Nicolás Maduro, DEMENTE Y VOLUBLE

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Venezuela vive actualmente una de las más graves crisis de su historia. En la foto, Nicolás Maduro.

Venezuela vive actualmente una de las más graves crisis de su historia. En la foto, Nicolás Maduro.

VENEZUELA SE ENCUENTRA EN SU MOMENTO MÁS CRÍTICO 

En Venezuela continúan las protestas. Miles de opositores se han concentrado este fin de semana ante sedes militares del país mientras el demente y voluble Nicolás Maduro reitera sus denuncias de golpe de Estado.

Eso en las calles. En los despachos Luis Almagro, secretario General de la OEA, la Organización de Estados Americanos ha señalado que solo dejará su puesto a cambio de unas elecciones libres en Venezuela.

A Nicolás Maduro le quedan solo dos caminos. Por cualquiera de ellos pasará a la historia de su país. Uno consiste en continuar masacrando a su pueblo -van más de 80 muertos- y pasar al futuro como un sanguinario dictador que llevó a su país hasta el abismo de la guerra civil. La otra alternativa es sentarse con la oposición a dialogar y abrir caminos a la concordia política y social en Venezuela. Él puede liderar esa reconciliación, partiendo de que posiblemente las urnas lo desalojen de Miraflores (el palacio del titular del ejecutivo). Y eso ya no debería importarle si de verdad se plantea ser un líder comprometido con su pueblo. Es su última oportunidad. En sus manos está, más que en las de ninguna otra persona, aprovechar la ocasión para ser recordado como el presidente que supo rectificar y escuchar a la calle.

Tras una serie de eventos que se han acumulado en tan solo una semana, sumado a los más de 80 días de protestas en las calles que han dejado 90 víctimas, Venezuela se encuentra en su momento más crítico.

Desde el fracaso en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, que buscaba aprobar un texto condenatorio sobre el país sudamericano, hasta la convocatoria a la Asamblea Constituyente propuesta por Nicolás Maduro para redactar una nueva Carta Magna.

Estos y otros hechos acumulados en tan solo una semana, han hecho que Venezuela alcance un punto de ebullición. La semana inició con protestas y enfrentamientos entre autoridades y manifestantes. Un adolescente de 17 años murió de un disparo y varios resultaron heridos. Imágenes de miembros de la Guarda Nacional Bolivariana disparando hacia un grupo de manifestantes, comenzaron a compartirse en redes sociales.

Mientras tanto, en Cancún se celebraba la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, durante la cual, los Estados miembros fracasaron en su primer intento por pasar una resolución condenatoria al gobierno de Venezuela. Por otra parte, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, anunció que su país se retiraba del órgano internacional y que no reconocería ninguna resolución.

Nicolás Maduro anunció que 40,000 jóvenes se incorporarían inmediatamente a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y aseguró que era una decisión que se hacía “para la seguridad ciudadana” y catalogó a estos jóvenes como “cuadrantes de paz”, “la protección del pueblo” y aseguró que estaban alineados con las necesidades del país.

Mientras tanto, la oposición venezolana llamó a desconocer el gobierno de Maduro, así como su propuesta de redactar una nueva Carta Magna a través de una Asamblea Constituyente.

Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, invocó los artículos 333 y 350. El primero llama a reestablecer los principios de la Constitución, y el segundo a desconocer “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

La sesión de la Organización de Estados Americanos en Cancún fue interrumpida, por poco más de un minuto, por un grupo de manifestantes que entraron al salón al grito de “¡asesinos, asesinos!” ondeando una bandera de Venezuela.

La Asamblea concluyó sin que un grupo de 14 naciones, que suman más del 90% de la población del continente, pudiera aprobar una resolución sobre la crisis venezolana.

Granada, Haití, Surinam, Trinidad y Tobago y Antigua y Barbuda faltaron de último momento a su compromiso de apoyar al grupo, liderado por México y Estados Unidos, que buscaba aprobar un texto condenatorio para el gobierno de Venezuela.

En tanto, en Venezuela durante las protestas que se llevaron a cabo en la base aérea La Carlota, un joven murió tras ser atacado a quemarropa con perdigones.

David José Vallenilla, de 22 años, murió al poco tiempo de llegar al hospital. Imágenes que muestran a dos soldados disparando a pocos metros de distancia de los manifestantes surgieron al poco tiempo y le dieron la vuelta al mundo.

