El Zapotillo, en su peor momento

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El pasado 15 de junio, Agustín del Castillo publicó una crónica sobre la situación en que se encuentra actualmente la presa El Zapotillo.

Según el relato, de los varios miles de trabajadores que laboraron en la construcción de la cortina en el municipio de Cañadas de Obregón, apenas quedan unas decenas. Además, es evidente que se están desmontando las oficinas y la mayor parte de la maquinaria que había en el lugar ya fue desalojada.

A lo anterior habría que sumar la noticia que se dio a conocer en la última semana del mes de mayo pasado: la empresa Abengoa vendió 80% de sus acciones del proyecto para construir un acueducto de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato, a la empresa Prana Capital.

Si sumamos estos acontecimientos podríamos concluir que, hoy más que nunca, el proyecto para poner en marcha la presa el Zapotillo y construir el acueducto que concretaría el trasvase de agua a la ciudad de León está en riesgo.

Lo que sorprende de todo esto es el silencio que han guardado las autoridades. Mientras los afectados por el proyecto de infraestructura hidráulica continúan con las acciones legales y las movilizaciones para frenarlo, los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, así como el federal, han hecho como que no se dan cuenta de nada.

De pronto parece que en el cierre de los sexenios federal y estatal la presa el Zapotillo y su acueducto dejaron de ser prioritarios para los respectivos gobiernos.

La cortina de la presa se encuentra detenida en 80 metros, debido una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras un recurso que interpuso el Congreso del Estado, impulsado por la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El fundamento principal de esa resolución es que el Gobierno del Estado debió consultar al Congreso antes de firmar acuerdos que superaban una administración, para que fuera posible la construcción de la presa El Zapotillo con una cortina a 125 m de altura.

A partir de ahí han venido una serie de problemas que han frenado la obra en distintas ocasiones.

En su mayoría por demandas presentadas por los afectados, como los amparos contra el acueducto, pero también a consecuencia de los errores, omisiones y actos de corrupción en los que han incurrido las autoridades.

Sin duda una de las principales causas que impulsaron al Congreso para ir a la Corte es la oposición de los tres poblados que resultarían inundados si la presa se construye a 125 metros de altura. La lucha que han mantenido los pobladores de las comunidades de Acasico, Palmarejo y, en particular, Temacapulín, ha sido la base para que el proyecto no se concrete.

Habrá quién considere que no se puede desechar la presa, con los millones de pesos que ya se invirtieron. Que no se puede, como muchos han sostenido, priorizar el derecho de unos cuantos sobre el interés general (el cual, por cierto, se limita al abasto de dos ciudades: León, Guanajuato, y la zona metropolitana de Guadalajara). Que no se puede detener el desarrollo.

En los próximos días, se dará a conocer el resultado de los estudios que hizo UNOPS sobre la disponibilidad de agua en la región, por un contrato firmado con el gobierno de Jalisco. Hasta ahora, todo pinta hacia un respaldo a la construcción del acueducto y la puesta en funcionamiento de la presa. Sin embargo, también podría ser un buen momento para revisar a fondo el tema y escuchar, ahora sí, a todas las voces, para encontrar la salida definitiva.

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