Gobernadores en fuga

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En este momento, al menos 18 gobernadores o ex gobernadores de este país están acusados de corrupción y otros delitos, algunos bajo proceso, y unos más, ya en prisión. La atención se centra en Javier Duarte de Ochoa quien dejó Veracruz en octubre pasado para fugarse a Guatemala donde pensó que evadiría su detención.

Pero el caso de Javier Duarte y su cínica sonrisa burlona al ser detenido, es apenas la punta del iceberg de un problema mucho más grave y sistémico: la corrupción en el desempeño de los gobernadores no es una excepción sino la norma en México.

En este momento, hay ocho gobernadores bajo proceso o investigación: Javier Duarte de Veracruz, Tomás Yárrington de Tamaulipas, Humberto Moreira de Coahuila, Eugenio Hernández de Tamaulipas, Rodrigo Borge de Quintana Roo, Rodrigo Medina de Nuevo León, Fidel Herrera de Veracruz y Marcelo Ebrard de la Ciudad de México.

Además, cinco ex gobernadores se encuentran en prisión: Mario Villanueva de Quintana Roo, Andrés Granier de Tabasco, Jesús Reyna García de Michoacán, Flavino Ríos de Veracruz, Guillermo Padrés de Sonora. Existe además, una orden de aprehensión contra de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua (portal de información política Nación 321).

Pero hay otros casos denunciados poco antes, como el de Miguel Alonso Reyes de Zacatecas, y Luis Armando Reynoso Femat de Aguascalientes.

Este recuento recoge sólo los procesos en curso, pero si nos atenemos a las denuncias periodísticas que apuntan a prácticas de corrupción graves irregularidades, deberíamos incluir en este listado a Roberto Sandoval de Nayarit salpicado por la detención de su ex fiscal Édgar Veytia en Estados Unidos, a Graco Ramírez de Morelos, Manuel Velasco de Chiapas, Aristóteles Sandoval de Jalisco por las denuncias de corrupción en la secretaría de Obra Pública.

Y escarbando un poco más, en el registro de gobernadores manchados o acusados de corrupción deben incluirse a Arturo Montiel del Estado de México, Roberto Madrazo de Tabasco, Ulises Ruiz de Oaxaca y Emilio González Márquez de Jalisco.

En este listado, amplio pero incompleto, se encuentran los nombres de quien, según el precandidato presidencial Enrique Peña Nieto mencionó en mayo de 2012, como el relevo generacional en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que estaban cambiando la política en su partido. Justo ahora, esos mismos nombres mencionados por el entonces candidato presidencial, son los vivos ejemplos de una generación de gobernantes en fuga, y reconocidos, en todo caso, por hacer de la corrupción el arte de gobernar: ejemplos de que gobernar y corromper son parte de la misma práctica de ejercer el poder.

Pero por llamativo o irritante que parezca este listado, no debe hacernos olvidar que la corrupción no es una práctica generalizada exclusiva de los gobernadores, sino que se extiende hacia arriba y hacia abajo y a los lados en todo el sistema político mexicano. Los gobernadores acusados, presos o en fuga no debe hacer que olvidemos que la corrupción existe en el seno del poder ejecutivo federal: la Casa Blanca de Peña Nieto; graves denuncias de que empresa española OHL pagó dinero para quedarse con contratos energéticos y que la constructora brasileña Odebrecht dio cinco millones de dólares a Emilio Lozoya a cambio de recibir contratos federales.

Tampoco debemos olvidar que hay legisladores extremadamente corruptos como Carlos Romero Deschamps (el charro del sindicato de petroleros) y Víctor Morales (el charro del sindicato de ferrocarrileros). Centrar la mirada en los gobernadores no debe impedir reflexionar en cuantos de los más de 2,400 presidentes municipales del país participan en algún tipo de trama corrupta, sea saqueando el erario, dando contratos a cambio de dinero o recibiendo beneficios del crimen organizado.

Los gobernadores en fuga o detenidos, como Javier Duarte, son la cara visible y aborrecible de un sistema político corrompido hasta la médula.

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