Más socavones a la confianza

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No puede, ni debe, tratarse a la ligera el asunto y consecuencias del socavón de 8 metros de diámetro y 16 de profundidad que provocó la muerte de dos personas el pasado 12 de julio en el tramo vial de la autopista federal que une a la Zona Metropolitana de Cuernavaca con la Zona Conurbada de la Ciudad de México. Dicha obra gubernamental fue inaugurada apenas hace tres meses, y se enmarca en una trama plena de corrupción, negligencia e incapacidad plena: ha dejado nuevamente al descubierto la indiferencia de las autoridades federales a las diversas quejas de los vecinos, e incluso autoridades locales, en torno a obras deficientes y peligrosas.

Tanto habitantes como funcionarios de los gobiernos locales, y especialmente técnicos de protección civil, habían advertido oportunamente acerca de las fallas en la citada obra en una de las carreteras federales con más tránsito vehicular del país; sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no actuó en consecuencia para atender y resolver los problemas señalados.

El titular de la SCT, Gerardo Ruíz Esparza, uno de los colaboradores más cercanos del presidente Enrique Peña Nieto, está en las aspas del huracán, pues es responsabilizado por los sucesos. Presumió en las redes sociales la supuesta excelsa calidad del concreto utilizado en la citada obra que, sólo unos pocos días antes, había sido inaugurada oficialmente por Peña Nieto. El presidente protagonizó acciones para difundir profusamente la inauguración y puesta en marcha de la obra, resaltando la supuesta gran calidad y utilidad de ella.

El Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, denunció que el Gobierno Federal tenía conocimiento de los pendientes de esa obra que, aunque ya se había entregado, no estaba terminada. Lo mismo hicieron las autoridades del Ayuntamiento de Chipitlán, municipio por donde pasa el tramo carretero, señalaron haber enviado un oficio que decía: “Debido a las fuertes lluvias y al mal trabajo realizado en el tramo del Paso Express le comunico que el muro que se levantó en el área está a punto de colapsarse, ya que el tubo, que se encontraba en estado obsoleto no fue sustituido por otro que fuera apto para dicha obra”. Diez días antes del colapso del concreto en la obra, también un grupo de vecinos salió a manifestarse ruidosamente interrumpiendo la circulación vehicular en un carril de la autopista con el ánimo de llamar la atención sobre las deficiencias en la nueva vía y exigir atención urgente; exigieron se arreglara la tubería que pasa por debajo de la carretera. Ese mismo día, el Director General del Centro de la SCT en Morelos, José Luis Alarcón, acudió al lugar y se reunió con los vecinos recorriendo la zona dañada; no obstante, no se tomó ninguna medida para evitar los problemas.

Aun cuando el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, anunció una investigación y el cese del Director de su dependencia en Morelos, minimizó los hechos y negó hubiere circunstancias relativas a corrupción y negligencia; ello con el fin de convencer a la ciudadanía que el problema de hundimiento en el asfalto debía atribuirse solamente a las lluvias inusuales. Sin embargo, es evidente la mala calidad de la obra y las fallas en el cumplimiento de normativas de edificación y supervisión.

La autopista fue construida por la empresa española Aldesa; el “Paso-exprés” de Cuernavaca, de 14.5 kilómetros, costó más de 2,200 millones de pesos, según información oficial, resultando en el doble de la cantidad por la que fue inicialmente licitada tal y como recoge la propia empresa en su página web, donde señala que el costo sería de 1,045 millones de pesos.

Juan Mena López de 59 años y su hijo Juan Mena Romero de 33 años, son las dos personas que murieron al caer en el socavón.