Por otra parte, Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos para las Naciones Unidas, exhortó a las naciones a tomar acción para frenar la crisis que vive el país sudamericano y el vicepresidente Mike Pence expresó su decepción por el fracaso de la OEA.

La oposición venezolana convocó el jueves en la noche a paralizar las calles de la capital el viernes al mediodía.

En algunas zonas hubo enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Según reportaron medios locales, la GBN disparó bombas lacrimógenas a los grupos de manifestantes en el mismo lugar donde atacaron a Vallenilla.

La oposición aseguró que “la trancada” había sido un éxito, logrando una gran convocatoria y paros en distintas partes de la capital y otros estados.

Un artículo publicado por el periódico Wall Street Journal argumenta que la batalla por la democracia en Venezuela está llegando a su etapa final. Ya sin vuelta atrás, los últimos acontecimientos del gobierno de Nicolás Maduro arriesgan ceder las instituciones democráticas de un país que solía ser de los más ricos de América Latina a la corrupción y a la miseria.

La expresión más enfática de este proceso de transformación institucional fue la llamada del presidente venezolano a una Asamblea Constituyente prevista para el 30 de julio que prevé revisar la Constitución Nacional para que consejos comunales que apoyan al gobierno reemplacen las funciones tradicionales de los gobiernos estatales y el Congreso dominado por la oposición.

Irónicamente, los mismos problemas que amenazan la estabilidad del país, como la depresión económica, el conflicto social y el narcotráfico, son los mismos pretextos que utiliza el gobierno para promover sus movimientos políticos. Cuando Maduro convocó la apertura de la Constituyente, justificó su decisión como una medida necesaria para sobreponerse de manera pacífica a la depresión y a las manifestaciones diarias en las cuales ya murieron más de 90 civiles.

Si la asamblea de 545 miembros que establecerá la Constituyente se consolida, mantendrán poder absoluto sobre el país durante el proceso de revisión del acta constitutiva, que podría tardar años. Al mismo tiempo, se espera que la asamblea postergue las próximas elecciones presidenciales.

Esta es la última batalla por la democracia en Venezuela. El ejército y el petróleo son las dos fuentes principales del poder en Venezuela. Cuando Hugo Chávez fue electo presidente en las elecciones de 1998, despidió a 19,000 empleados de la firma estatal Petróleos de Venezuela y los reemplazó por seguidores fieles a su mandato. Luego del corto y fallido golpe de estado en 2002, también entregó al ejército a la indoctrinación y entrenamiento a sus aliados en Cuba.

En los próximos años, se dispararon los precios del crudo y Chávez aumentó el gasto público descontroladamente. En vez de aprovechar las condiciones favorables de la economía global para ahorrar, no solo mantuvo un déficit presupuestario casi permanentemente, sino que también se endeudó con prestamistas de Wall Street, China y Rusia. Regaló miles de millones de dólares de petróleo a Cuba, Nicaragua e incluso a Boston y a Londres para jactarse de su abundancia sobre el recurso natural.

La cantidad de funcionarios públicos se duplicó a cinco millones y aumentó el creciente gasto gubernamental. La emisión de billetes causó una inflación inmanejable, por lo cual decidió congelar ciertos precios incluso a niveles inferiores al costo de producción. Compañías que se rehusaron a vender aun sufriendo pérdidas fueron confiscadas, lo cual agravó la escasez de productos y sometió a los consumidores a depender de importaciones.

Protestas contra Maduro.

Protestas contra Maduro.

Cuando el precio del petróleo comenzó a bajar en 2014, el país ya no pudo pagar por las importaciones, que han caído de USD 66,000 millones en 2012 a unos USD 15,500 millones este año. Para fines de este año, la economía de Venezuela se reduciría alrededor de un tercio en los últimos cuatro años, una caída similar a la de Cuba luego de la disolución de la Unión Soviética.

Según el Fondo Monetario Internacional, se estima que la inflación rondará el 720% en 2017 y superará el 2,000% el año que viene. La escasez de recursos es tan aguda que tres de cada cuatro venezolanos han bajado un promedio de ocho kilos el año pasado, según una encuesta realizada por universidades venezolanas.

Desde que comenzaron las protestas diarias en las calles el 1 de abril, la persecución política por parte del gobierno es cada vez más imponente. Su número de prisioneros políticos ha aumentado a casi 400, cuatro veces más que el año previo.

