RESISTENCIA Y PERSISTENCIA

466
0
Compartir
Venezuela vive cotidianamente la corrupción y el abuso de poder. En la foto, el presidente, Nicolás Maduro.

Venezuela vive cotidianamente la corrupción y el abuso de poder. En la foto, el presidente, Nicolás Maduro.

LA PRÓXIMA FECHA CLAVE PARA VENEZUELA ES EL 30 DE JULIO, CUANDO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES PARA ESCOGER A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

Este sábado se cumplieron tres meses desde el inicio de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, cuyo mandato termina en enero de 2019.

La protesta opositora contra el gobierno del presidente de Venezuela, cumplió 90 días activa en las calles de casi todas las ciudades venezolanas.

Tres meses de presión ciudadana en la que los opositores han puesto la mayoría de las más de 80 víctimas fatales, más de 1,400 heridos, 3,500 ciudadanos aprehendidos y 400 nuevos presos políticos –según la Fiscalía venezolana y la organización Foro Penal Venezolano– sin lograr alguno de sus objetivos: impulsar un proceso electoral que permita cambiar al gobierno, la liberación de los presos políticos y el respeto a la Asamblea Nacional de mayoría opositora instalada en el 2016.

El chavismo, con 18 años en el poder, ha sobrevivido estos meses gracias a una insólita mezcla de represión y contraofensiva política con el lanzamiento de una constituyente con la que espera cambiar la Carta Magna, relegitimarse y establecer las bases de un “estado comunal”.

Frenar este nuevo proyecto del chavismo es ahora la más urgente de las tareas de la oposición, que todavía apuesta a la protesta pacífica como su carta fundamental. Hasta ahora, los tres meses de protesta –y la desmedida respuesta del régimen le han dado a la oposición logros moderados. El primero, mostrar al mundo la magnitud de la crisis venezolana y el descontento de los ciudadanos. El segundo, el fortalecimiento de la unidad opositora y su liderazgo, destrozado tras el último diálogo con el Gobierno y, por último, revelar el carácter dictatorial del régimen chavista.

Frente a todo esto, decenas de países han pronunciado su preocupación sobre lo que ocurre en Venezuela, pero todavía no se concreta una sola condena formal por parte de la Organizaciónde Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Solo la Unión Europea (UE) expresó en días recientes oficialmente su preocupación por la violencia sugiriendo la responsabilidad del Gobierno. “El pueblo venezolano ha experimentado una violencia y una represión cotidianas que ya han causado muchas víctimas”, señaló el bloque de países que aglutina la UE.

Pero en política interna, la efectividad de las protestas se va mostrando más clara. Es verdad que no se ha logrado el acercamiento ni la negociación para el ansiado evento electoral, pero la protesta ha logrado fracturas en el oficialismo. No logró el divorcio de la fiscal Luisa Ortega Díaz con el Gobierno, pero junto con ella arruinó el modelo judicial de hostigamiento a la disidencia y agrietó la monolítica de la estructura del Gobierno, incluso entre los militares, aunque no se sabe la medida exacta. La renuncia del mayor general Alexis Ramírez López como secretario del Consejo de Defensa de la Nación, el rechazo público de tres magistrados a las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las críticas hechas por el ministro Wilmar Castro Soteldo –filtradas a la prensa y en las que reconoce que la oposición es mayoría– son algunas escandalosas fisuras.

A estas se suma el manifiesto del piloto de la policía científica Óscar Pérez contra “la tiranía de Nicolás Maduro” minutos antes de abordar un helicóptero oficial y sobrevolar la sede del TSJ el martes pasado.

La Marcha del Silencio en Venezuela.

Las marchas en Venezuela.

