¿Judicial o política?

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A pesar de haber sido condenado a nueve años y medio de prisión, Lula da Silva podría ser candidato a presidente de Brasil en 2018.

La polémica sigue a todo lo que da, judicial o política, la decisión de un juzgador de sentenciar al ícono carioca le ha dado la vuelta al mundo y ha provocado todo tipo de reacciones. La sentencia, en primera instancia, contra el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, dictada por el juez Sergio Moro, a quien ya se le ve como líder de la cruzada anticorrupción que vive el país, significa el fin de un siglo, el fin de las promesas de un líder que en su momento fue el máximo representante de la transformación de un país, la expresión mayor de un liderazgo diferente en América Latina que quería imponer democracia a cambio de renovación social. Ahora, esta imagen se pierde aun si la sentencia fuese revertida por el Tribunal de Apelación.

A raíz de esta condena, nadie tiene claro si Lula –que gobernó el país entre 2003 y 2010–, y lidera la intención de voto en las encuestas, podrá postularse de nuevo tras ser condenado por los delitos de corrupción y lavado de dinero. Lo que sí está claro es que a partir de la decisión, el exmandatario se convirtió en el primer expresidente brasileño en recibir una condena penal por un delito común.

El expresidente, quien además enfrenta otras cuatro causas penales, niega categóricamente todos los cargos y los atribuye a una conspiración para impedir su candidatura en 2018.  Así las cosas, el mandatario no la tiene fácil, a no ser que logre mover su maquinaria política y alcance un salvavidas al ganar la presidencia. Según expertos, el proceso antes de la condena en segunda instancia puede durar entre 12 y 16 meses, es decir que el fallo se conocería por la misma época o, si no, meses después de que el país concurra, si es que lo hace, a las urnas.  Lo ocurrido con Lula es una muestra más del desprendimiento de la justicia con la clase política, motivada entre otras razones por el hartazgo del electorado a sus dirigentes y las malas cifras económicas que día tras día hunden ese proyecto llamado Brasil.

Todo un reto para los políticos tradicionales que tendrán que reencontrarse con sus raíces para retomar la confianza del pueblo, su arma más valiosa.

Sergio Moro.

Sergio Moro.

Hace apenas tres años, Sergio Moro era un desconocido para los brasileños. Hoy figura entre los favoritos para la presidencia tras el protagonismo adquirido por la investigación del mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil.  Inspirado en la operación Lava Jato, que acabó con una compleja red de corrupción política en Italia en los años 90, el juez federal ha emprendido una lucha que por momentos ha enfrentado al poder judicial con el político y ha dividido a la sociedad brasileña entre quienes lo consideran un héroe y los que lo ven como un populista con intereses partidarios. 

Moro nació en Maringá, en el estado sureño de Paraná, en una familia de clase media. Estudió derecho en su ciudad natal y se especializó en combatir el lavado de dinero en un programa de Harvard. Con solo 24 años se convirtió en juez y ahora compagina su trabajo en un juzgado de Curitiba con sus actividades como profesor de la Universidad Federal de Paraná y asesor de la Comisión de Constitución y Justicia del Senado. Tiene dos hijos con Rosangela Wolff, su esposa.

La operación  Lava Jato ha proyectado la figura de Moro tanto en Brasil como en el exterior: apareció en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time el año pasado y entre los 50 líderes con mayor influencia en el mundo de Fortune.

Lula pasará así a la historia como el primer brasileño que ha ocupado el cargo de presidente condenado penalmente por corrupción. Existe el antecedente de Fernando Collor de Mello, culpable por lo mismo, pero en un juicio político en el Congreso que le costó su destitución. Y el de Dilma Rousseff, destituida por el Legislativo por maquillar cuentas públicas. Pero, más allá de estos casos, está el hecho de que todos los presidentes vivos de Brasil desde el regreso de la democracia (José Sarney, Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Lula y Rousseff) han sido salpicados por señalamientos de igual naturaleza, e incluso sobre el actual presidente, Michel Temer, pesan denuncias de la Fiscalía. Datos de una historia de corrupción que no es exclusiva de Brasil y ha tenido desarrollos continentales.

Por supuesto, Lula apelará y conserva la esperanza de sostener su aspiración para las presidenciales del 2018, cita en la cual no abundan los candidatos, pues un porcentaje enorme de la clase política es sospechoso de tener las manos metidas en el fango de la corrupción.

La condena de nueve años y medio de prisión para el expresidente de Brasil, por corrupción pasiva y lavado de dinero, pareciera es el fin de una ilusión. Una ilusión no solo para Brasil, sino también para Latinoamérica y, por qué no, para el mundo, que observa con detenimiento cómo la épica historia del obrero siderúrgico que luego de múltiples intentos logró llegar al poder para sacar a más de 30 millones de sus compatriotas de la pobreza no tuvo un final feliz.

Es cierto que esta es una condena de primera instancia y que Lula no irá a la cárcel de inmediato, pues puede recurrirla, y un tribunal superior debe confirmar la pena. Pero es claro que esa especie de mito que se erigió en torno a la figura del carismático líder sindical se derrumba, si se tiene en cuenta que aún hay otros cuatro procesos que sobre él pesan y esperan sentencia del juez Sergio Moro, encargado del escabroso asunto de corrupción en Petrobras.

En los últimos tres años y tres meses, en Brasil todo ha sido crisis, todo ha sido confuso. Sus ciudadanos no saben si irán a las urnas en 2018, si tendrán un presidente interino por seis meses o si el Congreso elegirá al próximo mandatario directamente. Como tampoco, cuáles serían los candidatos presidenciales, pues gran parte de la élite política del país está salpicada en el mayor escándalo de corrupción en su historia: Lava Jato.