La SCT es la dependencia responsable de haber adjudicado esa obra multimillonaria a un consorcio de constructoras españolas, y su titular debe rendir cuentas. Seguramente fue doloroso para la familia que perdió a sus seres queridos el “tuit” que envió Ruiz Esparza informando del rescate del vehículo Jetta, y en forma secundaria, lamentando el fallecimiento de las personas. Seguramente no deben estar satisfechos los familiares de las víctimas con la promesa de Ruiz Esparza de solicitarle al Colegio de Ingenieros un peritaje independiente para determinar responsabilidades en la construcción de la obra, aunado a una auditoría del propio gobierno y a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para revisar las responsabilidades de los funcionarios involucrados. Tampoco les parecerá suficiente que hayan cesado al delegado de la SCT en Morelos, y deben estar mucho muy afligidos e invadidos de indignación al saber que el auto de sus familiares cayó al pozo a las 5:30 de la mañana y las labores de rescate se iniciaron hasta las 11:00 horas. Mena López e hijo estuvieron, pues,  enterrándose vivos por casi dos horas hasta fenecer por asfixia. Por ello, sus familiares no deben estar satisfechos con la expresión del tal Ruiz Esparza en cuanto a que bastaba con entregar indemnización de un millón de pesos por cada uno de quienes perdieron la vida. Ruiz Esparza, en un desplante propio de un  patán insensible, dijo que con eso era suficiente para compensar a la familia por “el mal rato que pasaron”.

En una muestra de dignidad, recientemente el representante legal de la familia de los dos hombres que perdieron la vida informó que buscan sanciones ejemplares en contra de los responsables, y rechazaron la indemnización que ofreció la SCT al considerar que no es justa, dijo que lo que buscan es una “sanción ejemplar”. Adelantó también que están preparando las denuncias penales y demandas civiles correspondientes.

Ruiz Esparza ha reiterado que no renunciará a menos que el presidente se lo pida. Hay que recordar su vinculación en los escándalos por presunta corrupción de la constructora OHL México, y en la cancelación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, cuya concesión era de una filial de Grupo Higa, recordada por ser la empresa que entregó la famosa mansión llamada  “La casa blanca” a la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera.

El presidente Peña Nieto sólo se ha limitado a decir que no hará “juicios anticipados” sobre la tragedia. Y sin embargo, la obra en sí es un escándalo, ya que el año pasado la Auditoria Superior de la Federación (ASF) advirtió, en su revisión de la Cuenta Pública de 2015, irregularidades por alrededor de 300 millones de pesos en el Paso Exprés. Para esta obra existía la posibilidad de que la SCT recuperara 270.5 millones de pesos y debía aclarar en que usó otros 31.8 millones de pesos; además, el precio se duplicó al pasar de mil 045 millones de pesos a 2 mil 200 millones de pesos; y se inauguró con cuatro meses de retraso.

“Si con auditorías se detecta que hubo en algún momento una falla, omisión o no hubo suficiente diligencia o eficiencia, se tendrá que actuar en consecuencia”, aseguró el Secretario de Comunicaciones y Transportes hace unos días cuando intentaba controlar el escándalo.

 

Genera amplia crítica la pasividad de las autoridades

Burda fue la maniobra intentada por los genios asesores del presidente Enrique Peña Nieto para contener las consecuencias negativas del socavón en el llamado ‘Paso Exprés de Cuernavaca’ en el cuál fallecieron trágicamente dos personas. Estrategia diseñada o pensada para amortiguar la desconfianza en otros proyectos importantes como el tren rápido entre la Ciudad de México y la de Toluca, así como el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; plan de control y amortiguamiento de daños a la credibilidad presidencial que estaba basado en privilegiar y modificar la percepción social en cuanto a la existencia de esa suma de negligencia y corrupción de funcionarios con empresarios. Estrategia o plan, pues, para evitar más desgaste sociopolítico; sin embargo, en dicha estrategia no estuvo presente el otorgar apoyo real suficiente a las víctimas mortales y garantizar seguridad a la sociedad, además del correspondiente deslinde de responsabilidad y sanción ejemplar.

El Respetable

Peña Nieto.

