Espionaje, acoso y creciente hostigamiento

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No hay garantías de seguridad en México para quienes alzan la voz en relación a asuntos polémicos y turbios. Es muy grande la percepción que, en la mayoría de los casos de agresión contra voces críticas de la sociedad por circunstancias inmorales, ilícitas, crimínales y antisociales, hay complicidad y tolerancia de autoridades o políticos poderosos. Mismos que cuentan con la participación lesiva de jefes y elementos de corporaciones de seguridad pública y autoridades de procuración de Justicia. Y aunque el Poder Ejecutivo del Gobierno Federal, que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, afirma que funciona el  “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” resulta evidente su ineficacia.

Por más que la Secretaría de Gobernación a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong insiste que no es un mal momento para los comunicadores, es evidente el creciente hostigamiento, obstáculos y crimen que lesiona a ese gremio además de a muchos activistas de causas sociales trascendentes cuya acción molesta a personajes poderosos, entre los que se incluyen políticos y funcionarios importantes.

Los asuntos que son denunciados o se les ha generado mayor difusión por periodistas o activistas sociales, no son sólo de los que se señala como frecuentes por realizarse a cargo de las tradicionales organizaciones del crimen organizado, o atropellos de funcionarios en contra del pueblo, pues se ha acentuado el número de señalamientos o acusaciones que tienen que ver con corrupción. Ello genera abusos de autoridades, daños al erario público, pero, sobre todo, decisiones arbitrarias de autoridades que atentan contra los intereses populares. Las diversas formas de flagelación y violencia extrema contra comunicadores y activistas sociales como el asesinato, desapariciones forzadas, extorsiones y amenazas contra ellos y sus familias, son la forma de censura más extrema. El ejercicio periodístico y el encabezar causas sociales justas sólo pueden efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Cosa que vulnera, de un modo especialmente drástico, la libertad de pensamiento y expresión de las personas afectadas, así como también la dimensión colectiva de este derecho: esos actos de barbarie violan el derecho de personas específicas a expresar e impartir ideas, opiniones e información y atentan contra los derechos de los ciudadanos en general a buscar y recibir información.

Algunos periodistas fueron torturados o asesinados a petición de alcaldes, gobernantes o funcionarios que se molestan; otros fueron golpeados en sus redacciones por hombres armados bajo órdenes de funcionarios locales y policías que habían amenazado con matar a los periodistas por sus coberturas. El Gobierno Federal mexicano ha señalado de manera reiterada que los delitos contra los periodistas no son ataques a la libertad de expresión, y en muchas ocasiones las autoridades se apresuran a decir que el asesinato de un periodista no está relacionado con su labor mucho antes de que siquiera arranque la investigación.

Según la Organización británica ‘Artículo 19’, internacionalmente destacada en cuanto a la defensa de la libertad de expresión, desde el año 2000 se han registrado más de 106 asesinatos de periodistas en México; y desde 2015 al menos 1853 agresiones físicas, considerando aquí los asesinatos y desapariciones forzadas, señalando a nuestro país como la nación latinoamericana más letal para periodistas y activistas sociales, Señala, además, la ineficacia de la fiscalía especializada y el citado mecanismo de protección de informadores y defensores de derechos dependiente de la Secretaria de Gobernación, acusando falta de autonomía, burocratismo y carencia de presupuesto, además de colusión de autoridades.

Es absurdo que 6 de cada 10 agresiones registradas por ‘Articulo 19’ fueron presuntamente cometidas por un funcionario público, 9 de cada 10 agresiones quedan sin castigo.

La fiscalía especializada ha recibido en sus ya 7 ineficaces años de vida, casi 800 denuncias de las que sólo 3 han concluido en el encarcelamiento de los responsables, lo que representa el mísero 0.37% del total de los casos planteados.

Los periodistas, comunicadores, reporteros y activistas sociales mexicanos han iniciado acciones procurando autogenerarse protección. Esta iniciativa se denomina ‘Agenda defensiva de periodistas y activistas sociales’; la conforman más de 90 medios de comunicación y organizaciones sociales de activismo comunitario y alrededor de 350 participantes individuales vinculados a ellas. La reciente ejecución artera y a plena luz del día del señero periodista sinaloense Javier Valdez, acentuó la preocupación y el reclamo de acciones eficaces.

En tanto se acendra ese candente tema de hostigamiento, obstáculos y crimen contra comunicadores y activistas de causas sociales, surge ahora una nota del periódico neoyorquino The New York Times, mismo que incita un nuevo escándalo en el que se involucra y señala directamente al Poder Ejecutivo Federal. En dicho artículo se señala que existe un espionaje en contra de personas que les incomodan y a quienes buscan lesionar, o al menos bloquearlos, para que su voz crítica deje de escucharse. Esto se logra, asegura el diario neoyorquino, a través del perverso software llamado Pegasus, que se inserta en teléfonos celulares y llega a controlar el corazón de su sistema; quien lo coloca puede acceder a toda la información en el teléfono y vigilar cada movimiento a través de un mensaje de texto insertando un gancho por el cual acceden a toda la información del teléfono móvil.

La empresa israelí que fabrica el software Pegasus nació apenas en 2013. Su nombre es NSO Group y afirma que lo vende de forma exclusiva a gobiernos con la condición que sea utilizada solamente para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas. Sin embargo, hay señalamientos donde se afirma que hay varias agencias que revenden la herramienta, como una denominada Hacking Team y que ha sido vendida en México a inicios de 2014; así, se ha involucrado a la Procuraduría General de la República (PGR), aunque se dice que el Ejército Mexicano compró esta tecnología desde 2012.

