Presuntos inocentes

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El cantante Julión Álvarez.

El cantante Julión Álvarez.

TODOS LOS IMPLICADOS, ENTRE EL FUTBOLISTA Y EL CANTANTE, SON SÑALADOS POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO

Como ya es ampliamente conocido, el futbolista Rafael Márquez y el cantante del género regional mexicano conocido como Julión Álvarez fueron vinculados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) con Raúl Flores Hernández, presunto líder de una organización criminal que opera principalmente en Jalisco. Tras darse a conocer esta información, el capitán de la Selección Mexicana y el cantante desmintieron las acusaciones en su contra por supuestamente estar implicados en lavado de dinero.

El Departamento del Tesoro estadounidense dio a conocer los detalles de una investigación contra Flores Hernández, presunto cabecilla de una organización delictiva. En ella, se incluyeron a 22 personas y 42 empresas, entre los que están el cantante conocido en el mundo de la farándula como Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez.

Entre las 42 entidades está un club del futbol mexicano (no precisado), El Gran Casino de Guadalajara, Camelias Bar, y la productora musical Noryban Producciones.

Todos los implicados, entre ellos el futbolista y el cantante, son señalados por presunto lavado de dinero.

En el comunicado emitido por la dependencia federal de EU, se explicó que Márquez y Álvarez “tienen relaciones de larga historia con Flores Hernández, y han actuado para él y su organización de tráfico de drogas y mantenían activos en su nombre”.

Rafa Márquez y Julión Álvarez, junto con los otros presuntos implicados con Flores Hernández, son juzgados bajo la Ley Kinping, que busca eliminar todo tipo de transacciones de narcotraficantes en Estados Unidos.

Cortina de humo, caja china, distractor… podría llamársele de cualquier manera, lo cierto es que hasta ahora no hay indicios de que el asunto más comentado en México, el presunto lavado de dinero en que involucran a dos íconos mexicanos, los más exitosos en la profesión en que se desempeñan, sea para llamar la atención y alejar los reflectores de otros temas cuyo perjuicio va directamente contra la sociedad.

Es decir, no creemos por ejemplo que la modificación a modo de los estatutos priístas, con dedicatoria especial para Meade Kuribreña sea una noticia tan escandalosa como para que haya la necesidad de buscar otra que la supere y merme en percepción a la primera. Es bastante seguro que los tricolores con esa decisión estén cavando su propia tumba de cara a las elecciones del 2018, pero no había ya nada que perder, el barco hacia agua y su hundimiento es casi previsible salvo sorpresa mayúscula; el partido está al borde del despeñadero, solo hacía falta un empujoncito y el real dirigente de ese instituto político lo empujó, como ya lo había hecho tantas veces; nomás era cuestión de un último esfuerzo para desbarrancarlo.

Luego entonces cabe la duda si esta noticia es real. Triste sería de ser así pues aun millones seguramente albergamos la esperanza de que se trate solo de un mal entendido, de una confusión, de un señalamiento incorrecto. Lamentablemente ellos, sus familias, su buen nombre y su fama pública están en entredicho, aquí en el país donde jocosamente se afirma que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Aun así, y sin que de por medio pese investigación formal de orden penal, muchos ya los sacrificaron y juzgaron; otros hasta las fotos con ellos borraron.

La famosa lista negra que incrimina a los mexicanos tiene su origen de la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, mejor conocida como ley Kingpin, creada en 1999 para el bloqueo y prohibición de transacciones con narcotraficantes y sus organizaciones alrededor del mundo. El antecedente de esta ley fue el trabajo que implicó para las autoridades de Estados Unidos hacerles frente a los narcotraficantes de Colombia.

El Tesoro hace la identificación pública de narcotraficantes y terroristas, así como las personas y organizaciones que han colaborado de alguna manera con estos criminales. Los activos de los identificados son bloqueados en Estados Unidos y sus ciudadanos tienen prohibido hacer negocios con ellos.

Por lo general, las personas señaladas están efectivamente enredadas en delitos considerados como graves aunque no haya acusación formal por parte de las autoridades de ese país. Excepcionalmente involucraran a inocentes; otros problemas se dan por homónimas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) es un brazo del Tesoro que se encarga de publicar las listas con los nombres de ciudadanos especialmente designados (SDN por sus siglas en inglés), como en la que ahora aparecen Márquez y Álvarez, así como las sanciones económicas y comerciales a países y grupos de personas implicados en actividades de terrorismo, tráfico de drogas y otras actividades punibles.

