en el estado de Morelos”. La licitación está firmada por un funcionario del Centro de la SCT en Morelos y fue una licitación por el sistema de invitación directa en el que participaron tres empresas: Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, S.C., que fue la ganadora, además de Grupo de Asesoría Profesional Ronzón y Asociados, y Constructora y Operadora de Bienes y Servicios Ñuu, S.A. de C.V. Hay que advertir que estas dos últimas empresas son empresas oaxaqueñas. El representante legal de Desarrollo Integral es Pablo Mario Arrazola. Grupo Profesional Ronzón tiene dirección en Veracruz, aunque tiene relaciones oaxaqueñas. El señor Arrazola y Gabriel Morales Rozón trabajaron en la dirección de administración del gobierno de Oaxaca durante la gestión de Gabino Cué. El segundo fue director de patrimonio del estado. La licitación para verificar la calidad del Paso Exprés fue por invitación. Los personajes relacionados con las empresas trabajaron, pues, en el gobierno de Gabino Cué en el área de administración, que controlaba un personaje ligado a escándalos de corrupción en ese gobierno.

Aunque se han estado ventilando noticias que establecen que habrá una indagatoria, enfocándose directamente en las empresas, no es socialmente aceptado que la investigación sea administrativa y a cargo de peritos de la SCT, además que hasta ahora sólo se ha dicho que el enfoque tendrá que ver con calidad de obra. No obstante, debe verificarse el resto de factores que en conjunto prohijaron el colapso de la edificación y la muerte por asfixia de quienes cayeron al gran socavón, así como al fallido proyecto, el tipo y calidad de materiales y el volumen de ellos, las advertencias desoídas sobre los peligros de colapso, la supervisión negligente y el rescate ineficaz.

La sociedad exige claridad en la información, imparcialidad y objetividad en la investigación, sanciones ejemplares, además saber cuántas obras más hay así en todo México y cuántas obras públicas federales cumplen con el parámetro de seguridad.

¿A quién se debe responsabilizar?

La responsabilidad por el socavón que provocó la muerte de dos personas recae en las empresas constructoras, que fueron las responsables directas del diseño y construcción de la obra original; pero también  de las autoridades de la SCT que aceptaron y avalaron ambos procesos. El reconocimiento de la responsabilidad, tanto de las empresas como de servidores públicos de la SCT, deja claro que deberían ser sancionadas severamente las empresas responsables, además de castigarse ejemplarmente a los funcionarios responsables, revisándose los diversos contratos y obras que han edificado o construirán dichas empresas y que han sido avalados por burócratas federales nefastos. Esto es crucial porque las dos compañías responsables han obtenido contratos multimillonarios para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: Aldesa tiene contrato por 1,242 millones de pesos para construir la nueva torre de control aeroportuario; en tanto Epccor fue beneficiada al contratársele por 1,399 millones de pesos para realizar la cimentación del centro de transporte terrestre. Es, pues, ilógico que estas empresas deban seguir recibiendo contratos gubernamentales.

Ojalá que tras la corrupción y negligencia que ocurrió en Cuernavaca, la sanción no sea sólo económica a más empresas sino que haya sanción penal, civil y administrativa. Deben sancionarse también a funcionarios de SCT que avalaron el proyecto, así como a los que propiciaron mal diseño, bajísima calidad, nulos mantenimiento y vigilancia, además de haber prohijado la asignación directa sin mediar concurso, siendo muy grave haber desatendido los señalamientos y llamados de alerta de la comunidad y las autoridades locales.

Pero como ya se ha dicho, a pesar de sus burradas y signos de corrupción, Peña Nieto decidió seguir protegiendo a su cercanísimo amigo Ruiz Esparza; y a lo más que se va a llegar será a la destitución de José Luis Alarcón Ezeta, ahora ex Director del Centro de la SCT en Morelos, sin que medie mayor castigo. Persistirá así la opacidad en asuntos como la calidad del fallido proyecto y alertas no atendidas del peligro. No habrá, pues, acciones para evitarse que las empresas involucradas sigan obteniendo contratos jugosos en otras obras públicas federales.

De esta manera se acendra la zozobra social en torno a la seguridad de la edificación de obra pública federal en México, al conocerse que el muro de contención del Paso Exprés de Cuernavaca volvió a colapsar hace dos días a pesar de los trabajos de reparación que se realizan con motivo del socavón que apareció el pasado 12 de julio. Ello demuestra la ineficacia de las autoridades para calcular correctamente el nivel del caudal de la barranca Santo Cristo: bastaron sólo dos días de lluvia ligera para que el tubo que se colocó en aras de encauzar el flujo hidráulico fuera expelido, dado que la dimensión del tubo es insuficiente para manejar adecuadamente el volumen de agua que debe alojar, tanto los caudales ordinarios de los cauces hídricos naturales como las descargas de aguas negras.

Lamentablemente, parece que seguirá importando más la influencia e intereses de los más empoderados en los ámbitos de los sectores público y productivo. Lo acontecido en cuanto a este asunto no será cabalmente sancionado quedando así viva la impunidad.

EtiquetaCosío
Compartir

Dejar un comentario

Something is wrong.
Instagram token error.