Aun siendo un asunto que desde tiempo inmemorial se presume, porque se ha dicho que el espionaje se hace desde siempre, el reportaje del New York Times vuelve a poner el dedo en la llaga. Pues, como se ha señalado, el malware Pegasus ha permitido espiar a  periodistas y activistas mexicanos que son necesarios mantener controlados y vigilar sus movimientos. Este tipo de tecnología intrusiva existe y lo justifican los gobiernos en el marco de la lucha por la seguridad nacional, por el combate al terrorismo o al narcotráfico, no obstante, ahora se acendran las dudas y ya grupos de periodistas y activistas han acusado al Gobierno federal mexicano por haber sido víctimas de espionaje.

Pegasus es uno de los programas de ciberespionaje más sofisticados que existen en el mercado. Quien lo ha colocado puede acceder a toda la información del teléfono y vigilar cada dato y movimiento; ya no hay aplicaciones seguras pues el atacante tiene acceso a todo tipo de datos, aún los supuestamente protegidos invulnerablemente. Y es a través de un mensaje de texto con gancho, y un link, como se puede acceder a toda la información de un teléfono móvil: ubicación, contactos, grabación de llamadas, cámara, mensajes, correos, todo en fracción de un segundo.

Hay diferentes versiones, incluso algunas diseñadas especialmente para el país o el objetivo. En cuanto a los ataques ocurridos en México contra periodistas y activistas todo se hacía a través de mensajes de texto que le llegaban al teléfono móvil de la víctima. Según un informe de la organización mexicana ‘Red en defensa de los derechos digitales’ (R3D), el mensaje que recibieron algunos comunicadores como Carmen Aristegui o Carlos Loret de Mola, incluía un texto procurando hicieran clic en un enlace infeccioso, haciéndose pasar por una noticia, un aviso o el mensaje de un familiar o amigo. Al entrar en el enlace, el teléfono recibe inadvertidamente el maligno software que permite al atacante, entre otras cosas, tener acceso a todos los archivos guardados en el dispositivo, así como controlar la cámara y el micrófono del celular. Existe otra versión de este software en el que la víctima no tiene que hacer nada, ya que el atacante puede instalar el malware sólo con elegir el dispositivo; dicha versión permite tomar el control de cualquier teléfono.

Carmen Aristegui.

Carmen Aristegui.

El medio neoyorquino cita al experto Rafael Bucio, de la empresa de ciberseguridad TPX, y afirma que hay numerosas agencias que actúan como proveedores y revenden esta herramienta.

Así mismo, algunos medios se citan como referente informativo a Salvador Mendoza, un experto y hacker mexicano reconocido por sus demostraciones en conferencias donde muestra vulnerabilidades en aparatos de telefonía celular móvil. Mendoza dice que NSO Group se dedica a crear programas con la capacidad de superar cualquier tipo de fallas en software de telefonía celular para equipos móviles. NSO Group surgió a partir de la conjunción de algunos personajes expertos que trabajan para otras empresas investigando errores de iPhone. La empresa ha invertido cientos de millones de dólares en comprar precisamente esas fallas, que llaman “vulnerabilidades“, para diseñar sus programas que las resuelvan.

Similar al famoso “Watergate”, aquel espionaje realizado por agentes gubernamentales que le costó ser su cargo como Presidente de Los Estados Unidos a Richard Nixon, el asunto del desnudado espionaje del que se acusa al Gobierno Federal mexicano, sigue siendo un tema sumamente delicado. Y, por ello, ha generado una serie de acres comentarios de la sociedad, de los comunicadores y activistas sociales, así como de políticos rivales de Peña Nieto y el PRI. Todos ellos critican, cuestionan y reprueban el supuesto espionaje al que han sido sometidos periodistas y activistas. Sin embargo, ahora viene la fase más intensa de las expresiones de condena y ataques por los diversos líderes y legisladores federales de los diversos partidos políticos. Es seguro, pues, que surjan  condenas hacia el silencio de Peña Nieto ante espionaje a periodistas y activistas anticorrupción, mismos que serán acompañados de pronunciamientos legislativos, denuncias y posicionamientos formales.

SILENCIO Y FALTA DE RESPUESTAS

Legisladores de oposición al PRI arremetieron el pasado miércoles  21 contra Peña Nieto por el silencio y falta de acción contundente del presunto caso de espionaje en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas contra la corrupción e impunidad.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, diputados y senadores condenaron el silencio del Primer Mandatario tras las revelaciones publicadas por The New York Times sobre el uso del software denominado Pegasus, adquirido por instituciones del Gobierno mexicano y usado para intervenir las comunicaciones. Evidenciaron también la contradicción en cuanto a que, en su momento, Peña se mostró indignado acerca del espionaje que se dice estuvo haciendo el gobierno de Estados Unidos hacia diversos jefes de Estado y de Gobierno en distintas naciones, siendo que, según lo ahora difundido, en esa misma época en México se espiaban a periodistas, activistas de derechos humanos y personajes con influencia en distintos segmentos de la sociedad. Esto último como método sistemático para aplicar una política de hostigamiento e intimidación hacia quienes se han convertido en una voz crítica del sistema e incomodan a personajes poderosos.

Lo cierto es que debe obligarse a las autoridades federales mexicanas a transparentar el asunto. Se debe evitar que se escuden en el típico y aberrante esquema de “estamentar” como “clasificada” o “confidencial” la información importante o comprometedora para el gobierno y los empoderados del régimen. Además deben exigirse sanciones a todos quienes hayan tenido que ver en la instauración y ejecución de tareas en contra de la seguridad de la sociedad salvaguardando así el estado de derecho y el imperio de la ley.

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