La mejor manera de obtener la lista SDN es del sitio web de la OFAC. La lista se difunde en varios formatos y se actualiza frecuentemente. No hay un calendario predeterminado, sino que los nombres se agregan o eliminan según sea necesario y apropiado.

El trámite para ser eliminados de las listas es tortuoso. Es un tema duro que en México no se le ha encontrado solución legal por parte de los abogados de los afectados, ni si quiera cuando son inocentes.

Lo que la lista implica es que cuando un banco, una casa de bolsa o alguna institución financiera la reciben, a partir de ese momento no puede realizar ningún tipo de operaciones con las personas físicas o morales que aparecen en ella.

Instituciones financieras y empresas que operan en México y con el menor vínculo en Estados Unidos tomarán su distancia del futbolista Rafael Márquez y del cantante conocido como Julión Álvarez, tras ser ligados por Estados Unidos a presuntas operaciones con el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

Los depósitos en bancos, casas de bolsa o cualquier otra institución financiera de los mexicanos y sus empresas en esa lista ya fueron congelados en Estados Unidos y los ciudadanos de ese país tienen prohibido hacer negocios con ellos, pero de acuerdo con especialistas, esta sanción también se aplicará en México.

La ley de Instituciones de Crédito marca que, éstas deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que Hacienda les informe mediante una lista de personas bloqueadas, pero ésta tendrá, como se apuntaba, el carácter de confidencial.

De acuerdo al Tesoro, el capitán de la Selección Mexicana de futbol y el cantante de música grupera estarían vinculados con Raúl Flores Hernández y la organización criminal ‘Los Flores’.

Cualquier ciudadano mexicano sin vínculo con Estados Unidos, puede ser investigado por el Tesoro, ya que éste analiza redes de negocios y en el caso de la red ‘Los Flores’, lo hizo en cooperación con el gobierno mexicano, en particular con la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera, un brazo de Hacienda.

Rafa Márquez y Julión conocían a Raúl Flores como empresario y tuvieron con relación de negocios con él, pero nunca supieron de su actividad criminal.

Eso reconoció el capo ante autoridades de Estados Unidos.

Ha trascendido que en las declaraciones ministeriales que se tienen de Flores, nunca mencionó alguna relación de amistad con el futbolista ni con el cantante, y estas confesionales serán seguramente la columna vertebral de la defensa de los señalados, quienes también negaron tener una relación de amistad con el capo, pero que también públicamente han confesado si conocer.

Tras la publicación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó el bloqueo de las cuentas del jugador y del intérprete, con lo que no pueden hacer ningún retiro o depósito a su nombre.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) analiza citar al cantante para que esclarezca este asunto.

Ambos ya dieron una explicación sobre la investigación en su contra. El primero en hablar fue Julión Álvarez, quien afirmó, en un video publicado en sus redes sociales, que las acusaciones muestran “envidia o celos”.

“Gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando, de nada tengo necesidad (…) A lo mejor son cuestiones de envidia, de celos, no sé si políticas también, pueden ser muchísimas cosas”.

Por su parte, Rafael Márquez se presentó voluntariamente a declarar a la PGR y horas más tarde, dio una conferencia de prensa donde explicó que su equipo de abogados analizará el caso y demostrará su inocencia.

“Niego categóricamente cualquier relación con dichas organizaciones y los hechos referidos en las diversas notas periodísticas… Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me abocaré al esclarecimiento de los hechos”.

Frente a este escándalo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) precisó que no revela ni comenta el contenido de ninguna indagatoria que lleve a cabo en ámbitos como el de inteligencia financiera, en apego a las leyes mexicanas. La dependencia federal se refirió así ante la solicitud de información sobre los casos del futbolista Rafael Márquez y del cantante Julión Álvarez, señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestos vínculos con un narcotraficante.

México y Estados Unidos cuentan con mecanismos de cooperación que les permiten trabajar de manera coordinada en diversos ámbitos de inteligencia financiera, pero en apego al marco legal mexicano, la SHCP no revela ni comenta el contenido de ningún tipo de indagatoria que se lleva a cabo en éste y otros ámbitos.

