ABUSOS Y SIMULACIONES

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El Ejército Mexicano es el segundo más poderoso en América Latina.

EL EJÉRCITO Y LA MARINA DESEMPEÑAN, DESDE 2006 FUNCIONES QUE DEBERÍAN ESTAR A CARGO DE LA POLICÍA

El Ejército Mexicano es el segundo más poderoso de toda América Latina y se sitúa en el lugar 31 a nivel mundial, de acuerdo con el ranking realizado por Global Firepower 2016. Según dicho estudio, la lista toma en cuenta 50 factores para definir el ranking como: cantidad y calidad de mano de obra militar y la situación geográfica e industrial del país.

A nivel mundial encabeza el ranking Estados Unidos, Rusia, China, India y Francia, mientras que en los últimos lugares se encuentra El Salvador, Panamá., Namibia, Somalia y República Central de África.

Sin embargo la realidad en México ha superado cualquier ranking y estadística, aquí, muy lamentablemente el Ejército nacional se ha visto envuelto en una serie de escándalos mayúsculos que han dejado en entredicho la idea de honor, valor y patriotismo con la que concebimos a las fuerzas armadas. El Ejército y la Marina en México desempeñan desde 2006, como parte de una absurda guerra contra el narcotráfico, funciones que deberían estar a cargo de las policías civiles, no de ellos, sin que existan leyes adecuadas que limiten el uso de la fuerza, ya que ni han sido entrenados para lidiar con carteles, ni mucho menos capacitados para actuar frente a la ineficiencia de las policías.

En el Congreso está parada la polémica Ley de Seguridad Interior, que según explicaciones  pondría límites a la actuación de las fuerzas armadas, pero que de acuerdo con organizaciones de derechos humanos aumentaría la represión.

El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) muestra que tan solo el año pasado, entre enero de 2015 y septiembre de 2016 se registraron los siguiente reclamos en contra de militares: 37 quejas por privación de la libertad, 12 por desaparición forzada, 36 por tortura y 372 por trato cruel e inhumano.

Pero en este año 2017 las cosas no han mejorado. Durante la madrugada entre el 3 y el 4 de mayo en Palmarito Tochapan, Puebla, militares buscaban huachicoleros (ladrones de combustibles) y se produjeron enfrentamientos. Esta semana salieron a la luz grabaciones de estos choques tomadas desde un par de cámaras de seguridad apostadas justo en el lugar de los hechos. En un primer video, se observa que un militar da el tiro de gracia a un presunto delincuente. Y en otro se ve a un civil armado asesinando a un militar. La CNDH y distintos sectores de la sociedad civil pidieron una investigación, en tanto que la Secretaría de la Defensa anunció que revisará el asunto para deslindar responsabilidades, declaración que hiciere a regañadientes  tras haber estado en silencio por varios días. En el enfrentamiento murieron 10 personas, seis civiles y cuatro militares.

En otro ejemplo, el 19 de junio de 2015, otra intervención del Ejército grabada en video dejó en evidencia presuntos abusos. En el pueblo de Santa María Ostula, en el estado de Michoacán, un enfrentamiento con civiles armados dejó un saldo de tres muertos, entre ellos dos niños, y un número indeterminado de heridos.

En un operativo conjunto en la región, fuerzas de todos los niveles, incluyendo el ejército, arribaron a la comunidad para detener a integrantes de la llamada policía comunitaria (integrada por ciudadanos). Organizaciones civiles, como la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, emitieron un comunicado en el que acusaron que en poblaciones de la zona, como El Duin y La Ixtapilla, “los militares usaron gas lacrimógeno y comenzaron a disparar de manera indiscriminada”.

El comandante Felipe Gurrola Ramírez, designado por el gobierno federal como encargado de la seguridad en el estado, afirmó en conferencia de prensa que “la autoridad actuó siempre apegada a derecho y nunca se agredió a nadie”, y culpó a grupos civiles armados de las muertes.

En otro escándalo, en abril de 2016, se hizo público un video en el que militares y policías federales torturaban a una mujer.

La agresión ocurrió en Ajuchitán, Guerrero, en febrero de 2015. Las imágenes muestran a una integrante de la Policía Militar y a un agente de la Policía Federal mientras interrogan a la mujer, presuntamente relacionada con secuestradores, con una bolsa de plástico en la cabeza.

La detenida, en medio del llanto, pide clemencia a los uniformados, quienes le quitan la bolsa mientras le hacen más preguntas. Un integrante de la Policía Militar se encuentra en el lugar y no hace nada. El video fue grabado por los mismos elementos que participaron en el interrogatorio. Casi al final del video se aprecia cuando el policía federal se acerca a la mujer para ponerle otra bolsa en la cabeza y asfixiarla por unos segundos. Con la detenida ya en el suelo, la mujer vestida de militar le pregunta: “¿Ya te acordaste o quieres más?”.

