Crisis, Represión Y Muertos

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Venezuela vive cotidianamente la corrupción y el abuso de poder. En la foto, el presidente, Nicolás Maduro.

Venezuela vive cotidianamente la corrupción y el abuso de poder. En la foto, el presidente, Nicolás Maduro.

MÁS DE 40 MIL PERSONAS EN TÁCHIRA PROTESTARON; MADURO ORDENÓ EL ENVÍO DE 2 MIL 600 MILITARES TRAS SAQUEOS DE DÍAS ANTERIORES

La crisis venezolana fue debatida por primera vez en el seno del Consejo de Seguridad, máximo órgano de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el que participaron 15 países. El número de muertos en el país llegó  a 50 y es así que la embajadora de Estados Unidos ante el organismo mundial afirmó que Venezuela está al borde de una crisis humanitaria y de llegar a los niveles de violencia que hay en Siria.

Por su parte, el embajador del Reino Unido, Matthew Rycoft, advirtió la necesidad de contribuir con la solución de la crisis venezolana.  Aunque la reunión fue para conocer los detalles sobre los problemas políticos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó que se encuentra haciendo gestiones para la búsqueda de soluciones con expresidentes del mundo, así como con la Santa Sede. Desde Estrasburgo, en la sede del Parlamento Europeo, Guterres dio su apoyo al diálogo y afirmó que “la violencia ha alcanzado altas cuotas”.

El embajador venezolano ante la ONU, Rafael Ramírez, salió al paso a las declaraciones a las que calificó de injerencistas. “Estados Unidos intenta traer temas bilaterales con nuestro país a instancias multilaterales. Lo ha hecho en la Organización de Estados Americanos (OEA) y lo intenta hacer en la ONU, sin éxito”, expresó.

En tanto, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, anunció que llevará el tema de la crisis venezolana al seno de la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur, para fijar posición. Su país decidió retirar a su embajador en Caracas, luego de haberlo llamado a consultas el pasado 31 de marzo.

El número de muertos en el país crece al ritmo que crecen las protestas, por lo menos un muerto por día desde que iniciaron. El gobernador Henrique Capriles Radonski denunció la activación de un plan militar que armaría a grupos civiles.

Vale recordar que la tensión política en Venezuela alcanzó un nuevo pico el pasado marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó de sus poderes a la Asamblea Nacional –controlada por la oposición desde 2016– y dejó sin inmunidad parlamentaria a los diputados.

El Gobierno de Maduro ordenó dar marcha atrás en ambas decisiones, algo que el TSJ cumplió, pero la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran que se ha producido una “ruptura del orden constitucional” que requiere elecciones anticipadas.

Desde entonces, la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que aglutina a la oposición, no ha dejado de convocar manifestaciones multitudinarias que han acabado en cruentos y funestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Maduro ha convocado una Asamblea Constituyente por considerar que es la única forma de devolver la paz a Venezuela. La MUD, por su parte, ha denunciado que de esta manera el ‘chavismo’ pretende consumar el “autogolpe” que comenzó con las polémicas sentencias del TSJ.

La Asamblea Constituyente estará formada por 500 “ciudadanos” que serán electos en las próximas semanas “a través del voto universal, directo y secreto”, de los cuales la mitad, 250, saldrán de sectores de marcado corte oficialista, según ha detallado Maduro.

Frente a lo anterior, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemes, ha insistido este fin de semana  a través de un comunicado en que convocar elecciones generales en Venezuela es la única solución a la actual crisis del país.

Almagro ha denunciado la situación de crisis que vive Venezuela desde hace meses y ha recordado las 50 muertes desde que arrancaron las protestas a principios de abril contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Almagro ha denunciado que no se puede ignorar “la represión, los presos políticos, la tortura, el hambre, la falta de separación de poderes” y ha afirmado que la comunidad Interamericana y el resto de la comunidad internacional lucharán por la democratización del país.

Pero aún hay más, Maduro, criticó a México, por la violencia, la desigualdad y el narcotráfico. Y es que Nicolás Maduro criticó a los países que han discutido la crisis de Venezuela en los últimos meses, sobre México aseguró que se ha convertido en un “estado fallido”.

Dijo que el país está a “merced de la violencia, la desigualdad y el narcotráfico”.

El sucesor de Chávez, que habla y se entiende con pajaritos y vacas, fue especialmente crítico con Colombia, señalando que Donald Trump había agredido a Venezuela junto al presidente del país que produce más drogas en el mundo.