Últimamente, el gobierno ha concentrado sus esfuerzos en intentar de remover a la fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz, de su puesto desde que se opuso a la Constituyente de Maduro, un caso que está siendo procesado por el Tribunal Supremo de Justicia. Además, al gobierno lo eclipsan varias acusaciones de narcotráfico y de corrupción que involucra a la familia del mismo presidente. Dos sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, aún esperan su sentencia en Nueva York luego de ser declarados culpables de importar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos a través de Honduras. Los cargos por narcotráfico también comprometen al Ministro de Interior, Néstor Reverol, el vicepresidente Tareck El Aissimi y al presidente de la Corte Suprema, Maikel José Moreno Pérez. Todos los acusados se han declarado inocentes y apuntan a una trama estadounidense para desestabilizar al país.

Como sus cargos en el poder son lo único que mantienen al gobierno de Maduro lejos de una cárcel en Estados Unidos, algunos analistas argumentan que las mencionadas acusaciones en realidad agravan la crisis venezolana.

La Administración de Trump ha criticado la Constituyente de Maduro y llama al “respeto por las normas y procesos democráticos”. También instó que Venezuela libere a sus prisioneros políticos, que respeten al Congreso controlado por la oposición y que “celebren elecciones libres y democráticas”.

En cuanto a las denuncias por corrupción, el ex Ministro de Planificación, Jorge Giordani, que renunció a su cargo en 2014 disgustado por el gobierno, dijo en 2015 que de alrededor de un billón de dólares de importes recibidos durante los años chavistas, dos tercios habían sido distribuidos a trabajadores a través de subsidios y transferencias en efectivo. Lo restante, que equivalen a más de USD 300,000 millones, “cayó a través de las grietas”, es decir se usó y abusó de manera discrecional para quien sabe que fines.

La comunidad internacional no puede hacer oídos sordos ante hechos tan extremadamente graves como estos. Los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea deben presionar para forzar a Maduro a convocar unas elecciones libres, con presencia de observadores internacionales, para devolver a los venezolanos las riendas de su futuro.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió ayer el regreso de la libertad a Venezuela y la liberación de los presos políticos. Pero este tipo de condenas ya no son suficientes para forzar a Maduro a que abandone el poder. En Venezuela ya no hay libertad ni siquiera para convocar una marcha pacífica. Su autoritario Gobierno vulnera los derechos humanos de manera sistemática mientras el hambre afecta cada vez a un mayor número de personas. La nefasta gestión económica de Maduro y la corrupción del régimen ha transformado a un país rico en petróleo en el que existía una amplia clase media en un Estado en el que hay carestía de productos de primera necesidad y medicamentos. Este es el paupérrimo legado del chavismo.

En los últimos meses hemos visto la imagen de manifestantes abatidos a tiros por la policía, ciudadanos de Caracas buscando comida entre los restos de la basura y venezolanos abandonando su país. Muchos de ellos han elegido a México como destino.

En tanto, decenas de miles de venezolanos se lanzaron una vez más a sus calles, centros comerciales, plazas o cualquier esquina para mostrar su indignación por el asesinato -a manos de un efectivo militar- de David Vallenilla, de 22 años, que en unas semanas iba a recibir su título en enfermería. Tres perdigonazos en su corazón, a quemarropa y con total alevosía, le arrebataron la vida.

Una ola de repudio recorrió un país conmovido por el “fusilamiento” del joven, como denunciaron organismos de derechos humanos, en el primer asesinato atribuido a un sargento de la base aérea de La Carlota, y no a un guardia nacional (también militar), como se creyó en un principio.

Ahora, tras el fracaso de la (OEA) que no sumó los apoyos suficientes para enderezar un posicionamiento oficial frente a la crisis venezolana, el secretario general, Luis Almagro, dijo que no renunciará a su cargo hasta que en Venezuela exista libertad, pero sí ofreció su puesto a cambio de mejorar las condiciones en ese país. Almagro realizó un video de aproximadamente tres minutos para responder a la petición del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien dijo este viernes que reconsideraría el retiro de su país de la (OEA) si el secretario general deja el cargo.

“Ofrezco mi cargo a cambio de la libertad de Venezuela porque nunca vamos a renunciar, jamás renunciaremos hasta tener en nuestras manos la libertad de Venezuela”, aseguró.

Además, precisó que sólo se retirará hasta que se realicen elecciones, se liberen a los presos políticos y exista un tribunal de justicia independiente.

Desde el pasado 1 de abril Venezuela vive una ola de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno. Marchas, algunas de ellas, que han terminado en actos violentos. Hasta el momento 80 personas han muerto y hay, según la Fiscalía, más de mil heridos; pero eso son sólo los datos oficiales.

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