2018: HERENCIA y NEGLIGENCIA

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Salvador Cosio-08Los que busquen ser candidatos a la Presidencia de la República en la próxima elección tienen considerar que deben trabajar para, al menos, tener la información cabal y un proyecto de cómo abatir el severo problema de inseguridad que aqueja a México. Muy pocos de los que hasta ahora se han mostrado como aspirantes a la Presidencia, pueden presumir conocimiento y experiencia positiva en el tema de seguridad; muchos están manchados por escándalos inherentes a ineficacia al respecto, violación de derechos humanos y problemas de corrupción e impunidad.

Es el colmo que ahora, en vez de buscar soluciones a la crisis de falta de seguridad, ya se quiera aprovechar para generar reflectores a los aspirantes presidenciales; pues así fue cómo el Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, decidió usar el incremento de la inseguridad en México como soporte de su discurso electorero. Quizá piensa que descubrió la receta del agua hervida.

Enrique de la Madrid es el más reciente personaje inventado por Enrique Peña Nieto para fungir como relleno del estofado del que habrá de surgir el auténtico delfín presidencial, mismo que será el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la Republica en los comicios del 2018. Y, sin embargo, de la Madrid sólo viene a engordar el caldo en el que ya están inmersos, al menos, otros 7 aspirantes a la llamada Primera Magistratura de la Nación.

El hijo del ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado, anunció que al ser el incremento de criminalidad un gran factor de riesgo que reduce notablemente la atracción del turismo hacia nuestra patria, habrá acciones especiales de apoyo al abatimiento de inseguridad en Los Cabos, Cancún y Acapulco, que en coordinación con la participación del sector empresarial en la operación y financiamiento del programa, se pretende provocar certidumbre y seguridad a los visitantes. La fórmula planteada es aplicar lo que funcionó adecuadamente en Puerto Vallarta a principios de los años noventa, implementando Policía Turística que, además de preventiva, era útil para apoyar a los visitantes. No obstante, en los tiempos que corren, eso sería insuficiente en razón que ya la delincuencia está inserta golpeando a la sociedad sin distingo de áreas o zonas, y lo que se requiere es mucho más que el simple plan de apoyo a la seguridad y asistencia al turismo. No basta con pensar en cuidar mejor las áreas turísticas, pues el problema de inseguridad es de fondo y lacera al país.

La inseguridad en México se acendró desde el sexenio presidencial a cargo de Vicente Fox Quezada, y se incentivó aún más con recrudecida violencia en la época de Felipe Calderón, ambos militantes del Partido Acción Nacional (PAN). En dichos sexenios la sociedad sufrió ese incremento de criminalidad, corrupción e impunidad. Participaron activamente, en distintos encargos de alto nivel ligados a la seguridad pública federal, Genaro García Luna y Monte Alejandro Rubido García. Lo curioso es que Rubido fue un alto funcionario en la materia de seguridad en las épocas anteriores; y el régimen de Calderón fue duramente criticado por Enrique Peña Nieto desde que era candidato presidencial, pero al asumir éste la Presidencia de la Republica, designó a Rubido como su segundo titular en la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), tras cesar al Doctor Manuel Mondragón quien fungiera como tal al iniciar su administración. Mondragón, claro está, no tuvo ni éxito ni respaldo suficiente de Peña Nieto. Y ello se debe a que el equipo más cercano para limpiar las dependencias federales vinculadas a seguridad, estaban infestadas del crimen organizado y de personal que llegó a controlar esas instancias al ser incondicionales de García Luna y Rubido. De ahí la incongruencia de Peña al haber llamado a Rubido a encargarse de la seguridad pública federal, a quien mantuvo bastante tiempo en el cargo, pero después de demasiados escándalos, decidió removerlo por ineficaz y nombró al actual Comisionado Renato Sales Heredia.

Este último tampoco ha sido muy exitoso en su misión: México está peor en seguridad que en las épocas sexenales panistas.

De 2012 a 2016 el Congreso de la Unión aprobó al Poder Ejecutivo Federal 3,989 millones de pesos para combatir la inseguridad, pero el gasto real del gobierno supera los 34,000 millones de pesos a través de partidas secretas destinadas a las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y la Procuraduría General de la República (PGR). Y a pesar del cuantioso recurso público para enfrentar inseguridad, el índice de criminalidad sigue en ascenso. Como muestra está que los homicidios en el mes de mayo han superado todos los registros desde 1997, ya que durante ese lapso se iniciaron 2186 indagatorias por asesinatos, lo que supera las 2131 incoadas en el peor mes del gobierno anterior a cargo del panista Felipe Calderón Hinojosa.

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en los primeros 5 meses del actual 2017 México acumula 9916 carpetas de investigación abiertas por homicidio, un 30% más que en el mismo periodo de 2016. Y tan sólo en Mayo hubo 2452 víctimas de homicidio, 28% más que las registradas durante el mismo periodo de 2016. Es el número más alto registrado desde enero de 2014, ya en el Gobierno actual a cargo del Presidente Peña Nieto.

En comparación con el primer trimestre de 2016, los homicidios dolosos, las extorsiones, el secuestro y el robo a negocio presentan un aumento durante los tres primeros meses de 2017, siendo este el año con el arranque más violento del que se tenga registro en México: 1,938 homicidios en enero.