También señalo que el Gobierno no hace nada por defender a los mexicanos de los constantes ataques de Donald Trump: Trump “agrede a México y no hay Gobierno en México que defienda a los mexicanos”, dijo.

A juicio del jefe de Estado venezolano, Trump “se ha dejado imponer las políticas fracasadas del Departamento de Estado que atacan a Venezuela”.

Calificó como una “grosería” que su homólogo estadounidense opine sobre Venezuela “cuando su país y su Gobierno se cae a pedazos”.

Al difundir un comunicado, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Ernesto Villegas, subrayó que “las agresiones del presidente Trump contra el pueblo venezolano, su Gobierno y sus instituciones han sobrepasado todos los límites”. Villegas advirtió que “en tan solo cuatro meses de Gobierno”, Trump “se ha reunido con tres presidentes de la región y ha llamado al menos a otros cuatro para alentar el injerencismo grosero de esos Gobiernos a través de la (Organización de Estados Americanos) OEA y de su abyecto secretario general”, el uruguayo Luis Almagro.

“Las posiciones extremas de un Gobierno que recién comienza, no hacen sino confirmar la naturaleza discriminatoria, racista, xenófoba y genocida que ha caracterizado a las élites del Gobierno estadounidense en contra de la humanidad y en contra de su propio pueblo maximizadas ahora por la nueva Administración que reivindica la supremacía blanca anglosajona”, puntualizó el ministro.

Trump dijo ayer que hará “lo que sea necesario” en cooperación con otros países del continente para “arreglar” la situación humanitaria en Venezuela, que consideró una “desgracia para la humanidad” de unas dimensiones que no se habían visto “en décadas”.

Posteriormente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos  impuso sanciones al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, y otros siete jueces por “usurpar la autoridad” de la Asamblea Nacional, y pidió a Maduro que libere a los presos políticos y “devuelva el poder al pueblo”.

Y mientras eso sucedía, desafiando gases lacrimógenos, decenas de miles de personas volvieron a salir  a las calles de Venezuela para exigir el fin del gobierno de Nicolás Maduro.

Más de 40,000 personas protestaron en la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Táchira, fronterizo con Colombia, hacia donde Maduro ordenó el envío de 2,600 militares tras disturbios y saqueos la semana pasada.

En Caracas, gases lacrimógenos fueron dispersados contra los más de 10,000 opositores que intentaron dirigirse, sin éxito, hacia el ministerio del Interior en el centro de la capital desde la principal autopista de Caracas, portando gigantescas pancartas donde se apreciaban las siguientes leyendas: “#Resistencia”; #”Elecciones ya” y la bandera  venezolana.

Vale analizar que en el escenario de fuerte confrontación política que se vive en Venezuela, Nicolás Maduro lanzó un decreto que restringe las garantías constitucionales para “preservar el orden interno”, lo que fue rechazado por la oposición que pidió desconocerlo y defender la Carta Magna.

El decreto y las acciones opositoras surgen en el marco de la ola de protestas antigubernamentales que se desarrollan en Venezuela desde hace casi 50 días  y que en la mayoría de los casos han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado, se han tornado violentas y han dejado decenas de muertos, cientos de heridos y detenidos.

El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles llamó a desconocer este decreto “basura” mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, (AN) Julio Borges, dijo que este documento le otorga al Gobierno “más discrecionalidad” en todo lo que tiene que ver con la represión de las protestas.

Asimismo, desde la AN se conformó un “Frente ciudadano para defender la Constitución y la democracia” ante la convocatoria de Maduro a una Constituyente, en el que participarían sectores académicos, obrero, estudiantil, deportivo y de derechos humanos frente a las supuestas intenciones de Maduro de “destruir” la Carta Magna.

Eso claramente apunta hacia donde el Gobierno quiere llevar este intento de fraude constitucional que puede hacer con la propuesta de la asamblea constituyente, concentrar poder e ir contra los ciudadanos.

En el decreto presidencial se señala que “podrán ser restringidas las garantías” para el ejercicio de los derechos constitucionales, salvo excepciones como “el derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”.

De igual manera, se otorga al Ejecutivo la facultad para que adopte “las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos y servicios”.

También se indica que el Gobierno podrá “diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados”.

