Narcoestado

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Ruben MartinNo es el primer caso que ocurre, pero la detención del fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia, el pasado 29 de marzo en San Diego, California, nos confirma que en México vivimos en un narcoestado.  El fiscal de Nayarit fue detenido mientras intentaba ingresar a Estados Unidos donde radica su familia. Las autoridades estadounidenses lo acusan de distribuir, importar y producir heroína, cocaína, marihuana y drogas sintéticas. Al ex encargado de procurar justicia en Nayarit, a quien los estadounidenses identifican con los alias de “Diablo”, “Eepp” y “Licenciado Veytia”, se le acusa de haber cometido esos delitos entre enero de 2013 y febrero de 2017, reportó Expansión justo el día de su detención.

Esta detención de un funcionario de procurar justicia en México no es una más de tantas. Revela algo profundo y delicado. Y revela que, por más que pretenda desmarcarse, el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, debe una larga explicación por qué mantenía a este personaje a un lado suyo desde 2008 que era alcalde de Tepic, la capital de Nayarit.

Todo indica que el fiscal nayarita detenido en San Diego desempeñaba su cargo público al tiempo que trabajaba para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Es difícil creer que el gobernador Roberto Sandoval, que lo puso en el cargo, no estaba enterado de esta relación. Del mismo modo, es difícil creer que el Gobierno Federal que encabeza Enrique Peña Nieto no estuviera enterado de esta relación si cuenta con la mejor tecnología de espionaje que ha tenido cualquier gobierno en la historia de México.

De modo que estamos ante otro ejemplo, por desgracia no el único en el país, de que altos funcionarios están asociados a las organizaciones del crimen organizado que llevan a cabo los negocios del capitalismo ilegal como tráfico de drogas, personas, armas, órganos, extorsiones, secuestros y otros más.

Y ocurre en un gobierno, cuya cabeza era considerado parte de los políticos priistas jóvenes que representaban el cambio generacional en ese partido, junto a César Duarte (Chihuahua), Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo) entre otros.

A esa generación pertenece el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

Estos casos parecen mostrar que la nueva generación de políticos priistas no sólo no eliminaron las prácticas de corrupción, sino que las escalaron a formas y métodos equiparables a los de la delincuencia organizada. La nueva generación de priistas, presumida por Peña Nieto cuando era candidato presidencial, ha mostrado ser no igual sino más corrupta y criminal que sus antecesores.

Pero estos casos no son ni casuísticos o fortuitos. Quiero decir, estos casos de corrupción y de que altas esferas de gobierno son parte del crimen organizado son ahora la norma y lo habitual. Y no puede ser de otro modo en un Estado y en una economía como la mexicana donde los trasiegos del crimen organizado están entre los cinco principales negocios capitalistas del país.

Como hemos dicho repetidas veces, ese volumen enorme de ganancias que dejan estos negocios ilícitos no pueden funcionar sin la complacencia y protección de las autoridades políticas y fuerzas de seguridad, sean municipales, estatales o federales.

De modo que vivimos en un narcoestado: en una estructura de poder público que se aprovecha y depende de los negocios del crimen organizado para su reproducción, su permanencia y para el lucro individual de la clase política.

Ahora la autoridades de Estados Unidos echan luz sobre el caso del fiscal nayarita, lo que confirma que estas relaciones político-criminales están extendidas por toda la estructura del Estado mexicano.

Vivimos en una estructura de narcoestado y eso tiene enormes consecuencias, pues revela que la guerra contra el crimen organizado es mera simulación y que los saldos de esta absurda guerra (212 mil muertos, 31 mil desaparecidos, millones de desplazados) son responsabilidad de este narcoestado plagado de Veytias en todas las entidades del país.

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