La Secretaría de la Defensa supo de lo sucedido meses antes de que se hiciera público el video y comunicó que dos de los cuatro elementos que participaron fueron detenidos.

Sin duda uno de los casos más cruentos y polémicos ha sido lo  que fue llamada la primera masacre del gobierno de Enrique Peña Nieto, el 30 de junio de 2014, elementos castrenses abatieron a 22 civiles, presuntamente criminales, en una bodega en el poblado de Tlatlaya, en el Estado de México.

Una mujer que fue testigo de la matanza declaró que: “Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron: ‘¿No que muy machiftos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Había un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”.

En un principio, las autoridades negaron que se hubiera tratado de una ejecución sumaria, pero el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez tuvo acceso a la Orden de Relevo y Designación de Mando de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario, a cargo de la zona, y asegura que el mandato fue “abatir delincuentes en la oscuridad”.

La Justicia militar detuvo a ocho elementos, pero en marzo de 2016 siete fueron absueltos.

No obstante los ejemplos anteriores, el de mayor escándalo y envergadura por la gravedad y posible colusión de todo tipo de autoridades ha sido el de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y es que aun todavía en medio de la indignación por la ejecución extrajudicial de civiles en Tlatlaya, el 26 de septiembre de 2014 se reportó la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

El gobierno mexicano admitió, incluso, que un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigara el caso; sin embargo, el grupo terminó por retirarse ante la falta de condiciones para realizar su función.

Las versiones sobre la desaparición de los estudiantes han cambiado una y otra vez: van desde intentar ligarlos con grupos locales del narco hasta que fueron incinerados en un basurero, a tan altas temperaturas que a los restos no se les puede hacer pruebas de ADN.

Los padres de los desaparecidos, la CIDH y la sociedad civil han pedido que se esclarezca la participación del 27 Batallón de Infantería de Iguala en la desaparición de los jóvenes.

Los estudiantes fueron a Iguala a secuestrar autobuses para asistir a una manifestación en la Ciudad de México. Una vez que tenían los dos vehículos que necesitaban, hubo un enfrentamiento en el que también habrían participado policías municipales por orden del entonces Presidente Municipal y su esposa, hoy detenidos.

La Fiscalía Federal ha descartado cualquier intervención de militares en el caso, pffo por todos lados han circulado fotografías de los normalistas heridos presuntamente tomadas por elementos castrenses en un hospital.

Desde el inicio de las investigaciones, Omar García y David Flores, sobrevivientes de la llamada “Noche de Iguala”, han señalado que en el enfrentamiento hubo presencia de personal militar en las calles de Iguala.

Y es que totalmente al margen del debate si el Ejército debe o no estar en las calles, o si en verdad en las ejecuciones están involucrados al por mayor o no, delincuentes, narcotraficantes y otros presuntos infractores, lo cierto es que la crítica aguda es hacia las formas y métodos, ya que en un estado de derecho como el que se supone privilegian las autoridades de todo orden, deben respetarse los procedimientos legales fundamentales a menos que de manera extraordinaria y ampliamente justificada la inercia de los hechos no lo permita, pero al parecer en todos los ejemplos anteriores existió un indiscriminado uso y abuso de la fuerza, algo que hasta ahora, con pruebas contundentes, el propio Ejército no ha podido desmentir.

La actuación de las fuerzas armadas militares, particularmente las que están al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, han  causado gran polémica en México y se ha convertido en un tema que inquieta a muchos a lo largo y ancho del país.

En los últimos meses durante algunos enfrentamientos entre presuntos delincuentes y Fuerzas Armadas, el resultado ha sido más personas muertas que heridas o capturadas.

Organizaciones civiles dicen que no es un tema de eficiencia de los militares.

Es, aseguran, la muestra de un posible exceso de fuerza del Ejército en las confrontaciones. Pero en cambio la Secretaría de Gobernación, señala que soldados y marinos actúan con base en protocolos de respeto a la ley y derechos humanos. Es un debate que se enciende en estos literalmente calurosos días, al conocerse la muerte de siete campesinos en Zacatecas, en el occidente del país.

Sus familiares aseguran que fueron ejecutados por soldados. La Comisión Estatal de Derechos Humanos dice que cuatro militares son investigados por el hecho.

Más allá de la polémica, lo cierto es que según académicos y especialistas, desde hace más de un año la SEDENA, suspendió los informes públicos sobre el número de víctimas civiles en choques con militares.

Algo que hasta 2014 hacía con regularidad, sobre todo a través de comunicados de prensa. El argumento es que desde el 6 de abril de 2014 la SEDENA “ya no da continuidad a la estadística sobre esos rubros”.