Por vía de este decreto, el Gobierno supuestamente pretende “acabar con la protesta” pero en el fondo muy probablemente esta suspensión de garantías lo que quiere es amparar todos los desmanes y violaciones a los derechos que se registran todos los días en el país sudamericano, y es que este decreto que ha sido rechazado tajantemente por la oposición le otorga a Maduro más poder ante todo lo que tiene que ver con el orden público.

La oposición venezolana dice que Maduro espera “salirse con la suya” y “violar la Constitución” y que el país se quede “mudo, tranquilo, viendo cómo Venezuela se convierte en cualquier república bananera como un dictador perenne”, ya que el objetivo del Gobierno es desmoralizar, paralizar y desgastar a los venezolanos que protestan contra él y que “esta fuerza mayoritaria se rinda”. Coinciden en que lo que ha planteado Maduro “no es una Asamblea Nacional Constituyente” sino “la destrucción de la república”.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas volcó el miércoles por primera vez su atención a la creciente crisis en Venezuela, y Estados Unidos advirtió de las consecuencias de la “grave inestabilidad” en el país.

Cientos de miles de personas han salido a las calles en la nación de 30 millones de habitantes, enojados por la escasez de alimentos, una crisis en el sector salud y una creciente inflación.

Nicolás Maduro culpa a la oposición por la crisis del país petrolero y de las muertes que han ocurrido en varias ciudades. Además, acusa a sus adversarios de intentar derrocarlo con un golpe de Estado apoyado por Washington.

Los manifestantes venezolanos exigen elecciones anticipadas, libertad para los activistas encarcelados, ayuda externa para contrarrestar la crisis económica y autonomía para el poder legislativo -la Asamblea Nacional-, controlado por la oposición.

Para Venezuela y otros países como Bolivia y Uruguay, la discusión en el Consejo no es necesaria porque aseguran que no hay riesgos para la paz o la seguridad internacional.

Las protestas que se suceden a diario desde el 1 de abril tienen como combustible un grave deterioro económico y social en Venezuela, con severa escasez de alimentos y medicinas, la inflación más alta del mundo y una criminalidad desbordada. Venezuela decidió retirarse de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los cancilleres de las Américas se reunirán el 31 de mayo para discutir la situación.

Para el Vaticano, la solución para la crisis política de Venezuela es una sola: la convocatoria a elecciones. Así lo afirmó hace unos días antes de que comenzara en Fátima la misa solemne del Papa para la canonización de dos pastorcitos, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede y “número dos” de Francisco.

La oposición venezolana cumplió este fin de semana 50 días de protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que no retrocede en su propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente y llamó al chavismo a prepararse para ganar en ese escenario.

Protestas contra Maduro.

Protestas contra Maduro.

Este fin de semana, opositores y chavistas volvieron a medir fuerzas en las calles de Caracas, así como en distintas ciudades del país, que desde el 1 de abril son escenario de manifestaciones. Los opositores se congregaron en las principales ciudades en una actividad denominada “Somos millones”, con la que, según habían anunciado, buscaban la “mayor demostración de fuerza” que hayan dado en casi dos meses de protestas.

Analistas coinciden en que, tras casi dos meses de protestas, el reto de la oposición es mantenerse en la calle de manera pacífica, y es que el éxito de una protesta depende de su masificación y permanencia, si las manifestaciones se tornan violentas pierden impacto.

Maduro enfrenta el rechazo de siete de cada diez venezolanos, según sondeos privados, en medio de la devastación económica, que se acentuó con la caída de los precios del petróleo en 2014.

El principal apoyo de Maduro es la Fuerza Armada, con enorme poder político y económico, que en reiteradas ocasiones le ha expresado “lealtad incondicional”.

Recordemos que esta nueva oleada de marchas se desató luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado por la oposición de servir al gobierno- asumiera el 30 de marzo las funciones del Parlamento.

Esta decisión -anulada parcialmente tras un fuerte rechazo internacional- provocó además la irrupción de lleno de Estados Unidos en el conflicto.

El Tesoro norteamericano impuso sanciones económicas a ocho magistrados del TSJ acusándolos de usurpar las funciones del Legislativo, lo que implica el congelamiento de bienes que puedan tener en Estados Unidos. La crisis también alcanza a filas del chavismo. La fiscal general, Luisa Ortega, confesa chavista, opinó que esa iniciativa agravaría la crisis, según una carta enviada al gobierno y difundida por la prensa local.

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