Bella y bestia

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Paloma Merodio Gómez.

El grupo que ejerce el poder del gobierno, específicamente el ejecutivo federal, que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, logró imponerse una vez más y aunque suene recurrente logró imponer a una incondicional y de muy bajo perfil en relación al requerido para el cargo en el que fue impuesta, y la referencia es a la joven Paloma Merodio Gomez, a quien tras la faena correspondiente lograron hacer llegar a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Informática y Geografía  (INEGI) y ello ha generado severa polémica e inconformidad en diversos sectores y es que el INEGI produce información clave para el país.

Y es que el pleno del Senado ratificó a Merodio Gómez, la nominada por el Presidente Peña Nieto, para formar parte del máximo órgano de control y gobierno del INEGI para ocupar la vacante que dejó el pasado 31 de diciembre de 2016 el Doctor Jose Félix Vélez Fernández Várela.

La junta de gobierno del INEGI está formada por un presidente y cuatro vicepresidentes, la ‘Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía’ señala en su artículo 69 que para ser designado Vicepresidente del INEGI “se debe haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado”, el asunto es que además de desempeñarse como consultora e investigadora en el sector privado y en organismos multilaterales, la Merodio Gomez ha ocupado cargos en el sector público pero no del nivel requerido.

Lo cierto es que Merodio Gómez no cumple con el perfil requerido pues carece de las más elevadas credenciales profesionales, de una larga carrera académica al máximo nivel o de experiencia en el sector público en puestos superiores. Merodio Gómez es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra en Administración Pública por la Universidad de Harvard.

Su experiencia en el sector público es relativamente escasa.

Desde noviembre de 2015 a la fecha, Merodio Gómez es directora general de evaluación y monitoreo de los programas sociales en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

Su cargo anterior fue en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde entre abril de 2014 y octubre de 2015 fue coordinadora de investigación estratégica. Además de esos dos cargos públicos Merodio señala en su Curriculum haberse desempeñado entre septiembre de 2013 y abril de 2014 en la división de análisis del entorno socioeconómico y sectorial del IMSS, y entre febrero y agosto de 2010 en la dirección general de evaluación y monitoreo de los programas sociales en la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) en ambos casos no específica qué cargos desempeñó.

Así las cosas, acorde al análisis de la Comisión Senatorial de Población y Desarrollo, Paloma Merodio solo ha desempeñado 1.41 años en un cargo de alto nivel, que corresponden a su cargo actual en SEDESOL, del total de cinco que indica la ley vigente para poder formar parte de la Junta de Gobierno del INEGI.

La Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía establece que para ser nominado a la junta de gobierno del INEGI “se debe ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas” (estadística, geografía, economía).

Aunque en las constancias que Paloma Merodio presentó, la carta en la que la Universidad de Harvard da cuenta de la docencia de la joven economista y señala que “sirvió como asistente de curso del Profesor Filipe Campante” de la clase “Macroeconomía Avanzada para la Economía Abierta”.

En la carta mediante la cual nomina a Paloma Merodio Gómez para el INEGI, Peña Nieto afirma que la economista “ha impartido el curso de ‘Macroeconomía Avanzada’ en la Universidad de Harvard”, pero no aporta elementos.

Por ley, el INEGI es una institución autónoma del Estado mexicano, genera información clave para tomar decisiones de política pública en materia económica y de gobierno y funge como un contrapeso para las estimaciones y mediciones del Ejecutivo y su gabinete en turno.

En el Senado las comisiones unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo, votaron para aprobar el dictamen para ratificar a Merodio Gómez como Vicepresidenta, y, por ende, miembro de la Junta de Hobierno del INEGI, en la Comisión de Población y Desarrollo, la votación del dictamen fue de un voto a favor y uno en contra, mientras que en la de Gobernación sí se aprobó con nueve a favor y uno en contra, debido al empate en comisiones, el dictamen se turnó a la Mesa Directiva del Senado a fin de someterlo al pleno legislativo para su votación definitiva y ahí Merodio Gómez fue ratificada con 64 votos a favor, 26 en contra y una abstención, se emitieron 91 votos, de los 128 posibles.