En total, durante todo el sexenio actual del Presidente Peña Nieto, el número de averiguaciones y carpetas de investigación por homicidio doloso ascienden a 75,475, cifra 20 por ciento superior a los 63,094 homicidios registrados en el mismo periodo de la administración a cargo de Calderón. En la actual administración se han cometido 12 mil homicidios más en comparación con el sexenio anterior.

El aumento de criminalidad marca una asignatura fallida para Peña Nieto, quien desde su campaña ofertó una nueva realidad de crecimiento en bienestar sobre la base de propiciar paz y tranquilidad a la sociedad. Ello, evidentemente, no ha ocurrido: es creciente el alza de homicidios, robo y asalto violento a hogares y comercios, extorsiones, secuestros, despojos, fraudes y atentados contra la integridad sexual e íntima de las personas, trata de personas para fines de tráfico de órganos, prostitución, esclavismo, narcotráfico y un largo etcétera.

Para alcanzar bienestar, retener inversiones y captar nuevos capitales que permitan proyectos productivos, y con ello la creación de empleos de calidad y mejor remunerados, es preciso abatir la inseguridad, corrupción e impunidad, cuya incidencia creciente se refleja en altos costos para las personas, las familias y las empresas.

El modelo de concentración de las tareas de seguridad en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha fallado porque se cometieron errores de diseño. Fracasó el intento de la plena certificación de confianza de todos los servidores con tareas ligadas a temas de prevención, procuración, administración e impartición de justicia; además, no han funcionado los diversos esquemas anticorrupción: prevalece la impunidad.

Es impostergable que los gobernadores y los alcaldes asuman urgente y plenamente la responsabilidad primaria en materia de seguridad para la protección física y patrimonial de los ciudadanos, tal como está previsto en los artículos 21 y 115 de la Constitución; dichos artículos describen las atribuciones y obligaciones por cada orden de gobierno en materia de seguridad. Por ello, es urgente se resuelva el marco normativo para la Fiscalía General de la República  (FGR), y el más claro esquema legal de actuación de las Fuerzas Armadas en cuanto a sus actividades más allá de la defensa nacional.

Resulta alarmante, pues, que no se vea clara la ruta ni la voluntad política para que se definan y apliquen normas y acciones que sean la base en la estrategia eficaz que permita abatir los altos índices de criminalidad, inseguridad, violencia, corrupción e impunidad. Y ahora ya, para colmo de males, esos temas fundamentales para México están a merced de la conveniencia electoral.

 

Urge estrategia federal contra crimen

Recientemente el Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo Hoyos Walther, expresó el reclamo y petición de su gremio al indicar la urgencia de un nuevo diseño de la estrategia federal para combatir el crimen. Se le pidió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que tanto el gobierno federal como los gobernadores y alcaldes, asuman su parte de responsabilidad; inclusive se le hizo un llamado al Poder Legislativo Federal y a los Congresos estatales a participar con decisión y real sentido de búsqueda de soluciones.

No debe escapar a la atención de la sociedad que la estrategia gubernamental contra la inseguridad, la corrupción y la impunidad es a cargo del Secretario de Gobernación, Osorio Chong: el fallo de esta asignatura amenaza con destrozar las aspiraciones político- electorales del hidalguense, quien busca ser el candidato presidencial del PRI para la elección de 2018.

Quedó obviamente muy rebasada la promesa de Peña Nieto de que en los primeros 100 días de su gobierno acabaría la escalada de violencia. Sin embargo, es cierto que el gobierno de Felipe Calderón dejó un país en medio de una guerra civil gracias a una estrategia de fuego y muerte que tuvo su punto más alto en mayo de 2011, cuando las denuncias de homicidios dolosos alcanzaron la cifra de 9,466 durante los primeros cuatro meses de ese año. También es cierto que el siguiente año pudieron amainar esa trágica condición, ya que en el año 2012 la cifra bajó a 9,158, y aunque ya en el gobierno actual la cifra bajó a 7,902 en 2013, 6,887 en 2014 y a 6,708 en 2015, el tema volvió a encenderse pues los carteles criminales tomaron la medida al gobierno y pudieron fortalecerse. Y así fue cómo en 2016 volvió a incrementarse sustancialmente el índice de criminalidad.

En 2016 el delito de homicidio doloso sumó 7,658 denuncias, lo que significó incremento de 22% con respecto al año anterior. En el Estado de México, Guerrero y Chihuahua, se registraron el mayor número de estos crímenes, pero más allá de las denuncias, el número de asesinatos en 2016 llegó a los 20,549, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), lo que fue un incremento de 20.6% con respecto a los 17 mil 34 homicidios dolosos en 2015. En los primeros cuatro meses de este año, el total de denuncias presentadas por homicidio doloso se disparó a 9,916, lo que significa un aumento de 29.5% con respecto al mismo periodo en 2016. Estos cuatro meses fueron el periodo más violento en la historia de México.

Los estados con mayor número de denuncias de este tipo de delitos son Veracruz, que tuvo un incremento de 122% entre 2015 y 2016, seguido de Michoacán (65%), Colima (259%), Baja California (42%) y Chihuahua (30%). En la suma general, 23 entidades del país sufrieron un aumento en las denuncias, lideradas por Veracruz, Michoacán y Colima.

Pero lo más lamentable es que no se advierten señales de que las cosas cambiarán pronto; México seguirá inmerso en la barbarie.

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