Derecho al berrinche

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Sonia Serano-04Después de los desencuentros políticos que dejó la reforma electoral, prioritaria en tiempos e intereses para los partidos, la búsqueda de consenso para otros temas que tienen que modificarse en la legislación local y para algunos nombramientos, se dificulta.

Es decir, habrá que esperar que se desenrede el pleito que generó entre algunas fracciones el tema del financiamiento a los partidos políticos, para que vuelvan a ponerse a trabajar en otros temas.

El problema es que algunas de esas decisiones que tienen que tomarse en el Congreso, pero que ya vimos en la reforma electoral requieren también del aval sus líderes, sentados en otras oficinas, tienen plazos que deben cumplirse.

Uno de los plazos que más apremia es el de la reforma anticorrupción. El Congreso del Estado tiene hasta el próximo 18 de julio para aterrizar los acuerdos ya alcanzados a escala federal para este modelo. Los otros temas tienen que ver con la reforma judicial y los nombramientos de magistrados y los titulares de la Auditoría Superior del Estado, Fiscalía Anticorrupción, el Instituto de Transparencia e Información Pública y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El tiempo del que disponen los diputados locales para la toma de esas decisiones, podría considerarse suficiente. En el caso de las reformas judicial y anticorrupción, aunque se trata de temas que requieren revisiones de fondo importantes, ya ha habido muchos foros de discusión y las bancadas tienen prácticamente definidas sus posturas. Es decir, lo que faltaría, serían los acuerdos.

En cuanto a los nombramientos, salvo el caso de la Auditoría Superior y la fiscalía anticorrupción, los partidos políticos reparten el pastel de los espacios a ocupar en tribunales y organismos antes que comience la Legislatura, por lo que también podría considerarse que no les costaría demasiado ponerse de acuerdo.

El problema es que alcanzar los consensos no resulta tan fácil.

Al igual que sucedió con la reforma electoral, las discusiones que comienzan al cuarto para las doce terminan en acuerdos que no siempre son los mejores para el estado.

El desgaste que aprobar esta reforma, en particular por el dinero público para los partidos, dejó entre los actores políticos del estado fue evidente. Pero cobran un sueldo por tomar las decisiones, el cual está relacionado con la responsabilidad que los ciudadanos les dieron al votar por ellos o, en el caso de los funcionarios, por el jefe que los puso en ese cargo.

Por ello, una vez agotado su derecho al berrinche, podríamos pedir que dejen a un lado las diferencias y cumplan con su responsabilidad de alcanzar acuerdos para sacar adelante la agenda del estado.

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