El centro de Caracas fue el escenario de lo que las autoridades venezolanas describieron como un audaz intento por desestabilizar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, esta semana.  Un helicóptero de la Policía robado  –que presuntamente fue piloteado por Óscar Pérez, inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) del país– atacó la sede del Tribunal Supremo de Justicia y la del Ministerio del Interior, arrojando granadas y disparando antes de alejarse después de más de una hora de sobrevuelos.  Fue el capítulo más reciente y extraño de los meses de crisis en Venezuela, que parece ir cuesta abajo.

Montaje o no, lo cierto es que los enfrentamientos prácticamente diarios entre las fuerzas del Gobierno y los manifestantes tienen paralizado al país sudamericano. El gobierno definió la acción del comisario Pérez y de los suyos como un acto subversivo. De hecho, el policía -una especie de Rambo que incluso ha protagonizado una película- dejó grabado un vídeo en el que exigía el restablecimiento del orden constitucional: “Somos una coalición entre militares, policías y civiles en búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal, no pertenecemos a tendencia política o partidista. Somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas”.

Maduro lo acusó de ser el piloto del general retirado Miguel Rodríguez Torres, antiguo jefe de la Inteligencia durante la época de Chávez y que también estuvo al frente del Ministerio de Interior con Maduro. El oficialismo, además, acusó a uno de los militares más cercanos al “comandante supremo”, crítico con el primer mandatario y contrario al proceso constituyente, de haberse vendido a la CIA y de llevar a cabo varios asesinatos. Además, desde el Palacio de Miraflores, el ministro Ernesto Villegas describió el ataque “como parte de una escalada golpista contra la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sus instituciones que pretende alterar el orden constitucional en Venezuela y que ha demostrado carecer de cualquier escrúpulo”.

Villegas contó que los atacantes realizaron 15 disparos contra el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

El ataque se llevó a cabo mientras se hacía un convivio a un grupo de comunicadores sociales, con motivo del Día Nacional del Periodista, por lo que habían poco menos de 100 personas en el edificio. En tanto que en las instalaciones del tribunal supremo estaban sesionando la sala constitucional, cuando se realizaron los disparos y se lanzaron al menos cuatro granadas, dos de ellas contra quienes custodiaban el edificio.

El ataque no asustó a los magistrados del TSJ, que incluso hicieron pública esa noche una nueva sentencia directamente contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega. El máximo órgano jurisdiccional dictaminó la retirada de parte de sus competencias como jefa del Ministerio Público y única acusadora ante los tribunales para entregárselas al Defensor del Pueblo, un militante fanático del madurismo. Además, también decidió sacar fuera de juego al vicefiscal, principal colaborador de Ortega y llamado a sucederla si este mismo alto tribunal termina destituyéndola o apresándola.

Ese ataque significó a la postre horas intensas solo imaginables en el surrealismo trágico venezolano, que estuvieron precedidas de una arenga presidencial que sin duda estremeció al país y al mundo: “…Lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas, liberaríamos nuestra patria con las armas”.., afirmó Maduro durante un acto político en la capital.

Durante meses, Maduro ha señalado que los manifestantes planean un golpe de Estado contra su gobierno. Con el control sobre el poder, que ha empezado a deslizársele de las manos, algunos se preguntan si el intento de golpe al estilo Hollywood se trata una estratagema elaborada por Maduro y sus partidarios. Las escenas registradas alrededor de Caracas parecían sacadas directamente de una película de James Bond. Pérez, el piloto de las fuerzas especiales de Venezuela, también es actor y mantiene una cuenta de Twitter bastante activa. En 2015, participó en la película de acción “Suspended Death”, de la que fue coproductor y protagonista interpretando a un agente de inteligencia que rescata a un empresario secuestrado.

También tres tenientes que pidieron asilo en Colombia se rebelaron públicamente contra el mandatario al comienzo de la oleada de protestas y trasciende que existe evidencia que  demuestra que por lo menos otros 14 militares fueron detenidos por rebelión hace un mes.

Pero el apoyo políticamente más impactante que ha recibido la causa opositora ha sido la fiscal Ortega, quien desde su investidura se ha volcado a frenar al régimen en su deriva autoritaria, sirviendo de puente al chavismo desilusionado de Maduro.