Alumnos y egresados de la Universidad de Harvard rechazaron la postulación de Paloma Merodio como vicepresidencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por considerar que no cumple con los requisitos legales para aspirar al puesto. La candidata de Los Pinos fue cuestionada por alrededor de 30 organizaciones sociales y especialistas que exigieron que se revisara su perfil laboral al encontrar inconsistencias que no la hacían apta para el puesto directivo en su manifestación expresaron: “Nos unimos al llamado para proteger la solidez e independencia del INEGI con un nombramiento que surja de un proceso transparente, técnico y apegado a la ley. Ésta es una oportunidad de mostrar el compromiso que tenemos de no incurrir en los mismos vicios políticos que ha arrastrado México por décadas”.

Así se las gasta el equipo de Peña, ¡una mancha más al tigre!

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Edgar Veytia.

El pueblo y la comunidad internacional merecen explicaciones y acciones firmes y hasta hoy no ha habido una reacción sólida para hacer frente a lo relativo al escándalo inherente al ahora ya ex Fiscal General de Nayarit el hampón Edgar Veytia Cambero -alias EL DIABLO o LA BESTIA-  por parte del gobierno federal mexicano que encabeza -sin mucho en la cabeza, dicen en el pueblo- el Presidente Enrique Peña Nieto y que tiene como su principal alfil en los temas de gobierno interior, legalidad, certidumbre Juridica, procuración de Justicia, seguridad nacional, seguridad, anticrimen, anticorrupción, antiimpunidad y  desempeño en la función pública al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, pareciere que están aplicando esa máxima popular que dice que ‘calladitos se ven más bonitos’.

Tampoco se ha generado reacción del gobierno federal y del partido del gobierno o sea el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuyo dirigente real es el propio Peña Nieto y tiene como gerente en turno de la dirigencia nacional a Enrique  Ochoa Reza, en relación al escabroso grupo de asuntos crimínales en los que se involucra al ex Gobernador de Chihuahua, Cesar Horacio Duarte Jackez, encausado penalmente por las autoridades de la entidad que desgoberno y ahora está en manos del actual mandatario estatal Javier Corral Jurado, y que a lo más que se ha llegado es a solicitar la pérdida de derechos partidarios o eventual expulsión de su partido, pero como en el caso de otros exgobernadores como los de Tamaulipas, Eugenio Hernández y Tomas Yarrington, y los de Quintana Roo y Nuevo León, Roberto Borge y Rodrigo Medina de la Cruz, respectivamente, al igual indiciados por muchos crímenes tampoco hay acciones firmes en relación a desplegar acción para captura y sanción. Sigue la impunidad al igual que por la falta de acción contra un centenar de personajes de diversa filiación ideológica o político-partidista además de vinculación con actividades empresariales y sindicales.

Jaime Rodríguez, "El Bronco", primer gobernador independiente del país.

Jaime Rodríguez, “El Bronco”.

Pero también es cínica y vergonzosa la falta de acción, vinculado ahora al caso Veytia, en razón de la responsabilidad que pueda derivársele por sus íntimas relaciones personales, financieras y políticas con este ‘celebre’ personaje, al Gobernador de Nuevo León Jaime Rodriguez Calderon alias EL BRONCO, que llego al cargo sin ser postulado por algún partido político pero arropado por el Partido Movimiento Ciudadano (MC) que tras la convenida renuncia como candidato de Fernando Elizondo, no solo le acercó votos y apoyos electorales sino que en los hechos lo cobija en sus necesidades legislativas en los ámbitos federal y local. El hecho está en que Veytia fue mecenas de la campaña de EL BRONCO existiendo tal compromiso entre ambos que el mandatario neoleones salió de inmediato a defender a su amigo EL DIABLO que sigue preso y sin derecho a fianza en Los Estados Unidos de América. Ha de recordarse que  La Corte Federal de Los Estados Unidos de América en el Distrito Este de Nueva York con sede en Brocklyn acusó formalmente al mexico-estadunidense Veytia Cambero imputándole delitos como producción, transportación, distribución y comercialización de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, por lo que como se sabe fue capturado por el por agente del Buró Federal de Investigación o ‘Federal Bureau of Investigation’ (FBI) del vecino país del norte el pasado  26 de marzo del año en curso en el llamado ‘Cross Border Express’ (CBX), el pasillo elevado que comunica al aeropuerto internacional de Tijuana en Baja California con la zona de acceso peatonal al vecino país del norte que controla su agencia gubernamental denominada ‘Custom and Border Protection’ (CBP) o ‘Agencia de Aduanas y Protección a Fronteras’ ubicada en la Mesa de Otay del condado de San Diego en California.