La estrategia contemplaba la renuncia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruíz Esparza, misma que no sería aceptada por el Presidente Enrique Peña Nieto, al argumentar no ser este funcionario el responsable directo de los problemas. De ahí que se pensara en contener el reclamo social con tan sólo remover de su encargo al Director General del Centro de la SCT en Morelos y establecer toda la responsabilidad de las fallas en las constructoras.

Generó amplia crítica la pasividad negligente de las autoridades y las primeras absurdas declaraciones de Ruíz Esparza con las que buscaba eludir la responsabilidad gubernamental y dejar de lado cualquier sugerencia en relación a negligencia y corrupción. Además, el esquema declarativo lleno de contradicciones y con un bajo nivel argumentativo, dio margen a establecer que existía el propósito de proteger a la empresa constructora hispano-mexicana denominada Aldesa. Dicha empresa también está involucrada en otros importantes proyectos de edificación en materia de infraestructura ordenada por el Gobierno Federal.

Pero no hay forma alguna de evitar que las empresas constructoras, el supervisor y el realizador del proyecto ejecutivo de la obra, puedan quedar al margen de la responsabilidad por la tragedia. Las empresas participantes han buscado hacer un deslinde de responsabilidades. Aldesa envió un equipo de ejecutivos a México para tratar de controlar el daño y, de entrada, rechazó el cuestionamiento sobre la integridad de la empresa; la otra empresa interviniente se llama Epccor, es colaboradora de Aldesa en la construcción del Paso Exprés, y simplemente buscó culpar al gobierno de Morelos por falta de mantenimiento y limpieza del drenaje, asegurando que eso es la causa frontal del problema. La declaración del vocero de la empresa Epccor molestó a las autoridades de Morelos, malestar que se agravó cuando Gerardo Ruíz Esparza afirmó que el Titular del Centro de la SCT en el estado era un personaje recomendado por el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, quien a su vez refutó la información y manifestó no haber conocido jamás al Director del Centro SCT en Morelos. Además, el gobernador aseguró que al funcionario que estuvo anteriormente a cargo pidió que lo removieran por corrupto, y acusó que al recién removido titular en Morelos de la SCT lo había sugerido directamente el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Ruíz Esparza ha insistido en que la tragedia habría sido causada por una fuga de agua en un drenaje, como consecuencia de lluvias atípicas en la zona y dijo: “La atipicidad de las lluvias en el centro del país es una variable fácilmente comprobable”, pero Roberto Ramírez, Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo una semana antes que si bien se estaban registrando lluvias atípicas en el centro del país, en el promedio del año había llovido menos en 2017 que en 2016.

Hay el señalamiento que no se preparó un análisis de mecánica de suelo donde se realizó la obra para prever y haber estado en aptitud de atender cualquier otro riesgo. Esto, de acuerdo con lo afirmado por el Subsecretario de Infraestructura de la SCT, Óscar Callejo, fue responsabilidad única de la dependencia, con lo que deslinda de esa situación a las constructoras.

Ruíz Esparza y su equipo dijeron que no había peligro y que el subsuelo de la obra en el área del socavón estaba firme y estable. Sigue siendo evidente que la corresponsabilidad es entre autoridades y empresas, pero el agravante es el tufo de la negligencia y de la corrupción, además de la torpeza e insensibilidad del Secretario de la SCT, Gerardo Ruíz Esparza, a quien Peña Nieto insiste en proteger.

Basta ya de obras que por corrupción y negligencia se caen a pedazos y siguen minando a México. Dada la negligencia y gran corrupción que priva en torno a la SCT, debe haber muchas otras obras en similares condiciones de grave peligro para la sociedad. Sobre lo ocurrido, es urgente se emprendan acciones claras y contundentes para que se genere justicia y, además de sancionar ejemplarmente a todos los culpables, se erradique tanto a corruptos como mañosos funcionarios y constructores, garantizándose seguridad, certidumbre y protección a los mexicanos. Basta ya de discursos y promesas que sólo resultan “tacos de lengua”.

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