Además de introducir demandas de nulidad contra la Constituyente y sus bases comiciales, cuestionó la elección de los magistrados del TSJ (que actúa abiertamente a favor del oficialismo) y esta semana citó como imputados a dos de los más altos funcionarios de la seguridad estatal por “presunta violación de derechos humanos”.

Se trata del excomandante de la Guardia Nacional Antonio Benavides Torres y el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), Gustavo González López.

Desde el asesinato del joven manifestante Fabián Urbina a manos de un funcionario de la Guardia Nacional armado con una pistola el pasado 19 de junio, la represión de las protestas es cada vez más violenta y vejatoria. Al lanzamiento desmedido de bombas lacrimógenas –que según la ONG Control Ciudadano llega a ser de 700 por día– que caracterizó la represión de las protestas al principio, siguió los disparos de estas directo al cuerpo y de cartuchos de balas de goma ‘aderezados’ con tuercas y trozos de metal, y el uso de armas de fuego.

Seis de las últimas ocho víctimas en las protestas han sido asesinadas con balas disparadas por cuerpos de seguridad y ‘colectivos’ que defienden al oficialismo.

Se han reportado casos de jóvenes obligados a beber gasolina y la detención de al menos 15 estudiantes, que fueron trasladados en un camión con cerradura hermética.

Los malos tratos exceden lo físico y llegan a lo judicial, con el sometimiento de más de 400 civiles ante tribunales militares, a pesar de que esto es prohibido por la ley.

Justamente la represión, la cantidad de víctimas y la inexistencia, hasta ahora, de algún beneficio político tangible luego de tres meses en la calle han hecho que solo un 54 por ciento de la población evalúe positivamente las protestas, contra un 46 por ciento que las califica negativamente, según sondeos estadísticos. Pero a pesar de esta apreciación, más del 80 por ciento de los venezolanos quieren un cambio de gobierno. Los altibajos en el ánimo y participación en las protestas son normales en los procesos políticos. Las fluctuaciones son lógicas, naturales, esta situación agota mucho a la sociedad. Se ha visto que la intensidad baja en algunos momentos y luego se retoma. Hay coincidencia en que esta por verse un nuevo repunte, aunque es claro que la protesta es necesaria más no suficiente. La historia demuestra que son más importantes los quiebres internos en las estructuras de poder que las protestas en las calles. En este momento, las protestas están buscando presionar ese quiebre.

La dirigencia opositora reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) puso fecha a la necesidad de lograr ese punto el próximo 30 de julio, cuando está prevista la elección de los miembros de la Constituyente.

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, ha pedido a sus seguidores hacer el mayor esfuerzo de movilizaciones de calle mientras se prepara para convocar un paro nacional, una medida que aún la MUD no anuncia oficialmente, pero que prepara como carta de escalada máxima del conflicto. Luego entonces, parece que lo más álgido esta aún por venir.

La próxima fecha clave para Venezuela es el 30 de julio, cuando se realizarán las elecciones para escoger a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Maduro insiste en que este esfuerzo traerá paz y estabilidad al país. Pero la oposición insiste en que los comicios no ocurrirán por la falta generalizada de apoyo a la iniciativa.

En medio de todo esto, el Papa Francisco pidió este domingo el fin de la violencia en Venezuela y expresó su cercanía con las familias de quienes murieron en tres meses de manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“Aseguro mi oración por esta querida nación y expreso mi cercanía a las familias que han perdido a sus hijos en las manifestaciones”, dijo el pontífice argentino, un día después de que la Fiscalía de Venezuela aumentara a 85 el número de fallecidos en tres meses de protestas.

“Hago un llamamiento para que se ponga fin a la violencia y se encuentre una solución pacífica y democrática a la crisis”, pidió tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro.

EtiquetaCosío
Compartir

Dejar un comentario

Something is wrong.
Instagram token error.