La destitución de la expresidenta Dilma Rousseff por “crímenes de responsabilidad” y la investigación contra el actual presidente Michel Temer, al ser acusado de autorizar el pago de sobornos, son hechos gravísimos con dimensiones estratosféricas, pero, sin duda alguna, la condena por nueve años y medio al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva por haber recibido un lujoso apartamento de una constructora a cambio de contratos de la estatal petrolera Petrobras es un hecho más que escandaloso, pues acaba con la imagen de, quizá, el hombre más popular del país y el más grande ícono de la izquierda latinoamericana.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por los delitos de corrupción y lavado de dinero, puede aún ser candidato a la presidencia de Brasil.

Como la sentencia del juez anticorrupción Sergio Moro fue en primera instancia, hasta que no se dé la segunda, el veterano político estará en libertad y habilitado para postularse nuevamente en los comicios de 2018. 

No solo anunció en conferencia de prensa que lo hará –es favorito en las encuestas–, sino que además espera que el actual presidente, Michel Temer, sea desalojado del poder tras los escándalos en que se visto envuelto.

Podría darse un escenario extraño: que ganara las elecciones y luego el fallo de segunda instancia ratificara su culpabilidad. En ese caso, Lula podría asumir, y recién cumplir la condena una vez que dejara la presidencia. Así y todo, lo lógico es que el fallo salga antes de las elecciones, de manera de evitar una situación delicada desde lo institucional. Un escenario favorable a Lula sería que el proceso contra Temer avanzara, el actual presidente fuese sustituido y, ante la poca legitimidad de cualquier eventual sucesor, se aprobara una reforma constitucional para llamar a elecciones anticipadas, con lo que Lula le ganaría tiempo a la Justicia. Parece difícil.

La decisión del juez Sérgio Moro de condenar a nueve años y cinco meses de prisión a Luiz Inácio Lula da Silva cambia el escenario político no solo del ex presidente, sino de todo Brasil.

El panorama brasileño sin Lula da Silva no resulta más alentador para su agrupación, el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que no ha encontrado quién sea capaz de hacer olvidar a Lula.

Los demás candidatos tradicionales están prácticamente fuera de juego en las encuestas y el actual Gobierno, una coalición partidos, tiene una aprobación de 7% en las encuestas.

Jair Bolsonaro.

Jair Bolsonaro.

El principal beneficiado es Jair Bolsonaro, el segundo en las encuestas, un ex militar que ha sido apodado el “Trump brasileño” por sus comentarios machistas, sexistas y autoritarios, algo que ha disparado su popularidad.

En las redes sociales, donde Lula es el tema del día, había reacciones tanto aplaudiendo la noticia como lamentándola. En un país que lleva dos años de exasperante crisis política, en el que la ciudadanía muestra cada vez más hartazgo con la clase dirigente, de izquierda a derecha, su mayor sobreviviente se puede consolar en que su caída al menos ha dividido al país.

Sin embargo, otros en la clase política celebran el no tener que lidiar más con la amenaza de Lula, y analistas buscan adivinar cuál será el futuro del ex obrero metalúrgico.

La posibilidad de que el ex presidente y su sombra desaparezcan del mapa político por primera vez en décadas supondría un cambio sísmico en el panorama, sobre todo de cara a las elecciones presidenciales de 2018, para las que Lula, como ya se decía, es el candidato favorito.

Partidarios apuntan que Lula todavía puede ser declarado inocente en un tribunal superior.

Sus detractores recuerdan que tras ésta aún quedan otras cuatro sentencias esperando ser publicadas y que, para sobrevivir a semejante bola de nieve, le hará falta algo más que capital político.

Aliados del presidente de Brasil, Michel Temer, dicen que la condena de Lula favorece a Temer en dos puntos: porque saca de las noticias la crisis por la que pasa Brasil y porque vuelve a encender el espíritu que existe en el Congreso de que hay una ofensiva contra la política del actual mandatario.

Por el momento el futuro inmediato del ex presidente está en manos de tres hombres: los jueces que conforman el Tribunal Federal de la Cuarta Región (TRF4) de Porto Alegre, encargado de estudiar la sentencia contra Lula da Silva en la segunda instancia.

Sus abogados ya han anunciado que piensan recurrir la decisión de Moro.

Ahora queda predecir el comportamiento del Tribunal que lleva el caso, sabiendo que han recibido 48 sentencias de Moro: de esas han confirmado algo más de la mitad. También se sabe que se tardan unos dos años en pronunciarse, lo que es una noticia para Lula, porque tendría tiempo de llegar a las presidenciales. Pero, por otro lado, son más raudos si las sentencias vienen de Sergio Moro, que históricamente han tardado un año en promedio.

Y a pesar de que como se mencionaba, la mayoría de los expresidentes cariocas han sido señalados en actos de corrupción,  Lula se cuece aparte, está hecho como de otro barro, dirían en el pueblo. Pero, no obstante su historia y su estatura formidables, lo que el expresidente no hizo fue lo que el momento del país requería: enfrentarse a la corrupción institucionalizada que históricamente lo ha infestado. En lugar de eso, Lula actuó como un integrante más de la élite corrupta brasileña, especialista en cuidarse la espalda mientras se turna el saqueo de los cofres públicos. Esa omisión es ahora el triste epílogo para una vida pública que, de otra manera, estaba destinada a las páginas ilustres de los libros de historia. Ahora, todo lo que esta pasado es, también, una advertencia para otros políticos del continente que, a medida que las instituciones judiciales de sus países se van fortaleciendo e independizando, pueden verse enfrentados al mismo destino. Ojalá ese momento no tarde y llegue a donde más urge, como aquí a México.

 

@salvadorcosio1
opinion.salcosga@hotmail.com

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