Los ambulantes y la injusticia moral

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La guerra contra los trabajadores callejeros o ambulantes ha ido demasiado lejos en estos gobiernos “ciudadanistas” fundados, supuestamente, en una postura política progresista. No sólo es contra las personas que, de manera legal y justificada, deciden ganarse la vida vendiendo en la calle, sino contra todos los oficios callejeros: indigentes, niños en situación de calle, trabajadoras sexuales, personas de la tercera edad, indígenas y hasta invidentes.

Una muestra de que esta guerra contra los ambulantes ha ido demasiado lejos ocurrió el miércoles 19 de julio, cuando sin pizca de sensibilidad, inspectores del gobierno de Guadalajara retiraron a vendedores ambulantes invidentes que se ganan la vida vendiendo chicles, cigarros y mazapanes en los cruces de las avenidas Américas y México. Ése es un floreciente cruce vehicular en el que se ganan la vida, al menos, una docena de ambulantes, de los cuales cinco son invidentes: Enrique, Vicente, Joel, Omar y Melesio. Según la nota de José Luis Jiménez Castro (Notisistema), por la mañana de ese día, poco después de las 8:00 am, trabajadores del ayuntamiento de Guadalajara retiraron del lugar a Joel supuestamente porque está prohibido vender en ese sitio. Cuando llegó el resto de sus compañeros, volvieron a la venta de sus productos, pero no sabían si podrían seguir vendiendo en ese cruce, lo que les generó incertidumbre.

Con el argumento de poner orden y aplicar los reglamentos, el gobierno de Guadalajara, de Zapopan y otros de la zona metropolitana han endurecido normas y, sobre todo, han aplicado una línea dura dictada desde la alcaldía y que va implacablemente hacia abajo expulsando a trabajadores ambulantes de zonas donde se han ganado la vida desde hace años, décadas incluso.

Así, la limpieza de ambulantes se ha aplicado en distintos puntos de la ciudad: el centro histórico, antiguas zonas comerciales como Obregón o los locales zapateros de la calle 74, en el parque frente al Hospital Civil, parque Rojo; o en zonas históricas de tolerancia y espacio del trabajo sexual como San Juan de Dios y el Parque Morelos.

Varios de los operativos de inspectores y fuerza pública municipal han sido grabados por ciudadanos indignados y subidos a redes sociales. En esto videos se aprecia cómo los ambulantes son acosados por inspectores: un vendedor de jugos en el centro histórico, un vendedor de bolis en la plazoleta frente a la prepa 1, o un indígena cuyo “delito” consistía en circular con su diablito cargado de bancos y sillas de madera elaboradas por la familia por avenida Juárez, afuera del Larva, etc.

Son episodios de conflicto entre los ambulantes y los representantes de la autoridad que generan de inmediato un coraje contra la autoridad en quienes lo miran, sea directamente o sea a través del video captado en el momento por una persona solidaria y que posteriormente lo circula en las redes sociales.

A todas luces se manifiesta la prepotencia de los inspectores municipales como agentes de poder que, con arbitrariedad, impiden al ambulante vender su mercancía, y la arbitrariedad aumenta cuando muchas veces pretenden llevarse la mercancía y los implementos del trabajador callejero: un triciclo, un diablito, un bracero donde se cocieron los elotes. La indignación aumenta porque los inspectores piden el apoyo de la policía municipal para amedrentar o detener al ambulante que únicamente busca ganarse la vida.

Es difícil no enojarse al apreciar este ataque contra las personas que tienen el derecho legítimo de vender algo en la calle buscando un sustento. Es imposible no ver que algo está mal en ese acto de autoridad.

Se trata, a todas luces, de actos de injusticia moral; éticamente es reprobable la conducta de la autoridad.

Por más reglamentos que esgriman, no pueden evadir el hecho de que la Constitución está de lado de los ambulantes que tienen el derecho de ganarse la vida vendiendo en la calle. Y aunque el reglamento lo prohíba, es una injusticia, es éticamente reprochable que un gobierno impida a invidentes, a adultos, niños, trabajadoras sexuales, indigentes, indígenas y en general a estos sujetos de abajo que busquen un modo legítimo de subsistir.

El llamado al orden, respeto a la legalidad y el proyecto de tener un centro “limpio y ordenado” sólo sirven al proyecto de una ciudad neoliberal que busca presentar centros históricos para los turistas, para el comercio establecido, para el capital inmobiliario y para los rituales del poder, sin el inconveniente del centro “mugroso” y “desordenado” que producen los de abajo, quienes también tienen el derecho legítimo de usar y producir en el centro histórico.

Muchos ambulantes no tienen otra opción; y muchos prefieren justificadamente vender en la calle antes que meterse a una fábrica a trabajar por un salario miserable. No sé cuánto gane en promedio un trabajador en la calles, pero sin duda no se hacen ricos, como los regidores o funcionarios municipales.

Y sin embargo, se les estigmatiza o criminaliza cuando un ambulante logra ganar (por venta de productos, por apartar lugares o lavar autos o como indigente) cientos de pesos al día. Varios colegas periodistas han presentado notas donde cuestionan el ingreso que puede llegar a tener un trabajador ambulante. ¿Por qué está mal que un ambulante gane bien?, ¿preferirían que en lugar de llevarse 300, 500 u 800 pesos al día se meta a una fábrica a ganar 90 ó 120 pesos?, ¿por qué les parece éticamente condenable que un ambulante pueda ganar 800 pesos al día y no les parece condenable las obscenas ganancias de las empresas privadas en la bolsa, la banca, las constructoras, las telecomunicaciones?, ¿no son más indignantes los ingresos de la clase política?

La guerra de los gobiernos contra los ambulantes ha ido demasiado lejos. En el fondo parece un conflicto de clase: de élites políticas, empresariales y mediáticas acomodadas contra sujetos que creen que afean la ciudad, y que la ciudad sólo les pertenece a ellos. No es así, la ciudad también es de los ambulantes. Es tiempo de denunciar, es necesario hacerlo y exhibir las posturas clasistas que se escudan en el “ciudadanismo” y el progresismo capitalista.

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