Privilegiado al ser parte activa del Sistema Nacional de Seguridad, Edgar Veytia tuvo acceso a información clasificada que ha sido útilizada por el Crimen Organizado, conoce información delicada de los tres ámbitos de gobierno, por lo que es necesario revisar el protocolo de intercambio de datos entre fiscales y procuradores de justicia del país. Es necesario que la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia analice qué tipo de información puede intercambiarse entre procuradores y fiscales del país, para evitar que la seguridad de la nación sea amenazada por la filtración de información al crimen organizado.

Veytia tuvo acceso a información delicada, de esa que es primordial para la seguridad nacional y se cataloga como prioritaria, reservada, confidencial, que es posible esté siendo utilizada en amplio apoyo al hampa, pues Veytia incluso tuvo acceso a documentos de organismos internacionales, tenía acceso a averiguaciones previas, informes de los tres ámbitos  de gobierno, a la ‘Plataforma México’ e incluso al intercambio de información que hay con otros países, hay convenios para intercambiar información y realizar operativos o una investigación judicial, un Fiscal General no sólo tiene acceso a información de lo que sucede en su entidad, ya que además puede tener acceso a lo que sucede en otras entidades sobre grupos criminales o personas en específico.

El gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, aseguró que Veytia había aprobado todos los controles de confianza. La captura de Veytia por el Buró Federal de Investigación o ‘Federal Bureau of Investigation’ (FBI) del vecino país deja en evidencia la complicidad, negligencia o estupidez de funcionarios federales mexicanos responsables del control de confianza de los servidores públicos involucrados en seguridad, Justicia, fiscalización, Seguridad interior, seguridad nacional, inteligencia e investigación criminal, planeación contra narcotráfico y delincuencia organizada, como son entre otros los de la Secretaria de Gobernación (SEGOB) cuyo titular es Miguel Ángel Osorio Chong y de quién dependen la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a cargo de Renato Sales Gasque, el Centro de Investigación para la Seguridad Nacional (CISEN) que dirige Eugenio Ímaz Gispert; la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) que encabeza el General Salvador Cienfuegos; la Secretaria de Marina (SEMAR) a cargo del Almirante Vidal Soberón y la Procuraduría General de la Republica (PGR) con su responsable Raúl Cervantes Andrade, ya que para haber sido Subprocurador y encargado de la Procuraduría General de Justicia nayarita dichas autoridades federales debieron revisar y validar su perfil y más aún cuando fue nominado para ser electo por el Congreso de Nayarit como el primer Fiscal General de ese estado.  ¿No pudieron o no quisieron evidenciar las vinculaciones crimínales de alto nivel e impacto del tal Veytia?, ¿no funcionan o son manipulados los procedimientos y sistemas de control de confianza? ¿De plano existe crasa complicidad para que crimínales puedan librar sin problema los controles de confianza y acceder a cargos que conllevan responsabilidades y atribuciones tan delicados como las que tiene un Fiscal General de una entidad?.

Al margen de lo anterior ha trascendido que se está investigando por las autoridades del vecino país del norte, en relación a los procesos contra Veytia, los posibles negocios que este personaje podría haber concertado quizá engañando a sus socios al ocultar sus actividades crimínales vinculadas a cárteles del hampa organizada y utilizando personeros para ocultar la participación del hoy ex Fiscal y de los grupos del crimen organizado, mencionándose entre otros asuntos y personajes a las empresas transportistas denominadas TRANSPORTES TALA, RIVER y TURQUESA y en ese contexto se han producido informaciones desde Nueva York en las que se menciona a un empresario de nombre RICARDO VERDÍN ESPINOZA.

@salvadorcosio1
opinion.salcosga@hotmail.com

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