El supuesto narcotraficante con el que presuntamente están relacionados Márquez y Álvarez, alías “El Tío”, es el dirigente de una célula criminal que opera principalmente en Guadalajara, Jalisco, pero con presencia también en la Ciudad de México. Según el Departamento del Tesoro de EU, se asegura que opera desde 1980 con la cooperación de empresarios y prestanombres.

“Raúl Flores ha operado durante décadas por sus largas relaciones con otros cárteles de la droga y el uso de personajes que enmascaraban las finanzas del grupo criminal”, dijo la Oficina de Activos Extranjeros del departamento.

El futbolista Rafa Márquez.

El futbolista Rafa Márquez.

Al parecer “El Tío”, mantiene alianzas estratégicas con el Cártel de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Flores Hernández fue detenido el 20 de julio en Zapopan por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Apenas la semana pasada fue trasladado al penal federal del Altiplano.

En la lista, además del cantante y el futbolista, hay una empresa creada en Guadalajara llamada Grupo Egmont que tiene el nombre de la instancia que reúne a todas las Unidades de Inteligencia Financiera del mundo, lo cual, de acuerdo con personas consultadas, podría haberles ayudado a evadir la ley, dado la similitud del nombre.

Si los involucrados tienen cuentas en un banco, la institución está obligada a informar a la persona que su cuenta dejará de operar y se le notificará para que ejerzan su derecho de réplica ante la UIF, que tiene un periodo de 10 días para recibirlo, una vez que la entidad financiera haya notificado al titular de la cuenta que dejarían de operarla.

De acuerdo con especialistas, incluso las entidades financieras al conocer el comunicado del Departamento del Tesoro procedieron por políticas internas a revisar si las empresas y personas físicas forman parte de su lista de clientes, para notificar a la autoridad.

Una vez que cierren las cuentas que hayan sido detectadas en el sistema financiero mexicano, deben dar aviso a la PGR y a la UIF, para que a partir de ese momento se lleven a cabo las investigaciones necesarias y se deslinden las responsabilidades. Lamentable que en ese asunto el Estado Mexicano no parezca privilegiar y asegurar el respeto a las garantías individuales de sus ciudadanos, pues la presunción de inocencia se ha vulnerado y las acciones emprendidas hasta ahora, aunque no de orden penal, son ejemplo de que esa premisa es tan solo, como muchas otras supuestas garantías, solo letra muerta. Durante más de nueve años, el Estado Mexicano a través de diversas instituciones, nos han vendido a los mexicanos las bondades del nuevo Sistema Penal Acusatorio, cuya vigencia obligatoria inició en el mes de Junio del 2016, a través del cual se respeta fundamentalmente la presunción de inocencia que en resumen es la obligación que tiene el Estado de acreditar que el sujeto cometió un delito y así poderlo sancionar.

Resulta novedoso para los mexicanos, que si el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incorpora a alguien en la famosa lista negra en la que a su juicio el señalado cometió el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la PGR se adhiera a tales pesquisas, informando a la SHCP para congelar todos sus bienes y no poder hacer uso de la banca nacional, hasta que no compruebe su inocencia, en el mejor de los casos, porque de no ser así, los recursos serán confiscados de forma definitiva. Como se puede apreciar, al parecer en México opera un sistema dual, es decir, por un lado, una justicia en donde aparentemente efectivamente se respeta la presunción de inocencia, sin embargo, existe según el interés del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, un sistema a través del cual el responsable tiene que demostrar su inocencia, y para ello está facultada la SHCP, a través de la UIF, para establecer medidas y procedimientos a través de los cuales se prevenga y detecten operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito antes señalado. Esta dualidad tiene como origen el acuerdo que el entonces Secretario de Hacienda Luis Videgaray, celebró con el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en el mes de Marzo del 2014, en donde firmaron una declaración de principios para reafirmar su compromiso de colaborar en asuntos de seguridad, por lo que cualquier persona que se encuentre en la lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, debe acreditar su inocencia y mientras tanto que “Dios lo agarre confesado”. Así pues, lo que ahora parece es que lo señalados ya no serían presuntos culpables en todo caso, pues las instancias se han encargado de que por el contrario sean ahora presuntos inocentes. Qué ironía.

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