Esa tarea, indica, corresponde a la Procuraduría General de la República PGR señaló en su respuesta a una solicitud de información sobre el tema.

El dato fue registrado con el folio 0000700032715 ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Sin embargo, de acuerdo con el mismo Instituto, el Ejército sí debe contar el número de civiles muertos y heridos en confrontaciones con sus unidades.

Es una obligación que establece el Manual del Uso de la Fuerza, que utilizan la Marina, Ejército y la Fuerza Aérea.

Pero hasta ahora la SEDENA no ha actualizado esa información. El último dato que difundió señala que, entre el 1 de diciembre de 2012 –cuando inició el actual gobierno- y el 5 de abril del año pasado, se registró la muerte de 210 civiles en enfrentamientos con unidades militares. Otras 74 resultaron heridas en ese mismo lapso.

En el más reciente caso que ha cimbrado a las fuerzas armadas del país, parece que las teorías se confirman, si hay abusos. Y es que pese a que como ya profusamente se ha difundido, después de un enfrentamiento y al percatarse de que había cámaras en el lugar, los propios soldados son quienes a forcejones las quitan.

En el video aparecen un grupo de personas armadas y con uniforme militar. Hay un hombre acostado boca abajo sobre la calle. Recibe un disparo en la cabeza.

Son imágenes tomadas por cámaras de vigilancia y difundidas por un diario de cobertura nacional. Ante los hechos,  la Secretaría de Defensa Nacional, no tuvo más opción que solicitar a la PGR una investigación formal.

La presunta ejecución ocurrió el 3 de mayo en el poblado de Palmarito, en el estado de Puebla, el mismo día en que el ejército chocó con ladrones de combustible. Fue un enfrentamiento inédito en el que por primera vez militares murieron a manos de los llamados “huachicoleros”. Ese día fallecieron diez personas, cuatro de ellas militares, y 12 agentes resultaron heridos.

Hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente que el video corresponde a los hechos que se dieron en el marco de ese enfrentamiento pero tampoco ha sido desmentido por las autoridades.

Manifestaciones por los normalistas de Ayotzinapa.

Manifestaciones por los normalistas de Ayotzinapa.

“El video capta el momento en el que al parecer un elemento militar efectúa un disparo sobre un civil ya sometido”, señaló la SEDENA en un comunicado, “lo cual debe ser esclarecido fehacientemente por el Ministerio Publico de la Federación que lleva la investigación de los hechos”.

En tanto, la PGR, aseguró que el Ejército, debe “determinar con precisión si corresponde al lugar y evento de referencia, así como si es auténtico o editado”. Previo a la supuesta ejecución, dijo la SEDENA, el video muestra cuando los militares son agredidos con “disparos de arma de fuego desde diversos vehículos”, logrando la detención de una persona.

Al final del video se ve cómo los soldados se aproximan a la cámara que los grababa, parece que la desmontan y se corta la filmación.

El Ejército señaló que “bajo ninguna circunstancia pueden justificarse conductas contrarias a la ley y a los derechos humanos, por lo que en caso de acreditarse deben ser sancionados con todo rigor”.

De confirmarse la participación de soldados, como ya sabemos, no sería la primera vez que el Ejército mexicano se ve involucrado en un caso así. Los militares han sido señalados de excederse en la fuerza al confrontar presuntos delincuentes.

La zona donde ocurrieron los enfrentamientos es parte del llamado “Triángulo Rojo”, formado por los municipios de Tepeaca, Acatzingo, Palmar de Bravo, Acajete y Quecholac, donde se encuentra la comunidad de Palmarito.

En esta región se concentra el mayor número de tomas clandestinas para robar combustible, más de 3,000 han sido localizadas en los últimos años, según Petróleos Mexicanos PEMEX.

PEMEX pierde por este motivo u

En lo que va del actual gobierno, que inició en diciembre de 2012, las pérdidas son mayores a 100,000 millones de pesos.

Parte del problema que ahora involucra al Ejército es el sistema de procuración y administración de justicia del país, que ha sido señalado de operar con poca eficiencia, así, “los policías y militares construyen una argumentación de que como el sistema de justicia no va a castigar a los delincuentes, ellos prefieren hacerlo”, opinan diversas organizaciones civiles. Además activistas sostienen que los aparentes excesos de militares son consecuencia de que realizan tareas de seguridad pública que no les corresponden; la gran disyuntiva es que en las condiciones actuales del país donde  muchas policías locales no tienen capacidad de enfrentar a la delincuencia organizada, quién tomaría la decisión de que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles ante la exigencia de la sociedad de contar con mayor seguridad.

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