Derechos de primera y de segunda

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Sonia Serano-04Al menos en las últimas dos ocasiones en que los ejidatarios de El Zapote tomaron el estacionamiento del aeropuerto internacional Miguel Hidalgo, la Fiscalía General del Estado y la Policía Federal desplegaron elementos para evitar que los inconformes se mantuvieran en el lugar. Cuando se ejecutó la primera sentencia dictada a favor de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, se advirtió el riesgo que había para los indígenas, pero la fuerza pública nunca llegó.

¿Qué tienen en común estos dos casos?, en ambos se trata de comunidades que defienden su territorio y han decidido, por la vía pacífica y usando la ley, exigir respeto. Sin embargo, se han encontrado como respuesta que en México hay derechos de primera y de segunda y, aunque una sentencia definitiva les dé la razón, la autoridad prefiere hacer como si no se diera cuenta de la existencia de este conflicto.

Las consecuencias, en ambos casos, han sido de problemas para ambas comunidades. Las más graves, el asesinato de los líderes indígenas Miguel y Agustín Vázquez.

La intervención de la autoridad, cuando se trata de hacer que se cumpla una resolución, suele ser discrecional. Si se trata de empresarios o decisiones de la misma autoridad, la fuerza pública está disponible en cualquier momento; si los beneficiarios de esas resoluciones son quienes han sido víctimas de despojo, deben ser ellos quienes se las arreglen.

La fuerza pública se usa para impedir manifestaciones o protestas, pero no para exigir que se respeten los derechos de quienes históricamente han sido violentados.

Cuando se ejecutó la resolución para la entrega de la primera parte de más de diez mil hectáreas de la etnia wixárika, que estaban en posesión de ganaderos de Nayarit, se registró un incidente que debió alertar a las autoridades. Durante varias horas, un grupo de reporteros y fotógrafos que acompañaron a los huicholes a Huajimic fueron retenidos, sin que llegara la autoridad.

Algo similar ha sucedido con el ejido El Zapote. Para el gobierno de Jalisco ha sido más sencillo hacerse de la vista gorda o incluso apoyar a quien ya se probó en tribunales que no tiene la razón.

Ante la falta de autoridad, en un claro vacío generado por el Estado, no es extraño que grupos de delincuentes se cuelen y aprovechen los espacios. 

La alerta está encendida, y si la autoridad no se da cuenta, el costo social se seguirá elevando.

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